| |
|
|
|
INICIO > PROVINCIAS > > ARTÍCULOS |
| |
30 de enero de 2012 |
| |
José Chamizo |
| |
Transición. narcotráfico y drogodependencias |
| |
La droga, en la Europa del 68, era la suprema rebeldía escrita en los muros de Nanterre y consagrada en los altares de la sicodelia. La marihuana, el hachís y sus derivados, el ácido lisérgico, los psicotrópicos y, tímidamente, la heroína y la cocaína fueron aflorando a lo largo de una década entre las calles de Amsterdam y las proclamas hippies. Por aquel entonces, la droga no era una desembocadura, un desesperado desenlace para un mundo sin alternativas, sino que era un camino, una forma de entender la vida y burlar el orden.
A España, las drogodependencias tal como las entendemos en la actualidad tardaron en llegar. Bajo la dictadura franquista, nuestro país seguía conviviendo con las drogas culturales como era el alcohol, los perniciosos aunque divertidos efectos del optalidón y, en determinadas localidades del sur de la península y del norte de África, con variedades del cannabis como la grifa, el popular chocolate legionario que iba y venía entre una y otra orilla del Estrecho como una añeja costumbre cuyo origen se perdía en el Protectorado y en las guerras con Marruecos. Marihuana, cocaína y heroína sólo eran extrañas palabras que saltaban entre las páginas de los best-sellers, que se tarareaban en canciones o que un mafioso de pelo largo pronunciaba en los thrillers norteamericanos. Cuando a mediados de los años setenta se generaliza el consumo de hachís en numerosos sectores juveniles de nuestro país, a los ojos de la opinión pública, la droga sigue siendo la suprema rebeldía que sirve de complemento a la lucha por las libertades colectivas y privadas en el contexto de la transición española hacia la democracia. Muchos de aquellos jóvenes querrían haber pertenecido al Club des Hasciciens en el que militaron Charles Baudelaire o Alejandro Dumas, querrían haber seguido el largo camino beatnik de Keoruac o Allen Gisnberg y descubrir que debajo del asfalto se ocultaba la playa. Todas las llamadas de atención que se formularon desde todas las tribunas avisadas, no sirvieron de mucho. Los jóvenes de la Transición desconfiaban del sistema que habían fundado o tolerado sus predecesores. Si el estatus social y político del franquismo proclamaba que la libertad era perversa, ¿cómo hacer caso de las advertencias en torno a los perjuicios que podían acarrear las toxicomanías? El sistema de aquella época se vio superado por los acontecimientos y por su absoluta falta de credibilidad a la hora de seguir manteniendo el pulso de la nación.
Durante años, el consumo y el tráfico de drogas fue creciendo geométricamente, a través de un activo mercado negro que superó las previsiones y la capacidad operativa del Estado. La represión de los consumidores y del pequeño tráfico, al amparo de la célebre Ley de Vagos y Maleantes, sirvieron para encrespar a usuarios y camellos de poca monta, pero no para detener un proceso irreversible que iba a convertir a nuestro país en uno de los epicentros mundiales del contrabando de drogas a gran escala.
A mitad de la década de los setenta, el hachís era la droga más común en distintos ambientes. Una sustancia que consumían jóvenes y menos jóvenes sin provocar demasiada alarma social. Era la moda y tanto la demanda de tratamiento como los problemas de seguridad ciudadana no suponían aún una dificultad. Los momentos políticos que estaba viviendo nuestro país era lo prioritario.
Fue en plena Transición cuando la heroína dejó sus primeras secuelas. Recuerdo que el primer conocimiento sobre esta droga se produjo en mi comarca, el Campo de Gibraltar, hacia los años 1976-1977. Una persona me pidió ayuda y mi sorpresa fue grande porque, a pesar de todo, yo creía que la única droga que circulaba en Andalucía era el cannabis y sus derivados. Este primer joven tenía 18 años trajo a otro y yo no sabía bien qué hacer. Paralelamente, en otros puntos del territorio nacional sucedía lo mismo y la iniciativa ciudadana comenzó a movilizarse. Cabe recordar que los planes del Gobierno vasco sobre esta cuestión se remontan a 1980.
En Andalucía, en esos momentos, existían únicamente las llamadas Unidades de Día adscritas a los departamentos de Psiquiatría, una en Sevilla y otra en Granada. Era un tratamiento farmacológico de las drogodependencias, a base de somníferos y relajantes. Cuando el paciente superaba el síndrome, era enviado nuevamente a su domicilio.
En mi afán de hacer algo por quienes pedían ayuda, visité a varios alcaldes de mi comarca para comunicarles el problema que estaba aflorando. No me creyeron. A estas alturas, no sé qué habría sucedido si hubiéramos afrontado a la heroína, desde el principio, como un grave problema de un colectivo cada vez más numeroso.
La gente que volvía de las Unidades de Día volvían a reincidir en el consumo y, a finales de los setenta, aparecieron los primeros muertos. La iniciativa social, que en ese momento era escasa, se centró en este periodo en tres cuestiones:
a) Creación de Comunidades Terapéuticas, conocidas entonces como Granjas.
b) Denuncia pública, sin grandes resultados, de lo que estaba pasando.
c) Concienciación de las familias para que no ocultaran el problema: muchos toxicómanos eran amparados por sus familiares.
La urgencia era atender de otra manera a quienes pedían ayuda. El País Vasco y Cataluña sirvieron como referente. A nivel político existía una ceguera absoluta y no se quería reconocer lo que ya era un problema social de grandes magnitudes. Los cinco primeros años de la década de los ochenta ven aparecer a un buen número de asociaciones por todo el país, aunque el gran auge fue con posterioridad a 1985. La denuncia pública y la búsqueda de alternativas terapéuticas se van alternando dentro de la iniciativa social, iniciando la prevención sus primeros pasos. Hubo numerosos fracasos en las granjas y muchas de ellas tuvieron que ser cerradas ya que el planteamiento inicial era erróneo. Prevaleció la urgencia por encima de otros criterios. En Andalucía, en el año 1984, se funda en Córdoba la comunidad terapéutica Arco Iris, que sirvió como modelo para otras comunidades que se fueron abriendo, incorporando ya criterios más científicos.
Los fumadores de hachís y los primeros yonquis acababan en los calabozos de comisaría, bajo una ley que paradójicamente no penalizó nunca el consumo de drogas. Ese último espíritu se mantuvo en la llamada reforma Ledesma del Código Penal, a través de un decreto de 1983 que tipificó la producción y el tráfico de narcóticos en base a su supuesta peligrosidad y que aclaró, sin lugar a dudas, que no cabía penalizar el consumo, aunque siguiera siendo ilícito.
Ya por entonces, España y, concretamente, una serie de enclaves como fueron el País Vasco, Barcelona, Madrid y zonas andaluzas como Sevilla, Córdoba y el Campo de Gibraltar, conocían unos altos índices de consumo de heroína a través de politoxicómanos que abrumaban a sus familias y que inquietaban a los ciudadanos. Curiosamente, no fue el compromiso solidario del Estado con respeto a una juventud sin esperanzas lo que movió a actuar a nuestras autoridades. Fue el miedo al tirón, el pavor al navajero: la seguridad ciudadana.
En cualquier caso, frente al tiritón de la hipodérmica, frente a las ojeras del pico, el Estado fue incapaz de recurrir a otro argumento que no fuera la policía. En este periodo comienzan los grandes enfrentamientos con la Administración al considerar, el movimiento asociativo, que no se estaba prestando atención a un problema que cada día era más evidente. Sería desde la sociedad civil de donde se intentaría buscar alternativas al callejón sin salida de la drogadicción. Los vecinos, las madres, los familiares más directos de aquellos que padecían el drama de los opiáceos se armaron de razones y desarmaron de bates de béisbol a los intolerantes. También le dieron una lección a los responsables públicos que tuvieron que cambiar radicalmente su política en relación con las drogodependencias, apoyando los programas de rehabilitación y de reinserción que se auspiciaron desde el voluntariado o ensayando sus propios métodos de tratamiento del problema, a través de recursos oficiales.
Es en 1985, por fin, cuando se crea el Plan Nacional sobre la Droga que intenta coordinar ambas iniciativas. A ello, se suman los planes autonómicos. El enfrentamiento adquiere entonces dos dimensiones. Continúa el enfrentamiento por la falta de soluciones al problema del narcotráfico, las manifestaciones proliferan en todo el país y comienzan las peleas con los técnicos de la Administración, la mayoría de ellos procedentes del movimiento asociativo. Los técnicos, a veces con razón pero siempre con una arrogancia excesiva, venían a decir a las asociaciones que todo estaba mal hecho y que ellos tenían las verdaderas claves para hacer que la gente abandonara la heroína. La situación fue tan tensa que, durante algún tiempo, algunas asociaciones no tuvieron relación ninguna con los dispositivos que había creado la Administración correspondiente.
En el Campo de Gibraltar y en otros puntos de la provincia de Cádiz, decenas de jóvenes caían bajo los efectos de dosis adulteradas con arsénico o polvo de ladrillo. Empezaba a verse las orejas a la corrupción oficial, especialmente entre los agentes encargados de reprimir el narcotráfico y el mercado negro se institucionalizaba en la provincia de Cádiz, como principal plataforma de intercambio de hachís por heroína y cocaína procedentes de otras partes del globo. El blanqueo de dinero no sólo concernía al centro financiero que iba a potenciarse en el Peñón, sino que iba a suponer un saneado negocio al lado español de la Verja. ¿Le interesaba, acaso, al poder que la juventud siempre rebelde terminara encadenada a los grilletes de la droga?
*José Chamizo de la Rubia es Defensor del Pueblo Andaluz |
| |
|
|
|
|
