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20 de febrero de 2012 |
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Filomeno Aparicio |
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Abogados laboralistas |
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Para llegar a entender, en los albores del siglo XXI, lo que fueron los despachos laboralistas en la España franquista de finales de los sesenta y principios de los setenta, hay que hacer un esfuerzo imaginativo de recreación de la situación política, social y laboral de aquellos años, en los que, en un clima de absoluta falta de libertad en todas las facetas, los actos de rebeldía intelectual afloraban cada vez más en los universitarios y jóvenes profesionales, y a los trabajadores se les quedaba cada vez más pequeña la estructura del sindicato vertical y se acercaban a los históricos sindicatos de clase, ilegales entonces, o formaban sus propias asociaciones que se creaban como movimientos sociopolíticos, principalmente CC OO.
En esa atmósfera surgen los primeros despachos laboralistas en los que sus componentes, jóvenes abogados, se integran unidos por lazos de solidaridad entre ellos y con los trabajadores más conscientes y luchadores, quienes visitan sus despachos y les llevan clientes necesitados de un asesoramiento jurídico. Esos abogados laboralistas se dedican profesionalmente a la defensa de la clase obrera, sin límite de horas y con percepciones económicas escasas, comprometiendo en el despacho además su inquietud política a modo de militancia, paralela a la que muchos de ellos llevan en los clandestinos partidos políticos de izquierdas, fundamentalmente en el PCE.
Y si bien el asesoramiento y la defensa de los trabajadores se lleva a cabo de manera primordial en la jurisdicción social, en las antiguas Magistraturas de Trabajo, y en temas relacionados con problemas laborales, los despachos laboralistas, despachos al servicio de la clase obrera, extienden su tarea profesional a otros campos, fundamentalmente al del derecho penal, en el tribunal político de entonces, el Tribunal de Orden Público (TOP), en el que terminan muchos luchadores de la clase obrera, acusados de delitos tales como asociación ilícita, propaganda ilegal, manifestación ilegal o sedición, delito éste que se cometía por quienes participaban en una huelga. En esta jurisdicción de Orden Público, los abogados laboralistas no sólo intervinieron activamente en la defensa de esos trabajadores, sino que muchos de ellos fueron llevados a esa jurisdicción, sometidos a procesos que terminaron en algunos casos con condenas a varios años de cárcel y muchos otros con el archivo, tras la muerte del dictador, de las diligencias que se les seguían por delitos políticos, como así se calificaban lo que hoy no son más que derechos fundamentales, establecidos como tales en la Constitución.
Cubrían, además, los despachos laboralistas otras facetas de asesoramiento en el movimiento ciudadano, participando en la creación de asociaciones de vecinos e impulsando su desarrollo en los barrios marginales; en esa tarea se empeñaban, con dedicación exclusiva, muchos abogados de los despachos laboralistas, principalmente en las grandes ciudades. Atendían también, como despachos al servicio de una clase, todos los problemas que, en el aspecto jurídico, tenían los trabajadores: desde accidentes de tráfico o impago de letras por la compra de un ciclomotor, al expediente para la celebración de un matrimonio civil o el recurso administrativo contra una multa del gobernador Civil por la celebración de una asamblea no autorizada.
En definitiva, los despachos laboralistas se concibieron como centros de asesoramiento y defensa de la clase obrera, constituyendo auténticos refugios para la celebración de reuniones de sus dirigentes en las que, además, participaban los propios abogados en muchos casos, al ser al mismo tiempo, muchos de ellos, dirigentes políticos en los partidos de izquierdas. En esos despachos se citaban y encontraban sindicalistas de distintos ramos o localidades, bajo el paraguas de la consulta a los abogados y en ellos se celebraban reuniones de dirigentes políticos, cuya presencia conjunta en otro lugar era de difícil justificación y favorecería su detención.
El despacho de abogados laboralistas en Córdoba fue, por antonomasia, el conocido como despacho de San Felipe, por ser ésta la calle donde se ubicaba el despacho, formado en sus comienzos por el malogrado Juan Sánchez de Miguel, Rafael Martínez Ráez y Filomeno Aparicio Lobo, siendo éste último quien continúa en el mismo desde marzo de 1973. En ese despacho trabajaron jóvenes abogados, situados entonces ideológicamente en la izquierda, con o sin militancia política, como fueron Francisco Rojas, Vicente Villarreal, Higinio Garrido o José Luis Ruiz Jiménez, y otros muchos dieron sus primeros pasos profesionales en el mismo, y entre los que destacan Mercedes Mayo, Pilar de la Haza o Rosario Corpas.
Además, los despachos de Rafael Sarazá Padilla (con Rafael Ortega y Bartolomé Jurado) o del desaparecido Joaquín Martínez Bjorkman (con Arturo de Francisco), sin ser despachos laboralistas, sí fueron destacados defensores de trabajadores y militantes políticos y acudían con asiduidad tanto al TOP como a las Magistraturas de Trabajo, coordinándose, junto con el de San Felipe, para acciones conjuntas en los Colegios de Abogados, con otros despacho laboralistas de Sevilla, Jerez, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia y otras provincias.
* Filomeno Aparicio es abogado |
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