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21 de febrero de 2012 |
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Alfonso Castillo Rojas |
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La Caja Provincial, en la encrucijada olítica |
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A la muerte de Franco preside la Caja Provincial de Ahorros Manuel Santolalla Lacalle, presidente de la Diputación Provincial, organismo creador de la entidad financiera en julio de 1952. Esta relación con la Diputación otorga a la imagen oficial de la Caja una clara identificación con el régimen franquista, y se pone de manifiesto en diversos acuerdos o decisiones. Así en septiembre de 1975, a raíz de las ejecuciones con que se salda el tristemente célebre proceso de Burgos y de la protesta internacional que desencadenan, el consejo de administración expresa su adhesión inquebrantable al Caudillo. Y meses más tarde, en marzo de 1977, la Caja aporta un millón de pesetas a la suscripción abierta por el Ayuntamiento de Córdoba para erigir un monumento al general Franco, iniciativa que no cuajará.
Pero al mismo tiempo, la Caja asume con normalidad los cambios que la nueva etapa política va introduciendo en su régimen de funcionamiento. El más importantes es, sin duda, la reforma estatutaria ordenada por el Real Decreto 2290/1977, que inicia la adaptación de los órganos de gobierno a los nuevos aires de libertad emanados de la Ley de Reforma Política. Frente a unas cúpulas que reproducen la oligarquía dominante en las instituciones franquistas, los nuevos estatutos incorporan a impositores y empleados a los órganos de gobierno, al tiempo que apea de la presidencia al titular de la Diputación, lo que pone fin en 1978 al mandato de Manuel Santolalla y da paso a Miguel Manzanares, vicepresidente de la Diputación y dirigente provincial de Unión de Centro Democrático. Con la misma normalidad con que en la etapa anterior la Caja manifestaba la adhesión inquebrantable al régimen franquista, en 1977 contribuye con 100.000 pesetas a los fastos de la manifestación pro-autonómica de Andalucía celebrada en Córdoba el 4 de diciembre.
Sin embargo, el desfase entre la asamblea general constituyente de abril de 1978 y la renovación democrática de los ayuntamientos, que no se produce hasta un año más tarde, origina una rémora en la democratización efectiva de la Caja, a cuyos órganos de gobierno se aferran durante este periodo dirigentes vinculados con el anterior régimen. La verdadera renovación democrática se emprenderá por fin en junio de 1979, y se completará a lo largo de los años siguientes, que también coinciden con el inicio de la leal colaboración financiera con la naciente Junta de Andalucía, una de cuyas primeras necesidades es la emisión de deuda pública, asumida por las Cajas con cargo a sus coeficientes de inversión obligatoria.
Los nuevos vientos de libertad también alcanzan a las elecciones sindicales, que en 1978 sientan en el comité de empresa a representantes de Comisiones Obreras. El comité exige mejoras salariales frente a la fuerte erosión que la constante subida del IPC produce en el poder adquisitivo de los empleados, amortiguada por la participación en los beneficios y las pagas extras con que, desde una actitud paternalista, se incentiva el crecimiento de los recursos ajenos.
A mediados de 1980 la Caja suma 54 oficinas 30 de ellas en los pueblos, y se plantea el reto de abrir casi otras tantas en año y medio con el fin de llegar a todos los municipios. La expansión territorial, la instalación de los primeros cajeros automáticos y la consiguiente promoción de tarjetas que comienzan a familiarizar a la clientela con el dinero de plástico obligan al constante incremento de la plantilla, que en 1980 alcanza los 350 empleados y en 1983 rebasa ya los 500.
El constante crecimiento del negocio torna insuficiente la sede central de Gran Capitán 11, estrenada en 1968, así que en 1979 se dan los primeros pasos para la construcción de un nuevo y emblemático edificio por cierto, la adquisición del inmueble provoca un encierro de trabajadores de hostelería, que la Caja resuelve con diligente capacidad negociadora, inaugurado a finales de 1984.
La imagen de la Caja que percibe la clientela en los años de la Transición es la de una entidad bien gestionada que se traduce en eficacia y servicio, como reza su eslógan. A mediados de los años setenta la Caja crea su propia Escuela de Formación y apuesta por la modernización informática, que revolucionará el sistema de gestión, abriendo así paso a la temprana implantación del teleproceso mediante el que quedan conectadas todas las oficinas.
Esta imagen de buena gestión, pilotada por el director general Joaquín Gisbert, permite dar respuesta satisfactoria a las necesidades cotidianas de la clientela, tales como facilitar el acceso a la vivienda, la ayuda al campo y el apoyo a las pymes. Al mismo tiempo lidera la Caja decisivas apuestas por la modernización de Córdoba, como son la construcción de viviendas sociales, la previsora adquisición de terrenos en la zona del Parque Cruz Conde que facilitarán el equipamiento sanitario y universitario y la activa participación en la consolidación de la naciente Universidad de Córdoba, aprobada en 1972, con la creación de la Escuela de Enfermeras y de los Colegios Mayores de las Cajas, éstos en colaboración con el Monte de Piedad. Sin olvidar la adquisición en 1980 del Palacio de Viana, que evita su posible expolio y lo convierte en museo y centro cultural.
La dinámica actividad constructora impulsada por Pascual Calderón y Manuel Santolalla, materializada en modernas barriadas como Parque Figueroa, Santuario y Fuensanta, que dan respuesta a la demanda de viviendas sociales, se repliega tras la presión reivindicativa con que el emergente movimiento vecinal se enfrenta a las instituciones franquistas para urgir el cambio.
Finalmente, citaré unos datos económicos que resumen la evolución y eficiencia de la Caja durante la transición política. Entre 1973 y 1983 los recursos ajenos se multiplican casi por diez, pues pasan de 4.329 a 41.716 millones de pesetas, mientras que los beneficios antes de impuestos crecen en el mismo periodo de 499 a 369,4 millones.
Alfonso de Castilla Rojas fue el último presidente de la Caja de Ahorros de Córdoba |
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