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06 de junio de 2012 |
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José M. Domínguez Martínez |
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Aspectos económicos de la Transición |
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Ningún cambio de la magnitud del registrados en España tiende a resultar fácil en ninguna latitud, pero en nuestro caso hubo de afrontarse con algunas dificultades añadidas, a raiz de la coincidencia del período de agonía del franquismo con el desencadenamiento de una crisis económica internacional. La crisis, que afectó de manera generalizada e intensa a todos los países de nuestro entorno, adquirió proporciones especialmente negativas en España, donde no se adoptaron desde el inicio de medidas económicas que hubiesen permitido atenuar el impacto de la recesión.
La profunda transformación del modelo de Estado y de sociedad de los años setenta fue de tal envergadura y alcance que ha marcado el rumbo de los años siguientes, y ha contribuido a colocar a España y Andalucía en una situación bien distinta para encarar el nuevo milenio: la reforma de hacienda pública y el desarrollo autonómico son dos de los pilares básicos sobre los que ha pivotado la construcción de la democracia española. No se haría justicia al periodo de la Transición si nos limitáramos a tomar sendas fotos fijas de las situaciones de partida y de llegada de la economía; sin los cambios iniciados en aquellos años decisivos no habría resultado posible nuestra integración en Europa y, aún menos, nuestra pertenencia a la Unión Monetaria Europea, algo que no hace tantos años podía considerarse una utopía.
El inicio de la transición política en España coincide con la fase final de un fuerte crecimiento económico que siguió al Plan de Estabilización de 1959. ¿en qué condiciones se encontraba la economía andaluza en los primeros años setenta? En el año 1973, la tasa de paro se situaba en un 6,5 por cineto. Una lectura superficial de este indicador, uno e los que mejor suele sintetizar la marcha económica de un país o región, podría llevar a considerar que la economía andaluza se encontraba en una buena situación, incluso cercana al pleno empleo. Nada más lejos de la realidad. De entrada, hay que tener en cuenta la baja tasa de actividad existente, ya que sólo uno de cada tres andaluces formaba parte de la población activa. De otro lado, aún registrando unas altas tasas de crecimiento durante los años se senta, la economía andaluza no fue capaz de absorber la mano de obra disponible. Baste señalar que, desde 1960 a 1973, más de un millón de andaluces se vieron obligados a abandonar su tierra en busca de un puesto de trabajo en las zonas industriales en expansión de otras regiones españolas y de algunos países europeos, soportando un coste personal no reflejado en los indicadores económicos usuales.
Pese haber sido una pieza fundamental en el sostenimiento del proceso de crecimiento de la economía española (contribución del sector primario, mano de obra, aportación de divisas a través del turismo y de la emigración...), los beneficios obtenidos por Andalucía fueron muy limitados, jugando en todo momento un papel subordinado dentro del sistema económico estatal y sin llegar a articular en ningún momento una estructura económica sólida, interrelacionada internamente, y equilibrada sectorial y territorialmente.Ello explica que, en el año 1973, el producto interior bruto regional representara el 12,6% del total nacional, casi 5 puntos por debajo del peso relativo de la población andaluza. La composición sectorial de la estructura productiva relevaba, a su vez, importante diferencias con la de España, en dos aspectos: el mayor peso del sector agrario (20,5 frente a 30,1%, respectivamente). La participación de la construcción (10,6 y 9,4%, respectivamente) y de los servicios (50,4 y 49,7%, respectivamente) eran muy similares.
La irrupción de la recesión económica puso en evidencia las debilidades estructurales de la economía andaluza. El mercado de trabajo acusó el embate de la crisis, que incidió además de manera especial sobre los escasos núcleos industriales instalados en la región (naval, textil, química...). La pérdida de cerca de 400.000 empleos netos entre 1973 y 1983 ilustra y certifica la gravedad de la situación. Cerrada la vía de la emigración, el número de parados llegó a duplicarse y la tasa de paro se elevó hasta el 23%, y ello a pesar del retroceso del número de activos. El período de la transición política no sirvió tampoco para que Andalucía acortara diferencias con la media española respecto a los niveles de producción por habitante. Antes, al contrario, el producto interior bruto per cápita, que en el año 1973 equivalía al 73,7% de la media española, caía al 73,1% en el año 1983, después de alcanzar su cota máxima en 1977, con el 74,9%. Esta evolución, preocupante, lo es más si se añade que, en el mismo intervalo, el citado indicador para España cale del 79,3 al 71,6% respecto a la media de los países integrantes de la UE.
A lo largo de la década de lo setenta continúa el cambio dentro de la estructura económica de Andalucía, que puede sintetizarse en una significativa disminución del peso del sector agrario, que, a pesar de bajar 6 puntos porcentuales (12,6% en 1983), seguía duplicando prácticamente el correspondiente a la economía nacional en su conjunto, y en una intensificación de la tereciarización, que llevó al sector servicios a rozar la barrera del 60% en 1983. En este año, la construcción representaba el 8,5% del producto interior bruto regional, y la industria cifraba su participación en una quinta parte del total (19,9%, casi 10 puntos menos que en España).
La recta final de la fase de transición política coincide con el inicio del proceso de asunción de las transferencias correspondientes a las competencias de la Comunidad Autonónoma andaluza, proceso que destaca por el hecho de culminarse en prácticamente sólo tres años. Para hacer frente a los gastos inherentes a tales compentencia, la Comunidad Autónoma contaba con los recursos previstos en el sistema de financiación autonómica de régimen común. Dicho sistema se encuentra, en la práctica, integrado por diferentes subsistemas desconectados entre sí, y que se nutren por ingresos de distinta naturaleza según procedencia y finalidad de gasto a financiar. El esquema configurado, en su concepción inicial, puede calificarse como muy positivo para Andalucía, a raiz de los acuerdos alcanzados en las negociaciones. Cabe resaltar al respecto la financiación, en la fase de arranque, de las competencias asumidas en función del coste efectivo de los servicios transferidos. También merece una valoración positiva la articulación posterior de la financiación en función de una serie de variables socioeconómicas. No en menor medida hay que destacar el papel del Fondo de Compensación Interterritorial, que posibilitó la realización de importanes proyectos e inversión real para la región. Como aspectos negativos del sistema de financiación autonómica hay que señalar la segregación del gasto sanitario, en la que se ha discriminado cotnra aquellas comunidades autónomas, como la andaluza, con mayor crecimiento demográfico. Por último, una laguna de la financiación autonómica cuya solución se ha ido aplazando sucesivamente, y que afecta de manera especial a Andalucía, consciente a las asignaciones complementarias de nivelación previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas, cuya finalidad no es otra que la de garantizar un determinado nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos básicos.
No obstante, esas sombras en el sistema de financiación, el proceso autonómico ha tenido un impacto netametne postivo para nuestra Comunidad Autónoma, favoreciendo el crecimiento económico a partir de la segunda parte de los años ochenta e impulsando un extraordinario avance en la dotación de capital humano y de infraestructuras públicas de la región. Lo conseguido, aún siendo mucho, en modo alguno es suficiente para que Andalucía logre acortar las diferencias actuales con las regiones más avanzadas de Europa. Desde la perspectiva que sólo otorga el paso del tiempo, en la etapa de la Transición política, pese a las dificultades y obstáculos, también se sentaron bases decisivas para el bienestar económico y social de las generaciones de andaluces actuales y venideros.
José M. Domínguez es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga |
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