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1974 |
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Juan José Téllez Rubio |
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De Cádiz a Suresnes |
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Carlos Arias Navarro había sucedido a Luis Carrero Blanco al frente del Gobierno español. Y, a partir de un discurso pronunciado el 12 de febrero de ese año, apuesta por soluciones más generosas e integradoras para el futuro español, un cierto aperturismo que excluye, sin embargo, la figura de los partidos y a tales alturas de la historia, propone la creación de asociaciones políticas.
Mientras el búnker rechazaba de plano el Estatuto de Asociaciones Políticas, la oposición y buena parte del mundo se desternilla ante el anacronismo de dicha iniciativa, aunque hay quienes deciden seguir dicha vía, como sería el caso de Cantarero del Castillo, quien se define como socialdemócrata y que tanto, ese año como a comienzos del siguiente, celebrará reuniones en distintos puntos de la provincia de Cádiz, a fin de captar adeptos para la asociación Reforma Social Española. Yo llamaría a las asociaciones partidos políticos constitucionales, declaró cuando era evidente que se venía abajo el castillo en el aire de Arias Navarro. En Algeciras, por ejemplo, Cantarero logró reunir en una cena en un restaurante de la zona de Los Pinos a un numeroso grupo de comensales. El único problema estribaba en que, en su mayoría, eran militantes clandestinos del Partido Comunista de España.
En febrero, los alcaldes franquistas revalidaban sus cargos al frente de sus corporaciones. Al menos, eso ocurrió en Cádiz, con Jerónimo Almagro Montes de Oca, quien iniciaba entonces su tercer e inacabado mandato, del que habría de ser posteriormente sustituido por uno de sus concejales, Emilio Beltrami López-Linares, sexto teniente de alcalde y delegado municipal de Asuntos Económicos y Financieros. El 31 de mayo de 1974, se publica, sin embargo, el proyecto de ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, en las páginas del Boletín Oficial de las Cortes Españolas, lo que el democristiano José María Gil Robles y Gil-Delgado calificará como la minielección de alcaldes, dado que el proyecto original planteaba que los alcaldes de Madrid y Barcelona serían elegidos por el Jefe del Estado y que el Gobierno podía constituir entidades municipales metropolitanas en las aglomeraciones urbanas más importantes. En el resto de los ayuntamientos, el alcalde sería elegido por los concejales y no por los vecinos. Todos los vecinos podían participar en la elección, pero no todos tenían derecho a ser elegidos, salvo aquellos que tuvieran suficiente firmas a su favor para presentarse a los comicios. Extremos que, en aquellos días, desde la derecha civilizada a la izquierda montaraz se consideraban inadmisibles y que, sin embargo, supuso la base de las elecciones municipales democráticas, a partir de 1979.
La UGT arraigaba fuertemente en el ámbito de la enseñanza, con nombres como Rafael Román, Ramón Vargas-Machuca o Gregorio López, muy vinculados a su primitivo embrión, según reseña Antonio Castillo, quien también da cuenta de la aparición anterior de USO, en conexión con el movimiento obrero católico, básicamente en torno a la HOAC y JOC, y que arraigó con fuerza en los Astilleros y empresas del Metal de la Bahía, Construcciones Aeronáuticas y en algunas bodegas de Jerez y El Puerto. A mediados de ese año, USO ya estaba constituida en el Campo de Gibraltar: Reiteradas veces apunta Castillo, el círculo industrial de la Bahía de Algeciras facilitó que reivindicaciones obreras sonaran a propuestas de libertades públicas.
Francisco Franco fue hospitalizado en el mes de julio pero el Cádiz oficial, como el del resto del Estado, quitó hierro a la posibilidad de que se tratase de un ingreso irreversible. El 18 de julio, su mejoría ya era suficiente como para que la Permanente Municipal mostrase oficialmente su satisfacción y ordenase colocar en los arcos laterales de Puerta Tierra un letrero luminoso que rezaba Arriba España, en conmemoración del trigésimooctavo aniversario de una guerra que habían convertido aquellas mismas murallas en paredón.
Franco volvió al Pardo y allí recibió, en noviembre, a los alcaldes de La Línea, Castellar, Jimena y Los Barrios, quienes le expusieron la depresión económica que sufría el Campo de Gibraltar, a pesar de los sucesivos planes de desarrollo. Mientras Santiago Carrillo constituye la Junta Democrática en París, la capital gaditana celebra al bilaureado general Varela, que en unión a López Pinto inició en Cádiz la epopeya del Alzamiento. Pero Casilda Varela, la hija del viejo héroe, se había casado ya en Amsterdam, en 1966, con un guitarrista llamado Francisco Sánchez, al que la historia conoce con el sobrenombre de Paco de Lucía y que precisamente ese año, en 1974, acompaña en el Festival de la Unión a un sabio cantaor llamado Antonio Mairena.
A finales del 74, el Gobierno presentaba el decreto de asociaciones políticas. Claro que para poder constituir dichas asociaciones, según el artículo 16 del proyecto de bases sobre los criterios políticos del estatuto jurídico del derecho de asociación política, en Cádiz harían falta 1.369 asociados, porque se establece un número de asociados no inferior al uno por mil del censo en poblaciones con más de un millón de habitantes; uno y medio por mil para provincias entre 500.000 y un millón, y el dos por mil para provincias con menos de medio millón de habitantes.
Pero, aquel año, los claveles florecían en los fusiles de Portugal y un jovencito de Alcalá de los Gazules, Alfonso Perales, hacía las maletas para viajar al histórico congreso que el PSOE iba a celebrar en la localidad francesa de Suresnes. Después de aquello, nada iba a ser lo mismo.
De Astilleros a Acerinox. El sector naval era, entonces, la gran industria de Cádiz. Y allí se produjo, el 17 de enero, una de las acciones obreras que iban a barruntar el combativo historial de la factoría durante dicha década y la siguiente. Todo empezó con un paro laboral en la factoría gaditana de Astilleros Españoles, SA, algo más que un largo muro blanco donde moría el delta entre San Severiano y la Barriada de la Paz, que aún seguía en construcción. Sobre la mesa, un convenio que afectaba a 3.000 trabajadores. Y las posturas estaban claramente enfrentadas: la parte social pedía un aumento que representa 456 millones anuales y la económica ofrecía sólo 125.
Al día siguiente, cerraba la factoría y el Diario anunciaba que sus productores habían quedado suspendidos de empleo y sueldo por tres días, aunque no llegó a intervenir el amplio contingente de la Policía Armada que había sido desplazado hasta la capital gaditana El personal administrativo corrió la misma suerte, porque se sumó al paro decidido por la asamblea de trabajadores. El conflicto pareció terminar el 22 de enero, al reanudarse las conversaciones de un nuevo convenio colectivo que, según la prensa, se esperaba firmar de inmediato. La negociación del convenio tampoco fue una balsa de aceite en la Bazán, al existir discrepancias serias en la subida salarial y en la interpretación de ciertas ordenanzas laborales. Se firmó el 3 de agosto y, al menos, logró equiparar los sueldos al aumento del coste de la vida, algo que no siempre era habitual en aquellas fechas.
Los trabajadores de hostelería aspiraban a jubilarse a los 60 años, sin ir más lejos. Y lo cierto es que los obreros ya no parecían dispuestos a aguantar cacicadas. El Consejo Provincial de Trabajadores, a pesar de ser un organismo que funcionaba en el seno del sindicato franquista, mostraba su repulsa por la actitud de la firma Cartonajes Tempul, a la que se puso de vuelta y media públicamente por la anormal situación legal en que se encuentran los trabajadores frente a posturas intransigentes de la empresa. Se intentaba poner fin a los excesos de la patronal, que contaba con la complicidad explícita de la Administración en muchos casos. ¿Cómo cabe interpretar, si no fuera así, el acuerdo adoptado por parte de la Unión de Trabajadores del Sindicato de Industrias Químicas esa primavera? Se trataba de arbitrar una fórmula que evite la facilidad con que los empleadores pueden dar de baja a sus productores en la Seguridad Social unilateralmente y, por tanto. sin conocimiento, a veces, de estos últimos, lo que ocasiona frecuentemente su indefensión. Ese fenómeno venía ocurriendo con harta frecuencia y no sólo en la industria, sino en la construcción y en otros sectores.
La provincia entera estaba caliente, mientras los tecnócratas hablaban del plan de estabilización nacional y los obreros temían el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Laboral, que facilitaba los despidos. El 8 de abril, los trabajadores de la factoría de Acerinox, en Los Barrios, recorren a pie los considerables kilómetros que median entre dicho centro y las ciudades de Algeciras y La Línea. Reclamaban de la empresa un servicio de transportes, dado que la cuota que percibían por tal motivo era insuficiente al haber subido el precio del combustible, como consecuencia de la crisis energética que empezaba a vivirse a escala mundial. El complejo industrial del Campo de Gibraltar fue uno de los principales focos de agitación sindical de la provincia. Allí, en octubre de ese año, se vivirían paros puntuales en empresas como Tamoin y Migsa, aunque la sangre de los disturbios no llegara al río.
El Consejo Provincial Sindical se celebró en julio y algunos de sus ponentes reclamaron mayores garantías para los cargos sindicales y se derogara el supuesto de no readmisión y condenar a la empresa que ha despedido un cargo sindical a seguir vinculado con él, pagándole los salarios aunque no trabaje al no haber sido readmitido.
A finales de julio se firmará el convenio colectivo provincial de la Federación de Comercio, que afecta a toda la provincia, estableciendo la jornada semanal en 44 horas y añadiendo el cierre de los sábados por la tarde al habitual festivo dominical. Esta conquista laboral cambiaría notablemente las costumbres de los consumidores de la época.
Pero, en numerosos sectores de la actividad laboral, los trabajadores iban más allá de puntuales logros salariales. No hay más que echar un vistazo a la plataforma revindicativa de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Metal, en una reunión celebrada a comienzos de agosto en Cádiz y en la que llegaron a demandar la derogación del artículo 12 del Decreto Ley de medidas coyunturales de política económica, la necesidad de dar una total libertad en la negociación de los convenios colectivos, adecuados salarios, incremento de la ayuda familiar, pero también la necesidad de una reforma fiscal equitativa. Entre los acuerdos adoptados, a finales de ese año, por la Unión de Trabajadores del Sindicato del Metal figura el de una reorganización a fondo de las estructuras sindicales para situar a la organización sindical a tono con los tiempos que corren y sobre todo de forma que queden garantizadas rotundamente la libertad, la independencia y la democracia en todos los estamentos de las organizaciones profesionales hasta el máximo exponente que es el Consejo Provincial de Trabajadores. Ciertamente, la mano de la política como no podía ser de otro modo se dejaba ver en conflictos laborales. La labor clandestina de la oposición proseguía en Cádiz, a pesar de caídas puntuales de algunas células de los partidos políticos que operaban en la ciudad. Así, la policía dio cuenta, el 28 de enero de 1974, de la desarticulación de una organización comunista, cuyo centro de propaganda radicaba en un piso de la barriada de Loreto. Pocos días más tarde y como por arte de magia, la policía franquista asestaba otro golpe a la izquierda gaditana. Así, los periódicos informaron, el 6 de febrero, del descubrimiento y desarticulación de varias organizaciones clandestinas marxistas: OMLE (Organización de Marxistas Leninistas Españoles), USO (Unión Sindical Obrera), así como las Comisiones Obreras, afines estas últimas al partido comunista de España, disminuyendo en forma de letras minúsculas la intensidad subversiva de dichas siglas.
Se ha comprobado señalaba el suelto, con la jerga policial de la dictadura la participación de estas organizaciones en los conflictos de AESA y Bazán, tratando de politizar los convenios colectivos, provocando huelgas, plantes y otras anormalidades laborales. Varios de los detenidos ostentaban cargos de responsabilidad sindical en tales empresas. Asimismo, se han determinado los autores de la difusión de propaganda en centros universitarios de este distrito. Han sido detenidas más de 30 personas.
La visita de Isidoro. El 16 de mayo, en el Colegio Mayor Chaminade, el abogado Felipe González Márquez pronunciaba una conferencia bajo el título de El trabajo en Andalucía Occidental. Pocos sabían entonces que aquel tipo de pelo relativamente largo era conocido como Isidoro entre sus compañeros de clandestinidad. En octubre de ese año iba a ser elegido secretario general del PSOE, durante el congreso de Suresnes que iba a marcar las diferencias entre los socialistas históricos y los renovadores. Por aquel entonces, ejercía aún como un simple abogado laboralista y ocupaba un piso en el barrio sevillano de El Porvenir. Pero ya tenía correligionarios gaditanos que estaban dispuestos a acompañarle en la aventura, desde el fotógrafo Pablo Juliá y Manuel Chaves, que aparecen en la célebre foto de la tortilla hasta jóvenes rebeldes que harán las maletas rumbo a dicho congreso, como fue el caso de Alfonso Perales.
El PSOE renovado nació en Cádiz a partir de un núcleo de amigos, con lazos familiares, nacidos y crecidos en Alcalá de los Gazules, de una cierta herencia libertaria. Eran los hermanos José Luis y Francisco Coco Blanco, los hermanos Perales Pizarro Alfonso, Antonio y Carlos, Luis Pizarro y su esposa, Elena Ruiz. Aquello no era todavía el partido socialista, propiamente dicho, sino su germen. En la capital gaditana, el socialismo se reorganizaría luego, con la incorporación inmediata de dos profesores universitarios, Ramón Vargas-Machuca, de Medina Sidonia pero que venía correteado políticamente desde la Universidad de Salamanca, y Rafael Román, de Chiclana, profesor de la Escuela Normal, junto con sus respectivas esposas, Josefina Junquera y Mercedes Dobarco. Ellos imprimieron una cierta proyección social al grupo. A ellos, un año después, se sumará Gregorio Goyo López, el activo sacerdote del Cerro del Moro: Fuimos los primeros adultos del PSOE, por así decirlo, porque el resto eran los jóvenes de Alcalá, a los que le daba corte ir a las reuniones de la Platajunta como estudiantes, recuerda ahora. Inmediatamente, vendrían otras incorporaciones, como las de Jaime Pérez-Llorca, quien llega a este nuevo PSOE por expreso encargo de Manuel del Valle, en Sevilla, así como los jóvenes Francisco González-Cabañas, de Benalup; su primo, Antonio Rodríguez Cabañas, de Las Lomas; Antonio Marmolejo, de La Línea, y Eduardo García Espinosa, estudiante de Derecho. En la provincia, había dirigentes contectados con el PSOE del exilio, como era el caso del abogado algecireño Antonio Ramos Argüelles. Pero, en cualquier caso, se trataba por entonces de un grupo minoritario, que quizá pretendió captar nuevos militantes durante aquella conferencia de mayo, apenas un mes después de la Revolución de los Claveles, que había demostrado que la libertad y la paz podían convivir en Portugal.
Los jornaleros, en pie de huelga. Cádiz que había sido uno de los principales puertos de salida para la emigración clandestina española hacia América, en la década de los cincuenta ya era por entonces una de las principales fábricas de emigración: bien temporera, a la vendimia francesa o a la pera de Lérida, o para contratos de mayor duración, a Alemania y Francia. A partir del cierre de la Verja en 1969, uno de los puntos de destino para muchos de los miles de trabajadores españoles en el Peñón será el Reino Unido, que se podían encontrar fácilmente con la siguiente Circular Informativa del Consulado General de España en Londres: Si tiene usted hijos menores aquí en Gran Bretaña y desea que no se despañolicen, el Instituto Español de Emigración, a través de su Delegación en Gran Bretaña, sostiene una guardería infantil con capacidad para cincuenta niños. Claro que lo cierto, según datos oficiosos, el número de niños españoles en el Reino Unido oscilaba entonces entre 4.000 y 6.000. Inglaterra y Suiza, en aquellos días, no tenían ningún convenio de emigración suscrito con el Gobierno español, lo que redundaba por una parte en desatención a los emigrantes desde el punto y hora de que su cotización no revertía en la Seguridad Social española, por lo que sus familiares en casa carecían de atención por parte de la Seguridad Social. Claro que también dicha circunstancia permitía un cómodo exilio para muchos fugitivos políticos de la época, como el periodista jerezano Paco Lobatón, que no corrían el riesgo de retorno al país dictatorial del que habían huido. No podía decirse lo mismo de Alemania, desde donde llegaron a ser repatriados incluso manifestantes antifranquistas.
En diciembre, los obreros eventuales no acuden a sus trabajos en las viñas de Sanlúcar por no haber sido renovado el convenio que venció en septiembre. Temían, lógicamente, por sus jornales. Ya, ese mismo año, se habían creado en Cádiz y en Sevilla las llamadas comisiones de jornaleros, de las que habría de surgir el Sindicato de Obreros del Campo. En ambas aventuras participó un campesino de Marchena, Francisco Casero, estrechamente vinculado a la provincia gaditana, a través de Bornos, Villamartín y otras localidades de la Sierra, así como en el Marco de Jerez, donde campaba el latifundio: De todos los problemas que tenemos los jornaleros declaraba por entonces, hay uno que es fundamental y que nos tiene sumidos en la mayor opresión. Ese problema es el paro endémico que tenemos que padecer año tras año sin que desde hace cuarenta años ningún gobierno nos haya dado una solución. La mitad del año nos la pasamos en paro forzoso, esperando en las plazas de los pueblos a que los patronos vengan a contratarnos. Lo único que hace el Gobierno es darnos una especie de limosna el Empleo Comunitario que en nada viene a solucionar nuestro problema. Los obreros del campo ni siquiera tenemos los mínimos derechos de nuestros compañeros de la industria. No tenemos Seguro de Desempleo y si alguno de nosotros cae enfermo estando parado tiene que mendigarle a un patrón para que le firme como que está trabajando para él. De lo contrario no recibe ninguna ayuda económica de la Mutualidad Agraria, encontrándose en el mayor desamparo. Al margen de esta petición, que serviría parcialmente de base para el futuro Plan de Empleo Rural (PER), instaurado en la década siguiente, las Comisiones de Jornaleros tenían otras reivindicaciones, entre ellas, una reforma agraria que dé la tierra a los que la trabajan.
En la bahía de Cádiz, los trabajadores de AESA, los de los astilleros, terminaron el año como lo iniciaron. Se declaran en paro hasta el 2 de enero, para defender sus reivindicaciones salariales y la gestión del convenio colectivo. La historia continuará.
Estudiantes y penenes. La única forma de que los universitarios dejen oír su voz es por medio de las asociaciones legalmente constituidas, como se hacía constar en el decreto del 9 de Noviembre del 68, puede leerse en un artículo que publica Diario de Cádiz durante aquel mes de febrero, en el que empezaron a asomar tímidamente las orejas algunas organizaciones estudiantiles, tanto en el Colegio Universitario Gaditano, como en la Facultad de Medina o en institutos y colegios públicos o privados.
Pacifistas en su mayoría, los estudiantes empezaban a tomar la calle. Así, el 4 de abril, la policía disolvió una manifestación iniciada en la plaza de San Juan de Dios, en la que unas 200 personas, en su mayoría estudiantes, mostraban su repulsa por la orden de desalojar el chalé de la calle Almirante Vierna, que estaba abandonado. Protestaban por la orden judicial de haber desalojado a las familias que lo habían invadido por no tener vivienda y por las detenciones efectuadas en relación a dicho caso. Parece ser que antes de la manifestación un estudiante pronunció una arenga animando a sus compañeros del Colegio Universitario gaditano a sumarse en esta manifestación de protesta, informaba escuetamente la prensa del día siguiente.
El 10 de mayo, unos 200 estudiantes se manifestaron ante la Delegación de Educación y Ciencia. Entregaron un escrito y se disolvieron pacíficamente, sin que llegara a intervenir la fuerza pública. El documento pedía mayor igualdad de oportunidades, protestar por la subida de las matrículas y sobre la exigencia de selectividad, tras haber superado los exámenes de COU.
En septiembre, se solicitó la creación de una Facultad de Filosofía y Letras, ya que el Colegio Universitario apenas asiste a los tres primeros cursos. La Diputación ofrece el mantenimiento de los mismos, quedando 4º y 5º a expensas del Ministerio, que seguiría manteniendo Sevilla como Universidad de referencia.
Ramón Vargas Machuca, por aquel entonces, compaginaba sus clases de historia de la Filosofía con la dirección de la rudimentaria biblioteca del Colegio Universitario Gaditano. Así siguió, hasta que fue elegido diputado y emprendió una carrera política dentro de las filas socialistas que interrumpiría en la década de los noventa para volver de nuevo a las aulas: El alumnado antifranquista era mayoritariamente marxista rememora. Militaba en la Joven Guardia Roja, el PCE y en un PSOE encabezado por los chicos de Alcalá. La Joven Guardia Roja era la que más bulla formaba, pero nunca hubo grandes movilizaciones: alguna manifestación, pintadas, reuniones, distribución de pasquines y encierros en el Obispado. La policía entró alguna vez en el colegio universitario, pero a mí no me molestaron nunca (...) He sabido que estaba en el punto de mira después".
Al Colegio, fundado con la década, los alumnos le llamaban el cortijo de Luis Núñez Contreras. Era vicerrector de Sevilla y director del centro, adscrito a la Universidad Hispalense, que otorgaba su venia docendi. Sin embargo la Diputación, presidida entonces por Antonio Barbadillo, era quien contrataba y pagaba los honorarios del profesorado mediante un gestor. El jefe de estudios, por aquellos años, era otro profesor de Filosofía llamado Juan López Álvarez, cuyo talante bohemio y puntualmente comprometido distaban mucho del hieratismo de las autoridades académicas del momento. El primer día de diciembre, los estudiantes de Medicina celebraron una asamblea en la Facultad, a la que se sumaron alumnos de Filosofía y Letras, así como los de Empresariales. Acordaron paro activo solidarizándose con los universitarios de Sevilla en sus peticiones, que son de tipo general universitario y otras específicas de cada Facultad. En su caso, reclamaban un hospital Clínico, la creación de la Universidad de Cádiz, con autonomía propia respecto a la de Sevilla, la dimisión de un alto cargo directivo de la Hispalense, cuyo nombre no se da a conocer públicamente, así como otras consideraciones más genéricas: Rechazo de profesores incompetentes; agilidad de prácticas; terminar con las cátedras vitalicias; protesta contra la jefatura de estudios, creándose una comisión mixta de alumnos, profesores de prácticas y catedráticos, haciéndose unos nuevos estatutos y un largo etcétera en el que no faltaba una reclamación ambigua, la de libertad de asociación, reunión y expresión. Por supuesto, en lo referente a temas académicos en exclusiva.
Las reivindicaciones incluían guiños tan particulares como una última advertencia a un funcionario administrativo de la Facultad para que se limite a sus funciones, o demandas mucho más generalistas, como la de la participación de los alumnos en la Junta de Facultad y Junta Clínica, elaboración de la Ley de Asociación Universitaria y negativa a la intervención de las Fuerzas de Orden Público en la Facultad.
Los futuros Ayudantes Técnicos Sanitarios también formularon sus propias peticiones, relacionadas sobre todo con medios de estudios y un estatuto fiable para el ejercicio de su profesión. Pero no olvidaban solicitar la puesta en libertad de ocho estudiantes detenidos en Sevilla. Inicialmente, se unieron al paro los de Magisterio, los de Filosofía y Letras y los de Empresariales se lo piensan, aunque finalmente se suman a la movilización, pero dada la diversidad de peticiones hizo falta una reunión de todo el distrito universitario, que se celebró el 4 de diciembre en la Facultad de Medicina. No menos de 2.000 estudiantes se dieron cita allí y sólo los de Ingeniería Industrial y Naval excusaron su presencia porque estaban pendientes de adoptar acuerdos internos. A los estudiantes de Derecho de Jerez, se les daría cuenta de los acuerdos alcanzados. Esta vez, las reclamaciones no olvidaban cuestiones genéricas como la amnistía para todos los estudiantes represaliados, participación democrática en los órganos de la Universidad y el célebre derecho de libre expresión, reunión y asociación en el ámbito académico. Pero se bajaba también a lo cotidiano como la necesidad de un comedor universitario, de la reducción de tasas de autobuses y transportes públicos para estudiantes. El llamado paro activo se mantiene el día 6, cuando el gobernador civil se ve obligado a recibir a una comisión de alumnos, que le explica el objeto final de su protesta. La normalidad volvió a las aulas, cuatro días más tarde, excepto en Medicina y ATS, que mantienen el paro activo y sus peticiones. Pero la enseñanza, definitivamente, es un hervidero a aquellas alturas del calendario. Ocho días después, se difunde una nota del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras, ante el paro de profesores no numerarios que se había iniciado en Sevilla, Coruña, Málaga, Barcelona y Asturias. Reclaman aumento de sueldo, derecho de reunión en los centros y reconocimiento efectivo del derecho de voz y voto en los claustros, así como suspensión de la medida ministerial que impide la elección de representantes de los PNN en los centros
¿Apertura o cerradura?. ¿Apertura o cerradura?, se preguntaba el escritor algecireño José Luis Cano en las páginas de Cuadernos para el diálogo, en junio de 1974: La frecuencia irritante con que se vienen produciendo en nuestro país las prohibiciones de actos culturales y de homenajes a poetas parece estar en flagrante contradicción con los intentos ciertamente tímidos de apertura cultural por parte del ministro Cabanillas y del director de Cultura Popular señor La Cierva. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que en el control de la actividad pública cultural pocas costas están tan controladas en este país como la cultura, mucho más, desde luego, que los precios intervienen dos ministerios. Y mientras uno de ellos, el de Información, abre un poco la mano lo que, aunque llegue tarde, siempre es bien recibido el otro, el de Gobernación, procura cerrarla lo más posible. Algunos gobernadores civiles, auxiliados, a veces, por los alcaldes, reinan todopoderosos en sus provincias, y en cuanto se trata de un acto cultural que estiman poco ortodoxo o de un homenaje a un poeta que no les parece afecto al régimen aunque se trate de un Premio Nobel deciden cortar por lo sano y lo prohíben por si las moscas, aunque tales actos hubiesen podido celebrarse sin el menor problema de orden público y sin que por ello la solidez del sistema se hubiese visto afectada en lo más mínimo.
En su vieja provincia gaditana, las entidades culturales se limitan a capear el temporal lo mejor posible, presentando la debida solicitud ante el Ministerio de Información y Turismo y el Gobierno Civil cada vez que se organizara un acto público, en el que no era excepcional que se le aplicase el tampón rojo que rezaba Denegado. El cine club universitario, pese a todo, anunciaba a comienzos de abril El discreto encanto de la burguesía, la oscarizada película francesa de Luis Buñuel, mientras a finales de ese mismo mes, el grupo Éxodo representa en Puerto Real la obra Asamblea General, de Lauro Olmo y Pilar Enciso, todo un clásico de la Transición, que aborda una cuestión que no sólo tenía que ver con las relaciones entre niños y adultos, sino con la convivencia en libertad.
Alcances 74, nuevamente de la mano de Fernando Quiñones, trajo a Cádiz exposiciones de Picasso, Dalí, Tharrats, Clavé, Godlewsca, Tàpies, Henry Moore, Alexander Calder, Chillida y otros. Se le rinde homenaje a Pepe el de la Matrona y el futuro cantautor Javier Krahe, junto a su compañera Annick, preparan desde Madrid el programa radiofónico Verso y canción del Canadá. Al margen de las proyecciones cinematográficas Una y la otra, Se juega hoy, se programan recitales poéticos de Pablo García Baena o de Alfonso Canales: Las dificultades de censura y permisos crecieron inesperadamente y hasta última hora, sobre todo por desconfianzas del nuevo delegado en Cádiz de Información y Turismo; como ya referimos, el gobernador civil, don Antolín de Santiago, lo resolvió al fin todo con unas llamadas telefónicas que hacen posible el anuncio de la Semana y su celebración sin más tropiezos, escribe Luis C. Bayón. Bayón establece en el año de 1974 un antes y un después de Alcances, dos etapas claras. La primera, la del franquismo, desde su creación por Quiñones, en 1968, hasta 1974, etapa en la que fueron incesantes las dificultades de todo tipo, oficiales y no oficiales, para realizar un programa cultural de tipo liberal, democrático e independiente.
La segunda etapa, a su juicio, quedaría fijada en julio de 1974, a raíz de la designación de Antolín de Santiago y Juárez como gobernador civil de Cádiz, cargo del que tomó posesión, junto al de jefe provincial del Movimiento, el 15 de febrero: Hombre pronunciadamente liberal en el concreto terreno de la cultura le describe y autor de un hecho cultural importante en la España de la dictadura, no menos problemático y siempre difícil, como lo es sostener cualquier empresa culturalista que no caiga en rutinas. Nos referimos a la Semana Internacional de Cine, creada en Valladolid por el señor Santiago y Juárez que, apenas tener en Cádiz conocimiento de las actividades de Alcances, y poco después de posesionarse de su cargo, empezó por deshacer de dos telefonazos los obstáculos oficiales que impedían anunciar de lleno la celebración de Alcances 74 a cuarenta y ocho horas de su apertura.
Además de todo ello, Bayón reseña que aquel gobernador efectuó luego, en Cádiz y en Madrid una enérgica liberación de las censuras que pesaban sobre el Festival y estimuló al equipo organizador a ampliar la Semana a Mes, animando, en dos reuniones convocadas al efecto, a las entidades gaditanas y madrileñas que debían contribuir a este proyecto con el que, en 1975, quedó cubierto todo el Julio Cultural Gaditano, extendido a la provincia, y nació la Muestra Cinematográfica del Atlántico, aneja a Alcances y organizada en su totalidad por Quiñones y sus colaboradores".
Pese a la protección del gobernador y a la aceptación cultural-oficial, los problemas, incluso los de censura, no desaparecieron ni han acabado de desaparecer. Prueba de esto fue la prohibición en 1978, y consiguiente incapacidad de proyectar públicamente como clausura de la Antología de cine, la película japonesa El imperio de los sentidos, ya entonces proyectada en otros festivales y muestras de España, como los de Barcelona, San Sebastián y Benalmádena, rememora Bayón, respecto a las vísperas de la Constitución, en su libro Alcances, doce años de un festival gaditano, publicado en 1980. Grupos de jóvenes de Puerto Real también reclaman, a través del Diario de Cádiz, que el Carnaval vuelva a celebrarse en febrero, pero ese sueño tardaría todavía en cumplirse. Se siguen rescatando marionetas del teatro de marionetas de la Tía Norica, mientras Manuel Múgica Láinez ofrece una lectura en el Conservartorio Manuel de Falla. Y las carteleras anuncian, sucesivamente, el estreno de Le llamaban Trinidad, La pantera rosa o El Golpe en los cines Municipal y Avenida.
Pocos días antes de que muriese en Jerez el bailaor Paco Laberinto Francisco Ruiz Gómez José Monge Cruz, Camarón de la Isla, tenía ya 22 años y había grabado varios discos con la colaboración especial de Paco de Lucía. El joven cantaor isleño actuó en septiembre en el cortijo Los Rosales, de la capital gaditana, formando parte de un cartel en el que se anunciaban a la bailaora sevillana Manuela Carrasco, a Diego Clavel y Pansequito de El Puerto y de La Línea, respectivamente, con los guitarristas Ramón de Algeciras y Paco Cepero. Casi todos ellos aparecían mentados en el libro De Cádiz y sus cantes, de Fernando Quiñones, cuya segunda edición aparecía en el mercado aquel otoño. Por ese mismo escenario, Joan Manuel Serrat cruzará el 15 de septiembre. El monstruo de la canción, como le llamó el Diario, acababa de publicar su disco blanco, cuyos títulos interpretó aquella tarde, entre pitos y palmas cuando entonaba en catalán su Cançó de matinada. Cádiz seguía echando de menos a La Pepa. A finales de octubre del 74 se celebra un ciclo de conferencias en su memoria, que lleva a la voz del poeta Juan de Dios Ruiz Copete hasta el salón de la Caja de Ahorros de Cádiz, donde trató de la Constitución de 1812 y de la evolución de la idea de libertad que, a su juicio, había que extender a todos los órdenes y medios de difusión. La libertad que muchos gaditanos de la época andaban buscando era la misma que servía como banda sentimental a la película Tal como éramos, protagonizada por Barbra Streissand y Robert Redford, que se estrenó en el cine Avenida el día 30 de ese mismo mes. Un equipo de la productora Dédalo Films rueda en Cádiz un cortometraje dedicado a José María Pemán y al papel de dicha ciudad en su poesía, bajo el título de Cádiz, señorita del mar .Pero otra poesía se estaba abriendo paso, de la mano de jóvenes autores como José Álvarez y Francisco Bejarano, quienes brindan un recital poético en el Colegio Universitario jerezano, a comienzos de noviembre. Bejarano, quien atraería la atención de la crítica en 1979 con su obra Transparencia indebida, mantendría una cierta actividad pública aquel año. El 3 de diciembre y también en Jerez, en la Fundación Ruiz Mateos, brindará junto con el malogrado Alfonso Sánchez un recital poético sobre tres autores españoles: Vicente Alexaindre, Carlos Edmundo de Ory y Luis Cernuda, a quienes consideraban como base de la poesía actual. El día 23 de octubre dio comienzo el VI Ciclo Teatro Nuevo con el grupo de actores de Radio Popular. Una de las obras se llama Golpe de Estado, año 2000. En cualquier caso, todo estaba controlado: cinco días más tarde, Fernando Vizcaíno Casas diserta en Cádiz capital sobre El libro en la posguerra española, 1939-1953. En el cine Nuevo, el año moría con Repulsión, de Roman Polanski.
Cien plantas de marihuana. La sociedad seguía por delante de sus legisladores. Por ejemplo, ya empezaba a plantearse la ambigua situación de los objetores de conciencia, muchos de ellos por motivos religiosos, no sólo procedentes de algunas confesiones evangelistas, sino del propio seno de la Iglesia católica: En 1967 escribía por entonces Enrique Miret Magdalena, en Cádiz, se celebró un Consejo de Guerra en el cual el tribunal pidió dirigirse al ministro de Marina con el ruego de que promueva, si así lo estima justo y conveniente, y al nivel que corresponda, la necesidad de una regulación jurídico-penal de la actitud de los llamados objetores de conciencia, bien sea otorgándoles un estatuto especial que establezca sus servicios al Estado, bien sea incluyendo su conducta en una de las figuras jurídicas existentes en nuestras leyes, o bien creado una figura penal nueva. Esto fue también significativo, y todavía requiere una legislación completa y adecuada.
En Barbate, en noviembre, desaparecerá un barrio de chabolas llamado El Zapal. Ni el primero ni el último de una provincia mordida todavía por la marginación. En la capital, las casas del barrio gaditano de Santa María amenazaban ruina, con enormes puntales atravesando cuartos de baños y dormitorios, para evitar que callese por tierra buena parte de aquel antiguo confín de pescadores. Varios clubes juveniles funcionaban en la provincia a la sombra de comunidades religiosas. En la capital, el de Santo Domingo era el más numeroso: llegó a contar con dos revistas en régimen de multicopista, un grupo folk que se hizo con importantes premios en certámenes nacionales, un coro para las celebraciones litúrgicas, un grupo de teatro que llegó a brindar versiones de montajes de Tábano o poemas de Brecht, Hernández o Vallejo. El de San Agustín contaba también con un grupo folk y con una cantautora llamada Ana Forero, cuya voz venía a unirse a letras poderosas. Mientras el Opus Dei se extendía por toda la provincia, pero establecía especiales bases en Jerez, El Puerto de Santa María y Algeciras, en esta última ciudad funcionaban los clubes juveniles de Los Salesianos Dosa y Jubo, que organizaron frecuentes festivales de música, o el de la parroquia del Corpus Christi, que patrocinó a un certero equipo de balonmano. La OJE seguía manteniendo buena parte de su estructura y de su patrimonio. Las casas de la Juventud estaban controladas por sus máximos responsables, en su mayoría monitores de política y religión que, como fue el caso de la capital gaditana, supieron abrirse puntualmente y dentro de un orden a nuevos gustos estéticos, sobre todo en materia teatral, plástica y cinematográfica. Pero la realidad les desbordaba.
Se inaugura Las Pérgolas y se anuncia el derribo de la vieja residencia Zamacola, para construir un nuevo hospital, cuatro años más tarde. La grifa empieza a circular por el puerto de Algeciras pero la Guardia Civil localiza en Rota, a finales de septiembre, más de cien plantas de marihuana en una casa de campo. Fueron detenidos cuatro norteamericanos.
Para muchos jóvenes andaluces y gaditanos de la época empieza lo que sería su grand tour particular, la bajada al moro, a la búsqueda de hachís, como una forma fácil de enriquecimiento y búsqueda de aventuras. Fernán Gómez hacía de drogui en una infumable película española y los tardojipis españoles y alemanes se atrincheraban en las casas de Castellar de la Frontera, vendidas en muchos casos a precio de saldo. Artistas gaditanos como Ignacio Polavieja o Fernando Meléndez encontrarían, allí, un refugio puntual. Mientras tanto, las cámaras de la prensa captan a un surfista en la playa de Cortadura. Insólito para esa época, donde las olas que morían eran las de la dictadura. |
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