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1977 |
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Eduardo Castro |
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¡A las urnas! |
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El regreso de la democracia y el paulatino asentamiento de la libertad en nuestro país, después del largo túnel del franquismo. Éste podría ser, sin duda, el resumen que mejor definiría el año 1977. Un año que estuvo marcado por tres hechos fundamentales: la legalización del PCE (su célebre ‘Sábado de Gloria’), las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde 1936 (el histórico ‘15-J’) y las multitudinarias y luctuosas manifestaciones para reclamar la autonomía andaluza (el esperanzador ‘4-D’), que en Málaga tuvieron el trágico colofón de la muerte de José Manuel García Caparrós a disparos de la policía.
Habían pasado nada menos que 41 años desde que los españoles acudieran por última vez a las urnas para participar en unas elecciones democráticas. Unas elecciones, las de febrero del 36, que habían supuesto la victoria del Frente Popular pero que en Granada habían tenido que repetirse debido a las graves irregularidades denunciadas por los partidos de izquierda en numerosos pueblos de la provincia. Ahora, muerto ya el dictador, 1977 supondría por fin la recuperación de la libertad y el regreso de la democracia. El camino, sin embargo, no sería todavía nada fácil, a pesar de las promesas de Suárez y la voluntad de todos los partidos implicados en el empeño.
Pero vayamos por partes. De momento, el año comenzaba con los ecos de la reciente detención de Santiago Carrillo en Madrid (curiosamente, el día del sorteo de la Lotería de Navidad), mientras que los socialistas históricos y los renovadores, que se habían hecho con las riendas del PSOE, alcanzaban un acuerdo para su reunificación. En Granada, las dos tendencias separadas a raíz del congreso de 1972 se fundieron en una sola organización provincial, encabezada por el veterano maestro de escuela Juan Tapia Sánchez, como presidente, y el joven catedrático de Derecho del Trabajo José Vida Soria, como secretario general. Ambos nombres venían sin duda a evidenciar la enorme importancia que la afiliación proveniente del sector de la enseñanza tenía ya por entonces –como siguió haciéndolo luego durante bastante tiempo– en el socialismo granadino.
En este sentido, no fue precisamente anecdótico que el primer acto público del PSOE unificado en nuestra provincia estuviera protagonizado por Luis Gómez Llorente, quien, además de ser uno de sus más cualificados dirigentes nacionales, reunía también la condición de prestigioso catedrático universitario, por lo que a nadie pudo extrañar que se refiriera al proyecto educativo de su partido, no dudando en defender durante su intervención la “escuela pública autogestionaria”.
Ecos de la matanza de Atocha. Los comunistas, por su parte, tras sufrir en carne propia uno de los episodios más negros de la transición (la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, en Madrid, el 23 de enero), vivirían, todavía en la clandestinidad, una de las etapas más movidas y accidentadas de su reciente historia local, con numerosas detenciones policiales, continuas amenazas y ataques “ultras”, no sólo contra el PCE, sino también contra las restantes organizaciones de orientación marxista-leninista, especialmente las entonces consideradas de extrema izquierda. De hecho, las principales víctimas de las redadas policiales de aquellas fechas fueron militantes del PTE, la ORT y la OIC, cuyo responsable provincial, José Vicente Pascual, fue detenido dos veces en menos de un mes, sin que en ninguna de ellas llegaran a plantearse cargos en su contra, lo que provocó numerosos escritos y declaraciones de protesta por parte de organizaciones universitarias, políticas y sindicales. Peor aún fue el caso del cantaor alhameño Paco Moyano, que tras el secuestro de Antonio María Oriol por parte de los GRAPO sufrió una serie de detenciones y acusaciones por su presunta vinculación con el PCE(r). Primero había sido detenido en Madrid, en donde intentaba por entonces abrirse camino en el mundillo flamenco, y luego ya en su localidad natal, adonde había regresado una vez decretada por el correspondiente juzgado su libertad provisional. En todas las ocasiones, sus vecinos salieron siempre en su favor, llegando a presentar cientos de firmas en los juzgados para pedir su libertad.
La matanza de Atocha fue contestada en Granada con un paro total en la Universidad, pancartas con crespones negros en los balcones de todos los edificios universitarios, múltiples asambleas e intentos de manifestación por las calles y un multitudinario acto público en el Hospital Real al que asistieron miles de personas y en el que todas las organizaciones políticas y sindicales de la ciudad se pronunciaron con comunicados de condena. Fuera del ámbito universitario, la repercusión de los sangrientos acontecimientos de Madrid destacó sobre todo en los ambientes sindicales de la oposición, con asambleas y paros parciales durante varios días, y la firma de un comunicado conjunto de UGT y CC OO, invitando “a la clase obrera y al pueblo en general a manifestarse pacíficamente en sus puestos de trabajo y apoyar con su presencia todos los actos de protesta que se convoquen”. Lógicamente, el colectivo más destacado en este sentido fue el de los abogados laboralistas de la ciudad que cerraron sus despachos desde la mañana siguiente del atentado perpetrado en la madrileña calle de Atocha y se mantuvieron en paro a lo largo de una semana.
Lo cierto es que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda parecían dispuestas a abortar la transición democrática. Así, a la matanza de los abogados laboralistas en la madrileña calle de Ato-cha o la muerte, también en Madrid y a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey, del estudiante granadino Arturo Ruiz, vinieron a sumarse en aquellos días los secuestros de Antonio María de Oriol y el teniente general Villaescusa por parte del GRAPO (Grupo Revolucionario Anticapitalista Primero de Octubre), que en esas mismas fechas perpetró además varios atentados mortales contra las fuerzas de orden público, figurando entre las víctimas un inspector de policía granadino asesinado en una estación de metro de Barcelona. Granada se ponía, pues, de luto por ambas partes. Las acciones de los GRAPO fueron contestadas por la Policía con la desarticulación en Cádiz del comité ejecutivo del PCE (r), el Partido Comunista Reconstituido, del que se suponía que aquél era su brazo armado. Fue entonces cuando el cantaor Paco Moyano sufrió su particular calvario de detenciones y encarcelamientos, acusado de pertenecer a un partido cuya militancia no se le pudo nunca demostrar.
La nueva derecha. Entre tanto, la efervescencia política del momento alcanza también de lleno a la derecha democrática andaluza y mientras Manuel Clavero Arévalo convoca en Sevilla el congreso constituyente del Partido Social Liberal Andaluz (PSLA), el granadino Arturo Moya Moreno pone en marcha, con el apoyo en la sombra de Francisco Fernández Ordóñez, el Partido Andaluz Socialdemócrata (PASD). Ambas formaciones, que se reclaman de corte liberal, ideología socialdemócrata y espíritu regionalista, muestran ya una clara tendencia hacia el centro democrático del que habla en sus visitas a Sevilla y Granada Pío Cabanillas, uno de los más destacados dirigentes del Partido Popular de entonces, que no tenía nada que ver con el actual, aunque al cabo de los años terminaría prestando nombre y siglas a la reconversión en partido de la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne. El ex ministro de Información y Turismo, aunque intentó en repetidas ocasiones engrosar sus filas con personas de talante democrático, no tuvo nunca éxito en Andalucía con su proyecto, que a pesar de proclamarse como liberal y democrático, se perfilaba nítidamente inclinado hacia la derecha más recalcitrante, pues no en vano se surtía de franquistas reciclados. El centro, sin embargo, sí terminaría aglutinando por su parte, alrededor de Adolfo Suárez, las diferentes iniciativas demócratas y liberales que habían ido surgiendo en España, incluidos los respectivos partidos andaluces de Clavero Arévalo y Moya Moreno. Éstos se encargarían, además, de atraer a la futura Unión de Centro Democrático (UCD) a figuras de verdadero prestigio en los ámbitos profesionales y universitarios, como Jaime García Añoveros, Soledad Becerril y Javier Arenas, en Sevilla, o Antonio Jiménez Blanco, Joaquín García Romanillos y Federico Mayor Zaragoza, en Granada.
Foro de referencia. Muy pronto, aquel clima de efervescencia política que reinaba en todo el país encontró en Granada su principal referencia en el Club Larra. Desde su misma inauguración el año anterior, el Club se había convertido, en efecto, en lugar obligado de visita y pronunciamiento público para todo político de pro que pasaba por la ciudad de la Alhambra. Fue allí donde Pío Cabanillas presentó el proyecto del Partido Popular como aspirante a “llenar el vacío entre una derecha excesivamente conservadora y el socialismo marxista”, mientras su hombre de confianza en Granada, el abogado Matías Cortés afirmaba sin tapujos que la nuestra había sido siempre “una provincia mal gobernada”. Allí, donde José Ramón Lasuén presentó la Federación Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, cuyo hombre fuerte entre nosotros, Arturo Moya Moreno, levantaba la voz para decir que “Granada y su provincia están hartas de demagogia y de promesas incumplidas”. Allí, donde Primitivo de la Quintana dio a conocer el Movimiento Socialista Andaluz (MSA), partido que decía defender un modelo de socialismo autogestionario y aspiraba a disputarse con el PSA el espacio electoral de la izquierda autonomista. Allí, donde el juez Sánchez Faba, futuro candidato centrista a la alcaldía de la capital, hablando sobre el papel de los cristianos en la política, dijo que “la Iglesia vuelve de nuevo al bando de los pobres y oprimidos”. Allí, en fin, donde un grupo de intelectuales y artistas, vinculados en su mayoría a la izquierda, realizó una de las más importantes muestras del año en la ciudad, no teniendo recato en presentarla bajo el título de “Arte, Cultura y Derechos Humanos: la reivindicación de la libertad”.
Y también fue precisamente en el Club Larra donde, a propuesta de un numeroso grupo de demócratas independientes, se decidió la formación en Granada de un bloque democrático andaluz con vistas a las elecciones que ya estaban en el horizonte. La idea consistía en aglutinar de cara a las urnas a todas las fuerzas de la oposición democrática con el fin de asegurarse una representación parlamentaria importante. Aunque en principio habían sido invitados a unirse todos los partidos de la oposición democrática, sólo contestaron positivamente el PSA, el MC, el PTE y el PSP, mientras que el resto –incluidos los componentes del Equipo Demócrata Cristiano– se manifestó a favor de presentar sus propias candidaturas. Al final, se decidió seguir recabando adhesiones al documento, que había sido suscrito ya por unas cien personas, y abrir un periodo de negociación entre los partidos que se habían adherido al bloque.
Por su parte, el MSA –que, a pesar de haberlo anunciado, no asistió a la reunión– lo primero que hizo, tras su legalización, fue pedir el control de la riqueza en nuestra Comunidad. En el proyecto de Estatuto autonómico dado a conocer por Primitivo de la Quintana, secretario general del partido, se contemplaba la composición y las atribuciones de la llamada Asamblea General de Andalucía, prestando especial atención al aspecto fiscal y a los recursos de la Hacienda, aspecto en el que destacaba un párrafo del artículo 15: “Los derechos del Estado en territorio andaluz relativos a minas, aguas, caza y pesca serán transferidos a esta Asamblea, exceptuando aquellos que estén afectos a funciones y servicios que sean reservados al gobierno del Estado”.
Pero, aunque en su gestación y nacimiento, como en tantas otras iniciativas de interés para la ciudad, había participado activamente el Partido Comunista, al principio se dio la paradoja –totalmente lógica, por otra parte– de que todas las conferencias y actividades programadas con militantes del PSOE, el centro o la derecha pudieran celebrarse normalmente sin ningún tipo de trabas, mientras que los comunistas eran siempre sistemáticamente prohibidos, incluso cuando se intentara a veces camuflar sus intervenciones con el teórico ropaje de los actos culturales. Eso fue lo que pasó con el filósofo Manuel Azcárate, al que la autoridad gubernativa le prohibió pronunciar las dos conferencias que tenía previstas en Granada, una en la Escuela de Arquitectura Técnica y la otra en el Club Larra. En ambos casos, la prohibición fue notificada sólo minutos antes de la hora anunciada para su inicio, siendo idénticas las razones aludidas por el Gobierno Civil: “...dado que el conferenciante es miembro del comité central del Partido Comunista es de prever, por su ideología, que el acto se desarrolle con un matiz claramente político, con las consiguientes implicaciones de todo género que de ello pudieran resultar...” Con quien no pudieron impedir que se entrevistara, sin embargo, fue con la prensa: “Cerrar la boca a los comunistas prohibiéndonos hablar es un escándalo y un flaco servicio a la democracia”, declaró Azcárate a los periodistas.
El regreso de Ayala. La cultura, por contra, sí estaba de enhorabuena. Así, mientras Martín Recuerda ponía en Madrid un grito de libertad con su obra “Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipcíaca”, en cuya representación Concha Velasco llegó a pedir amnistía en nombre de Mariana Pineda, Granada recibía con todos los honores a un auténtico exiliado de lujo, el escritor Francisco Ayala, sin duda uno de sus más ilustres intelectuales del siglo. De momento, sin embargo, su regreso era sólo transitorio, una breve estancia que le serviría para pronunciar un par de conferencias, siendo la primera vez en su vida que Ayala hablaba en público en su ciudad natal. Aunque ya en 1961 había pasado en ella unos días de riguroso incógnito, no sería hasta esta última visita cuando el escritor se decidiera a romper sus 40 años de silencio voluntario ante sus paisanos. Después, Ayala se iría de vuelta a Estados Unidos –donde aseguraba tener su vida “perfectamente adaptada”–, no sin antes afirmar que durante el franquismo se había mitificado demasiado la figura del exiliado. Sus declaraciones, no exentas de polémica, formaban parte de una entrevista que me concedió para “El País” antes de su partida hacia Nueva York y que todavía puede merecer la pena recordar:
Había ido a Argentina a pronunciar unas conferencias y el estallido de la guerra le sorprendió allí. Inmediatamente, Francisco Ayala se incorporó a los servicios diplomáticos del Gobierno de la República, trabajando sucesivamente durante los años de la República en Checoslovaquia, Francia y Cuba. En el año 39, una vez consumada la victoria franquista, Ayala decidió exiliarse voluntariamente y se instaló en Argentina. A partir de entonces, el granadino sería profesor en diferentes universidades hispano-americanas, hasta que en los años 50 fue a parar a Puerto Rico, de donde pasaría unos años más tarde a instalarse definitivamente en Estados Unidos.
“El exilio para mí nunca ha sido excesivamente traumático. Yo creo que un andaluz tiene menos problemas de adaptación en Buenos Aires o Montevideo que en Barcelona o La Coruña. Lo que pasa es que sobre el tema del exilio se ha especulado demasiado. Natural-mente, no se trata de algo agradable, y lo peor es la distancia, pero lo cierto es que algunos han mitificado en demasía la cuestión. Por supuesto, yo no he sido de los exiliados que se pasaban todo el día llorando o suspirando.”
Francisco Ayala nació en Granada en 1906. A los 16 años, se marchó a Madrid con su familia y allí obtuvo la licenciatura en Derecho. Tras una breve estancia en Alemania, donde estuvo becado para estudiar sociología y filosofía política, a su regreso a Madrid se doctoró en 1931 y dos años más tarde obtuvo por oposición la cátedra de Derecho Político de su Universidad. Luego, vendrían los años de la guerra y, finalmente, el exilio.
“Aquí, en España, también se ha especulado demasiado con el regreso del exiliado, mitificando las figuras hasta el punto de sufrir lamentables desengaños con algunas personas determinadas. Se ha dicho que son cosas de viejos, pero no es eso precisamente. Yo creo que nosotros seguimos siendo los mismos, por eso quizá no estamos a la altura del país, porque es el país el que ha cambiado. España pasa por un claro momento de transición que todos queremos que conduzca a la estabilidad. Si la transición está resultando tan difícil es simplemente porque hay grupos que no se resignan a la idea de la democracia. Sin embargo, hay que decir que la reacción pública ha sido enérgica y prácticamente unánime. Y esto hace concebir esperanzas, en el sentido de que el Gobierno podrá desarticular a dichos grupos, que, por otra parte, todo el mundo sabe más o menos quiénes son.”
En su tiempo, Francisco Ayala estuvo adscrito al partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, que “de izquierda, en realidad, sólo tenía el nombre”. No obstante, con el paso de los años había llegado a la conclusión de que es muy difícil que un “verdadero escritor” pueda estar afiliado a un partido político. Así lo explicaba él mismo:
“¿Por qué tendencia me inclinaría hoy día? La verdad es que ya no soy partidario de la inscripción a un determinado partido. El hombre (militante) de un partido político depende en cada momento de unas circunstancias, y como las circunstancias de hoy son distintas, a mí me resultaría muy difícil estar en ningún partido. Hoy día, tan pronto como el escritor se compromete con un partido o con una postura ideológica, traiciona inevitablemente su propio “compromiso vital”. Y hay que distinguir la postura del escritor como tal y la que tiene como otro ciudadano más. El problema radica en que, al militar en un partido político, el escritor se olvide de esta distinción, o no pueda tenerla en cuenta porque el propio partido se lo impida.”
Según el profesor Emilio Orozco, Ayala se encuentra situado en “la primera línea de narradores españoles”. De sus obras, Orozco destaca, principalmente, La cabeza del cordero –prohibida en España durante muchos años–, Los usurpadores y El jardín de las delicias. Otros estudiosos le dan más importancia, sin embargo, a sus dos grandes novelas, Muertes de perro y El fondo del vaso, que suponen sendas reflexiones sobre la dictadura desde una perspectiva bastante original.
“En realidad, no tengo ningún método creativo especial. Cada obra que intento es simplemente un proyecto que se va desarrollando desde dentro y que puede dar poco o mucho de sí. Su extensión y forma no responden por ello a una idea preconcebida, sino a las exigencias de la propia narración: puede crecer hasta convertirse en una novela o, por el contrario, quedarse reducida a un solo párrafo. La verdad es que nunca he sido un escritor profesional, no he vivido de la pluma, sino de otros oficios y menesteres, sobre todo el de profesor”.
“No hay derecho”. Mientras tanto, la censura daba sus últimos coletazos: después de un mes esperando su correspondiente autorización, el grupo músico-vocal Aguaviva no pudo presentar en Granada las canciones de su disco No hay derecho, que incluía –como de costumbre– letras del granadino Juan de Loxa. Aunque el disco había sido previamente grabado en Madrid y tenía prevista su inmediata aparición en el mercado, los recitales programados por Aguaviva en Granada a finales de marzo tuvieron que hacerse sólo con canciones ya conocidas de sus discos anteriores. La censura no pudo impedir, sin embargo, que el estreno de No hay derecho se llevara finalmente a cabo en una sesión privada celebrada por el grupo en el auditorio de la Facultad de Ciencias ante un reducido grupo de amigos y algunos privilegiados informadores. Calificado por algunos críticos como “parodia política” y “disco electoral”, el nuevo trabajo de Aguaviva suponía un profundo cambio respecto a su anterior línea, pudiendo ser incluido éste de lleno en el estilo de la canción satírica.
Y a la vez que Aguaviva trampeaba para esquivar la censura, Juan de Loxa preparaba desde Poesía 70 una revisión-homenaje a la Generación del 27, mientras otro de los poetas granadinos habitualmente musicados por el grupo, José Heredia Maya, reivindicaba la igualdad para los gitanos. Profesor de la Universidad y autor de la obra Camelamos naquerar, Heredia pronunció en el Club Larra una interesante conferencia en la que, entre otras cosas, llegó a afirmar que “el gitano sigue siendo en la actualidad lo que a la clase dominante le interesa que sea: es decir, al gitano se le obliga a que sea gitano”. Según Heredia Maya, “han sido coacciones informadas por intereses políticos, religiosos y económicos las que han obligado a la minoría gitana a mantenerse como tal, y son estas coacciones las que conforman la relación del payo con el gitano”. O, en otras palabras, “es el resto de la sociedad quien delimita y define a la minoría gitana”. Para el poeta y profesor gitano, el problema de la discriminación de su pueblo seguirá existiendo a no ser que “todos los demócratas aceptemos la obligación de luchar por conseguir la incorporación de nuestra etnia en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos”. Para ello, el autor de Camelamos Naquerar consideraba imprescindible la elaboración de una alternativa justa que, entre otros objetivos, se fijara “la abolición de las leyes que atentan contra el principio de igualdad ante la ley”, así como “atajar las deficiencias sanitarias, dotar al gitano de un hábitat acorde con sus necesidades y escolarizar a todos los niños”, para lo cual resultaba imprescindible, en su opinión, el apoyo de todos los partidos “cuya meta sea la consecución de una sociedad sin clases”.
El Carmen de los Mártires. Al margen de la política, en Granada crece durante este año la preocupación por la conservación de su rico patrimonio histórico-artístico, hasta el punto de que la propia UNESCO llegó a lanzar un SOS para evitar la destrucción monumental de la ciudad. El detonante había sido el polémico caso del Carmen de los Mártires, que había sido cerrado al público dos años antes para la construcción y explotación en su recinto de un hotel privado de cinco estrellas. Aunque el plazo fijado para la terminación de las obras era el mes de enero de 1977, éstas ni siquiera habían llegado nunca a comenzar, habiéndose destruido en cambio gran parte del bosque y hallándose ya en completa ruina para entonces el palacete neoclásico del carmen. Enclavado en el parque de la Alhambra y declarado como “jardín artístico” en el Boletín Oficial del Estado del 27 de septiembre de 1943, el Carmen había sido vendido por sus dueños al Ayuntamiento en 1955, por un precio simbólico y para disfrute general de la ciudad. Algo que los dos últimos mandatarios municipales del franquismo en Granada, José Luis Pérez-Serrabona y Antonio Morales Souvirón, estuvieron a punto de impedir en una de las operaciones especulativas más escandalosas de nuestra historia contemporánea. El caso sirvió para concienciar a los granadinos sobre la necesidad de reclamar y conseguir un auténtico Ayuntamiento representativo, democráticamente elegido, que se encargase de conservar y cuidar el legado de su extraordinario patrimonio histórico-artístico. En un acto público promovido por la Asociación de Mujeres Universitarias, se llegó a pedir formalmente la dimisión tanto del alcalde, Morales Souvirón, como de su antecesor y entonces presidente de la Diputación, Pérez-Serrabona. Aunque los dos habían sido expresamente invitados al acto, junto al arquitecto conservador de la Alhambra, Francisco Prieto-Moreno, ninguno de ellos tuvo la deferencia de acudir. Durante el debate, al que asistieron más de 500 personas, la profesora Concepción Félez, catedrática de Arte y militante del PCE, denunció el proceso de deterioro y desmantelamiento sufrido por el Carmen de los Mártires, muchas de cuyas piezas artísticas habían sido objeto de “chamarilerismo” por parte de “determinadas personas”.
José Miguel Castillo, del Colegio de Aparejadores (profesor de la Escuela de Artes y Oficios y también militante del PCE), hizo un análisis técnico del proceso de destrucción del patrimonio urbanístico e histórico-artístico de Granada, responsabilizando principalmente de ello al Ayuntamiento y señalando la necesidad de dar una alternativa global al problema. Abundando en el capítulo de las responsabilidades, el abogado Fernando Fernández de Bobadilla –que había sido el abanderado de la iniciativa popular contra la privatización del Carmen– dijo que “no basta ya con incautar el dinero del depósito realizado por la empresa concesionaria de la construcción de un hotel en los Mártires, sino que hay que valorar también todo lo destruido y todo lo que ha dejado de ganarse en el transcurso de estos años”. Al final se adoptaron una serie de acuerdos en relación a una posible acción pública sobre el caso, destacando entre ellos la decisión de solicitar de los catedráticos de Derecho Civil y Derecho Administrativo de la Universidad un dictamen jurídico sobre la concesión otorgada en su día por el Ayuntamiento en favor de la empresa Ifasa (al parecer, se cometieron ciertas infracciones legales en la tramitación del correspondiente expediente), además de la petición formal de dimisión –o, en su defecto, el cese inmediato en sus respectivos cargos– tanto al alcalde y al presidente de la Diputación como al arquitecto-conservador de la Alhambra. La petición sería posteriormente avalada por varios miles de firmas recogidas en días sucesivos por las propias universitarias.
La “verdiblanca”. 1977 fue también el año de la consolidación del espíritu autonomista andaluz, una reivindicación que no daría sus frutos definitivos hasta febrero de 1980, pero que había empezado a fraguarse cuatro años antes, precisamente en el mes de febrero, con el reconocimiento de la “verdiblanca” como bandera regional por parte de las Diputaciones provinciales. El trascendental acuerdo tuvo lugar en Jaén durante una reunión de la comisión promotora del Ente Regional para Andalucía, a la que habían asistido los ocho presidentes y un diputado por cada provincia, y a cuyo término se hizo la siguiente declaración, rubricada por todos sus componentes: “Creemos que toda región puede tener una enseña o símbolo que la distinga de las restantes que integran nuestra Patria, y que puede ser la verde, blanca y verde la que represente la unidad de todos los andaluces”. La moción sobre la bandera, que había sido presentada por el presidente de la Diputación de Sevilla como último punto del orden del día, fue aprobada por unanimidad de la comisión y supuso la primera vez que, desde 1936, se reconocía de un modo oficial la bandera “verdiblanca” como símbolo representativo de la identidad histórica andaluza. El acuerdo, sin embargo, no tendría aún reflejo en los edificios oficiales debido a que el citado Ente Regional carecía de personalidad jurídica, situación que se prolongaría hasta que fueron aprobados por el Gobierno los estatutos de la Mancomunidad de Diputaciones. Poco después, Carlos Cano, conocido precisamente como –el cantautor de la verdiblanca–, rendía una vez más en Granada su particular homenaje a la bandera andaluza, a la que cuatro años antes había puesto letra y música en una pegadiza canción que pronto terminaría convirtiéndose en el himno popular de la Comunidad: De Ronda vengo...
El Colectivo de Arte y Cultura Antonio Gramsci –articulado en torno a la antigua célula comunista del mismo nombre–, organizó por su parte, en el Club Larra, la exposición de José Caballero Propuesta para una bandera andaluza. En el texto elaborado por el colectivo para la muestra, se afirmaba que “esta propuesta exige que nuestros pueblos, dotados de autonomía política, administrativa y cultural, unidos solidariamente, salgan al paso de esa minoría económica que, amparada por un modelo político hecho a la medida de sus intereses, favorece todo tipo de desigualdades”. Según el colectivo Gramsci, cuando José Caballero proyecta sobre el papel franjas blancas y verdes, banderas andaluzas, éstas aparecen “caladas por los símbolos de la libertad: las señas de identidad de las fuerzas políticas, sindicales y culturales que han abierto los caminos de la democracia en nuestro país”. Se trataba de una carpeta de serigrafías, a cuya muestra se unió un montaje músico-poético realizado por Juan de Loxa con textos de García Lorca, Neruda y Alberti, como ejemplo de algunos de los amigos más representativos del pintor onubense.
Legalización comunista. Los rumores que desde la clandestina llegada de Santiago Carrillo corrían sobre la inmediata salida a la luz de los comunistas, terminarían por confirmarse con la legalización del PCE el 9 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa. El llamado “Sábado de Gloria” fue el día escogido por Suárez para dar cumplimiento al pacto previamente alcanzado en secreto con Carrillo. Aunque con anterioridad se habían ya legalizado sin problemas otros partidos de confesión marxista, desde el propio PSOE al PSA, esta vez su decisión estuvo a punto de provocar, sin embargo, un serio traspiés en el camino hacia la libertad y la democracia. Y es que eran demasiados todavía los que no estaban dispuestos a aceptar la medida, elementos recalcitrantes con cierta influencia en distintos ámbitos políticos e institucionales, que llegaron incluso a provocar ruido de sables en el Ejército y la división en el seno del propio Gobierno, varios de cuyos ministros terminaron presentando su dimisión.
La noticia fue lógicamente festejada con ribetes de acontecimiento histórico por los comunistas granadinos. La hasta entonces clandestina sede del partido, ubicada en un piso del número 57 de la calle Mesones bajo la cobertura legal del Gabinete de Estudios Socio-Económicos S. A. (GESESA), se convirtió en un auténtico hervidero de gente durante todo el fin de semana, para vivir uno de los momentos más felices de la historia local del partido. Por fin se le podían poner rostro a los responsables de la principal organización política de Granada, que en esos momentos contaba nada menos que con dos mil afiliados en nuestra provincia. Por fin se podrían desvelar las identidades escondidas tras algunos “nombres de guerra”, como el “Paco García” con que yo, sin ir más lejos, firmaba entonces mis crónicas de ‘Mundo Obrero’ o la emisión española de la BBC de Londres. La salida de la clandestinidad fue como el despertar de un sueño: así lo reconocieron entonces –y lo han recordado recientemente de nuevo– algunos de sus principales protagonistas. Casi de inmediato, tras la convocatoria de la inevitable rueda de prensa, comienzan a llegar a la sede los periodistas: Antonio Ramos, de Ideal; Antonio Mora y Francis Romacho, de Patria; yo mismo, de El País, y varios compañeros más de otros medios nos reunimos en torno a los dirigentes que ya nunca más tendrían que ocultar su personalidad en público: mientras Pepe Guardia, por ejemplo, podría dejar ya de ser Carlos Galán (‘Carlillos’) para las agrupaciones del cinturón metropolitano, Paco Portillo podría abandonar por fin su fingido papel de vendedor domiciliario de libros para disimular su labor política. Portillo, precisamente, como máximo responsable provincial de la organización, fue el encargado de atender ese día a la prensa, junto a Damián Pretel y Jaime Ballesteros, miembros respectivamente de los comités central y ejecutivo del partido. El segundo de ellos estrenaba así su presencia pública en Granada, al haber sido ya destinado por la organización para encabezar la candidatura comunista en las futuras elecciones del 15-J. Además de Portillo, formaban también el secretariado político provincial el citado José Guardia, Antonio Cruz y Javier Terriente, aparte de José Cid de la Rosa, que como responsable de CC OO. era miembro nato de la dirección del PCE granadino. En el comité central, por su parte, figuraban otras 23 personas más: Rafael Pedrajas, José Chacón Montero, Cándido Capilla, Emilio Cervilla, Francisco Ruiz Dávila, Felipe Santana (de Motril), Jesús García, María José Robles, Luis López, José Robles, José López Ávila (el ‘Abuelito’), Manuel Sánchez, Julia Cabrera, José Cañada (el ‘Pajarillo’, de Cúllar), Francisco José Navarro (‘Paco Pepe’, de las Juventudes Comunistas), Enrique Cabrera, Fernando Villena, Manuel López (de Iznalloz), Enrique Romero (de Motril), Francisco Álvarez (‘Frasquito’, de Moraleda), Antonio Reyes (de Maracena), Antonio Jiménez Lorite (el ‘Negrillo’, de Atarfe) y Mariano Zamora.
Tres mil claveles rojos llegarían más tarde desde Motril para rubricar una de las jornadas festivas más difíciles de olvidar para todos ellos. De esta manera, con la legalización y tras tantos años de clandestinidad y nombres falsos (“de guerra”), los comunistas salían por fin a la calle para dar la cara y poner sus auténticos nombres propios a quienes habían hecho posible en gran parte con su lucha el advenimiento ya imparable de la democracia. Algunos, sin embargo, parecían no querer enterarse. A pesar de que Suárez completaba su operación de cirugía política en la mañana del Domingo de Resurrección, mandando retirar el emblema de la Falange del edificio que había albergado la Secretaría del Movimiento, ese mismo día la Guardia Civil impedía la celebración de un acto público del ya legal PCE en el campo de fútbol de Maracena, donde se habían reunido más de seis mil personas para celebrar el acontecimiento. Y ese mismo día también, los ultras de la Federación de Excom-batientes de Granada, que preside José Muñoz Cobo, no tienen reparo en hacer un llamamiento “a cuantos se sientan aún identificados con los ideales del 18 de julio”.
Precampaña, negociaciones y listas. Tan sólo había pasado una semana cuando la sede comunista sufría un atentado con cócteles molotov, siendo varios días más tarde asaltada y atacada por desconocidos con nocturnidad y alevosía. Pero, a pesar de estar siempre entre los objetivos prioritarios de los ataques ultras, los comunistas se mostraban ya “contrarios a todo tipo de violencia”. Así lo dijo en su primera visita pública a Granada Simón Sánchez Montero, uno de los principales miembros del comité ejecutivo del PCE: “Estamos en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga, pues en estos momentos la violencia sólo beneficia a la ultraderecha y a todos aquellos que tratan de impedir en España la implantación de la democracia”. Cuando por fin se celebró el primer mitin legal del partido desde 1936, los granadinos tuvieron ocasión de oír por primera vez en público a otro de los principales pesos pesados con que los comunistas contaban entonces, el máximo dirigente de CC OO., Marcelino Camacho, que recordó a los 8.000 asistentes que “la clase obrera debe hablar políticamente a través de los partidos políticos, de ahí la importancia que tiene para sus intereses la correcta decisión entre las distintas opciones que se les planteen en las próximas elecciones”.
Mientras tanto, el proyecto del que hablábamos antes para la formación de un bloque democrático andaluz –cuya iniciativa estuvo a cargo de personalidades independientes y que contaba con la simpatía y el apoyo de la mayoría de los partidos regionalistas y los situados a la izquierda del PCE– fue definitivamente abandonado después de que algunos de ellos decidieran presentar candidaturas únicas o en coaliciones restringidas. Isidoro Moreno, del PTE, puso entonces el dedo en la llaga: “El pueblo andaluz no podrá comprender cómo quienes piden lo mismo para Andalucía no se presentan unidos”. Los que sí llegaron a un acuerdo para presentarse juntos fueron el PSA de Rojas-Marcos y el PSP (Partido Socialista Popular) de Tierno Galván, que lo harían bajo las siglas de Unidad Socialista (US). Tras el acuerdo, el viejo profesor colocó en Granada un ramo de rosas “por las víctimas de la Libertad” ante la estatua de Mariana Pineda, afirmando que “sin libertades democráticas no podemos pedir autonomías regionales”. Para Enrique Tierno, lo primero que había que conseguir eran “esas libertades que sirvan de marco para la posterior exigencia de las autonomías”, por lo que dijo preferir “que sean los propios andaluces quienes traten el tema de su autonomía regional”.
Por lo demás, el año había comenzado y continuaba bastante movido en casi todos los sectores económicos y productivos, con huelgas laborales y crisis empresariales de distinta gravedad. Pero, en contra de lo que muchos piensan, no es que Andalucía sea pobre, sino que está, o la tienen, empobrecida. Así es al menos como la ven Pope Godoy y José María Mouriño, de Solidaridad Andaluza. En un informe presentado por ambos en el Centro Intercolegial, se afirma que “si los 500.000 millones de pesetas que Andalucía tiene ahorrados se invirtieran aquí, en dos años se acabaría de raíz el paro y la emigración”. No es de extrañar, por ello, que un economista del prestigio de Ramón Tamames –miembro del comité ejecutivo del PCE, aunque partidario del “Socialismo en Libertad” y enemigo declarado de la “Dictadura del Proletariado”– planteara en el Club Larra la necesidad de conseguir un compromiso entre todos los diputados y senadores demócratas que resultaran elegidos para formar, inmediatamente después de las elecciones, una especie de comisión permanente que estudie los problemas andaluces y trabaje por una rápida consecución de la autonomía regional. En su opinión, las autoridades regionales “no sólo son necesarias por cuestiones de dignidad, sino también, y principalmente, por razones económicas.”
Tras más de un mes de negociaciones entre los diferentes partidos que terminarían integrando la Unión de Centro Democrático, a finales de abril se alcanzaría por fin el acuerdo para las listas por Granada en el llamado “pacto de Moreda”, después de que Arturo Moya Moreno llegara a denunciar que el personalismo era el principal enemigo para la formación de la UCD en esta provincia. Por fin, con Jiménez Blanco y Moya Moreno a su cabeza, la “operación Centro” se completó con nombres como Andrés Villalta (del Partido Demócrata Popular, como Jiménez Blanco), Julio de Castro Hitos (del Partido Demócrata Andaluz), Joaquín García-Romanillos (del Partido Popular) y Luis de Angulo (de la Unión Democrática Espa-ñola), entre otros. A ellos habría que unir, además, a quien estaba considerado como “el hombre del presidente” en Granada, el ex rector Federico Mayor Zaragoza, que sería finalmente el que luego terminaría liderando la candidatura centrista al Congreso, no sin antes protagonizar un polémico cruce de declaraciones con Luis de Angulo, que lo acusó de impulsar la creación del partido para colocarse él personalmente.
Por su parte, PSOE, PCE y cristiano-demócratas llegaban también a un acuerdo para la presentación de una candidatura conjunta de centro-izquierda para el Senado, cuya lista, después de distintos vaivenes y alternativas, terminó formada por el catedrático de Derecho del Trabajo y militante del PSOE José Vida Soria, y el ingeniero de Caminos Juan López Martos y el de Montes Nicolás de Benito, ambos de adscripción independiente.
Al final, Granada fue una de las provincias andaluzas con menos listas para el Congreso, debido principalmente a una mayor concentración de fuerzas, tanto en la derecha como en el centro. En la derecha, Alianza Popular presentó en cabeza al empresario agrícola Francisco Osuna Ruiz-Cabello, tras apear de la lista a varios personajes de inequívoca vocación franquista como José Valentín Gordillo (del antiguo Frente de Juventudes) o el inefable ex ministro motrileño Julio Rodríguez Martínez. Por su parte, UCD sí consiguió cerrar una lista de prestigio, con Federico Mayor Zaragoza a la cabeza y sin vestigios franquistas en ninguno de sus miembros, entre los que destacaban los nombres de Arturo Moya, Mercedes Moll, Joaquín García-Romanillos y Julio de Castro, siendo al final Antonio Jiménez Blanco relegado al Senado. En cuanto a la izquierda, la candidatura del PSOE pretendía aprovechar la herencia histórico-literaria de Manuel Fernández-Montesinos García-Lorca, sobrino del poeta de Fuente Vaqueros e hijo del último alcalde socialista de la capital, víctimas ambos de la represión fascista en el verano del 36. Aunque por su prestigio en la Universidad parecía en principio destinada a encabezar la lista, María Izquierdo Rojo fue finalmente relegada al segundo puesto, por delante del sindicalista Daniel Maldonado y el también profesor no numerario Ángel Díaz Sol. El PCE, por su parte, en su intento de colocar en el Congreso a los miembros de su ejecutiva nacional, puso al frente de su lista al asturiano Jaime Ballesteros, típico ejemplo de candidato cunero sin relación anterior con Granada. Por su parte, el responsable del partido en la provincia, Francisco Portillo, a pesar de su gran predicamento entre las bases, quedó relegado al segundo puesto, por delante de Damián Pretel, que se fue a Rusia con seis años entre los llamados “niños de la guerra” y regresó a los 46 convertido en profesor de Historia de la Filosofía y afirmando que “la guerra en España la perdimos tanto los de un bando como los del otro”. También la lista demócrata-cristiana sería encabezada por una cunera, al imponerse desde Madrid la candidatura de la catedrática de Derecho Mabel Pérez Serrano, perteneciente al consejo político de la federación democristiana, por delante del popular periodista local José Luis de Mena. El MSA, por su parte, tras sufrir una serie de dimisiones y problemas internos en su organización nacional, no consiguió para su lista de Granada ningún nombre de prestigio, lo que terminaría pagando luego en las urnas. Caso contrario, aunque con parecido resultado en las urnas, fue el de la coalición PSA-PSP, cuya lista, encabezada por el profesor Pedro Ruiz Morcillo, incluía nombres tan conocidos en Granada como los de Eladio Fernández-Nieto, el psiquiatra Francisco Torres o el poeta y columnista de Ideal José García Ladrón de Guevara, que figuraba en el segundo puesto. Por último, el actual decano de Filosofía y Letras, Miguel Gómez Oliver, del Movimiento Comunista, encabezaba la lista de la Candidatura Andaluza de Izquierdas (CAI), mientras el Partido del Trabajo incluía en la suya al que luego sería decano de la Facultad de Traductores e Intérpretes, Roberto Mayoral, además del motrileño Enrique Cobo, que durante tantos años gobernaría luego el Ayuntamiento del municipio costero.
En cuanto al Senado, aparte de la lista unitaria formada por José Vida Soria, Juan López Martos y Nicolás de Benito bajo el lema “Por un Senado Democrático para Granada”, los principales candidatos a los cuatro escaños de Granada en la cámara alta eran Antonio Jiménez Blanco, Miguel Olmedo, Gerardo Moréu Mirasol y Rafael Bellvís, por UCD. Curiosamente produjo cierta extrañeza que se presentaran cuatro candidatos centristas al Senado, cuando en realidad sólo podían ser tres los elegidos. Esa decisión tendría malas consecuencias. José María Rosales de Angulo figuraba por Unidad Socialista (PSA-PSP); y Alfonso de Andrade-Vanderwilde, por Alianza Popular. En total, fueron 97 los candidatos por Granada al Congreso y al Senado oficialmente proclamados en la Audiencia por la Junta Electoral Provincial.
La campaña electoral. Felipe González fue uno de los primeros líderes políticos en intervenir en Granada durante la campaña y el primero en reivindicar un estatuto de autonomía para Andalucía, aunque en ese momento no lo equiparara a las llamadas nacionalidades históricas: “Este país –dijo González ante unas 15.000 personas reunidas en un campo de fútbol del Zaidín– no sólo necesita los tres clásicos estatutos de autonomía que hasta ahora se vienen reconociendo, sino que harán falta también estatutos para todas las regiones que lo pidan. Sin embargo, no creo que el de Cataluña tenga que ser igual que los que se den, por ejemplo, para Andalucía o Canarias”. Era el primer mitin organizado por el PSOE en la capital granadina y en su intervención, tras afirmar la necesidad de de-rrotar en las urnas a la Dictadura, el secretario general de los socialistas se mostró partidario del Estado federal: “La respuesta que se debe dar al Estado español es la federativa. El país no se debe concebir como un ejército en el que todos los ciudadanos tengan que llevar el mismo uniforme y la misma gorra. Por eso creo que la futura constitución deberá dar una respuesta autonómica a las necesidades de las diferentes nacionalidades y regiones del Estado”.
Por su parte, el mitin central del PCE en Granada estuvo también encabezado por el secretario general del partido, Santiago Carrillo, que se refirió precisamente al agravio histórico entre las distintas regiones y nacionalidades como uno de los problemas que más difíciles se preveían entonces para el futuro del Estado: “No se puede plantear –dijo Carrillo en el mismo campo de fútbol del Zaidín– el problema de las libertades de Andalucía en oposición al problema de las libertades en Cataluña o el País Vasco, pero de lo que no cabe duda es que tanto Cataluña como el País Vasco tendrán que contribuir económicamente al desarrollo de las regiones más explotadas y subdesarrolladas del Estado español, como es el caso de Andalucía”. El de los comunistas fue el mitin más concurrido de cuantos se habían celebrado hasta entonces durante la campaña en Granada, ya que lograron reunir a unas 20.000 personas procedentes de toda la provincia, ante las que el líder del PCE proclamó a su vez la defensa del Estado federal como organización administrativa para España: “El federalismo contribuirá a superar el desfase existente entre las distintas regiones del Estado español. Por eso pensamos que Andalucía deberá tener su estatuto de autonomía al mismo tiempo que Cataluña o el País Vasco. De ninguna manera podrá anteponerse la autonomía de unas regiones o nacionalidades a la de otras”.
“Superar la colonización del pueblo andaluz” fue la consigna elegida por Alejandro Rojas-Marcos para el mitin central de Unidad Socia-lista, coalición que proclamaba su intención de luchar por la consecución de un Gobierno y un Parlamento propios para Andalucía. “Los que creemos que la historia la hacen los pueblos”, dijo Rojas-Marcos ante 10.000 personas, “estamos convencidos de que el pueblo andaluz atraviesa un momento histórico, que tiene la oportunidad de inclinar la balanza de su lado y superar las contrariedades que la historia inmediatamente anterior le ha deparado”. De ahí la necesidad de “superar su colonización secular, para lograr que el derecho a su autonomía se haga desde las mismas Cortes constituyentes, al tratarse de una parte fundamental e inseparable de la propia libertad”. En el transcurso de este acto, que fue convocado como “Fiesta de Andalucía”, fueron coreados los versos de Pepe Guevara mientras hacían su aparición numerosas banderas regionales. Entre otras incidencias dignas de recordar, destacan la suspensión este año de la “Fiesta por la Libertad” en homenaje a Lorca (Fernández-Montesinos pidió su desconvocatoria para que no se interpretase como un acto electoral en beneficio de la candidatura socialista), la petición por parte del MSA para que la Junta Electoral anulase sus candidaturas (tanto al Congreso como al Senado), y sendas agresiones que sufrieron en Granada cuatro profesores universitarios que pegaban carteles del mitin de Carrillo, y en Motril varios militantes del PSOE que, al increpar a un grupo de personas para que no arrancaran los carteles que acababan de pegar, fueron atacados con navajas, cadenas y barras de hierro, llevándose Juan Carlos Benavides la peor parte al resultar lesionado y necesitar asistencia en el ambulatorio de la Seguridad Social para su curación.
La jornada electoral. Por fin, durante el 15-J, de los más de 450.000 granadinos con derecho a voto, poco más de 350.000 (el 77% del censo electoral) acudieron a las urnas para participar en tan histórica jornada. Aunque la tónica general del día fue de total tranquilidad, se denunciaron irregularidades en diferentes mesas, llegándose incluso a impugnar las votaciones en algunos pueblos de la provincia. Una de las denuncias presentadas ante la Junta Electoral fue precisamente contra el partido del Gobierno, la UCD, por haber enviado cartas de propaganda durante el día de reflexión. También por la mañana, un militante de Fuerza Nueva fue denunciado y detenido por pegar carteles en los que se afirmaba que “los católicos no pueden votar partidos marxistas”. Por otro lado, el PCE denunció reiteradamente a lo largo de toda la jornada el hecho de que sus papeletas hubieran desaparecido en más de una veintena de colegios electorales, cosa que también ocurrió con las del PSOE al menos en un colegio de la capital.
Pero las acciones más destacadas fueron, sin duda, protagonizadas por personas afines a Alianza Popular. Así, un cura estuvo repartiendo papeletas de AP a las puertas de un colegio electoral de la barriada de La Chana, un hecho que en la localidad de Los Ogíjares estuvo protagonizado por la mismísima secretaria del Ayuntamiento, cuyo alcalde era precisamente militante de AP. Otro caso denunciado tuvo por escenario la localidad de Béznar, donde fueron somatenes, en lugar de guardias civiles, quienes se encargaron de mantener el orden en el colegio electoral.
Respecto a las impugnaciones, hechas por apoderados de PSOE y PCE, respectivamente, tuvieron lugar en las localidades de Güéjar-Sierra y Chimeneas. En el primero de los casos, el apoderado socialista sorprendió a una persona escondida dentro de la cabina electoral, donde entregaba a los votantes que hacían uso de la misma los sobres ya cerrados con las papeletas de AP. Finalmente, en Chimeneas fueron varias las irregularidades que se produjeron: la Guardia Civil estuvo dentro del colegio electoral y no fuera; algunas personas permanecieron también dentro del colegio, aún después de haber votado; faltaron papeletas del PCE y, lo más grave de todo, se emitieron votos por delegación, que fueron admitidos por la mesa sólo con enseñar el carnet de la persona ausente. Curiosa-mente, ante la protesta del apoderado comunista por dichas irregularidades, éste fue conducido al cuartel por dos guardias civiles para tomarle nota de sus datos.
Al final, el triunfo para el Congreso sería para la candidatura de UCD, que se impuso con claridad por 152.723 votos, frente a 111.659 del PSOE y 33.697 del PCE, quedándose ya a gran distancia las restantes listas. Debido a la ley D’Hont, los siete escaños en juego se repartieron en exclusiva entre centristas y socialistas (cuatro para los primeros y tres para los segundos), quedándose los comunistas a tan sólo 1000 votos para la consecución de uno. Así, los primeros diputados elegidos democrática y libremente por los granadinos desde 1936 fueron: Federico Mayor Zaragoza, Arturo Moya Moreno, Mercedes Moll y Joaquín García Romanillos, de UCD; y Manuel Fernández-Montesinos García-Lorca, María Izquierdo Rojo y Daniel Maldonado, del PSOE. En las elecciones para el Senado, sin embargo, al sumar los votos socialistas y comunistas, la candidatura unitaria “Por un Senado Democrático” logró imponerse a la lista de la coalición gubernamental, colocándose los tres candidatos de aquélla (José Vida Soria, Juan López Martos y Nicolás de Benito) por delante del más votado de ésta (el abogado Antonio Jiménez Blanco). UCD pagó cara la maniobra de presentar cuatro candidatos al Senado.
Para los elegidos, las prioridades en todos los casos estaban claras: la elaboración de la nueva Constitución y la consecución del Estatuto de Autonomía, además de mejoras en el sistema educativo (algo “del todo imprescindible para Granada”, en palabras de Mayor Zaragoza, que no en vano era subsecretario de Educación y Ciencia en aquellos momentos) y una profunda reforma económica y agraria (“absolutamente vital para Andalucía”). A los pocos días, uno de los últimos franquistas que todavía gobernaban en Granada, José Luis Pérez-Serrabona, presentó su dimisión como presidente de la Diputación Provincial por incompatibilidad con su pertenencia al cuerpo jurídico de las Fuerzas Armadas. Aunque el decreto sobre las incompatibilidades políticas había sido promulgado a principios de febrero, Pérez-Serrabona esperó, sin embargo, a conocer el resultado de las elecciones para hacer efectiva su renuncia al cargo.
Tras el triunfo electoral de UCD, Adolfo Súarez nombra nuevo Gobier-no, el primero de la democracia, en el que ocupa la cartera de Trabajo y Relaciones Sindicales, Manuel Jiménez de Parga (Granada, 1929). Catedrático de Derecho Político, destacado militante antifranquista, colaborador de prensa con artículos que le cuestan más de doce procesos penales (por propaganda ilegal), el ministro granadino se había presentado en las listas centristas al Congreso por la circunscripción de Barcelona. Su paso breve por el ministerio no pasó desapercibido, como lo describe el periodista Ángel Sánchez: “Se abrazó y se fotografió en el ministerio con un líder sindical aún rojísimo como era Marcelino Camacho, destituyó a los capos del sindicato vertical franquista ya desmantelado y sufrió amenazas de muerte; dejó sin chófer y sin secretario a José Antonio Girón de Velasco, que seguían a sueldo del Estado pese a que éste llevaba 20 años sin ser ministro; y destruyó una lista de 1.200 personas destinadas a cobrar de por vida como funcionarios sindicales”. Así no podía seguir, se diría Suárez, que lo cesó a los ocho meses, compensándole con la Embajada de España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con residencia en Ginebra. (En 2002, Jiménez de Parga sería nombrado hijo predilecto de Andalucía).
El camino hacia la autonomía. Tras las elecciones, 1977 estaría también marcado por el objetivo político de la autonomía plena para Andalucía, un objetivo que tardaría aún en conseguirse, pero cuyo camino oficial se emprendería ya en el verano de este año con la llamada realizada a sus colegas del Senado por el grupo Progresistas y Socialistas Independientes, en el que se había integrado Juan López Martos, para la inmediata constitución de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. A través de un escrito público dirigido a la prensa, los cinco senadores integrados en el citado grupo (el malagueño Braulio Medel, el almeriense Joaquín Navarro, y los gaditanos José Manuel Duarte y Patricio Gutiérrez, además del granadino López Martos) recordaban la necesidad de resolver los problemas de nuestra Comunidad mediante “una acción conjunta y apartidista de todos cuantos resultamos elegidos, tanto para el Con-greso como para el Senado, por las ocho provincias andaluzas”. Respecto a la presencia o no en dicha Asamblea de los representantes de Ceuta y Melilla –tema de discordia entonces entre los dos grupos mayoritarios, UCD y PSOE–, los firmantes del escrito consideraban que no era cuestión que debiera anteponerse a los urgentes intereses autonómicos: “El hecho de que otros pueblos o nacionalidades –argumentaban los cinco senadores independientes– estén luchando y vayan evidentemente a conseguir el reconocimiento de sus propias autonomías, implica que si el pueblo andaluz no obtiene la suya también ahora, empeorará aún más si cabe el proceso de colonización que Andalucía ha sufrido históricamente en beneficio de otras zonas del Estado”.
En otoño, mientras el Granada prohíbe a sus jugadores “llevar melena, barba, bigote frondoso o cualquier cosa que llame en exceso la atención”, el mundo de la Cultura rinde homenaje con motivo de su cincuentenario a la Generación del 27, los Reyes presiden en el Hospital Real una sesión del Consejo de Europa sobre patrimonio artístico y el Supremo confirma el triunfo de la candidatura democrática encabezada por Luis Felipe Aparicio en las elecciones del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental. Por su parte, la comisión coordinadora de los parlamentarios andaluces llegó por esas fechas a un consenso para la constitución de la Asamblea, que se formalizaría finalmente el 12 de octubre en Sevilla. A raíz de ese momento, el proceso se acelera para hacerse ya imparable con la aprobación en noviembre del proyecto definitivo de régimen preautonómico y la designación oficial del 4 de diciembre como “Día de Andalucía”. Una jornada festiva que, a pesar de la lluvia generalizada en casi toda la región, se celebraría con manifestaciones multitudinarias en las ocho capitales andaluzas, haciendo salir a la calle nada menos que a un millón de personas para reclamar su Autonomía (120.000 de ellas, en Granada), pero que terminaría finalmente empañada por los graves incidentes que acabaron con la vida de José Manuel García Caparrós, el joven malagueño de 19 años muerto por disparos de la policía después de que alguien colocara banderas andaluzas en las ventanas de la Diputación provincial, cuyo presidente, Francisco Cabeza López, se había negado a que la “verdiblanca” ondeara ese día junto a la enseña nacional en la fachada del edificio. |
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