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1978 |
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Juan José Téllez Rubio |
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La Pepa volvió a los puertos |
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Varios entierros había vivido la democracia desde 1812. Desde los Cien Mil Hijos de San Luis a la Legión Cóndor, el autoritarismo español había hecho lo imposible para exiliar a la libertad. Los partidarios de la violencia política intentaron inútilmente que la Pepa no volviera a los puertos. 1978 fue el año de la Constitución, pero también el de un serio aprendizaje, el de que la democracia no curaba por sí misma todos los viejos males de un país.
Aquel año murieron dos papas, el petrolero liberiano Amoco Cádiz sembró el desastre frente a Bretaña y ardió sospechosamente la Scala de Barcelona. El terrorismo ultra atenta contra El Papus y El País. El terrorismo GRAPO y ETA mataban a mansalva, ofreciendo una coartada a la Ley Antiterrorista que se promulga casi al mismo tiempo que la nueva Constitución. La nueva Pepa superaría, el último día de octubre, el filtro conjunto de Congreso y Senado por aplastante mayoría. Unos días más tarde, se frustraba un intento de golpe de Estado que se conoció con el nombre de Operación Galaxia.
En Cádiz, donde tardaría unos meses en llegar la película Grease, hasta las paredes hablaban. La periodista Gaby Cañas recogió algunas de las populares pintadas de El Zorro Justiciero, en las que reclamaba Queremos los donuts sin agujeros o Nadiuska al poder.
A pesar de todo, la política sigue siendo el leiv motiv de la mayoría de las pintadas graciosas, que, dicho sea de paso, no se caracterizan por su abundancia. Después de como bien apuntan los ácratas en una de ellas, que escuetamente dice: 18-J. Tocado. 20-N. Hundido, los partidos se han enzarzado en una lucha dialéctica que utiliza la pared como tribuna pública. Al fin y al cabo es el sistema más democrático y más barato que existe. Su publicación no necesita mayor requisito que el de adquirir un bote de spray.
Tampoco faltaron las artísticas. En Puerto Real, en cuatro espléndidas viñetas se relataba la historia del trabajador de la construcción naval, bajo el título genérico de Curso de explotación.
Aguas turbulentas para la pesca gaditana. No estamos dispuestos a que se nos siga explotando. Con olor a brea, como en una canción de Serrat, así hablaban los pescadores de Algeciras, marineros enrolados en una flota que se iba a pique y cuyo canto de cisne iba a protagonizar el año que comenzaba justo cuando ellos protagonizaban un encierro, el día 3 de enero de 1978.
Si en los meses anteriores, Cádiz estuvo en la trinchera de la industria naval, la pesca se convertirá a partir de ahora en una barricada en llamas sobre barrios tradicionales como el de Santa María. Pero desde comienzos de año, la flota de Algeciras quedaba paralizada y sus trabajadores exigían la dimisión del presidente de la cofradía sindical de pescadores, justo cuando sus compañeros de El Puerto de Santa María reclamaban a sus representantes que indagaran qué ocurría con el convenio pesquero con Marruecos, que estrangulaba definitivamente el futuro del sector.
Durante la III Asamblea Suratlántica de la Pesca, el 9 de enero, los armadores reclaman la urgente ratificación del convenio suscrito con Marruecos en febrero del 77. Una comisión se desplazará a Madrid a entrevistarse con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, para transmitirle la idea de que ya estaban con el agua al cuello. Ese mismo día, unos 600 pescadores se encierran en una iglesia de Tarifa, mientras sus armadores deciden desenrolar a las tripulaciones de los barcos en huelga, dejándoles al pairo y sin nada que llevar a casa.
El 11 de enero comienza la huelga legal de la flota pesquera del Campo de Gibraltar, que tiene en Algeciras la base más importante de toda Andalucía, con la presencia de 145 barcos, entre los que figuran andaluces, gallegos y levantinos, fundamentalmente. Si el problema no se resuelve, las fábricas de pescado en conserva del Campo de Gibraltar tendrán que cerrar. No fue una huelga fácil, ni limpia. La policía se empleó a fondo y, el día 13, piquetes de pescadores impidieron la venta en el mercado algecireño. Como el conflicto se prolongaba, cuatro días después 120 empresas auxiliares anunciaron que presentarían expediente en crisis. Las negociaciones entre pescadores y armadores siguieron en la cuerda floja de la ruptura durante todo aquel mes.
Las mujeres de los pescadores saldrían a las calles algecireñas en sucesivas ocasiones. Medio centenar de ellas se manifestó en la Plaza Alta, el día 26, e incluso se oyeron aplausos a las fuerzas de orden público que, en ese caso, no intervinieron. Al día siguiente, fueron 500 y bloquearon los accesos a la lonja. La paz social, por el momento, llegaría en febrero, cuando el sector empezara a poner de nuevo proa hacia los restringidos caladeros marroquíes.
El acuerdo debía ratificarse, pero no había consenso para ello cuando se inició el debate parlamentario en febrero de 1978. Por ejemplo, partido políticos como el PSOE y el PTE, a través de sus representantes gaditanos, dejaron clara su oposición al mismo, desde un primer momento, aunque los socialistas terminaran aceptando un acuerdo similar cuando ocupen el Gobierno en 1983.
De por medio estaba la cuestión del Sáhara. El PSOE todavía apoyará durante cierto tiempo al Polisario, pero no así a Argelia al comprobarse que dicho país se escondía detrás de las andanzas canarias de Antonio Cubillo. En cualquier caso, el debate sobre el tratado de pesca, que afectaba a unos 1.000 barcos andaluces y canarios con 15.000 trabajadores alrededor, supuso un enfrentamiento entre la UCD y la izquierda, el PSOE y el PCE, principalmente.
En el Congreso, la cuestión se saldó el 15 de febrero con 174 votos favorables, los de UCD y AP, frente a 142 en contra, más ocho abstenciones. Otras reservas de la izquierda se relacionaban con que el acuerdo del 77 suponía un retroceso con respecto a las condiciones obtenidas por España en los acuerdos tripartitos de 1975: Además, estimaban los diputados de la oposición socialista, las disposiciones del tratado prevén la marroquización progresiva de una buena parte de la flota española que faena en el Atlántico, subrayaba Domingo del Pino, en alusión a la progresiva creación de sociedades mixtas que fijaba el apartado B del Acuerdo.
Pero 1978, y los dos o tres años que le siguieron, no fueron precisamente fastos para las relaciones entre España y Marruecos. Los apresamientos de pesqueros se sucedieron unos a otros, a cual más importante: el Gobierno de UCD cometió error tras error, los marroquíes actuaron en ocasiones prepotentemente, la represión legítima fue imposible de diferenciar de la arbitraria y, en resumidas cuentas, el convenio de pesca, que tantas controversias había suscitado en Madrid antes de ser ratificado el 23 de febrero por 112 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones recuenta Domingo del Pino al tiempo los votos del Senado, no fue nunca presentado por el Gobierno marroquí a la ratificación de su Parlamento y por lo tanto no llegó a entrar en vigor. Debido a ello entre España y Marruecos se abrió una nueva etapa de gran tensión, de angustiosas negociaciones de acuerdos de pesca transitorios de uno en uno o de tres en tres meses....
Fruto del nuevo clima en las relaciones con el vecino del Sur será la convocatoria de una semana de la Asociación España-Marruecos, a celebrar en la capital gaditana durante el mes de noviembre, y en la que se abordaron, precisamente, cuestiones relativas a turismo y transporte, pesca y comunicaciones. Por aquellas fechas, también se le dio portazo definitivo a la petición de la Unión Soviética a instalar su sospechosa base pesquera en la bahía de Algeciras, tal y como meses antes había solicitado Moscú por vía diplomática.
Pero a comienzos de año, el aire de la tensión también podía cortarse en los muelles gaditanos, al borde de la primavera. El 7 de marzo, junto a los norays de la capital, la paralización fue casi total. Ningún pesquero salió de puerto, en obediencia a una convocatoria de huelga planteada por el Sindicato Libre de Pesca de Andalucía: dos mil hombres, de brazos cruzados. Al día siguiente, pararon los portuarios, siendo interrumpida la descarga de los barcos que no habían secundado el conflicto y los que habían llegado a puerto el día anterior: Si el conflicto tarda en solucionarse, muchos barcos no podrán volver a salir, presagiaba Arturo Castaño, presidente de la Cooperativa de Armadores, en un intento inútil de finiquitar la crisis contagiando miedo. Pero sus palabras encontrarían eco inmediato por boca de Antonio Carretero, responsable de aquel breve sindicato convocante de dicho conflicto: La huelga continuará hasta que se firme el convenio colectivo.
Incluso los alumnos de la Escuela de Formación Náutico-Pesquera se manifiestan en Cádiz, a mediados de marzo, en defensa del sector. Pescadores y armadores comenzarán a negociar el convenio el 21 de marzo, pero al día siguiente se interrumpe la descarga en el muelle pesquero. Las posturas siguen viéndose seriamente enfrentadas hasta que a finales de mes se alcanza un primer y frágil principio de acuerdo, que no se pondrá fácilmente en práctica porque el clima social seguía tenso.
Veinticuatro horas después, vuelve a interrumpirse la descarga en el muelle pesquero y los primeros acuerdos entre la parte social y la económica de la flota parecía presagiar la pacificación del sector. No fue así. El día 27 se producen violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los pescadores. Ocurrió a partir de que alguien avisara de que había una bomba a bordo de uno de los 93 barcos amarrados a puerto. Las fuerzas de orden público forzaron a los marineros a desalojar el muelle, pero ellos entendían que todo podía ser una trampa y que su retirada fuese aprovechada por los armadores para enrolar a tripulantes de otros puertos y zarpar. Casi todas las centrales sindicales, la Comisión de Parados y la Asociación de Vecinos de Loreto condenan la actitud del gobernador civil, Sanz Pastor, y le culpan por el despliegue represivo. El sindicato de estibadores portuarios denunció que al menos uno de sus afiliados, José Franco Reina, fue lesionado por una bola de goma a las 11.45 horas de aquel día, cuando fue cercada la sede de los estibadores, lanzando la policía numerosos botes de humo al interior del edificio. Nuevos acuerdos entre armadores y pescadores sobre vacaciones, licencias, vinculación, escalafón, IRTP y Seguridad Social, se irán cerrando paulatinamente, hasta comienzos de abril.
Sin embargo, el día 3, se recrudece el conflicto, una vez que las fuerzas de seguridad utilizaron nuevamente la fuerza para disolver una manifestación ante el Gobierno Civil. Una breve intifada tendría lugar en el barrio de Santa María, cuyas azoteas serían tomadas por la policía, mientras los pescadores formaron barricadas con sillas en la calle Sopranis. Los antidisturbios, armados hasta los dientes, se posicionaban junto a la iglesia de Santo Domingo, cuando desde un balcón los vecinos les arrojaron una lavadora. La lucha fue intensa y llegó a San Juan de Dios, cuyo aspecto, según Diario de Cádiz, era al día siguiente el de un campo de batalla. La policía practicó numerosas detenciones, mientras el PSOE hacía un llamamiento al diálogo y a la negociación: Estos acontecimientos tienen su causa en la marginación y el deterioro de Cádiz, afirmaban los socialistas, mientras que UCD hacía votos por un convenio justo y posible pero condenaba la lucha callejera porque agravaba el problema.
Habría fumata blanca de inmediato. A la semana siguiente, tras 32 días de huelga, se firmará por fin el convenio para la flota pesquera gaditana, manteniéndose el sistema de repartos a la parte, pero aumentando el sueldo base en un 20%: Éste es el primer convenio de la Pesca en España", se felicitará Antonio Carretero, responsable del Sindicato Libre de la Pesca Andaluza, tras tres meses de intensa lucha, que se salda con la readmisión de los despedidos, bajo el compromiso explícito de que no se lleven a cabo represalias.
De la Bahía a Polonia. En julio, se crea en Cádiz el llamado Comité de la Bahía, una plataforma social que pretendía dar respaldo para el buen fin de las negociaciones sobre la crisis del sector naval en la que las centrales sindicales tienen como interlocutores a Abril Martorell y a Rodríguez Sahagún. Mientras se abren las conversaciones, los trabajadores de MAFESA, una de las industrias auxiliares del sector, deciden iniciar un encierro hasta que cobren.
La crisis del sector se hará notar primeramente sobre los más débiles. A finales de septiembre, ya se anuncia que 1.700 trabajadores se quedarán sin empleo antes de fin de año, tras el cierre de 35 empresas auxiliares, que habían sido excluidas del llamado pacto de la Castellana. La Administración hace caso omiso a las propuestas de soluciones que sugieren los afectados y los parlamentarios socialistas Manuel Chaves y Ramón Vargas-Machuca intentan gestionarles otras posibles alternativas.
El 9 de octubre se llevará a cabo una hora de paro en todos los grandes astilleros, en apoyo, precisamente, del cumplimiento de los acuerdos que adoptaron las centrales de UGT, CC OO, ELSTV y USO con la Administración para solucionar la crisis naval. En el fondo, los gaditanos buscaban una nueva solución mágica a los problemas cíclicos de la industria naval. O se buscaba el concurso de especialistas en la materia, como el profesor Funes Robert, quien durante una conferencia en San Felipe Neri ofreció como posible solución a los astilleros su reconversión en compañía reparadora. Claro que también criticó el hecho de que el poder central gasta el dinero en que la gente no trabaje. Una alusión velada a la crisis de AESA, que volvería a plantearse a medida de que la reconversión naval fuera tomando cuerpo en los años siguientes. El milagro, por ejemplo, podía llamarse Polonia. A comienzos de noviembre, UGT y USO realizan intensas gestiones para posibilitar el traslado a Cádiz de cuatro buques a construir por parte de AESA y por los que se ha interesado Polonia. Los ministros de Economía e Industria ofrecen su apoyo a la iniciativa gaditana, con una importante línea de créditos.
Una sentencia de la Magistratura de Trabajo rechaza el llamado prestamismo laboral de las contratas respecto a la plan había defendido la causa de 160 trabajadores de las contratas Gadium, Pegema y Herlard. En el razonamiento del fallo, se recalca que no se puede auspiciar la creación de contratas para evitar el aumento de las plantillas, sobre todo cuando éstas no cuentan con medios.
Antonio Barbadillo compartirá la presidencia de la Diputación con la del comité Pro Bahía Gaditana, un organismo del que se descuelga el PCE pero que reclama reiteradamente que los ministros de Trabajo e Industria visiten Cádiz y no para hacer turismo.
De nuevo fue Primero de Mayo. Ni esta cuestión ni la de la pesca eran las únicas tensiones sociales de la provincia. Como ocurriera el año anterior, los parados no estaban dispuestos a quedarse cruzados de brazos y en el ecuador de enero ya protagonizaron una primera concentración en la Plaza de las Flores, en Cádiz. También convocarían una marcha en Chiclana, ante las protestas por juego sucio que manifestó la Unión de Centro Democrático, cuando comprobó que la manifestación se volvía, lógicamente, en contra del Gobierno: Están manipulando a los parados, dirían sus portavoces. Cádiz seguía estando a la cola de todos los indicativos económicos. Una familia de la barriada gaditana de Guillén Moreno, a mediados de marzo del 78, lanza un SOS a través de la prensa madrileña, reclamando alimentos y ropa usada: No lo hemos hecho en Cádiz porque son bastantes los problemas de los gaditanos, afirman.
Ese mismo mes, la policía disolvió contundentemente una concentración de parados frente al Gobierno Civil. Les representaba una comisión en la que volvía a estar presente aquel popular activista al que se conoció como El Manchado, pero dos de sus integrantes fueron detenidos y, posteriormente, puestos en libertad. La marcha de los parados a Madrid se fija para el 19 de abril y constituyó un éxito tan relativo como inútil, pero antes tendrá lugar una jornada europea contra el desempleo, promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), a la que se sumaron Comisiones Obreras, UGT, USO, Sindicato Unitario y el Sindicato de Estibadores Portuarios. Con la marcha de los parados no se consigue nada, diría el ex ministro Silva Muñoz durante la inauguración, ese mismo mes, de la nueva sede de Alianza Popular en San Fernando.
En Cádiz, faltaban colegios, según habían asumido todos los partidos que concurrieron a las elecciones del año anterior. Quizá por eso, los niños se manifestaron por las calles de Jerez, el 10 de enero, en protesta por el cierre del centro escolar de San Telmo. Eran pocos y parió la abuela: una oleada de falsas alarmas de colocación de bombas en centros escolares recorre la capital, en el mes de febrero. La huelga volvía a clase de la mano, nuevamente, de penenes e interinos, que el 8 de febrero se manifestarían en toda la provincia. En abril, la conflictividad conduce a una huelga de profesores de la enseñanza privada, que no tiene éxito por la precariedad laboral del sector. Sin embargo, diez centros de Jerez, dos de Cádiz y uno de Algeciras se suman a una jornada de paro, coincidiendo con la de los profesores estatales, que la secundan al 70%, según cifras oficiales. La rueda sigue: vendría, no mucho más tarde, la huelga de los agregados de instituto. Y la de los alumnos de BUP del Columela, quienes al parecer no sabían que no podían pasar a COU con pendientes de tercero.
La conflictividad en Cádiz alcanzó tal grado aquel año que hizo falta crear una nueva sala para la Magistratura de Trabajo, ante el volumen de expedientes que se dirimían allí. También fue el año de las primeras elecciones sindicales bajo el paraguas de las libertades. Nicolás Redondo visitó la provincia, en el mes de enero, para participar en diversos actos de la Unión General de Trabajadores: La bipolarización entre nuestra central y CC OO facilitará la unidad, aseguró enigmáticamente. Ambos sindicatos obtendrían representaciones mayoritarias en los centros de trabajo gaditanos, mientras Caamaño, Zufiaur y Román mantenían, en público, una tensa polémica durante una mesa redonda sobre sindicalismo. UGT y CCOO tratan de entorpecer el espacio sindical de USO, dirá Manuel Zaguirre, meses más tarde, cuando visite Cádiz en pleno verano. Lo cierto es que, a la larga, lo lograron.
La Fiesta del Trabajo, plural y sin sindicato vertical ni demostraciones de la Sección Femenina, tomó Cádiz el 1 de mayo. Dos manifestaciones consecutivas recorrieron la avenida. En la primera, gigantesca, figuraban los sindicatos mayoritarios y muchos otros que se sumaron a la comitiva. En la segunda, más reducida y bajo absoluto silencio en memoria de los trabajadores muertos, la CNT desfilaba bajo crespones y banderas negras: No tenemos nada que celebrar, pero tenemos mucho que recordar. Y nuestros recuerdos son tristes, aseguraban sus portavoces. Unos y otros, eso sí, guardaron un minuto de silencio ante las Puertas de Tierra, cuyas murallas como recordaría Juan José Gelos habían servido de paredón durante las primeras semanas de la guerra civil. La conflictividad alcanzará, durante ese mismo mes, a sectores impensables, como el de los basureros o el de los vendedores de cupones de la ONCE.
La de la basura fue tan seria que el Ayuntamiento llegó a pedir medidas excepcionales al Gobierno Civil ante la situación que presentaban las calles de la capital a la semana de iniciarse dicha movilización. El conflicto se resolvió el 7 de junio, pero el día antes hizo falta que fuerzas del Ejército de Tierra iniciaran la recogida de residuos urbanos, ante los riesgos sanitarios que podía conllevar su presencia en la vía pública.
Paros en MOSA, de Cádiz y San Fernando, que sigue dando las últimas boqueadas. En Jerez, se llega en otoño a la situación de cierre patronal en Domecq. Encierros en Correos, en la Delegación Provincial de Educación, en Finanzauto de Jerez. La fuerza pública suele desalojar a los obreros que sufren puntuales represalias por parte de sus patronos, como la suspensión de empleo y sueldo. Los únicos que parecen obtener sus reivindicaciones son los jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrado, que logran nuevos recursos para imponer el orden en tan díscola provincia.
El campo tuvo hambre. El campo de este viejo país agrícola no aguantaba más. En enero, diversas organizaciones campesinas, a escala estatal, ocupan las cámaras agrarias de varias provincias, en una operación que los medios de comunicación calificaron como un intento de llamar la atención del Gobierno sobre la política de discriminación a que se ven sometidos los campesinos. La vid, por ejemplo, volvía a enfrentarse a sus viejos demonios laborales: encierros en la parroquia de Trebujena, jornadas de lucha en Sanlúcar, delataban que las heridas del campo seguían abiertas. Mientras tanto, los patronos, los viticultores andaluces, crean una Coordinadora Jerez-Montilla-La Palma y se declaran en contra de la desaparición de las Cámaras Agrarias. El triángulo Rota-Chipiona-Sanlúcar, que se consideraba clave para el futuro económico de esa zona, no será aprobado hasta el 17 de marzo. El Marco de Jerez seguía viviendo, por un lado, de un obsoleto latifundismo casi feudal. Pero, por otra parte, se convertía paradójicamente en trampolín hacia la Comunidad Económica Europea, cuando se sucedían relevantes visitas oficiales o, en abril, se presentaba el número especial que la influyente revista alemana Capital había dedicado a las crecientes posibilidades de incorporación española al Mercado Común.
En la otra esquina de la provincia, cerca de 600 trabajadores agrícolas se manifiestan en Jimena para solicitar la expropiación de los montes del término municipal. En marzo, alrededor de 6.000 jornaleros sin trabajo ocupan fincas privadas en las provincias de Cádiz y Sevilla: Es el hecho más importante ocurrido en el campo andaluz desde la Segunda República, escribe el historiador Edward Malefakis. Son ocupaciones simbólicas que tienen lugar en el contexto de una Semana contra el paro, organizada por el Sindicato de Obreros del Campo, adscrito entonces a la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT). En Puerto Serrano, a finales de abril, la Guardia Civil detiene a dos militantes de dicha central por realizar pintadas en las que pedían a los jornaleros que no trabajasen por menos de 1.300 pesetas y siete horas al día. Los detenidos denuncian malos tratos y le ponen nombre: el guardia Cobos, a quien le imputan el hecho de haberles tenido arrestados en condiciones higiénicas deplorables y no haber recibido alimentos.
La situación del campo andaluz motiva una jornada de paro en Andalucía, convocada por CC OO y UGT el 20 de junio y que fue desigualmente seguida, con mayor incidencia en ciertos núcleos rurales de Sevilla y Cádiz. La crisis afectaba, según sus datos, a tres de cada diez jornaleros, sin tener en cuenta el fenómeno de la emigración estable o temporera. A finales de mes, Francisco Casero recorrerá la provincia como secretario general del Sindicato de Obreros del Campo y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT), y lo avisa: Vamos a tomar las tierras definitivamente y de inmediato. Pese a su prohibición, en pleno julio, dicha central llevará a cabo una serie de jornadas de lucha con ocupaciones de tierras privadas y del Estado: Tendrán que echarnos a la fuerza, proclaman sus militantes, aunque en Cádiz la incidencia de esa movilización fue escasa y se saldó, prácticamente, con un breve encierro en la Diputación. Se trataba, afirmaba Paco Casero, de una campaña para levantar la moral a los andaluces después de los últimos fracasos del reformismo. En la vecina Sevilla, en cambio, Osuna sería el escenario, el día 12, de la ocupación de la finca Aparicio, propiedad del presidente de la Asociación de Labradores y Ganaderos de dicha provincia. El conflicto se extiende a 15 localidades de ambas provincias y la Guardia Civil se emplea a fondo a la hora de desalojar a los jornaleros. Entre los detenidos figuran el propio Casero, Jerónimo Lorente, secretario general de la CSUT, y Eladio García Castro, del PTE, hoy empleado del Ayuntamiento de Puerto Real. Unos días antes, un sector de los parados de Sanlúcar se concentró en las puertas del Ayuntamiento y reclamó la expropiación de las viñas. Aquello era un polvorín. Una de las nuevas patronales, ASAGA, insiste en que el campo no puede absorver la totalidad del paro agrícola de aquel momento.
La propuesta de empleo comunitario planteada ese verano por el Gobierno Civil de Cádiz desatará las iras campesinas: tres días de trabajo por semana a razón de 806 pesetas el jornal, lo que supondrá una seria reducción de jornadas. El 7 de agosto, un día de sol y moscas, Esteban Caamaño y Manuel Chaves unen sus voces en Jerez para protestar por esta imposición gubernamental. Poco después, el comité local de UGT se pone en huelga de hambre durante tres días para llamar la atención sobre este asunto y los trabajadores del campo se manifiestan, cortando el tráfico de la carretera N-IV, a su paso por la ciudad. Diversos representantes de Comisiones Obreras prefieren acudir al Gobierno Civil para intentar negociar una alternativa.
Las soluciones tardan en llegar, así que las protestas se generalizan. Una manifestación campesina por la playa Victoria de Cádiz reclama la jornada de seis días en el empleo comunitario, entre un mar de sombrillas y bañadores. Surgen nuevos conatos de huelga de hambre en Arcos de la Frontera, en Bornos con Casero a la cabeza y en otras poblaciones, mientras que a finales de mes los jornaleros terminarán encerrándose en la AISS de Jerez.
Los sindicatos llevan a cabo diferentes gestiones al más alto nivel ministerial, a fin de atajar la crisis. Curiosamente, uno de sus interlocutores será el vicepresidente tercero para Asuntos Políticos, Fernando Abril Martorell, lo que hace suponer que el conflicto no constituía un pulso económico, sin más ni más. Desde Cádiz, se multiplicaban las gestiones para sofocar este nuevo foco de problemas. Así, el pleno de la Diputación propuso avalar un crédito de hasta 50 millones de pesetas para el empleo comunitario y, en tal sentido, se dirigieron telegramas al ministro de Trabajo y al gobernador civil.
El Ayuntamiento de Sanlúcar sigue pareciendo una romería: las manifestaciones se suceden ante su puerta, mientras que el diputado Cabral reclama que las centrales sindicales actúen conjuntamente para evitar la dispersión de esfuerzos. Los contactos oficiales conseguirán, al menos, que se amplíen las ayudas al campo andaluz, pero los jornaleros no obtendrán cumplida respuesta para todas sus reivindicaciones.
Mientras el resto de la provincia seguía haciendo aguas crisis de supervivencia en el poblado de Sancti-Petri, en Chiclana, encierro de los trabajadores de la Residencia La Rivera, de Jerez, huelga de médicos en dicha localidad y en Cádiz, ante la supresión de guardias, la vendimia se acerca y la cosecha volverá a ser la misma: a comienzos de septiembre, los trabajadores se encierran en las bodegas González Byass, a lo que seguirán medidas similares en Bertola y Domecq. Para evitar nuevos problemas, José María Sanz Pastor, gobernador civil, opta por acordar con los sindicatos una serie de normas de obligado cumplimiento sobre la contratación de trabajadores en la Campaña de Vendimia. Se trata de contratar prioritariamente a parados de Jerez y de la provincia de Cádiz, así como a parados en general, vengan de donde vengan, evitando la contratación de otros trabajadores en periodo de vacaciones y la realización de horas extraordinarias. En caso de incumplimiento de las mismas, se establecen sanciones concretas. La distribución de fondos del empleo comunitario supone ese año una suma aproximada a 48 millones de pesetas, pero a mediados de octubre todavía quedaban municipios gaditanos que no habían percibido ni un duro, lo cual agravaba notablemente su crisis económica. El Gobierno Civil, en esa misma fecha, se apresura a confirmar que sólo quedaban por aprobar las subvenciones con Algodonales y Los Barrios, pero la cuerda consistorial estaba demasiado tensa.
La dimisión de los alcaldes. La crisis política de El Puerto de Santa María, que se había iniciado el año anterior, proseguiría en 1978, sin que la Corporación pudiera aguantar a duras penas hasta las municipales del 79. El PSP comenzó el año, de hecho, reclamando la dimisión de la corporación municipal y su sustitución por una Junta Gestora hasta la convocatoria a urnas. Los ayuntamientos tienen hambre de democracia pero la estabilidad de los mismos brilla por su ausencia: en febrero, por ejemplo, Carlos Berton dimite en Chiclana. No me voy, me echan las circunstancias que me indignan: la ineficacia, la incapacidad, los intereses creados, dirá el 23 de mayo Jesús Mantaras García-Figueras cuando dimita de la alcaldía de Jerez, junto a todos sus concejales a excepción de uno de ellos. El Gobierno Civil pide a los concejales que reconsideren su postura. Ante la advertencia de ilegalidad, suspende tres de los acuerdos adoptados por el pleno y, en los días siguiente, los ediles dimisionarios se reintegran a sus puestos, mientras Pérez-Luna asume la alcaldía a título accidental y en espera de una entrevista urgente con el ministro del Interior para tratar la crisis municipal, que es económica y operativa. En junio, José María Corchado heredará el bastón de mando. Las dimisiones de alcaldes se suceden a lo largo del año. Un caso peculiar será el de Arcos de la Frontera, ya que Laureano Barrea dimite por motivos de salud, pero seguirá figurando como diputado provincial.
La causa principal de tales tocatas y fugas había que buscarla en el dinero. Las economías municipales, que ya habían revelado su debilidad el año anterior, siguen yéndose a pique. En Sanlúcar, a 30 de julio, no había fondos para pagar a los funcionarios del Ayuntamiento. En La Línea, por ejemplo, a comienzos de agosto, los trabajadores de la limpieza pública y los funcionarios municipales se pondrán en huelga para que se les pague la mensualidad anterior. La crisis llegará a tal punto que el alcalde y los concejales hacen amago de dimitir ante la situación creada, pero renuncian finalmente a hacerlo.
Prácticamente, sin más término municipal que las lindes del casco urbano, la crisis de La Línea de la Concepción no concernía exclusivamente a su Ayuntamiento, sino que se extendía al resto de la ciudad, estrangulada económicamente por un plan de desarrollo que no le había favorecido y por el cierre de la frontera, que le perjudicaba notablemente. Para colmo, junto a dicha localidad se levanta el astillero especial de CRINAVIS, ubicado en el término municipal de San Roque y que terminó presentando en septiembre un expediente de suspensión de pagos que afectaría a 14 empresas auxiliares y a 400 trabajadores de la zona. Por esa larga relación de motivos, la Corporación peregrinó a Madrid, el 14 de septiembre, para ser recibida en audiencia por el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja. A partir de aquellos contactos, y durante varios años, se sucederán una serie de consignaciones presupuestarias para el desarrollo del municipio, que casi nunca logran el propósito que persiguen: la ciudad seguirá siendo un foco de marginación y un punto de fuga. Gibraltar es un hecho anacrónico del pasado, había dicho Manuel Fraga, antiguo embajador de España en Londres, durante su visita a la provincia en el mes de marzo. Pocos días más tarde, Joshua Hassan, el carismático ministro principal de Gibraltar, declaraba: Lo esencial es tener buena voluntad y deseos de negociación, llega a sugerir sorprendentemente el embajador británico en España, Arthur Aclaud, durante un viaje gaditano, en el mes de julio.
Ese verano, el pacifista Gonzalo Arias es detenido por segunda vez en pocos días y llevado a la cárcel de Jerez por haber pasado clandestina e intencionadamente la Verja de Gibraltar. Al saltar la Verja, interpreté correctamente el sentir de la gente, declararía al poco tiempo. En plena canícula, el Ayuntamiento de Algeciras solicita un régimen económico especial para la ciudad, cuya postergación social, económica y administrativa no se comprende ante su vecindad con uno de los mayores puertos europeos. Se trataba de tres cuartos de lo mismo: las arcas municipales estaban vacías y había que llenarlas.
La violencia, contra La Pepa. Mientras en la antigua Casas Viejas se sigue batallando por la independencia de Benalup frente a Medina Sidonia, los socialistas también quieren consolidar su presencia en una provincia que iba a convertirse en uno de sus principales graneros de votos. Así que, en marzo, llegarán Alfonso Guerra y Manuel Marín para participar en diversos actos, junto con parlamentarios y dirigentes socialistas, durante una semana de la Federación Socialista de Andalucía, que se extiende a Jerez y a otras localidades: Vamos a gobernar dentro de unos meses, aventuraba Guerra, quien creía firmemente en que habría consenso constitucional, pero que UCD rechazaba la convocatoria inmediata de elecciones municipales porque temía perder el poder de los ayuntamientos, muchos de ellos en manos de alcaldes pre democráticos, afines al actual Gobierno centrista.
Los parlamentarios preparaban el definitivo regreso de La Pepa: Hay que corregir y proteger el borrador de la Constitución. El texto de la Constitución no es bueno pero no es conveniente demolerlo, declaró Enrique Tierno Galván nada más comenzar el año, durante una conferencia pronunciada en San Severiano. Su Partido Socialista Popular cerraría el acuerdo con el PSOE durante el mes de mayo, sellando la unidad socialista que muchos reclamaban.
Mientras proseguía la redacción del borrador constitucional, la involución también prendía en la provincia gaditana. Durante el mes de enero, Fuerza Nueva convocó en Cádiz una manifestación contraria a la democratización española, que fue sancionada por José María Sanz Pastor, desde el Gobierno Civil, con una multa de 350.000 pesetas.
A mediados de septiembre, un acto convocado por Fuerza Nueva desencadenará graves incidentes en Arcos de la Frontera, ante el que se concentraron 1.500 manifestantes antifascistas. Los enfrentamientos concluyeron con siete detenciones, aunque todos fueron puestos prontamente en libertad: tres de ellos eran activistas de dicha organización de extrema derecha, que portaban pistolas y objetos contundentes. El resto, simplemente, se había defendido de sus agresiones. Parlamentarios y dirigentes del PSOE y PCE, así como responsables de CC OO y UGT se desplazaron hasta allí, para informarse de los hechos, y suscribieron un escrito de protesta que enviaron al Ministerio del Interior: España no vive ninguna libertad democrática, declaró posteriormente González Bueno, de Fuerza Nueva, quien culpó a los sindicalistas como principales promotores de los sucesos de Arcos.
Las libertades daban pasos gigantescos contra la resaca de la historia española. Aquel diputado ucedista nacido en Puerto Real y que se llamaba Juan de Dios Ramírez Heredia propone al Congreso, a primeros de mayo, que se deroguen los artículos cuarto y quinto de la orden del Ministerio de la Gobernación, que data de 1943 y que hace referencia ofensiva a que los gitanos deben ser sometidos a vigilancia expresa de la Guardia Civil y personarse en sus cuartelillos cada vez que lleguen o abandonen una población, a fin de controlar su presencia. Dos meses tardará en podarse dichos epígrafes. Pero el terrorismo venga de donde venga, era la frase al uso para designar al de extrema izquierda y al de extrema derecha seguía dando zarpazos en vísperas de que se promulgara la Constitución. En Cádiz, a las 10.00 del 29 de octubre y ante una nueva oleada sangrienta, CC OO y UGT convocan una manifestación contra dicha forma de violencia y por la consolidación del proceso democrático en España. Es un espejo de las movilizaciones que se llevan a cabo, ese mismo día, en todo el país y que desembocará en una gran manifestación, el 10 de noviembre, en la que no figurarán banderas ni pancartas, al tiempo que sus promotores recomiendan que se marche en silencio: un millar de personas marcharon pacíficamente bajo una intensa lluvia. El Gobierno Civil multaría con 500.000 pesetas a la CNT por distribuir unos carteles contrarios a una manifestación que, a su juicio, desdibujaba las diferencias entre la izquierda y la derecha, al tiempo que ponía en solfa a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según una nota de la delegación gubernamental, en dichos pasquines, sobre una evidente falta de solidaridad con los partidos políticos y centrales sindicales, se hace la apología de la violencia hasta el punto de justificar los actos terroristas".
En Cádiz, la justificación política del terrorismo no estribaba tanto en la CNT como en el núcleo local del PCE (Reconstituido), directamente relacionado con los GRAPO. Uno de los gaditanos a quien se imputa su pertenencia a dicha banda armada se llama Juan García Ramírez, quien acudirá en silla de ruedas al primer juicio contra dicha organización, celebrado en Madrid. Vinculado a José María Sánchez Casas y a Juan Martin Luna, García padecía paraplejia como consecuencia de una herida de bala sufrida durante el asalto que protagonizó en mayo de 1977 a la armería Izquierdo de Barcelona, en compañía del otro acusado, Ángel Collazo y de un tercer individuo que al parecer pertenecía a la misma banda y al que se le disparó accidentalmente una pistola al oír las sirenas de la policía. Al menos, ésa fue la versión oficial de los hechos, aunque en la capital gaditana circularon otras hipótesis, sobre todo durante la campaña que se desarrolló en ciertos ambientes izquierdistas de la ciudad, para intentar la liberación de Juan García, tras resultar condenado, por esa misma sala, a un año y dos días de prisión.
Durante el otoño, se multiplican las mesas redondas o los artículos de prensa, como el que firma el democristiano José Ramón Pérez Díaz-Alersi, recomendando el voto afirmativo en el referéndum constitucional, o el socialista Gregorio López, que defendía el apoyo incondicional de su partido a la Constitución, frente a la indefinición de UCD y los intentos de AP y de PCE de forzar un pacto nacional que diera un vuelco a los resultados reales de las urnas. Lluvia de ministros de El Puerto a Barbate, de Chiclana a Jerez. Se trataba de ir preparando el camino al referéndum constitucional. Por el sí y contra la abstención es el lema que llevará al secretario general del PSOE a recorrer la provincia durante dos días: La clandestinidad tenía unos riesgos más cómodos y menos complejos que los de ahora, declarará Felipe González poco después de que la democracia sobreviva a la Operación Galaxia, uno de los múltiples intentos golpistas de acabar con ella. La Constitución defiende a la mujer, garantizaba María Izquierdo en vísperas de que la Consejería de Condición Femenina instalara en Cádiz un centro de asesoramiento.
A su vez, Rafael Alberti y Santiago Carrillo protagonizaron un mitin conjunto en el pabellón polideportivo: Sólo la democracia puede poner final terrorismo reflexionó el secretario general del PCE. Hemos de tener serenidad. Los andalucistas Miguel Ángel Arredonda y Alejandro Rojas Marcos también arrimaban el ascua a la sardina constitucional, pero insistiendo en la necesidad de incorporarse a la Junta pre autonómica, a pesar de que no habían logrado colocar ningún candidato en los escaños de Madrid: Andalucía se encuentra marginada en el texto constitucional, afirmó Rojas Marcos, quien, a pesar de todo, se mostraba a favor de dicho proyecto, por un simple gesto de responsabilidad cívica. El consenso era amplio. María Victoria Fernández España, de Alianza Popular, participa en un mitin de su partido y proclama: Sí a la Constitución porque no podemos volver al pasado. Durante la campaña, incluso bajan a la arena gaditana dos ministros, el de Economía, Enrique Fernández Ordóñez, y el de Interior, Rodolfo Martín Villa, quien llega a asegurar que los problemas de Cádiz no son de orden público, cuando habitualmente su Departamento los pretendía resolver con antidisturbios.
Unos paquetes de propaganda constitucional arrojados desde una avioneta, a su paso por Arcos, no llegan a abrirse y destrozan parte de la techumbre del colegio de La Salle. Pero, salvo este caso, no menudearon los incidentes durante la campaña. Claro que, al mismo tiempo que los partidarios de aquella Constitución arrimaban mayoritariamente el hombro, también tomaban la palabra los partidarios del no. Los trotskistas de la Liga Comunista Revolucionaria, por ejemplo, así lo hicieron saber en la capital gaditana. Y la extrema derecha, aglutinada por Fuerza Nueva, hacía otro tanto, aunque en sentido contrario, en el curso de un mitin que tuvo lugar en Jerez.
Hoy le preguntaría a quienes quieren desprestigiar la figura de Franco, ¿cómo es posible que se produjera el fantástico hecho del desfile personal de aquella multitud ingente ante su cadáver?, ¿dónde están ahora?, ¿cómo puede darse tanto desprecio?, se preguntaba tres años después de aquel suceso, el ex alcalde falangista de Cádiz, Jerónimo Almagro y Montes de Oca.
Nada más comenzar 1978, en un acto en la Casa de la Cultura de Cádiz, el democristiano José María Gil-Robles llegó a calificar la Constitución que iba a aprobarse como larga y declamatoria. Luis Jáudenes, de Unidad Regional Andaluza (URA), también remarcó su escepticismo ante la convocatoria constitucional, sobre todo en lo que se refería al término nacionalidades, que podía leerse en algunos de sus epígrafes. Pero, poco a poco, se van sumando voluntades: Para mí, era suficiente con que llevara escrita la abolición de la pena de muerte, aseguraba el dibujante sanroqueño Andrés Vázquez de Sola.
Vázquez de Sola, militante del PCE, había vuelto de su exilio en París y participó como candidato al Senado por Cádiz en las legislativas del año anterior. Ahora, su buena mano dibujaba un folleto expresamente realizado para reclamar el apoyo de los gaditanos al nuevo texto constitucional. Sus caricaturas desglosaban los principales artículos de la Carta Magna aunque, paradójicamente, Diario de Cádiz rehusó publicarlas.
Las puertas abiertas a la concordia y a la convivencia, a ver si de una vez las dejamos de par en par, y en paz, abiertas para todos los españoles", eso deseaba el malogrado periodista gaditano Agustín Merello, en las páginas de ese mismo periódico, en vísperas del referéndum constitucional del 6 de diciembre. Manuel Martín Ferrand también había hecho prácticas de periodismo en Diario de Cádiz", llegando a vender periódicos por la calle para conocer la opinión de sus lectores. Así que, muchos años después, el 6 de diciembre de 1978, dirige desde los estudios centrales de RNE en Madrid un amplio programa en torno a la Constitución y uno de los lugares elegidos fue Cádiz, en directo desde el monumento a las Cortes, con la presencia del escritor gaditano Venancio González García; el promotor de comparsas carnavalescas, Rafael Izquierdo, y el periodista Luis Alberto Balbontín, a la sazón, director del diario cuyos mazos había voceado cuando era joven. Ese día, fecha del referéndum constitucional, los gaditanos votan masivamente: el 69,2% de 640.287 electores, registrándose una abstención del 30,8%. Los sufragios a favor alcanzaron la cota de 92,85%, frente a un 4% de votos negativos, repartiéndose el resto entre blancos y nulos. La abstención se hizo notar especialmente en Zahara de la Sierra, donde alcanzó el 53,66%, o en Vejer, con un 52,38%. Pero no parece que fuera por seguidismo a los ácratas, que propugnaban el absentismo. En todo caso, desidia o errores burocráticos a la hora de distribuir el censo en los colegios electorales.
En Algeciras, por ejemplo, se extravió todo un folio, y en la capital gaditana, el escritor José María Pemán y su familia se las vieron y las desearon para averiguar dónde estaba emplazada la urna que aguardaba sus sufragios. Mientras los bomberos acudían a votar a bordo de los camiones contra incendios, un sobre con 200 pesetas fue encontrado durante el escrutinio de un colegio de Jerez, mientras un votante gaditano pretendió atestiguar su identidad mediante el recibo de la luz.
Hay determinados sectores, apoyados en ciertos medios de comunicación, que evidencian intentos de desestabilización, había alertado el gaditano José Pedro Pérez Llorca, quien fue ponente constitucional. La libertad salió a flote, contra viento y marea.
Cádiz fue una fiesta que algunos pretendieron aguar. Por ejemplo, la extrema derecha, que protagonizó diversas acciones contra la sede del PCE en Jerez. El 11 de diciembre un artefacto explosivo estallaba en uno de los accesos al Gobierno Militar. Fue colocado en la puerta del garaje en la calle Gravina. Los restos eran similares a los de otras dos bombas caseras, la que había estallado antes en el cuartel de la institución armada y la que lo hizo entre el Gobierno Civil y la Delegación de Trabajo.
De la tricolor a la verdiblanca. La República nació en el peor momento para crear una democracia, aseguraba Ricardo de la Cierva, invitado por la UCD a Cádiz para hablar de lo mismo, justo cuando el 14 de abril se cumplieron 47 años de la proclamación de la Segunda República.
En la provincia gaditana, había un pequeño núcleo republicano que conmemoraba ya abiertamente dicha efemérides, desde los grupos de la izquierda radical de Cádiz especialmente los trostkistas de LCR y los maoístas de ORT a los viejos campogibraltareños de ARDE, la Asociación pro República Democrática de España.
Pero otra bandera, distinta a la tricolor, ondeaba ya en los mástiles de Cádiz. Era la verdiblanca. En la recién inaugurada sede de UCD en Algeciras, el presidente del Senado, Antonio Fontán, declaraba a comienzos de febrero: Las negociaciones preautonómicas están abiertas. Y Cádiz, junto con el resto de Andalucía y al rescoldo de las manifestaciones del último diciembre, comenzó a moverse. El obispo de la Diócesis de Cádiz-Ceuta apostaba claramente por la España de las autonomías: La iglesia andaluza ha de tomar muy seriamente el proceso autonómico, declaró monseñor Antonio Dorado Soto a mediados de enero.
Se trataba, desde luego, de toda una movilización social que no iba a verse restringida al seno de los partidos políticos. El día 20 de enero se presentaba en Cádiz la convocatoria del Congreso de Cultura Andaluza, cuya coordinadora de zona también suponía, en cierta medida, un reparto a la manera de la tarta política, aun con la presencia de algunos creadores. A bordo, viajaron Isabel Demá, Ignacio Moreno, Sagrario Ibáñez, Fernando Meléndez, Jesús Fernández Palacios y Francisco Bustelo. No entendemos una autonomía folclórica sino como palanca transformadora de la sociedad, proclamaría Alfonso Guerra, secretario de Organización del PSOE, durante una visita a la provincia de Cádiz en el mes de marzo.
El 2 de abril, Alejandro Rojas Marcos, secretario general del PSA a quien se presenta como abogado sevillano, dio un mitin pro autonomía en San Fernando, una ciudad que terminaría convirtiéndose en feudo andalucista. La opción nacionalista supone, al mismo tiempo, la opción socialista, proclamarán Rojas Marcos y Antonio Ibáñez durante un mitín celebrado en mayo y en el que intentan consagrar al andalucismo como una opción de izquierdas, al tiempo que diferencian su mensaje del que mantenía entonces el PSOE.
El 27 de mayo tiene lugar la constitución de la Junta preautonómica de Andalucía. Cádiz fue la ciudad elegida para ello, como capital histórica del liberalismo español. Será en el salón real del Palacio Provincial de la Diputación, con la presencia del ministro adjunto para Relaciones con las Regiones, Manuel Clavero. El senador socialista Plácido Fernández Viagas, de Sevilla, y el centrista Jaime García Añoveros se disputarán la presidencia, pero resultará designado el primero de ellos: Si no nos dan competencias, nos las tomaremos, aseguró inmediatamente Fernández Viagas. Pero de sobra sabía que no iba a ser fácil: Los males que el centralismo ha inflingido a Andalucía declaró a la revista Triunfo no hubieran sido posibles, en absoluto, sin la complicidad de dentro de Andalucía. Quien diga que esa nacionalidad andaluza la debe hacer aquí la clase trabajadora está diciendo una cosa que es totalmente incoherente: lo que las clases trabajadoras no pueden hacer en ninguna parte es entretenerse en crear un marco nacionalista que las distraiga de sus reivindicaciones de clase.
Así las cosas, no cabía un alfiler, aquel día, en la sede de la Diputación. Entre el público se encontraba Felipe González, secretario general del PSOE: Tengo cierta frustración por no ser diputado andaluz, lamentó por no haber podido votar a su compañero y paisano para la presidencia del organismo que iba a poner en hora a Andalucía respecto a las otras comunidades históricas del país.
Dos meses más tarde, tanto en Cádiz como en las otras siete provincias andaluzas, los gobernadores civiles prohibirán las manifestaciones promovidas por el Partido del Trabajo de España (PTE), a favor de la Junta de Andalucía, bajo el lema Defendamos Andalucía, poderes para la Junta. Tanto es así que, a comienzos de septiembre, Fernández Viagas viaja a Madrid para entrevistarse con Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, con quien acuerda crear una comisión mixta para dotar de poder político al gobierno preautonómico de Andalucía, un privilegio con que ya contaban catalanes, vascos y gallegos. A esas alturas de la película, el paro andaluz se cifraba ya en 400.000 personas.
La autonomía andaluza es beligerante, seguiría anunciando Rafael Escuredo, meses más tarde, cuando visite la provincia, mucho antes de heredar la presidencia de Fernández Viagas, falto de recursos reales para afrontar los graves problemas andaluces.
Motín a bordo. Carteleras de comienzos de mayo: en el Falla, Annie Hall, de Woody Allen; en el cine Juventud, Fiebre del sábado noche, y en el Gaditano se exhibe Perros callejeros, la película de José Antonio de la Loma que inaugura todo un subgénero del cine de acción y de denuncia, a la española. Pero más violencia había en la calle, como bien supieron los roteños que, a finales de ese mes, protestarían públicamente por el brutal asesinato de unos taxistas. Comienza a palparse una sensación colectiva que, meses más tarde, daría pie a otra película española: Miedo a salir de casa. En febrero, de hecho, el Ministerio del Interior inició una operación policial a escala estatal para combatir la delincuencia violenta que empezaba a vivirse en las grandes ciudades. Luego dicen que la cárcel no regenera podía leerse en una viñeta de Carlos Giménez, con motivo de las movilizaciones españolas de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). Entramos aquí siendo unos chorizos y saldremos como luchadores por la libertad.
Mientras, los reclusos de la prisión de Cádiz piden el cese de la violencia que se estaba extendiendo como la pólvora por los recintos carcelarios del país y que ya había costado en Zaragoza la muerte de dos internos.
A mediados de mayo, en el penal del Puerto, 31 reclusos se autolesionaron negándose a ser asistidos en la enfermería. Según el director de la prisión, era fruto de una campaña de la COPEL, que en los últimos días ha hecho correr por la prisión una circular donde emplazaban a los reclusos para una acción conjunta, en la que debían desechar el incendio, los motines o el sabotaje como medio de lucha, que estarán justificados sólo en casos de torturas o graves incumplimientos del reglamento penitenciario. La octavilla recomendaba las huelgas de hambre de los reclusos, fijando una duración específica para las respectivas prisiones donde se encontraran encarcelados, así como autolesiones o encadenamientos con cadenas y candados que fueran difíciles de quitar. Para todo ello, que pretendía poner el acento sobre la difícil situación carcelaria de los presos comunes, la COPEL contaba con el apoyo de la Asociación de Familiares de Presos y de la CNT. La tensión en el Penal de El Puerto iría aumentando por días, hasta el punto de que los funcionarios terminarán por encerrarse en el centro hasta que llegase el director general de Prisiones, Carlos García Valdés, quien asegura que el nuevo Código Penal vendrá a ser como un indulto con carácter retroactivo y que la amnistía supuso una grave discriminación. Aquella era la cárcel de la que se escapó El Lute, en la Nochevieja de 1970, la que había albergado a 6.000 reclusos en 1939, en su mayoría presos políticos como Lluís Companys o Ramón Rubial, y la que había inspirado la copla mejor quisiera estar muerto/ que verme pa toa la vía/ en ese penal del Puerto/ Puerto de Santa María.
El presidio dejó de serlo el 20 de julio de 1981, cuando los reclusos fueron trasladados a los dos nuevos recintos que llevan el nombre de la ciudad. Pero en 1978, el penal distaba mucho de ser una prisión moderna, entre colchones que sólo podían usarse de noche y el temible celular, el calabozo de aislamiento, aunque las condiciones habían mejorado a partir de la reforma penitenciaria de 1968: Hasta entonces, por ejemplo, estaba prohibido cualquier medio de comunicación, ni prensa, ni transistores relata el periodista Francisco Andrés Gallardo. Sólo circulaba una publicación oficial, Redención.
Las pocas distracciones de los presos podían ser pasear o jugar al fútbol, o el cine de los domingos. Cualquier juego de mesa estaba prohibido, pero los apostadores llegaban a porfiar con qué pie iba a entrar un funcionario por el patio. Los dados se confeccionaban cortando las asas de las tazas de plástico. Se llegaron a crear timbas de envergadura. Los presos participantes, si eran sorprendidos en el juego, pasaban a La Celular. Se busca una formación complementaria, hasta entonces la limitada biblioteca seguía la censura del capellán. La mañana la empelaban los reclusos en los diversos y obligados talleres de manualidades, de cestería, de flores de tela y de cosido de balones para la empresa Adidas. Parte de los ingresos financiaban los extras de comida y utensilios de los presos. La mayor reforma penitenciaria concluye Gallardo se alcanzó en el 78. Se abandonaron los uniformes de los reclusos, se planificó una clasificación de los reos por su condición y actitud, no por su pena. Se acordó la eliminación de las brigadas comunes. El nuevo planteamiento penitenciario marcaba el fin de un penal como el del Puerto.
Cádiz, con negritos. Los Tribunos, La Guillotina y Los de la Madre Pelusa recogieron los primeros premios del Gran Teatro Falla, aquel año. La mujer puede y debe participar en el Carnaval, reclamaron en septiembre Carmen Pinedo, Pepita de Beltrami, María Dolores Gutiérrez y Paqui de Herrera, durante una mesa redonda a celebrar en otroño. Las organizaciones juveniles de la democracia, comenzando por San Fernando y terminando por Jerez, reclaman la devolución del patrimonio de la antigua OJE, que todavía da coletazos.
El meteorólogo Julio Marvizón imparte una conferencia en El Puerto de Santa María, sobre Posibles contactos tecnológicos con extraterrestres. Pero la tierra y el mar también siguen siendo reales, terribles y mágicos: a comienzos de mayo, una ballena muerta aparece en Puntales y, en septiembre, se produce una mortandad de aves en Doñana que el ICONA atribuye a la contaminación de las aguas del Guadalquivir.
Poco antes, el PSOE se había atrevido a presentar una impopular proposición de ley en la que muestra su oposición a la carretera costera entre Cádiz y Huelva, por el coste ecológico que iba a conllevar. Las fuerzas vivas de ambas provincias pusieron el grito en el cielo, pero paulatinamente iría aceptándose la idea de proteger la mayor reserva natural de Europa. Mientras la Asociación Gaditana para la Defensa de la Naturaleza se presenta en Puerto Real, la ecología y el debate sobre el patrimonio urbano enciende el interés de los gaditanos que, en el colegio de Arquitectos, cerrarán el mes de marzo con un debate sobre la ocupación del espacio público y el paisaje de la emblemática playa de La Caleta.
Empieza a descollar la obra de Hernán Cortes, un pintor gaditano comprometido con la izquierda radical que se convertirá en maestro hiperrealista: El abstracto es un callejón sin salida, proclamaba tras el lienzo en blanco de Jackson Pollock y las experiencias de Rothko.
En Cádiz, en lo que ya es Delegación Provincial de Cultura y antes servía como Secretaría General del Movimiento, tiene lugar el 8 de abril la presentación del colectivo literario independiente Jaramago, que ya venía funcionando desde el año anterior y cuyos integrantes entre quienes figuraba el novelista Rafael Marín o el poeta José Ángel González acudieron a la cita pintorescamente disfrazados: de payasos, ejecutivos, tiroleses o incluso de Darth Vaither, el lado oscuro de La guerra de las galaxias. Jesús Fernández Palacios fue el presentador del encuentro, al que asistió Carlos Edmundo de Ory, procedente de su autoexilio francés y que huyó despavorido de la sala, cuando los jóvenes terminaron de soltar sus ripios: Nunca vimos un duro/ y vivimos de prestado,/ si quieren hacer preguntas,/ aquí nos tienen sentados. Esto es lo más frívolo que he visto en mi vida, protestó el genio postista.
Los promotores de Jaramago, junto con los de otros colectivos culturales y jóvenes de la ciudad habían creado Precama Prensa de Cádiz Marginal, a la manera de la Prensa Madrileña Marginal, Premama, que ya existía--. Entre otras cabeceras, publicaban Quillo, Libre Expresión o Anacrónica. En sus filas, desde dibujantes mágicos como el malogrado Carlos Forné a fruteros como Leo Hernández y futuros profesores universitarios, como Julio Pérez Serrano.
Nosotros tratamos de buscar la realidad debajo de la realidad aseguraban los de Quillo. Nosotros estamos con la gente oprimida, y ellos no tienen acceso a los medios de comunicación, nunca les han dejado hablar. Eso que se llama cultura del silencio o de la porra. La televisión es un medio muy poderoso en manos de quienes le comen el coco a las gentes, con sus mensajes, con sus programas. |
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