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1978 |
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Rafael Rodríguez |
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Al fin, Junta de Andalucía y Constitución |
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Este nuevo año es, sobre todo, el de la aprobación de la primera constitución española tras la Guerra Civil. Pero también es el del carpetazo político a los sucesos de Málaga del 4 de diciembre de 1977 según el Congreso, nadie fue culpable, y el de las inundaciones más graves sufridas por la ciudad en mucho tiempo. Mientras, y recorriendo un camino de espinas, la autonomía andaluza vive dos hitos: la creación de la Junta, con primer presidente y gobierno preautonómicos, y la firma del Pacto Autonómico, el Pacto de Antequera. Es un impulso hacia el autogobierno, con el recelo de quienes pretenden frenarlo (la derecha y la UCD), la indefinición en algunos casos de otros (PSOE) y el descontento de quienes lo consideran insuficiente (el PSA y los grupos extraparlamentarios).
Intelhorce, se vende. Aún presentes el estallido autonomista del 4 de diciembre del año anterior y los graves sucesos de ese día y los dos siguientes, 1978 comienza con un sobresalto que todos barruntaban: Intelhorce está en venta. El grupo catalán Castell, propietario de la factoría, comunica por telegrama al gobernador civil, Enrique Riverola Pelayo, que está dispuesto a venderla y le pide que transmita esta decisión a los miembros del comité de empresa. Se encienden las alarmas y las vacaciones de Navidad y Reyes se van al garete. El año nuevo arranca mal. Los casi 3.000 trabajadores se encierran dos días en el interior de la fábrica y la ciudad entera se moviliza, consciente de que peligra su centro laboral más emblemático. Las gestiones se multiplican. A mediados de mes, Adolfo Suárez y Felipe González se entrevistan en Madrid y, entre otros asuntos, hablan de Intelhorce, y también de la crítica situación de los trabajadores del campo en la comarca de Antequera, que no aguantan más. Dos semanas después, el propio González viaja a Málaga, visita la factoría, se reúne con los trabajadores y les promete todo su apoyo. Días antes, varios ministros tratan el tema con dirigentes sindicales. Ya en febrero, se suceden las iniciativas en el Congreso de los Diputados. Primero es el comunista Tomás García quien interpela al Gobierno y luego el socialista Carlos Sanjuán. En ambas ocasiones, entre los gritos de los trabajadores que asisten al pleno parlamentario desde la tribuna de invitados, el ministro de Industria, Alberto Oliart, asegura que la fábrica malagueña no será desmantelada y que le consta que sus propietarios están dispuestos a ampliar el capital social en mil millones de pesetas. Y así es. El 2 de marzo, el Consejo de Administración de Intelhorce acuerda una ampliación de 1.500 millones de pesetas, que es ratificada por la Junta General de accionistas a primeros de abril. El problema de fondo no se soluciona, pero la inyección económica es un balón de oxigeno para ir tirando.
Este conflicto coincide con las primeras elecciones sindicales libres, en las que como pistoletazo de salida CC OO celebra, el día de Reyes, una macrofiesta mitin en el campo de la Juventud de Carranque en la que reúne a más de 20.000 personas, que escuchan los mensajes de dirigentes provinciales, regionales y nacionales, como Francisco Trujillo, Eduardo Saborido y Francisco García Salve. A final de enero, los primeros resultados provisionales sitúan por delante en la provincia a CC OO, con 128 delegados en las 46 empresas que ya han pasado por las urnas. Le sigue la UGT, con 96; los independientes, 22; la CSUT, 16; y la USO, con sólo uno. En paralelo a las votaciones sindicales, la conflictividad laboral no disminuye, al contrario, se dispara. Los PNN y los profesores interinos protagonizan nuevos paros, encierros y huelgas de hambre. También los trabajadores del metal. Los jornaleros, por su parte, advierten de que viven en una situación insostenible las ayudas del desempleo agrario o no llegan o no son suficientes y alertan de que el campo está a punto de estallar.
Quienes vuelven a estallar son los reclusos de la cárcel malagueña de la Cruz de Humilladero, ya totalmente rodeada de viviendas. El 27 de enero se amotinan otra vez y arrasan por completo la ya destrozada prisión después de los levantamientos de los meses anteriores. Arde la nave central y arden departamentos, módulos, muebles y colchonetas en todo el recinto. Cinco presos resultan heridos, uno por disparo de bala de los efectivos policiales que intentan sofocar la sublevación. Los cabecillas del amotinamiento, miembros de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), son trasladados al penal de El Puerto de Santa María. Los incidentes en el centro penitenciario se repiten durante semanas y meses. En mayo, los disturbios cobran mayor virulencia. Hay decenas de autolesionados y más de 200 internos se declaran en huelga de hambre, en protesta por el estado ruinoso de la prisión que les hace vivir en condiciones infrahumanas. El nuevo motín acaba cuando, a petición de los reclusos, quien escribe esta crónica, entonces redactor de Radio Juventud y de Sol de España, entra en el recinto, dialoga con los amotinados y graba un comunicado para su difusión, que efectivamente es emitido. Días después, retorno al centro, me reúno, libremente y durante horas, con presos y funcionarios, y publico en las páginas centrales del periódico una serie de cuatro capítulos en la que se narra la situación en la cárcel malagueña. Un horror. A mediados de junio, los funcionarios descubren un túnel bastante avanzado. A finales de ese mismo mes, el director general de Prisiones, Carlos García Valdés, visita el centro, comprueba por sí mismo el lamentable estado de las instalaciones, queda impresionado y promete el inmediato inicio de las obras para su restauración. Sin embargo, las cosas no mejoran. En julio se produce otro amotinamiento y los internos agreden al director de la prisión, Rafael García Millán. Los funcionarios, que descubren un segundo túnel, también se levantan y, durante días, se niegan a entrar en el recinto penitenciario ante la falta de seguridad.
En lo más doméstico, el argentino Viberti vuelve al Málaga, ahora como entrenador. Se pretende que sea el revulsivo que rescate al equipo de fútbol de la ciudad, que está moribundo en Segunda. Y lo consigue. Llega, y junto al veterano técnico húngaro Kalmar, encarrila tres victorias seguidas, deja el farolillo rojo y los puestos de descenso y, al final de la temporada, logra mantener la categoría. La rumoreada separación matrimonial de Amparo Muñoz y Patxi Andión es ya una realidad. Se coloca la primera piedra de Mercamálaga, con una inversión de 350 millones. El gobernador civil anuncia que, en breve, el UHF se verá en la provincia y que Málaga será sede de un futuro centro de TVE en Andalucía oriental. Aparecen grietas en el recién inaugurado monumento a Picasso en los jardines de su nombre. Jorge Guillén, delicado de salud, es nombrado académico de honor de la Real Academia de la Lengua Española y recibe la medalla de oro del Ateneo malagueño. Se crea la primera asociación de separados y separadas de España. Y la carretera registra un espectacular y mortal accidente de tráfico: seis personas pierden la vida, en los nuevos accesos a Málaga, en el término de Antequera, al colisionar dos turismos y dos camiones, uno de ellos cisterna y cargado con 37.500 kilos de ácido sulfúrico.
El complicado camino autonómico. Mientras, y pese al entusiasmo del reciente 4 de diciembre del año anterior día en el que se plasma la primera demanda real de autogobierno para Andalucía, el proceso hacia la Autonomía andaluza se ralentiza y atraviesa por momentos de auténtica zozobra por culpa, sobre todo, de los enfrentamientos partidarios que sostienen UCD y PSOE, que se disputan la hegemonía en la comunidad algo que es repetidamente denunciado y censurado por el resto de partidos de izquierda, y en especial por el PSA. La derecha la reaccionaria y la más democrática y la UCD ven con recelo y hasta con temor desestabilizador el clima popular creado a favor de una Autonomía andaluza al más alto nivel y en igualdad con las comunidades históricas que demandan socialistas y comunistas y, sobre todo, las formaciones de la izquierda extraparlamentaria, con el Partido del Trabajo a la cabeza. Por ello, en las complicadas negociaciones, se suceden los pasos atrás y adelante. Una comisión de parlamentarios andaluces, integrada por Rafael Escuredo (PSOE), Ignacio Huelin (UCD), Ignacio Gallego (PCE) y José Manuel Duarte (Independiente), mantiene varias reuniones con el ministro para las Regiones, Manuel Clavero, sin que se produzcan avances, y eso que el ministro es el gran valedor de Andalucía frente a la desgana y postura de freno de su partido y del Gobierno. Por su parte, instituciones, entidades y grupos de la más variada índole de la sociedad de Antequera, con el respaldo de parlamentarios y direcciones provinciales de casi todos los partidos, se movilizan para que esta localidad, como centro geográfico de Andalucía, sea la capital de la comunidad.
Superando los continuos desencuentros, el 13 de abril, la Diputación de Málaga es escenario de uno de los primeros y decisivos pasos hacia la consecución de la Autonomía: la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía vota, por aclamación, el borrador del Real Decreto que regulará el régimen preautonómico de Andalucía. La asamblea la preside José de la Peña (PSOE), como el miembro de mayor edad, y en ella intervienen el independiente José Manuel Duarte Cerdán, el comunista Ignacio Gallego, el centrista Ignacio Huelin y el socialista Alfonso Guerra, quien define a Blas Infante como el apóstol del andalucismo y a José Manuel García Caparrós como la última víctima visible en la lucha por la autonomía. Para evitar confrontaciones provinciales, el texto no específica qué ciudad será la capital de la comunidad. El borrador sí determina la creación de dos órganos de gobierno: la Junta de Andalucía término acuñado por el ministro Clavero Arévalo y el Consejo Permanente. El pleno de la Junta estará integrado por 31 parlamentarios, que son quienes elegirán al presidente tres por cada provincia, más siete según los resultados electorales en el conjunto de la región, y por un representante de cada una de las Diputaciones. El Consejo lo formarán 15 parlamentarios y dos miembros de las corporaciones provinciales.
Solo unos días después, el 19, el Gobierno de la UCD cede y el Consejo de Ministros, al fin, da luz verde a la preautonomía de Andalucía, como ya antes había hecho con las del País Vasco, Cataluña, Galicia, País Valenciano, Canarias y Aragón. Tres semanas más tarde, en un acto público en el Teatro Cervantes, el ministro Clavero da muestras de su convencimiento autonomista y afirma que la Junta de Andalucía es un primer paso que genera esperanza, que las autonomías son el mejor antídoto contra el separatismo y que en ningún momento pueden provocar la desmembración de España. A partir de aquí, el proceso hacía la autonomía cobra un nuevo impulso y los acontecimientos se aceleran.
El 27 de mayo, en Cádiz, se constituye la Junta de Andalucía. El magistrado y senador socialista por Sevilla Plácido Fernández Viagas es elegido presidente, al superar en votos al candidato centrista Jaime García Añoveros. Días después se configura el primer Gobierno preautonómico del que forman parte tres diputados malagueños: Carlos Sanjuán (PSOE), como consejero de Interior; Francisco de la Torre (UCD), de Economía; y Tomás García (PCE), de Industria y Energía. Y así, la Junta echa a andar sin presupuesto, sin competencias, sin estructuras, sin sedes y sin que ningún partido tenga una posición clara sobre cuál debe ser la capital de Andalucía. Antequera no cesa en su empeño por serlo. A las puertas de la Diputación de Cádiz, aprovechando el solemne acto de constitución de la Junta, el alcalde antequerano, José María González Bermúdez, representantes de distintos grupos políticos malagueños los hay del PSOE, UCD y PCE y los miembros de la comisión pro-capitalidad reparten pegatinas y octavillas y entregan un amplio dossier a cada parlamentario con la propuesta de que este municipio sea capital de la región.
Los días siguientes son de cambios y mudanzas en instituciones. El falangista Francisco Cantos Gallardo, Paco Cantos, el alcalde de Marbella más significativo de la etapa franquista, abandona la Alcaldía después de haberla ocupado durante 22 años en tres etapas distintas desde 1946. Enrique Riverola Pelayo, bastante tocado tras los sucesos del 4 de diciembre, es cesado como gobernador civil y nombrado director general de Correos. Para sustituirle en el Gobierno Civil es designado Rafael Hurtado Ortega. Y la Iglesia da un golpe de mano y destituye al sacerdote José Escalona como párroco de Cártama, por ser comunista y formar parte del secretariado provincial del PCE.
Por su parte, las formaciones políticas se dedican a planificar su futuro con la vista puesta en inminentes elecciones. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván elige Torremolinos para celebrar su congreso nacional en el que los seguidores del viejo profesor aprueban la fusión del PSP con el PSOE la votación es de 202 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones. También el Movimiento Socialista de Andalucía, quemado tras los comicios generales, acuerda en Málaga su integración en el PSOE. Junto a estas absorciones que les permiten crecer, los socialistas malagueños tienen que hacer frente a la crisis que les provocan sus afiliados más jóvenes, sus Juventudes Socialistas, cuyos dirigentes se encierran en la sede provincial del partido. Igualmente, problemas en el PCE, con expedientes y sanciones a militantes y con 23 afiliados de la agrupación de El Palo expulsados. Para corregir el rumbo, en el calor de julio, Ignacio Trillo es elegido nuevo secretario provincial en sustitución de Juan José Cañas. Por la derecha, José María de Areilza visita la ciudad para organizar su Acción Ciudadana Liberal y Carlos Hugo de Borbón para conocer el debilitado estado de su Partido Carlista. Federico Silva Muñoz se reúne, en Benalmádena, con el alemán Franz Josef Strauss, el líder del Partido Social Cristiano de Baviera, para pedirle ayuda económica para la derecha española de siempre que, pese al varapalo electoral, aún quiere resistir. Y la Asociación de Radio y Televisión celebra en Málaga su primera convención nacional, en la que exige al Gobierno una nueva Ley de Información.
Situación económica crítica. Son meses en los que los sindicatos CCOO, UGT y la animosa y activista CSUT intensifican sus movilizaciones ante la delicada situación económica de la provincia. Málaga sigue ostentando el triste privilegio de ser la capital nacional del paro y vive una crisis que afecta a todos los sectores productivos, y también a las instituciones. El turismo, como siempre, es el único que aguanta. Como leve respiro y resquicio de esperanza, la reunión que el presidente Adolfo Suárez mantiene, en enero, con el alcalde y buena parte de los concejales del Ayuntamiento sirve para que éstos no dimitan y para que varios ministros visiten la ciudad y se interesen directamente por sus problemas. En febrero lo hace el titular de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, quien asegura que el paro es el gran problema; y, en marzo, el visitante es el de Interior, Rodolfo Martín Villa. Como respuesta, y para el primer cuatrimestre del año, el Gobierno destina 6.000 millones de pesetas para el desempleo agrario en Andalucía, de los que una partida importante va a los municipios de la comarca de Antequera. El Ejecutivo también aprueba un salario mínimo de 548 pesetas al día, pero, para castigo de la economía doméstica, suben los precios de la leche, la gasolina y el tabaco.
A primeros de abril, entre el 70 y el 80% de los trabajadores malagueños secundan con una hora de huelga la primera jornada europea de lucha contra el paro. Tras la fiesta del primero de mayo, con 5.000 manifestantes que caminan hasta la Plaza de la Merced, los sindicatos convocan, en junio y julio, otras dos jornadas de lucha contra el desempleo. En la última, militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores ocupan la sede de la Diputación y son detenidos sus dos principales dirigentes, Francisco Vega y Antonio Morales. Y a todo ello, como ya hiciera meses antes el Ayuntamiento de la capital, el presidente de la Diputación, Joaquín Jiménez Hidalgo, y los miembros de su corporación amenazan al Gobierno central con dimitir si no llega dinero e inversiones para la provincia. Tras una entrevista con Martín Villa y nuevas promesas, deciden seguir en sus puestos hasta las anunciadas elecciones locales del año que viene.
En junio, efectivamente, tal y como había anunciado el gobernador civil, llega la señal de UHF. Lo malo es que, al principio, este segundo canal televisivo se ve con notables deficiencias. No obstante, las anomalías pasan más desapercibidas porque es el mes del mundial de fútbol de Argentina y todos están pegados a la primera cadena que, además, tiene el tirón popular de programas como Cantares, 300 millones y el Dos por dos, de Isabel Tenaille y Mercedes Milá. Por entonces, el Consejo de Ministros aprueba 1.800 millones de pesetas para la construcción del Hospital Clínico, los enfermos del Hospital Carlos Haya se apelotonan en camillas en los pasillos, por falta de camas, y el grupo malagueño Yunque, con la canción Toro Negro, gana el popular festival de la canción de Benidorm.
Más turistas que nunca. Llega la temporada alta de verano y el Gobierno anticipa un dato para el optimismo: la Costa del Sol batirá estos meses su récord de turistas. Entre los visitantes, atasco de famosos que cuentan con un nuevo atractivo: el casino de juego de Nueva Andalucía, en Marbella, el primero que se abre en la zona. El Marbella Club celebra la gran fiesta de la temporada, con toda la jet-set presente y con la elegante princesa Soraya como protagonista especial. La reina Fabiola recala en Puerto Banús, don Juan de Borbón aparece por la discoteca Mau Mau y Julio Iglesias canta en Tívoli. Los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, también llegan a Marbella, donde pasan una jornada de descanso antes de presidir, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, la conferencia internacional de estrategias y políticas en materia de informática. Con anterioridad, en junio, el Rey viaja a Málaga para asistir a la boda del hijo de su antiguo profesor de vuelo, en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en el camino de Antequera. Ya en octubre, Ingrid, la reina madre de Dinamarca, visita Marbella; y en diciembre lo hace el príncipe Carlos, camino de Granada.
En el estío, se avanza hacia el aperturismo y se presenta en el Gobierno Civil la propuesta para crear la primera playa nudista de la provincia, que iría entre Marbella y Manilva. Antes de responder a esta iniciativa, el gobernador envía un télex a los cuarteles de la Guardia Civil en municipios costeros en el que recuerda que está prohibido bañarse en monobiquini en las playas y que los agentes deben velar por el cumplimiento de esta orden. Recato oficial al margen, el turismo sigue adelante. Es inaugurado el Puerto de Cabopino, en el Sitio de Calahonda, el aeropuerto de Málaga es considerado de primera categoría, junto a los de Madrid, Barcelona, Canarias y Baleares, y 2.000 agentes de viajes británicos se reúnen, en Torremolinos, en la convención de ABTA. Lo más negativo para la Costa del Sol es que, en noviembre, y durante días, la mayoría de sus localidades se quedan sin agua potable por la rotura de una tubería principal. Las más afectadas son Marbella y Fuengirola y sus vecinos se tienen que conformar con el abastecimiento a través de camiones cisterna.
Concluidas las vacaciones, el 7 de septiembre, la plana mayor económica del Gobierno se desplaza a Málaga. Fernando Abril Martorell, vicepresidente segundo y ministro de Economía; Francisco Fernández Ordóñez, de Hacienda, y Juan Antonio García Díez, de Comercio y Turismo, se reúnen con representantes de las instituciones locales, empresarios y sindicatos y analizan la situación de la provincia que, a mediados de mayo, ya contabiliza 42.813 parados. Especial preocupación suponen los trabajadores del campo y los desempleados agrícolas, que apenas tienen para vivir y que vuelven a protagonizar huelgas y manifestaciones como las de julio en la comarca de Antequera, con miles de jornaleros a las puertas de los ayuntamientos. El mismo día de la masiva presencia ministerial también está en Málaga Manuel Fraga y la Caja de Ahorros Provincial acuerda su fusión con cualquier otra entidad que lo desee. A ello se suma que la localidad de Casares, pueblo natal de Blas Infante, es declarada conjunto histórico artístico de carácter nacional, que El Torcal de Antequera es Parque Natural, y que la Caja de Ahorros de Ronda pone en marcha en la ciudad del Tajo la primera Semana Internacional de Cine Científico.
ETA, GRAPO y los Comandos Autónomos redoblan sus acciones terroristas. Y, de nuevo, sangre malagueña. En octubre, el guardia civil Andrés Silverio Martín, natural de Gaucín, es asesinado en Las Arenas (Vizcaya). También los nostálgicos siguen erre que erre. José Antonio Assiego, expulsado de FE de las JONS (a) y ahora presidente de la junta gestora de Unidad Falangista, es multado con medio millón de pesetas por el Gobierno Civil por la batalla campal que protagoniza, una semana antes, en el pueblo de Alameda, y en la que resultan heridas más de 20 personas de grupos de izquierda. Semanas después, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, el mismo Assiego, junto a Miguel Ángel Samaniego, Jesús Gómez Ros y Juan Bautista Ramos Reina, preside un acto con motivo del 45 aniversario de la fundación de Falange.
Las chinitas del camino. Pese a que ya hay presidente, consejo permanente y pleno de la Junta de Andalucía, el Gobierno preautonómico es aún simbólico y virtual, con los consejeros dispersados por las distintas provincias tres en Málaga. La UCD sostiene su freno a la Autonomía andaluza y el PSOE, más preocupado en hostigar al Gobierno en Madrid, tampoco se la cree demasiado, por lo que Fernández Viagas navega en solitario junto a su mínimo equipo. Los centristas, con los granadinos al frente, hablan de una Andalucía occidental y otra oriental y los de Almería hasta se plantean formar comunidad con Murcia. Para colmo, la UCD utiliza de ariete contra la Junta controlada por los socialistas a la coordinadora de diputaciones provinciales, aún en fase predemocrática. Buena parte de los responsables de estas corporaciones boicotean y acosan al presidente andaluz, con sonados desaires formales como el de no colocar la bandera de Andalucía en sus sedes oficiales durante algunas de sus visitas. No obstante, el 11 de septiembre, en Ronda, el proceso autonómico da un paso más y, bajo la presidencia de Fernández Viagas, se constituye la ponencia que debe redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. De ella forman parte José Rodríguez de la Borbolla, Joaquín Navarro y Antonio Jara, por el PSOE; Soledad Becerril y Cecilio Valverde, por la UCD; Juan Calero, por el PCE; y Luis Gea Cobos, presidente de la Diputación de Jaén, en representación de las corporaciones provinciales. Ese mismo día, y también en Ronda, se reúnen representantes de cuatro formaciones extraparlamentarias, miembros de la comisión de partidos políticos dependientes del presidente de la Junta de Andalucía (AP, PTA, DCA e ID). Elaboran un texto sobre el procedimiento a seguir para la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía y piden formar parte de la ponencia redactora del texto, con voz y sin voto. Tres días después, en Madrid, se constituye la comisión mixta de transferencias Administración central-Junta de Andalucía.
Sin embargo, las cosas ni mejoran ni avanzan y Fernández Viagas y su entorno, y lo que existe de Junta de Andalucía, continúan en soledad. Por eso, el 3 de octubre, el presidente busca un nuevo y definitivo impulso y lanza la propuesta de un pacto autonómico andaluz y pide a todos los partidos y a la opinión pública en general que se pronuncien. El pacto, que puede tener su precedente en otro suscrito en Valencia, busca el compromiso firme de todos para que la autonomía andaluza salga adelante y sea una realidad. El texto habla de desarrollar el proceso autonómico de Andalucía dentro del marco constitucional y de solidaridad entre los pueblos y demanda a los posibles firmantes del pacto que, una vez aprobada la Constitución, se promueva, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz y la convocatoria de un referéndum. Paradójicamente, la mayoría de los grupos extraparlamentarios, encabezados por el PTE, son los primeros en respaldar esta propuesta. También lo hace el PCE, que será uno de los principales valedores de Fernández Viagas durante su mandato. Luego darán su sí el PSOE, aunque no muy convencido, y la UCD, que sigue en su posición de retrasar al máximo el proceso. Las mayores críticas las hace el PSA, que insiste en un modelo autonómico diferenciado del de los partidos centralistas y que acusa al PSOE de discriminar a Andalucía en el texto constitucional. Al final, aunque con concesiones, todos están condenados a entenderse: los defensores del pacto, porque la ausencia de los nacionalistas en este acuerdo tendría una difícil explicación ante la opinión pública andaluza, y el PSA, porque considera prioritario conseguir que Andalucía tenga Estatuto de Autonomía.
A la vista de que el proceso se acelera, las diputaciones abandonan su actitud entorpecedora y, a regañadientes, también se suman al pacto. El 10 de octubre, de nuevo en Málaga, Fernández Viagas se reúne con los presidentes de las ocho corporaciones provinciales, quienes le muestran el apoyo a su iniciativa y a la Junta y se comprometen a comenzar una nueva etapa institucional de diálogo y buenas relaciones. Se trata de un marco negociador iniciado semanas antes, también en Málaga, cuando el socialista Manuel del Valle, director del gabinete del presidente de la Junta, mantiene un primer encuentro con representantes de las diputaciones para concretar el calendario y contenido de las competencias que estas instituciones deben transferir en breve al Gobierno preautonómico.
Nadie tuvo la culpa. El 3 de noviembre, el Gobierno convoca el referéndum de la Constitución para el 6 de diciembre. Por su parte, el 4 de noviembre, el presidente de la Junta, Placido Fernández Viagas, convoca un pleno de la Junta para el que emplaza a todos los partidos parlamentarios y extraparlamentarios a refrendar el Pacto Autonómico Andaluz. La cita es en Antequera y la fecha elegida la del 4 de diciembre, primer aniversario del primer Día de Andalucía.
Precisamente, unos días antes de ese primer aniversario el 9 de noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados, con la mayoría de los votos de UCD y AP, da carpetazo a los sucesos de Málaga y a la muerte de García Caparrós. El acuerdo final es demoledor y desolador: nadie tuvo la culpa. La culpa, de nadie, titula a toda página en portada Sol de España. Según el informe final de la comisión de encuesta, que tiene 600 folios y que es defendido por los centristas Francisco de la Torre e Ignacio Huelin, no hubo responsabilidades políticas. PSOE y PCE a propuesta de Rafael Ballesteros y Tomás García presentan un voto particular, en el que responsabilizan de lo ocurrido a quien entonces era gobernador civil, Enrique Riverola, y al presidente de la Diputación, Francisco Cabeza. El voto particular es rechazado.
Ante la perplejidad general de cuantos vivieron aquellos acontecimientos, la resolución aprobada afirma que el servicio de orden de la manifestación fue insuficiente y que la causa remota de todo lo sucedido estuvo en el subdesarrollo y en la grave situación socio-económica que sufría la provincia. En lo único en lo que están de acuerdo todos los grupos es en que Málaga padece una gravísima crisis económica. Así pues, la vía política queda agotada y solo resta la judicial para determinar quién mató a García Caparrós. Más adelante, esta otra vía correrá la misma suerte. Después de varios años de instrucción, de miles de folios de sumario y de las declaraciones de decenas de testigos y miembros de las Fuerzas de Orden Público, el juez Mariano Fernández Ballesta archiva el caso por falta de pruebas pese a que, en sus testimonios, al menos siete policías armados declaran que habían hecho uso de sus armas reglamentarias en el lugar en el que García Caparrós cayó muerto y otra persona resultó herida.
El agua arrasa y otra vez Tejero. Con el impacto aún de estas incomprensibles conclusiones, dos días después el 11 de noviembre Málaga padece una de las inundaciones más graves de su historia. Una impresionante tromba de agua, con 140 litros de agua por metro cuadrado en sólo unas horas, inunda numerosas barriadas y deja en la calle a decenas de familias, que lo pierden todo. Las situaciones más críticas se viven en zonas como La Trinidad, Mármoles y Nuevo San Andrés, cuyos vecinos se manifiestan en demanda de soluciones urgentes. En toda la ciudad, casas, comercios, coches y garajes son destrozados por la fuerza del agua y buena parte de la capital se queda sin suministro eléctrico. No hay daños personales pero las pérdidas materiales son elevadísimas, tanto en particulares como en empresas. Instituciones y partidos reclaman la inmediata intervención del Gobierno central. El propio presidente Suárez se compromete a conceder ayudas económicas inminentes. El día 23, el Consejo de Ministros aprueba una partida de 2.900 millones de pesetas y declara la ciudad zona catastrófica y comarca de acción especial.
En este mismo mes de noviembre, y a medida que se aproxima el referéndum sobre la Constitución, ETA incrementa su espiral terrorista y redobla sus atentados mortales contra miembros de las Fuerzas de Orden Público, militares y jueces. El asesinato del magistrado José Francisco Matéu enciende aún más las alarmas. En los cuarteles se disparan los rumores y se detecta agitación y movimientos extraños. Hay en marcha una intentona golpista que es descubierta y atajada a tiempo por el ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado. Uno de los principales promotores e impulsores de la operación involucionista es el malagueño y conocido teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero otra vez Tejero que, junto al capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, es arrestado por planear la toma del Palacio de la Moncloa mientras el Gobierno de Adolfo Suárez estuviese reunido en Consejo de Ministros. La conspiración se conoce como Operación Galaxia, nombre de la cafetería madrileña en la que se planifica. Tejero permanecerá preso durante 19 meses.
En Antequera, pacto y bandera. Abortada esta primera intentona golpista, el 4 de diciembre, lunes, tal y como estaba previsto, la ciudad de Antequera, que insiste en ser la capital de Andalucía, es escenario de uno de los hechos considerados históricos en el camino hacia la autonomía: la firma del Pacto Autonómico Andaluz. Además, ese mismo día, en una sesión previa matinal, la asamblea de parlamentarios aprueba por unanimidad la bandera de Andalucía. Su descripción oficial es que está formada por tres franjas horizontales, verde, blanca y verde, de igual anchura. En los turnos de apoyo, con recuerdo de todos a Blas Infante, intervienen Antonio García Duarte (PSOE) que ofrece que Antequera sea la capital de Andalucía, como luego hace Francisco de la Torre (UCD), Jaime García Añoveros (UCD), Ignacio Gallego (PCE), Juan López Martos (Independientes) y Rafael Escuredo (PSOE), quien explica que la configuración de la bandera andaluza arranca de una tradición musulmana, en la que el verde era el color que convocaba a los fieles y el blanco el símbolo de la paz. A iniciativa del comunista Ignacio Gallego y tras una propuesta de resolución del socialista Carlos Sanjuán, los miembros de la Junta de Andalucía acuerdan hacer un llamamiento al pueblo andaluz para que participe masivamente en el referéndum de la Constitución.
Y, por la tarde, la rúbrica del Pacto de Antequera. La firma la ponen los máximos representantes de 11 partidos parlamentarios y extraparlamentarios: José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), José Javier Rodríguez Alcaide (UCD), Fernando Soto (PCE), Alejandro Rojas Marcos (PSA), Miguel Sánchez Cañete (AP), Isidoro Moreno (PTA), Antonio López Portillo (DCA), Fernando Jiménez Girón (ID), Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez (RSE), Juan Ceada Infante (ORT) y José Lorca Navarrete (ACL). En las intervenciones de todos en el pleno hay un compromiso común de alcanzar la autonomía plena, y ya. Los pronunciamientos de los portavoces de los grupos extraparlamentarios son coincidentes: ACL, este acuerdo supone traspasar el tránsito que hay entre lo puramente ideal y simbólico y la realidad que ya hay en Andalucía; ORT, es un primer paso para conseguir la autonomía plena; RSE, se abre un camino que nos da la posibilidad de poner en práctica real la Junta de Andalucía; ID, estamos dispuestos a trabajar unidos para superar resistencias y obstáculos; DCA, no estamos al final de una obra sino al comienzo de una importantísima labor para la que debemos entusiasmar al pueblo andaluz; y PTA, queremos la autonomía más ética y más eficaz, al mismo nivel que cualquier otra nacionalidad. Las palabras más críticas las pronuncia el andalucista Rojas Marcos, quien lamenta que aún no haya sido posible el consenso para que Andalucía sea considerada como una nacionalidad, afirma que hay que lograr la Autonomía plena, y no la más eficaz, y denuncia que Andalucía está discriminada en la Constitución y que echa en falta que todavía no se haya reconocido el himno y el escudo de la comunidad.
Desde los partidos parlamentarios, Fernando Soto (PCE), tras precisar que hay que huir del tópico de los momentos históricos, asegura que lo trascendental de este acto, su importancia en el pueblo andaluz, va a depender de cómo se traduzcan en la vida de Andalucía los compromisos de este pacto que acabamos de aprobar. José Javier Rodríguez Alcalde (UCD) manifiesta que este pacto permite buscar, siempre en el marco de la Constitución, la vía más rápida y los contenidos más fiables para nuestra región desde un planteamiento regional, integro y global, capaz de representar la voluntad de todo el pueblo andaluz. Finalmente, el secretario regional del PSOE, José Rodríguez de la Borbolla, en clara replica al andalucista Rojas Marcos, reitera que el auténtico protagonista es el pueblo andaluz y que es el pueblo el que va a decidir si la autonomía va a ser una realidad o no. Rechaza que Andalucía esté discriminada en la Constitución y lanza el compromiso de su partido de quemarse en lograr una Andalucía más libre, más digna y más justa.
El más tajante de todos es el presidente de la Junta, Plácido Fernández Viagas, quien, en su discurso de cierre del acto, afirma con rotundidad que la Constitución no es discriminatoria, porque si lo fuera no la aceptaría, asegura que no es cierto que Autonomía plena equivalga a Autonomía eficaz y concluye reclamando la inmediata transferencia de competencias. No obstante, y pese a este paso histórico, el Pacto de Antequera será olvidado bien pronto al romperse la unidad de las formaciones políticas por las discrepancias sobre la vía constitucional a seguir para acceder a la autonomía plena.
Sí a la Constitución. 48 horas después, el 6 de diciembre, miércoles, como titula Sol de España en su portada, es el día de La voluntad del pueblo. En una jornada pasada por agua, los malagueños acuden de nuevo a las urnas. Esta vez lo hacen para votar por un masivo e histórico sí a la Constitución. No obstante, la participación es de sólo el 66,20%, una cifra sensiblemente más baja que en las dos convocatorias anteriores tras la muerte de Franco el referéndum de la reforma política de 1976 y las elecciones generales de 1977. En cambio, el respaldo al texto constitucional es abrumador: lo apoya el 90,24% de los votantes. El resultado es de 387.970 votos afirmativos y 21.683 negativos, más 8.619 en blanco y 2.622 nulos. 12.000 malagueños votan por correo; ocho reclusos obtienen permiso para salir de la cárcel y votar en sus respectivos colegios electorales y la tercera edad es, con diferencia, la más madrugadora a la hora de acercarse a depositar el sufragio. Concluido el recuento, los dirigentes de los partidos parlamentarios todos apoyan el texto constitucional se apresuran a expresar su satisfacción por el abrumador sí de los malagueños a la Constitución, aunque lamentan la elevada abstención (un 33,80%) que achacan a la mucha lluvia caída ese día.
Aprobada la Constitución y firmado el Pacto Autonómico Andaluz, 1978 se despide con un nuevo atentado terrorista mortal: el 14 de diciembre, Juan Jiménez Gómez, natural de la localidad malagueña de Benaoján, jefe de la Policía Municipal de Pasajes, es asesinado en esta ciudad vasca. En estos últimos días del año, el diputado socialista Ramón Germinal Bernal Soto es elegido secretario provincial de la UGT; el púgil Heredia III revalida su título de campeón de España de boxeo del peso ligero, que había logrado dos meses antes y que le había convertido en el primer malagueño en conseguir un título nacional en este deporte; y un escape de gas, en la barriada de San Julián, acaba con la vida de cuatro personas un matrimonio, de 50 y 47 años de edad, y sus dos hijas, de 19 y 16. Y 1978 cierra con un dato económico ya casi habitual, aunque ciertamente negativo y preocupante: la provincia de Málaga tiene 50.920 parados, 11.560 más que a finales del año anterior, y de ellos el 70% tiene menos de 40 años.
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