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1979 |
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Juan José Téllez Rubio |
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Quita un cacique, pon un alcalde |
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Los niños de la Bahía de Cádiz me piden trabajo para sus padres y paz para todos, declaraba el rey Baltasar que, bajo la apariencia del gaditano Carlos Bernal, había dirigido un mensaje en tal sentido al presidente del Gobierno. A su lado, en guisa de Melchor, un teniente de alcalde saliente, Rafael Cisneros, y, en el papel de Gaspar, Manuel Irigoyen, recordado presidente del Cádiz CF.
Sánchez León, presidente de Campsa, aseguraría aquel año que el gas del golfo de Cádiz arrojaba unas reservas equivalentes a seis millones de toneladas de petróleo. Pero la provincia, desde el amanecer de 1979, vivía inmersa en sus ya clásicos problemas. El del sector naval, por ejemplo, con reuniones tripartitas con el Gobierno y los sindicatos, o manifestaciones como la que recorrió San Fernando a comienzos de marzo.
Durante el verano, se firma un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos que supondría el amarre definitivo del 70% de la flota gaditana. Ese año, surge el Comité de Defensa de la Naturaleza del Campo de Gibraltar, promovido por un grupo de jóvenes profesionales, entre quienes figura Francisco Javier Núñez Delgado, autor de un sólido alegato ecologista titulado La destrucción del Campo de Gibraltar. Esta organización cargó sus tintas contra el proyecto de central nuclear en Bolonia, finalmente desbaratado por el Plan Energético Nacional.
Quita un cacique, pon un alcalde, sería el lema utilizado por el Partido Comunista de España durante las elecciones municipales de aquel año, los primeros comicios libres para una elección local, en un país cuya Segunda República vino de la mano, precisamente, de las urnas que decidieron el cambio en los consistorios en 1931.
Mientras la Joven Guardia Roja reclamaba en Cádiz la legalización de las drogas blandas, en Chiclana se organizaba un concurso de maquillaje punk. Pero curiosamente, uno de los efectos que tendría la democratización de los ayuntamientos fue la potenciación de las fiestas populares y de las tradiciones locales, como la Semana Santa, que conocerá un insólito esplendor a partir de la década siguiente: Las cofradías son las pioneras de la democracia, desde hace seis años, afirmaba José Ramón del Río, abogado, cofrade de la Buena Muerte y futuro presidente provincial de AP en 1982.
El cantautor Chicho Sánchez Ferlosio contrae domicilio temporal en Cádiz, donde se convierte en anfitrión de músicos como Javier Krahe y Joaquín Sabina, recién vuelto de Londres y que se incorporan al paraíso playero de Zahara de los Atunes. Pero 1979 fue un año liresco: Carlos Edmundo de Ory publica su antología Energeia y Lee sin temor. Fernando Quiñones queda finalista del Premio Planeta por su novela Las mil noches de Hortensia Romero, en torno a Legionaria, el personaje de una prostituta gaditana que ya había aparecido en uno de sus relatos. Se publican, entre otros títulos, Transparencia indebida, de Francisco Bejarano, o se promueven antologías como Qadish, muestra de joven poesía gaditana que incluía a Jesús Fernández Palacios, José Ramón Ripoll, Rafael de Cózar, Felipe Benítez o Manuel J. Ruiz Torres, entre otros autores. Era la puesta de largo de una nueva generación de escritores, en géneros tan diversos como el de la ciencia ficción, con la novela Lágrimas de luz, de Rafael Marín. En el Campo de Gibraltar, surge el Colectivo del Sur, que edita la revista Cucarrete, de la mano de artistas como Juan G. Macías, José Guerra o un sacerdote llamado José Chamizo quien, hasta entonces, editaba una revista en multicopista, titulada Flor de Tintero, en su pueblo natal, Los Barrios.
Las generales de los cuneros. La convocatoria de elecciones generales y municipales movilizó a media provincia desde comienzos de año. Así, los delegados de Educación y Cultura, Pedro Valdecantos y Carmen Pinedo, respectivamente, dimitían de sus cargos y otro tanto hacía, Antonio Morillo Crespo, todos ellos militantes entonces en las filas de la UCD. Claro que las dimisiones se generalizaron en los despachos oficiales de la provincia, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Puerto Real apenas contabilizaba ya cinco concejales a final del mes de febrero. Los comicios para renovar completamente las dos cámaras, a escala estatal, se fecharon para el 1 de marzo, jueves de Carnaval especialmente intenso en la capital gaditana por lo que, según Antonio Castillo, llevaría a un principio de acuerdo entre los letristas para despolitizar completamente todas las obras. Al domingo siguiente, ocurriría un insólito suceso en la historia española: no se jugó un solo partido de balompié, en ninguno de los estadios españoles, desde Primera a Tercera División, como consecuencia de la huelga de futbolistas.
Desde comienzos de año, Alejandro Rojas Marcos se deja ver por Algeciras, Jerez y Cádiz: El PSA quiere ser la voz de Andalucía sin condicionamientos, declaraba, poco antes de encabezar como cunero la candidatura de su partido por la circunscripción gaditana. Años más tarde, en una entrevista concedida a la periodista Pepa Campillo, Rojas Marcos recordaba aquel episodio: En Cádiz, donde el sentimiento andalucista había cuajado de forma impresionante, tuve una experiencia personal y política maravillosa. La convivencia con su gente me ayudó. Aprendí de los gaditanos y coseché un éxito grande, el mayor número de votos conseguido por una persona en una elección parlamentaria en Cádiz. Aún no se ha batido ese récord.
A pesar de provenir de Sevilla, Rojas Marcos iba a tener baraja como candidato por Cádiz, al igual que en las municipales, un gaditano nacido en Sevilla y que lleva por nombre Carlos Díaz obtendría la alcaldía de la capital, al frente de la candidatura del PSOE: ¿Rivalidad? En absoluto, en Sevilla se admira profundamente a Cádiz. Cádiz tiene una genialidad, chispa y liberalidad que nos entusiasma a los sevillanos, afirmaba Rojas Marcos, posterior alcalde de la capital hispalense.
También de Sevilla proviene el cabeza de lista del Partido del Trabajo de Andalucía, su secretario general precisamente, el antropólogo Isidoro Moreno, al que seguiría José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real, mientras que Jesús García Vidal representaba a dicho partido en una improbable candidatura al Senado. Otro cunero encabezaría la lista gaditana de la UCD: Ofrezco claridad y honestidad a los gaditanos prometía. No seré sólo ministro sino diputado de verdad. Se trataba del ministro de Comercio, José Antonio García Díez, quien relegó a un segundo puesto a Antonio Morillo, el alcalde dimisionario de Vejer, quien se presentaría a la reelección en las filas de ese mismo partido pero cuyo nombre se había barajado para encabezar la lista provincial de la coalición. García Díez protagonizaría una campaña tan intensa que incluso su esposa, Ana Peñalosa, bajó a la arena pública para dejarse entrevistar en las páginas del Diario: Ninguna mujer medianamente responsable puede dejar de interesarse por la política, afirmaba. En la lista, figuraban desde el abogado Daniel García-Pita Pemán, al economista algecireño Manuel Natera, estrechamente ligado al Plan de Desarrollo, o el también gaditano Antonio Grosso Burham, así como el jerezano Luis Fernando Agea, en sexto lugar.
Como candidato al Senado por UCD, repitió José Luis Villar, ex alcalde linense. Y el exdiputado José Manuel Paredes anunció por escrito que no iba a presentarse a los comicios por una opción que no es específicamente liberal!.
Francisco Cabral, el sustituto de Rafael Alberti, será la cabeza visible del PCE en la lista al Congreso, mientras que el dibujante Andrés Vázquez de Sola volvía a repetir como candidato al Senado, aunque de nuevo sin suerte, lo que le permitió seguir trabajando para el semanario satírico francés Le Canard Enchainé, desde el que dirige serias andanadas en forma de caricaturas y viñetas contra el presidente francés, Giscard dEstaing, a quien dicha publicación acusó formalmente de haber recibido un estuche de diamantes del ex emperador centroafricano Bokassa I. Pero, antes de todo, Rafael Gómez Ojeda, a la sazón secretario provincial del PCE, y Manuel Verano les acompañaron en dicha aventura electoral, mientras que Fernando Martín Mora y el joven sindicalista Juan Pérez completaban los primeros puestos de la candidatura al Congreso. Los comunistas ya habían renunciado a algunos dogmas, desde la lucha armada a la dictadura del proletariado y el término leninista. En sus filas figuraban, entre otros, el médico sanroqueño Evaristo Domínguez Ramos y el historiador de Arcos Lorenzo Perdigones, junto a la sanluqueña Julia Franco. La gaditana Lola Sanisidro encabeza a los troskistas de la Liga Comunista Revolucionaria, mientras que el linense Aurelio Niebla lidera la del Movimiento Comunista de Andalucía. Hay siglas, de nuevo, para todos los gustos, desde Izquierda Republicana, al Partido Carlista, desde la ORT a ARDE. En total, 17 listas para el Congreso y 14 para el Senado.
Manuel Chaves también repetirá al frente de la propuesta que el PSOE presentará a los gaditanos. Los socialistas, conscientes de que la provincia se había volcado con sus siglas en las elecciones del 77, buscaron repetir la jugada. Cerraron campaña, el 27 de febrero, con un mitin de Felipe González, Manuel Chaves y Ramón Vargas-Machuca, en cuyo transcurso fue empujado violentamente el popular fotógrafo Juman. No en balde, el pabellón deportivo estaba nuevamente hasta la bola y tanto el entusiasmo como la tensión podían mascarse a partes iguales: Vamos a ganar por la fuerza de la razón, pretendía el secretario general de los todavía jóvenes socialistas españoles.
La campaña de las generales y de las municipales se solapaban, a pesar de que la convocatoria de las primeras se había fijado a comienzos de marzo y la de las segundas, al principiar el mes de abril. En el Teatro de las Cortes de San Fernando, febrero abría sus puertas con un incombustible Manuel Fraga, al frente esta vez de Coalición Democrática que agrupaba a su Alianza Popular y a la Acción Ciudadana Liberal de José María de Areilza con el Partido Demócrata Progresista, Renovación Española y Partido Popular de Cataluña. Zapatones, el ex ministro de Información y Turismo que se bañó en Palomares, criticaba abiertamente el programa electoral de la UCD, que por aquel entonces todavía no tenía claro cuál iba a ser su candidato a la alcaldía de Cádiz, aunque se inclinaba por García Agulló. La deuda del Ayuntamiento de Cádiz, a fin de año anterior, se había cerrado en 244 millones de pesetas, mientras que el déficit de la Diputación se situaba en 60 millones.
En los programas de los dos partidos mayoritarios, se mencionó a la Base de Rota, pero sin el entusiasmo desnuclearizador del 77, sino en un plano mucho más posibilista que daba por hecho la permanencia de la base; o el contencioso de Gibraltar (el del PSOE se limitó a mantener la reivindicación de la Roca y a insinuar que debían suavizarse las restricciones por razones humanitarias y el de UCD se negaba a la reapertura de la Verja para que La Línea no se convirtiera en un apéndice del Peñón). El turismo, el paro, mayores inversiones públicas, el subsidio agrario y la autonomía fueron otros de los aspectos estelares de sus respectivas promesas. Y también formaron parte del equipaje político del resto de los partidos. Tanto el PCE como el PSA coincidían a la hora de negarse a renovar el arrendamiento de las bases a los norteamericanos y a la hora de auspiciar la apertura de la Verja.
Una de las visitas electorales más esperadas fue la de Adolfo Suárez, quien pasó cinco horas en nuestra provincia, recibiendo una apoteósica bienvenida en Algeciras, pero afrontando ciertos incidentes en Jerez, donde fue abucheado y tuvo que escuchar todo tipo de gritos, como los de un grupo de activistas de Unidad Nacional que, brazo en alto, le increparon al paso de su vehículo. En el transcurso de la refriega partidaria, sufrieron lesiones el esposo y la hija de María Antonia Redondo, candidata al Congreso por dicha organización ultraderechista: días más tarde, cuatro individuos fueron detenidos por dicha agresión. Suárez siguió camino hacia Cádiz, donde se recortó su programa, participó en un almuerzo multitudinario y recibió la insignia de oro del Ayuntamiento y la medalla del trimilenario, de manos del alcalde de la ciudad. Afuera del palacio de San Juan de Dios, la población seguía recordando la mano dura de sus antidisturbios. Vamos a ganar. En Cádiz tenemos asegurado un escaño más que en la anterior legislatura, prometía en falso Rafael Arias Salgado, secretario general de la UCD, quien visitó San Fernando y Jerez.
Los socialistas centraron su estética, huyendo del izquierdismo de la anterior campaña y capitalizando la imagen de Felipe González, bajo el lema Tu voto es nuestra fuerza. Enrique Tierno Galván, ya presidente honorario del PSOE y futuro alcalde de Madrid suspendió un mitin en Cádiz por las malas condiciones meteorológicas. Pero volvió el día 17 y, junto a Plácido Fernández Viagas, presidente socialista de la Junta pre autonómica, peinaron la provincia, coincidiendo con la visita de Suárez. También se dejaron caer por la provincia Enrique Múgica, Alfonso Guerra y Felipe González en el ya mentado mitin que cerró la campaña. Los comunistas movilizaron de nuevo, para dicha campaña, a Rafael Alberti y a Ramón Tamames, el economista que todavía militaba en las filas del PCE y que proclamó en la capital una obviedad que entonces no era tan obvia: Hay que ofrecer trabajo, convivencia y cultura.
La CNT de Andalucía se reunió en Cádiz, en vísperas del inicio oficial de la campaña, para pedir la abstención activa en los comicios. La campaña transcurrió, desde sus inicios, con anécdotas varias que, de vez en cuando, rozaron la calidad de accidente o incidente. Como cuando Carmen Pinedo y Manuel Chaves sufrieron accidentes de tráfico sin consecuencias. Manuel Antolín Bracho, candidato al Senado por Unidad Falangista, denunció que había sido agredido en Cádiz, mientras que un joven de Coalición Democrática, le tuvo que ser extirpado el bazo tras haber recibido una puñalada en un mitin del partido que Fernando de la Quintana García encabezaba por Cádiz. Claro que el peor recuerdo de aquel tiempo lleva la fecha de la víspera de los comicios, cuando se produjo el sepelio de Margarita Cabral, la joven hija del primer candidato del PCE por la provincia.
El miedo a una posible victoria de la izquierda no logró acarrear demasiados votos hacia la UCD y, paradójicamente, algunos de sus candidatos electos habrían de terminar desembarcando años más tarde en las filas socialistas. Fue el caso de Carmen Pinedo o Pedro Valdecantos: Mantendré un contacto personal con los gaditanos", prometía García Díez, el ministro-diputado, a quien acompañaría Antonio Morillo hasta la Carrera de San Jerónimo. Al nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, se incorporaría como ministro José Pedro Pérez-Llorca, quien figuraba en la cuota de los socialdemócratas junto con José Luis Leal y Rafael Arias-Salgado.
La UCD había incrementado su porcentaje de sufragios del 27,29%, que obtuvo en 1977, hasta el 29,49%. El PSOE bajaba del 36,73% al 30,19%, pero seguía siendo el partido más votado con 124.693 papeletas, mientras que la UCD reunía tan sólo 121.800. El PSA se convertía en la tercera fuerza provincial, duplicando el número de votos, hasta contabilizar 81.598, lo que suponía el 19,76% del total. Los comunistas mantenían prácticamente su electorado e incluso experimentaban un ligero crecimiento porcentual desde el 10,12% del 77 al 10,61% actual, con 43.824 votos. Coalición Democrática retrocedía, situándose con 13.465 electores en el 3,26% de la tarta global, cuando dos años antes se había situado en el 4,94%. Unidad Nacional, sin embargo, lograba hacerse con la voluntad de 4.538 partidarios. Hubo, por otra parte, una seria polémica en el recuento de los votos para el Senado. Quedaban dos preguntas serias en el aire: ¿a qué siglas beneficiaba la alta abstención del 34,44% que se había registrado en la provincia? Y, sobre todo, ¿por qué se había abstenido tanta gente de acudir a unas urnas que todavía olían a nuevas?
A pesar de que aumentaron su ventaja respecto a los comicios del 77, los socialistas gaditanos estaban tan seguros de que iban a llegar, esa vez, a La Moncloa, que sin ser malos sus resultados, los asumieron como un serio revés a sus expectativas: El pueblo trabajador ha perdido la gran ocasión, lamentaba Esteban Caamaño, quien se había incorporado como número 3 a las filas del PSOE, tras la extinción del PSP. Esta vez, la sorpresa en las filas del PSOE parecía inversa a la de dos años antes y se buscaban explicaciones objetivas o subjetivas ante el hecho de que la izquierda no hubiera obtenido una mayoría aplastante para desahuciar políticamente a Adolfo Suárez: Ha habido votos manipulados por el sentimentalismo, aseguraba Manuel Chaves, mientras que el senador José Manuel Duarte se conformaba a sabiendas de que Andalucía mantiene la mayoría de izquierda. Se ha optado por la continuidad de la derecha, opinaba en cambio Rafael Román, ya también compañero suyo en la Cámara Alta. Incluso Ramón Vargas-Machuca iba más allá y aseguraba que Diario de Cádiz ha favorecido a UCD.
No nos han sorprendido los resultados, opinaba en cambio Francisco Cabral, del PCE, quien revalidaba su escaño, triste, solitario y final, sin Rafael Alberti con camisa guayabera para entrar en el Congreso.
Los vencedores morales de aquellos comicios en Cádiz fueron los andalucistas. El PSA había cerrado campaña con un mitin en San Severiano y habían logrado arañar dos escaños que, sumados a otros tres sufragios andaluces, les permitirían contar con grupo propio en la Carrera de San Jerónimo: Nuestro éxito: el ser exclusivamente andaluz, resumía Rojas Marcos.
Llegado desde la sierra de Cádiz, Emilio Rubiales era su segundo de a bordo: Andalucía se oirá en el Parlamento, se felicitaba nada más conocerse el balance de las urnas. Los andalucistas pelearon por obtener su propio grupo parlamentario, pero no lo tuvieron fácil.
Lograron su grupo: cinco diputados, a los que se sumarían otros dos antes de que acabase la legislatura, al calor del desencanto ucedista andaluz que supuso el proceso autonómico. Rubiales, quien dos décadas más tarde terminaría abandonando el Partido Andalucista y aproximándose al PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique, también asumió la alcaldía de su patria chica, modernizando su gestión.
Y es que, después de las generales, tocaban las muncipales. En la capital gaditana, la gestión de Beltrami no parecía convencer a nadie y su despedida del municipio vino a coincidir con una nueva y controvertida obra, que Fernando Quiñones saludó, desde Diario de Cádiz, con un divertido artículo titulado Adiós al Espigón de la Caleta o quien malanduvo bienacabe, publicado el 18 de marzo. Ese mismo mes, toma cuerpo una de las polémicas locales que más incidencia tendrá en la vida cotidiana de la Transición en Cádiz, el futuro del Hospital Mora.
Ayuntamientos de izquierdas tomar. Hay varios problemas, el paro, el urbanismo, la vivienda. La especulación desenfrenada del suelo y la, ahora, trágica configuración geográfica de nuestra ciudad ha hecho que Cádiz sea una población desorganizada urbanísticamente. Una posible solución sería el desarrollo de la ciudad a través del puente José León de Carranza y no a través del istmo. Con esto se conseguiría eliminar el peaje y los gastos del puente pasarían, como en otras capitales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Redundaría también en beneficio de otros pueblos de la ribera de la bahía.
Así se expresaba Carlos Díaz, candidato por el PSOE a la alcaldía gaditana. Dos días antes de las elecciones municipales, Diario de Cádiz publicaba una encuesta con 27 candidatos de distintas poblaciones gaditanas. Pedro Pacheco, quien se presentaba como cabeza de lista por el PSA en Jerez, también opinaba que el paro es el problema de siempre. En Jerez afirmaba hay del orden de los 15.000 a los 18.000 parados. En Jerez se pasa hambre, hambre de pan, como hace tiempo no se conocía. Por ello el nuevo poder municipal debe asumir cuestiones como: censar y controlar el paro real en cada barrio, con la colaboración de las entidades y sindicatos de la zona; incorporar a los parados a las obras públicas; garantizar que las necesidades mínimas de las familias de los parados quedan cubiertas. Y para solucionarlo hay que ampliar el seguro de desempleo de forma que llegue a cubrir la totalidad de los parados. Hay que conseguir medidas tendentes a favorecer la contratación de nueva fuerza de trabajo por parte de las empresas y buscar inversiones directas del Estado, cara a la creación de nuevos puestos de trabajo, que se orienten hacia los sectores de equipamiento y servicios colectivos, que la iniciativa privada no potencia.
Francisco Esteban, que aún no sabía que iba a ser el alcalde de Algeciras, a bordo del Partido Comunista de España, también tenía claras las prioridades de la ciudad: No podemos consentir más tiempo que los problemas de las barriadas algecireñas continúen sin solución, año tras año. Ahora, se hacen promesas, pero la verdad es que siempre vivieron a espaldas de este problema. Muchas barriadas continúan con graves problemas como la falta de agua potable, de alcantarillados, pavimentación y alumbrado público, centros escolares en pésimas condiciones, etcétera. Aparte de darle solución a los problemas citados, nos proponemos dotar a las barriadas de guarderías infantiles, clínicas de urgencias, zonas deportivas, paradas de taxis... Para ello habrá que confeccionar el presupuesto municipal conjuntamente con las asociaciones de vecinos, padres de alumnos, entidades culturales y deportivas, centrales sindicales y organizaciones juveniles. En definitiva, contando con el pueblo y haciendo un orden de prioridades para su solución. Lo cierto es que lo intentaron.
Coalición Democrática seguía cayendo en picado, poco antes de que Manuel Fraga dimitiese al frente de dicha formación. Así que no fue capaz de organizar lo que Antonio Castillo denomina como una candidatura solvente en la capital, presentándose tan sólo en 11 municipios y con apenas presencia en El Puerto de Santa María. Un alcalde de UCD para una ciudad mejor competía con el eslogan del PSOE: Para que no sigan mandando los mismos, el ya mentado del PCE o el del Partido Socialista de Andalucía que aprovechaba el tirón de los anteriores comicios para proponer al electorado Y ahora andalucistas a los ayuntamientos, que reforzaba con la coletilla de Partido Andaluz. Un factor de distorsión era el de la presentación de supuestas candidaturas independientes en algunos ayuntamientos. Andalucía necesita de formaciones sólidas de extensa implantación que permita una gestión coordinada entre sus diversas provincias para, con criterios solidarios y afines, afrontar la crisis general que atraviesa nuestra tierra", escribía Carlos Rosado, incorporado desde Madrid a la candidatura de UCD en la capital gaditana.
Hubo pueblos en donde se presentaron, tan sólo, dos candidaturas. En Trebujena La Roja, por ejemplo, donde se echaron un pulso PCE y PSOE. O en Algar, donde el PSOE entró en competencia con UCD. Se utilizaron, lógicamente, lemas localistas, como el de la campaña de Pedro Valdecantos, candidato centrista a la alcaldía gaditana: Por un Cádiz mejor, un alcalde Senador.
En las grandes ciudades, las asociaciones de vecinos, que en su día habían sido utilizadas como camuflaje para la actividad clandestina de los partidos, se convirtieron en uno de los principales campos de batalla electoral. Pero la campaña transcurrió sin incidentes de envergadura, incluso en pueblos donde la tensión de la cercanía había hecho temer que resucitaran los viejos fantasmas fratricidas.
El 3 de abril, tuvieron lugar las elecciones locales, tremendamente reñidas. En la capital, UCD obtuvo 12 concejales frente a nueve de PSOE, que obtendría la alcaldía tras el pacto de izquierda que sumó a dichas siglas, a escala andaluza, las voluntades de PSA y PCE. Mediante ese mismo pacto, PSOE y PCE votaron en blanco en Jerez para que el PSA gobernase la ciudad donde había obtenido mayoría y el PCE, bajo la misma pauta, asumió la presidencia de la Corporación Local de Algeciras. Carlos Díaz, Pedro Pacheco y Paco Esteban fueron, respectivamente, los primeros alcaldes democráticos de las principales ciudades de la provincia gaditana. A escala provincial, el PCE obtuvo 20.000 votos más que en las generales celebradas apenas un mes antes, lo que quizá cabría explicar por el prestigio local de algunos de sus candidatos y por la fuerte implicación de los comunistas en el movimiento vecinal, en especial desde el comienzo de la década de los setenta.
El resultado de las urnas resume Antonio Hernández-Rodicio, (...) fue positivo para los socialistas, que obtendrían 18 alcaldías; UCD, PCE y PTA lograrían cinco cada uno, el PSA se quedó con tres y los independientes con una. Al final, el llamado pacto de izquierdas permitiría al PSOE, PCE, PSA y PTA formar gobiernos municipales estables dejando a UCD como fuerza marginal en la provincia: sólo con los ayuntamientos de Vejer y de Tarifa y algunos de la sierra, de menor relevancia política.
Pero el PSOE iba a gobernar la mayor parte de las alcaldías de la provincia, desde Conil Diego Leal a Grazalema Antonio Mateo o La Línea Francisco Niebla, un antiguo taxista. El PSA iba a consolidar otro de sus feudos gaditanos, el de San Fernando, con Fernando Rodríguez Viañas como alcalde, quien inmediatamente incorpora a las asociaciones de vecinos a las comisiones municipales pero que dimitiría pronto siendo sustituido, antes de que finalizara aquel año, por su correligionario Avelino Arias.
Además de Algeciras, el PCE asumiría alcaldías tan emblemáticas como la de Trebujena, Sanlúcar, o la de El Puerto de Santa María, en donde Rafael Alberti asistió a la proclamación del histórico Antonio Álvarez, como alcalde. A pesar del pacto de la izquierda, en distintos ayuntamientos donde gobernaron el PSOE, el PCE y el PSA se intentó implicar a los concejales de UCD en el día a día de los ayuntamientos. Ocurrió en San Fernando, por ejemplo. O en Cádiz, donde el entonces centrista Pedro Valdecantos, en nombre de su grupo, rehusó las delegaciones municipales que se le ofrecieron porque eran escasa o nulamente representativas y se le ofrecieron con un expresivo revanchismo partidista. En Ubrique, por ejemplo, los concejales de UCD dimitieron ese verano. Una prueba más del malestar que había provocado en las filas centristas aquel pacto multicolor.
Junto a ellos, otros nombres iban a jalonar la historia provincial a partir de entonces. Entre los más conocidos, Jesús Ruiz, alcalde socialista de Arcos, quien heredaría la presidencia de la Diputación provincial a mediados de los ochenta; Serafín Núñez, el controvertido alcalde socialista de Barbate que en su primer mandato no logró quitarle el apellido de Franco al pueblo; José Vera, el acalde jornalero de Paterna que militó en el Sindicato de Obreros del Campo y que se había presentado por el PTA al igual que el de Puerto Real, José Antonio Barroso, obrero de Astilleros; el alcalde socialista de Rota, Fernando Tejedor, quien sería un entreacto en las alcaldías anteriores y posteriores de Felipe Benítez Ruiz-Mateos; el independiente Agustín Herrero Muñoz, en Chiclana; el socialista Eduardo López Gil, quien salió en San Roque presumiblemente en contra no sólo de los concejales de UCD y CD, sino incluso del PCE, rompiendo el pacto de izquierdas y otro tanto ocurrió en Tarifa donde resultó electo el ucedista Manuel Pérez de Castro; Miguel Domínguez Conejo, alcalde de Los Barrios, ocuparía posteriormente la presidencia de la Caja de Ahorros de Jerez, mientras que el centrista Antonio Morillo recobraba su feudo en Vejer. Deseo que quienes lleguen a la Corporación sean geniales: eso saldrá ganando Cádiz, ironizaba Emilio Beltrami, alcalde saliente de la capital. Claro que los nuevos munícipes descubrirían que el déficit municipal de la capital alcanzaba a 147 millones de pesetas, ridículo para las cifras actuales pero notable con respecto a las de aquella época. Aunque una bagatela si se compara con los 700 millones que suponía la deuda del Ayuntamiento de Algeciras.
Tras dos semanas de negociaciones, el pacto de la izquierda, que agruparía los votos de PSOE, PCE y PSA, logró definir a las nuevas corporaciones. Lo que Diario de Cádiz denominaba como frentepopulismo y que se rompió con mayor frecuencia que sus impulsores pretendían. Pero, de entrada, funcionó. Así, Carlos Díaz, fue elegido alcalde de Cádiz el 20 de abril, en el transcurso de un pleno en el que, por primera vez, la ciudadanía parecía tocar la epidermis de la democracia. Faltaban asientos para los concejales de la izquierda, se izaban banderas la de España, la de Andalucía, la de Cádiz, un grupo de parados exhibió numerosas pancartas en protesta por el desempleo creciente y numerosos asistentes acabaron cantando La Internacional. Un viejo militante socialista, Antonio Chico Coto, tomó la palabra antes de comenzar el pleno y pidió un minuto de silencio por todos los izquierdistas muertos a partir de la guerra civil. Todos los concejales se pusieron en pie, salvo los de la UCD. Chico Coto, bajo su vieja boina, no había terminado de hablar. Su voz cascada, a lo Pepe Isbert, reclamó también que se retirara la lápida que había bajo los arcos de San Juan de Dios en la que se elogiaba el alzamiento del 18 de julio frente a las hordas marxistas. En su lugar, así lo pidió y así ocurrió más tarde, reclamó que se recordara la memoria de Fermín Salvochea. Aquel día, la placa se cubrió con un paño con el color del pendón de Cádiz, sobre el que alguien escribió el nombre de Bigote.
Hay que ilusionar a los gaditanos insistía Carlos Díaz, el nuevo alcalde. Los recursos son limitados pero las necesidades infinitas. Al día siguiente, los concejales de UCD por Cádiz denunciaron, mediante un escrito aparecido en la sección de Cartas al director del Diario de Cádiz, que se había producido una manipulación del voto popular y que a su candidato, Pedro Valdecantos, le habían hurtado la presidencia de la Corporación.
Uno de los ejemplos patentes del nuevo aire que entra en los Ayuntamientos puede apreciarse en los cambios a que se somete el callejero, desapareciendo en numerosos ocasiones los nombres de militares y altos cargos relacionados con la guerra civil y con la dictadura franquista. En Cádiz, por ejemplo, el PSA propone a comienzos de agosto que se cambie el nombre de la Plaza Asdrúbal por el de Plaza Blas Infante. Con suma cautela, en Algeciras, la avenida Francisco Franco pasa a denominarse avenida de las Fuerzas Armadas. Y en Arcos, durante un pleno municipal extraordinario se restituyen los nombres tradicionales a 32 calles, incluyendo la de Corredera, que se había venido denominando como de Queipo de Llano. Los nuevos héroes del mapa urbano tendrán más que ver con la cultura que con las armas. Así, al principio del Paseo Boliche, en esa misma localidad de la sierra, se le impondrá el nombre del poeta Julio Mariscal, aquel poeta esencial, adusto, emocionante y homosexual que había fallecido recientemente.
La Transición democrática transcurría bajo una situación económica especialmente difícil que, en el caso de los ayuntamientos, se traducía en una abultada deuda que no iba a encontrar solución hasta el día de los Inocentes de ese año, cuando a 29 de febrero, el Estado decide hacerse cargo de las cargas financieras derivadas de la liquidación de deudas de los ayuntamientos durante el periodo 1976-1978 y de la totalidad de lo que se corresponde con el año en curso.
Hipotecas militares y diplomáticas. Uno de los principales problemas que tenían que afrontar los nuevos ayuntamientos era el de las hipotecas militares de la provincia que, a la postre, se revelaron como una paradójica arma para combatir la especulación urbanística: Rota, San Fernando y Barbate son posiblemente las poblaciones cuyos términos municipales tienen más suelo acotado en función de ese postulado legal que se dio en llamar Interés de la Defensa Nacional. Sin embargo, mientras que en La Isla y en Rota la presencia militar ha ofrecido contrapartidas importantes en materia de empleo y de estabilidad económica para algunos sectores de la población, en Barbate se ha producido la sustracción automática de más del 30% de su término municipal con el Campo de Adiestramiento del Retín, en la sierra del mismo nombre, escribe Antonio Hernández-Rodicio.
Para antes del verano de aquel año, se fijó una reunión en Torrejón de Ardoz por parte de los representantes locales de los nuevos ayuntamientos que gobernaban las ciudades españolas donde radicaban bases norteamericanas. Antes del mes de Julio, 11 submarinos atómicos de EE UU tendrían que abandonar la base de Rota, según figuraba dispuesto en párrafo 4 1º del Acuerdo complementario número 6 entre España y EE UU de América. Se trataba, en cualquier caso, de una operación de maquillaje, la supuesta desnuclearización de la Base que, en rigor, nunca llegó a producirse de manera efectiva, toda vez que unidades aeronavales de carga o propulsión nuclear siguieron utilizando dichas instalaciones, hasta nuestros días.
A mediados de junio, la nueva Corporación de Rota iba a comprobar en primera fila la dependencia que dicho municipio mantenía respecto a la Base. El despido de 114 trabajadores españoles que habían sido empleados en dicho recinto militar motivó que el alcalde se desplazara a Madrid para entrevistarse personalmente con el embajador Terence Todman, de los Estados Unidos, a fin de intentar buscar alternativas a tan grueso problema. Los despidos fueron reducidos y, ocasionalmente, aplazados: Los americanos deben colaborar en la solución de los problemas de la ciudad donde viven, proclamaría el alcalde, Fernando Tejedor, tras dicho balón de oxígeno, ciertamente efímero. Cuando Todman visitó la provincia, meses más tarde, se limitó a declarar: Los despidos eran una posibilidad prevista en el Tratado Hispano-norteamericano.
Pero ya en 1970, en pleno franquismo, el ex ministro Gregorio López Bravo denunció que las bases repartidas por la Península estaban americanizadas totalmente: Podían hacer uso de ellas con una libertad total, sin dar cuenta hasta después de sus actos al Estado español. Manuel Barrios llega a sospechar, incluso, que en el paso cambiado de UCD respecto al proceso autonómico andaluz hubiera tenido algo que ver la Casa Blanca, sobre todo cuando el Gobierno se limita a esgrimir la razón de Estado como única explicación lógica para su postura: Entonces apunta el escritor sevillano, si ha habido una razón de Estado no irán muy descaminados los que ponen el sello Made in USA al cambio de tercio... Todo el sur español, con sus bases americanas, no puede quedar en manos de una izquierda, capaz de imponer una revisión del acuerdo bilateral....
Aquel año se llamó, en cierta medida, Margaret Thatcher, la primera mujer que ocupaba la primacía de un gobierno europeo. Ocurrió en mayo, en el Reino Unido. Pero, en enero, el médico sevillano Luis Yáñez-Barnuevo, entonces secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, encabezó una delegación de su partido que cruza clandestinamente a Gibraltar para entrevistarse con los dirigentes de los partidos políticos de la Roca: Sería un error levantar unilateralmente el bloqueo a Gibraltar, declara públicamente aunque, al mismo tiempo, se pronuncia a favor de un restablecimiento parcial de las comunicaciones bloqueadas desde diez años antes y que tan sólo se levantarán, paulatinamente y como consecuencia de diversos avatares, a partir del primer Gobierno socialista de 1982.
Le gustaba llamarse aprendiz de no violento. El 23 de julio, el pacifista Gonzalo Arias, acompañado por otros 14 militantes de la no-violencia decide saltar la Verja de Gibraltar para intentar forzar la reapertura del paso fronterizo y la normalización de relaciones. Paralelamente a dicha acción, tiene lugar una concentración en los aledaños a la cancela cerrada desde diez años antes, entre el Peñón y La Línea de la Concepción. El desalojo de la zona que acomete la policía, a partir de la actitud airada de algunos manifestantes, se salda con ocho detenidos y con varios heridos. El propio Gonzalo Arias es ingresado en la prisión de Algeciras como consecuencia del salto que había vuelto a protagonizar: Como parte positiva quedó plenamente demostrado que el hecho de cruzar la verja no es violación de ninguna ley declararía poco después al periodista Jesús Melgar--; cualquier español tiene pleno derecho a hacerlo, ya que la jurisdicción militar se inhibió y no hemos sido objeto de ninguna otra acusación. El comisario de la Policía linense, excediéndose en sus atribuciones, llama traidores a España a quienes saltaron la Verja, mientras que desde diversos medios de comunicación especialmente, el diario Área se intenta desprestigiar a los pacifistas y en especial al promotor de esta iniciativa. Sobre todos ellos, pesaron acusaciones de paso clandestino de frontera, invasión de zona militar y alteración del orden público, que quedaron en aguas de borrajas.
Los pacifistas eran de fuera, decían los paladines del bloqueo contra Gibraltar. De fuera de la comarca, sí, pero no estaban solos. Más de 3.000 firmas, al pie de una carta dirigida al presidente del Gobierno en agosto de ese año, piden el levantamiento de las restricciones con Gibraltar. Y el doble, alrededor de 6.000 personas, desfilaron por las calles de La Línea, en protesta por la deprimida situación económica de la ciudad, que entonces se relacionaba como consecuencia directa del cierre de la Verja: Mientras Inglaterra apoya a los gibraltareños, el Gobierno nos tiene olvidados, denunciaba el alcalde linense, Francisco Niebla, del PSOE.
La situación de La Línea fue debatida, a finales de año, en el Senado: Que la reivindicación de Gibraltar no pese sobre las espaldas de un solo pueblo, reclamaba allí el socialista Rafael Román, pero el ministro de Industria, Carlos Bustelo, creía que no era prudente, la declaración de área especial en dicha zona, por lo que la representación gaditana abandonó las gradas durante su intervención en la Cámara.
Gibraltar deberá tener la autonomía como cualquier otra región, aceptaba Manuel Fraga, durante su visita a Algeciras y a La Línea, como una posible pero improbable solución al contencioso. En diciembre de aquel año, se celebrará el histórico seminario sobre Gibraltar en Segovia, que allana el camino a una solución diplomática entre Londres y Madrid, a fin de poner fin a las restricciones fronterizas: Se ha desbloqueado la situación, garantiza la senadora Carmen Pinedo.
La democracia entra en la Diputación. Desde la celebración de aquellas primeras elecciones municipales y dada la complejidad administrativa de la provincia de Cádiz, la figura de la Diputación fue puesta en entredicho. Su primer presidente, el entonces socialista Gervasio Hernández Palomeque, definía a dicha Corporación, a comienzos de 1980, como un organismo mitad político mitad administrativo que es la gran incógnita de la transición. Lo mismo puede ser una cosa que se diluya en el seno de la nacionalidad andaluza o algo que potencien los interesados del poder allí donde lo dominen.
Dicha entidad, que surge a partir del modelo territorial que diseña la Constitución de 1812, mantiene a la provincia como base y su gestión recoge aspectos que conciernen a la administración estatal y a la local. En los últimos años del franquismo, descolló la gestión de sus tres sucesivos presidentes, Álvaro Domecq, Fernando Portillo y Antonio Barbadillo, quien ejerció dicho cargo durante diez años, a partir de 1969, aunque en 1976 mantuvo dicha presidencia por elección entre los diputados y no por designación, como hasta entonces había ocurrido también en el caso de los alcaldes.
El 17 de abril de 1979, Barbadillo rendirá cuentas de su gestión en un informe que lee ante el pleno refiriéndose especialmente a los centros asistenciales y hospitalarios dependientes de la Diputación Provincial, las obras públicas, la modernización de la red de carreteras, la asistencia a los ayuntamientos y el apoyo al turismo, según recuerda el historiador Antonio Rodríguez Cabañas.
Entre los miembros de las últimas corporaciones franquistas, figuraban el vicepresidente Pedro Valdecantos García, quien llegaría a ser gobernador civil de Toledo en las filas socialistas, y el diputado Emilio Fábregas García que a través del sindicato vertical había tenido mucha relación con el Partido Comunista, afirma Rodríguez Cabañas. Ambos habían dimitido, previamente, para poder concurrir a las elecciones municipales: El primero fue el cabeza de lista de la UCD por Cádiz, y llegó a ser senador por este mismo partido y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía con Rafael Escuredo, hasta que se pasó posteriormente al PSOE. Fábregas se presentó en Sanlúcar encabezando las listas del Partido Socialista de Andalucía.
El día 26 de abril de 1979 a las 12.00, se constituyó la primera corporación provincial democrática, con un lleno absoluto de público en el Salón Regio del Palacio Provincial. Catorce votos frente a 13 dieron la presidencia a Gervasio Hernández Palomeque, diputado socialista por Algeciras, cuyo oponente fue Francisco Moro Moreno, diputado de UCD por Cádiz. Inspector de Educación, Hernández-Palomeque procedía de la Democracia Cristiana y, paradójicamente, había sido compañero de candidatura del ahora centrista José Ramón Pérez Díaz-Alersi, en las elecciones del 77. Con el tiempo, Hernández-Palomeque abandonaría el PSOE y pasó a militar en IU. A los 11 diputados del PSOE se unieron los dos del PCE y uno del PSA. A la coalición PSOE-PCE se unió el PSA dentro del pacto de izquierdas para decidir la presidencia a favor del PSOE. Se eligió a un diputado campogibraltareño para alejar la creencia de un nuevo centralismo de la capital, relata Rodríguez Cabañas.
27 nuevos diputados, elegidos democráticamente en segundo nivel, representaban a cuatro partidos políticos: PSOE, UCD, PCE y PSA: Por parte de la nueva mayoría se planteó un discurso en el que se valoraba como hito histórico la unión de las llamadas fuerzas progresistas vuelve a referir Rodríguez Cabañas--, también se hacía referencia al nuevo estilo democrático y participativo que debe imperar en la Corporación con el respeto al contrario o a la oposición, también se hacía breve referencia a los problemas de la provincia, fundamentalmente el paro y la marginación, y una cuestión bastante reincidente o sobre la que se trató con extensión fue la necesidad de potenciar el camino hacia la autonomía andaluza, indiscutiblemente el portavoz del PSA fue el que más incidió en ello, pero todos señalaban que desde la Diputación se debería favorecer y empezando primero por la autonomía local pero sobre todo se tenía la certeza de que la autonomía de Andalucía procuraría bastantes beneficios a la región y, sin duda, a la provincia. Discursos muy autonomistas que en boca del nuevo presidente era la gran meta: la autonomía de Andalucía. Incluso se recordó que en ese mismo lugar, en 1977, se había celebrado la constitución de la Junta de Andalucía presidida por Plácido Fernández Viagas. La fiesta de la democracia inundaba a todos y el nuevo presidente recalcó que con ellos había entrado de lleno el pueblo de Cádiz en aquella casa. También señala Rodríguez Cabañas, en un amplio estudio sobre las diputaciones que, a pesar del pacto de izquierdas que llevó a la presidencia a Hernández-Palomeque, a la UCD, mayoritaría en votos, se le dio su papel y su sitio.
Los ayuntamientos democráticos empezaban a urdir nuevas formas de gestión municipal, como la mancomunización de servicios, uno de cuyos primeros conatos se produce en el Campo de Gibraltar, en donde se abordó la necesidad de plantear un plan de ordenación urbana para la Bahía de Algeciras, que inicialmente contó con la participación de seis de los siete alcaldes de la zona, aunque quedó fuera el de Tarifa, bien porque era el único de UCD o porque dicho municipio quedaba fuera del marco geográfico al que se refería el proyecto.
El titubeo autonómico de UCD. Pero el debate sobre comarcalización o mancomunización de Andalucía podía esperar. La patata caliente, en aquellas fechas, era la de la autonomía. Un combate cuerpo a cuerpo que también se vivió de cerca en el Palacio Provincial. Así, tras el ejemplo pionero del Ayuntamiento de Puerto Real, el 16 de julio de 1979, en sesión extraordinaria, todos los diputados presentes faltaban, paradójicamente y según la prensa los del PSA puestos en pie se adhirieron al acuerdo del Pleno de la Junta de Andalucía por el que se solicitaba la constitución de la Comunidad Autónoma siguiendo el procedimiento trazado en la Constitución en el artículo 151, la conocida como vía rápida de acceso a la autonomía con un techo competencial similar a las denominadas históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia).
El proceso pre autonómico seguía sus pasos, sin prisa pero sin pausa. El 27 de julio, por ejemplo, los ocho ayuntamientos de las capitales de provincia convocaban sesiones extraordinarias de pleno para sellar un compromiso institucional en tal sentido. Y, en otoño, Rafael Escuredo había sustituido ya a Plácido Fernández-Viagas al frente de la Junta pre autonómica: No hay otro camino para levantarnos que la autonomía, declaró durante su visita a Cádiz, en una larga ronda, de Ayuntamiento en Ayuntamiento, para lograr el respaldo pleno al proceso autonómico.
Escuredo había accedido a la presidencia andaluza con el apoyo del PSOE y del PCE, con motivo de una recomposición de la Junta, el 2 de junio. A su equipo, se incorpora el gaditano Pedro Valdecantos, como consejero de Agricultura sin competencias, cargo del que dimitirá posteriormente. La nueva junta está integrada por 14 miembros de UCD, 13 del PSOE, tres del PCE y uno del PSA, en relación directa con la proporcionalidad de los últimos comicios a escala andaluza. Los andalucistas reclamaron inútilmente la Consejería de Cultura, de cara a potenciar el Congreso de Cultura Andaluza que abriría, meses más tarde, Antonio Gala y que contó con presencia de activistas gaditanos como Ernesto Sánchez-Benegas, Jesús Fernández Palacios, Manuel González-Piñero y Rafael Marín, así como una emisión de radio desde los estudios de Radio Juventud.
A finales del mes de agosto, el 97% de los ayuntamientos andaluces y todas las diputaciones provinciales habían respaldado la petición de que la autonomía andaluza se promulgara por la vía del artículo 151 de la Constitución. Tanto el Gobierno Civil, como la Diputación y los Ayuntamientos suman fuerzas, eso sí, para pedir a los gaditanos que secunden masivamente las manifestaciones del 2 de diciembre, previstas ese año en Cádiz y en La Línea para conmemorar el Día de Andalucía. Medio mundo asistió a esa cita, bajo pancartas que proclamaban Andalucía por la autonomía y Andalucía por sí, para España y para la humanidad. Y, aunque no sucedieron incidentes tan sonados como los de Sevilla y Córdoba, las autoridades sancionaron con 100.000 pesetas por cabeza a seis individuos a quienes se relacionó con el PCE (Reconstituido), por proferir insultos e injurias durante la manifestación gaditana.
Pero el divorcio interno, respecto a esta cuestión, en el seno de la UCD había ido fraguándose en torno al otoño. El 10 de noviembre, el ministro de Comercio, Juan Antonio García Díez, a la sazón presidente provincial del partido, presidió una reunión del comité provincial de dicha formación en la que se pasó revista a la situación general de Andalucía y de la provincia de Cádiz cara al referéndum sobre la autonomía que ya se había fijado para el 28 de Febrero.
Ese mismo mes, Manuel Clavero fue elegido presidente de UCD en Andalucía: Pero ya en mi elección se percibió claramente la tensión que vivíamos. Clavero, quien había sido ministro para las Regiones y ocupaba la cartera de Cultura, se habia comprometido abiertamente a favor de que la UCD andaluza respaldara la fórmula del café para todos, a la hora de la construcción autonómica. Incluso, propició una entrevista entre Rafael Escuredo y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien no lo había recibido nunca. Pero, al mismo tiempo, se celebraba una comida en la que participaron Alfonso Guerra y Gregorio Peces Barba por el PSOE, así como el gaditano José Pedro Pérez-Llorca y Rafael Arias Salgado, por UCD, en la que se planteó un pacto autonómico a nivel estatal, pero con la exigencia de los socialistas de que Andalucía accediera a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, según recuerda el propio Clavero.
Pero algo empezaba a oler a podrido respecto a Andalucía en el banco azul del Ejecutivo. De hecho, el 1 de noviembre, Antonio Fontán, quien había sustituido a Clavero en el Ministerio para las Regiones, dejaba caer que no estaba en condiciones de que el referéndum autonómico andaluz fuera a celebrarse el 28 de febrero.
¿Cuál es la voluntad política del Gobierno al ejercitar acciones que puedan implicar limitación, condicionamiento o retraso de los procesos autonómicos en curso?, era la interpelación que el PSOE gaditano llevaría al Congreso, premonitoriamente, poco después.
Sanz Pastor contra todos. Mientras CC OO y UGT se consolidan frente al resto de organizaciones obreras y se enfrentan al Gobierno en su política de empleo comunitario, éstos se agotaban y las manifestaciones se sucedían. El 24 de abril, un grupo de parados se encadenaba en la avenida de Puerta Tierra. La policía cortó las cadenas y detuvo inicialmente a 19 manifestantes. Mientras, el gobernador Sanz Pastor hacía subir el pan cada vez que hablaba, enfrentándose gratuitamente a la comisión de parados y a la CNT. Pero también la emprendía contra los nuevos ayuntamientos por destinar cantidades nimias, pero irregulares, a dar clases para analfabetos o actividades culturales sin consignación previa. Ayuntamientos como los de Algeciras, San Roque y Puerto Real sufrirían el celo del gobernador. El Ayuntamiento de Cádiz llegó a aprobar una moción contraria a la actitud de Sanz Pastor respecto a colectivos como el de los maestros de educación básica, una cuestión que se convirtió en todo un campo de batalla político. Su obstinación numantina tuvo premio y, poco después, sería nombrado delegado del Gobierno en Andalucía. Dos años más tarde, Sanz Pastor se redimiría democráticamente por su valiente actitud durante la larga noche del 23 de febrero, en Sevilla, cuando el intento de golpe de Estado.
Las centrales reclamaban la devolución del patrimonio sindical y viajaban a menudo juntas, pero no revueltas, en los sucesivos conflictos del sector naval, aunque Nicolás Redondo y Marcelino Camacho empiecen a distanciarse a la hora de plantear la negociación de los convenios a escala estatal. La Bahía respira cuando la General Motors decide instalar su factoría española allí. Así se anunció a 13 de junio, a partir de la negociación emprendida entre representantes del Gobierno español y directivos de la firma.
Andalucía se levantó contra el paro el día 20 de junio de aquel año. Un día antes, 26 alcaldes de la provincia se reunieron en la Diputación para unificar criterios con respecto a dicha movilización, que en la provincia gaditana se saldó con 5.000 manifestantes en las calles de la capital y una huelga de 24 horas en el sector naval.
El retraso en el pago de las nóminas de Astilleros ponía los nervios a flor de piel. Así que la guerrilla urbana volvió a la Bahía, a finales de junio de aquel año, tras una manifestación de astilleros que acabó en enfrentamientos con las fuerzas de orden público: varios vehículos fueron destrozados y se incendiaron cubetas y bolsas de basura. La batalla se saldó con nueve detenciones, bajo orden de ingreso en prisión. Al día siguiente, los trabajadores de Puerto Real entre ellos, el propio alcalde, José Antonio Barroso- volvían a manifestarse pacíficamente y la empresa pública garantizaba que en cuatro días se libraría el dinero para hacer frente al pago de los salarios del mes anterior. Y volvería a hacerlo a finales de octubre, al frente de 1.500 trabajadores que no le veían salida al sector. La democracia no eliminaba la burocracia. Ya en aquellos tiempos, empezaba a acuñarse una curiosa máxima: si quieres que un problema se eternice, crea una comisión. El senador Rafael Román preguntó al ministro de Industria sobre las comisiones que se habían creado para resolver el tangay de la construcción naval y la respuesta fue más de lo mismo: vuelva usted mañana. A esas alturas, las huelgas seguían a la orden: más de 30 días duró la de panaderos y la de remolcadores en Cádiz provocó molestias a las tareas de embarque y desembarque, incluyendo a los turistas. Frente a la crisis, surgían aislados destellos de luz. Como, por ejemplo, en San Fernando, donde en septiembre de ese año empieza a plantearse la reconversión de las salinas en piscifactorías, al objeto de aprovechar los esteros. La salada claridad empieza a ser historia.
En marzo de aquel año, la mayor parte de los pesqueros gaditanos estaban amarrados a puerto.
En junio, Marruecos y España suscribieron un acuerdo pesquero que pretendía ordenar la actuación de la flota de Canarias y la del sur de España en aguas jurisdiccionales de dicho país. En principio, se trataba de un texto de carácter transitorio hasta que lo ratificase el Parlamento marroquí, con fecha tope fijada el 31 de diciembre. En cualquier caso, lo acordado no gustó al sector, ni a la parte social, como se llamaba entonces, ni a la económica. De hecho, al mes siguiente, la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca rechazaba explícitamente el compromiso porque excluía al 40% de la flota afectada por el paro forzoso y obligaba a pagar lo que ellos consideraban los cánones más altos del mundo.
Al filo del otoño, trasciende una noticia aparentemente nimia. Ocurría en Castellar. Los vecinos se mostraban dispuestos a continuar el pleito contra Rumasa, propietaria en aquel entonces de La Almoraima, el mayor latifundio de Europa, con más de 16.000 hectáreas de terreno, de las que reclamaban una pequeña parte, la Dehesa Boyal, apenas 2.300 hectáreas de monte alto y bajo, que durante la Segunda República fue concedida al Ayuntamiento y cuya explotación servía para cubrir el presupuesto ordinario de la Corporación. En 1948, la dehesa volvía a manos de los duques de Medinaceli. En 1973, cuando la propiedad pasó a manos de Almoraima, SA, dentro del grupo de empresas de Ruiz Mateos, los nuevos gestores pretendieron blindar la finca: No cabe duda escribe el historiador Antonio Torremocha que fue la intransigencia de los nuevos propietarios de La Almoraima, lo que colmó una vez más la paciencia de los vecinos. Mientras la finca estuvo en manos del duque de Medinaceli, a pesar de los contenciosos existentes, hubo siempre un cierto entendimiento entre la casa ducal y los vecinos. Pero cuando la finca pasó a poder del grupo Rumasa, las relaciones empeoraron al ignorar los nuevos propietarios los ancestrales derechos que sobre la Dehesa Boyal venían ejerciendo los vecinos y el Ayuntamiento. La prohibición de la caza fue la gota que colmó el vaso y que llevó al Consistorio a plantearse el inicio del que sería postrero pleito sobre la dehesa. En las elecciones municipales de abril de ese año, había resultado electo un socialista llamado Antonio González Espinosa, quien, meses más tarde, solicita un informe al respecto a Leopoldo Torres, secretario del grupo socialista en el Congreso. Todo ello motivará una reunión entre González Espinosa y el propio Felipe González Márquez, que tendrá lugar el 2 de diciembre y que empuja al secretario general del PSOE a iniciar gestiones para alcanzar un acuerdo con el propio José María Ruiz Mateos. Hubo fumata blanca, en aquel caso, pero como la historia demostró, cuatro años más tarde, la luna de miel entre el empresario gaditano y el abogado de Sevilla no se consumó.
En Jerez y en febrero, falleció a los 86 años de edad el marqués de Casa Domeq, Pedro Domecq y Rivero, patriarca de la dinastía ganadera y bodeguera. Y la Duquesa Roja, Isabel Álvarez de Toledo, la titular de la casa ducal de Medina Sidonia, resultó absuelta de un delito de desacato por haber escrito al ministro de Gobernación en protesta por la muerte violenta de un joven sanluqueño
Violencia de uno y de otro signo. Aquel 79, la policía desarticuló el comité andaluz del PCE-R, con la detención de 30 militantes de dicha organización, entre quienes figuraba el gaditano José María Sánchez Casas, acusado de una docena de crímenes. Mientras tanto, transcurría la campaña de atentados denominada Ciento por uno, promovida por dicha organización tras la violenta muerte de uno de sus fundadores, Delgado de Códex, a manos de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, tendrá lugar el primer atentado mortal de los GRAPO en Andalucía, con el asesinato del policía sevillano Juan Manuel Torres, perteneciente a un cuerpo que ese año deja el uniforme de color gris por el beige.
Los medios de comunicación se mostrarán extrañados cuando, a mediados de diciembre, Sánchez Casas no participe en la espectacular fuga de la prisión de Zamora que protagonizan cinco miembros de los GRAPO: Enrique Cerdán, Fernando Hierro, Abelardo Collazo, Francisco Brotons y el gaditano Juan Martín Luna. Durante seis meses, excavaron un túnel de 22 metros para escapar del penal, pero otros 73 grapos que estaban recluidos en esa misma cárcel no participan en la escapada. Mientras el Gobierno habla de negligencia de algunos funcionarios, el vicesecretario del PSOE, Alfonso Guerra, llegaba a mostrar su convencimiento de que el policía Roberto Conesa tenía un pacto con los GRAPO, en referencia a una de las personalidades más siniestras de la policía franquista, que aún mantenía cierto poder en la España demcorática. En cualquier caso, las acciones terroristas, principalmente de ETA Y GRAPO, suponen un caldo de cultivo para que la extrema derecha intente recobrar el terreno perdido. Tras la tocata y fuga de Manuel Fraga, quien no perderá su protagonismo como diputado, la Alianza Popular de Félix Pastor reclamaba la restitución de la pena de muerte para los autores de atentados mortales.
Los trabajadores jerezanos de La Voz del Sur protagonizaron un encierro, durante el mes de junio, en solidaridad con los profesionales de otros periódicos de la antigua cadena de medios de comunicación del Movimiento, que habían sido clausurados. Ellos sabían que les quedaba poco.
El mismo año que el Ministerio del Interior suspendía la distribución de la película El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Inestrillas pasan a sus domicilios en régimen de prisión atenuada por su presunta participación en la Operación Galaxia. Los ultraderechistas propinan palizas a diestro y siniestro, incluyendo la provincia gaditana en su festival violento, mientras el incombustible Blas Piñar seguía recorriendo medio país y Cádiz, con una consigna clara: España es el objetivo del marxismo.
El miedo en la calle lo han traído Suárez y la democracia, proclamará el jefe nacional de Fuerza Nueva, durante un mitin pronunciado en la capital gaditana, en el mes de julio de aquel año. Ejército al poder, era su consigna constante. A la sombra de dicha formación surge el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo que intenta boicotear la huelga de panaderos, aunque no logra similar éxito que en Málaga, donde consigue distribuir 10.000 mil kilos de pan.
Luis Jáudenes, ahora embarcado en Derecha Democrática Española, participa en una concentración conmemorativa del cuarto aniversario de la muerte de Francisco Franco, convocada por la Confederación Nacional de Excombatientes de la que forman parte José Antonio Girón y Luis Peralta, y que concentra a no menos de medio millón de personas. En la presidencia del acto, a la que se incorpora Jáudenes, figuran Raimundo Fernández Cuesta, por FET de las JONS, Jesús Casariego, por Comunión Tradicionalistas o el propio Blas Piñar. La memoria de la dictadura no era todavía un recuerdo lejano. En La Línea, por ejemplo, se suceden, a finales de año, una serie de extraños atentados contra las sedes del PSA, PCA, MCA y CC OO, cuya autoría nunca se averigüa. Pero el miedo, la cautela o la complicidad con respecto a tocar lo más mínimo el recuerdo del régimen anterior había tomado cuerpo en la sociedad andaluza y en las propias instituciones democráticas. Sin ir más lejos, en un pleno celebrado por la Diputación a 16 de julio de 1976 cuando UCD se negó a que la Institución Provincial Generalísimo Franco pasara a denominarse Antonio Machado. Lo cierto es que se quedó en Institución Provincial Gaditana, hasta su desaparición, veintitantos años más tarde. En Arcos, ¡el 2 de octubre de 1979!, un pintor fue detenido por la policía nacional por un cuadro titulado Antiácratas. Manuel Arias Salgado se había presentado a un concurso local de pintura, organizado por el Ayuntamiento. Su cuadro representaba un paisaje de Arcos sobre el que unas grotescas imágenes en forma de calavera y que llevan superpuestas las iniciales PN azotaban a unas ancianas. Aunque el joven artista fue puesto en libertad al día siguiente, el Ayuntamiento decidió declarar desierto el fallo del certamen, en protesta por aquel evidente atentado a la libertad de expresión.
Pupitres rebeldes. Meses antes de que una manifestación de niños reclamara colegios en Jerez, el 8 de junio es enviado a las Cortes el proyecto de ley de creación de la Universidad de Cádiz, con una enmienda adicional del diputado centrista Antonio Morillo para incluir a la Facultad de Derecho de la capital del vino. La noticia, no por esperada, despertó expectación. Pero, en la capital gaditana, había otro tema de preocupación más inmediato. Se trataba de la reapertura del hospital de Mora, que gestionaban en Madrid los parlamentarios de la UCD que mantuvieron entrevistas con varios ministros, para intentar buscarle una salida a su situación acuciante. Mientras algunos pueblos se echaban a la calle en demanda de centros de Bachillerato, vecinos de Alcalá, Jimena, Villamartín y Medina se manifestaron por las calles de Cádiz en petición de profesorado. La Ley de Centros Docentes No Universitarios provocará en diciembre un nuevo frente de batalla a escala estatal. La desaparición de la enseñanza privada era lo que temía la asociación de padres de centros no estatales, que en Cádiz presidía Adolfo de Miguel Valdecantos, quien promovió una masiva concentración en el polideportivo del colegio salesiano en Cádiz: Los colegios nacionales están convertidos en verdaderos almacenes de niños, denunciaban por el contrario los padres de familia de los centros estatales gaditanos.
Las protestas contra el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU) se generalizan en todo el país y dos estudiantes Emilio Martínez Méndez y José Luis Montañés mueren en diciembre durante una manifestación no autorizada que tuvo lugar en Madrid y como consecuencia de lo que el socialista sanroqueño José Rosales denomina como brutal actuación de la policía. En la Diputación Provincial, de la que era miembro, intentó que se aprobara que constara en acta la condena a dicha acción, así como el sentimiento de pesar por tales muertes. UCD estaba de acuerdo con la segunda propuesta, pero a pesar de que Rosales propuso cambiar lo de brutal por inepta, los centristas no estaban dispuesto a que se consignase la primera de dichas afirmaciones, así que no prosperó porque el pulso quedó en tablas 13 a 13.
Partidos a la greña. Después de las consecutivas tormentas electorales, la normalidad al menos aparente volvía a la vida de los partidos. Así, Juan Antonio García Díez era elegido, a finales de julio, presidente del comité provincial de UCD: Espero que mi presencia sea integradora de todas las tendencias, comentaba sin creérselo en exceso. En las filas socialdemócratas, empezaba a palparse cierto descontento con respecto a su papel en la coalición: No es cierto que la UCD gaditana vaya bien gracias a mí, afirma sorprendentemente José María Sanz Pastor, a los dos años de haber tomado posesión como gobernador civil. Los concejales centristas ejercían la oposición con contundencia e incluso llegaron a abandonar, por inconsistentes, las delegaciones que se le habían brindado en algunos ayuntamientos gobernador por el pacto de izquierdas, como ocurriera en Algeciras.
Alianza Popular cuyo presidente provincial, Fernández Melero, dimitiría en otoño, intentaba mantener su discurso unionista, frente a lo que entonces seguía llamándose separatismo por parte de las regiones españolas: No es aplicable en Andalucía el término nacionalidad, aseguraban los aliancistas gaditanos, echando piedras encima de su propio tejado electoral. Que se expliquen lo que niegan la nacionalidad a Andalucía, reclamaba días más tarde Rojas Marcos, diputado del PSA por Cádiz, una formación que emprendería en otoño una campaña a favor del estatuto de la nación andaluza.
A comienzos del mes de septiembre, con masiva asistencia de público, tiene lugar un debate aparentemente conciliador en la Delegación Provincial de Cultura, en Cádiz, con representantes de los cuatro partidos que habían obtenido parlamentarios en la circunscripción gaditana: Pedro Valdecantos (UCD), Rojas Marcos (PSA), Rodríguez de la Borbolla (PSOE) y Juan Calero (PCE). Mientras, avanzaban los proyectos estatutarios de Cataluña, Euskadi y Galicia. Tras un intenso mes de abril en el que se produjeron fugas masivas de militantes del PSOE a la LCR, el 28º congreso del partido de Pablo Iglesias se había celebrado en mayo y terminó como el rosario de la aurora, con la dimisión de Felipe González como secretario general, ante el triunfo de las tesis políticas de lo que entonces se dio en llamar sector radical y que lideraba Francisco Bustelo, quien no logró suficiente respaldo para asumir la Ejecutiva. Así, se creó una comisión gestora hasta la convocatoria de un congreso extraordinario que iba a tener lugar en Madrid, en otoño, y al que asistieron tres delegados por Cádiz: Rafael Palomino, secretario de relaciones municipales en La Línea, y los dos compañeros de viaje del congreso de Suresnes: Alfonso Perales, secretario provincial del partido, y Manuel Chaves, diputado por Cádiz, nombrados a tal efecto durante un congreso provincial celebrado en Barbate, hacia el ecuador de septiembre. Cádiz, como el resto de Andalucía bajo la batuta de Alfonso Guerra, respaldó la línea moderada de Felipe González, quien volvió a escena y reforzado de la crisis.
Los socialistas, por aquellas fechas, planteaban una pregunta al Gobierno en torno a la presencia de un barco danés que estaba amarrado al puerto de Cádiz y en donde se cargaban armas con destino a Chile, un país sometido aún a la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet. El siniestro buque escuela argentino, Libertad, que había sido denunciado como escenario de torturas a los represaliados por la dictadura, volvía al puerto gaditano y su comandante se curaba en salud para evitar incidentes: No representamos al Gobierno sino al pueblo argentino", declaraba cínicamente, cuando en esas fechas ya se conocían datos de la siniestra cosecha de sangre de las juntas militares: entre 7.000 y 15.000 desaparecidos. Precisamente allí, fallece de muerte natural, en agosto de ese año, Rafael Argelés, el octogenario pintor algecireño transterrado allí desde antes de la guerra. |
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