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1979 |
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Eduardo Castro |
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Años de trueques y dimisiones |
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Y por fin les tocó a los Ayuntamientos. Las primeras elecciones municipales democráticas desde la Segunda República devolverían también la libertad a las corporaciones locales. En Granada, aunque el triunfo parcial correspondió a UCD, el acuerdo alcanzado a tres bandas en Andalucía por PSOE, PCE y PSA, daría al primero la alcaldía de la capital, a pesar de haber sido la andalucista la lista más votada de la izquierda. 1979 fue, además, el año de las primeras elecciones generales tras el referéndum constitucional y de la dimisión de Fernández Viagas, que sería sustituido por Rafael Escuredo al frente de la Junta preautonómica. La crisis marcaría también los primeros meses de gestión municipal en la capital granadina, donde Antonio Camacho sería relevado como alcalde por Antonio Jara antes de finalizar el año.
Después de 43 años, los aires de libertad y democracia regresan por fin en 1979 a las corporaciones locales. Aunque previamente se habían celebrado también las segundas elecciones generales de la transición, con apenas un mes de diferencia entre ambas convocatorias, no cabe duda que la cita de las municipales era en esta ocasión más atractiva e importante, por ser la primera vez desde el alzamiento franquista que en España se sacan de nuevo las urnas para la elección, libre y democrática, de los gobernantes municipales. Los granadinos, al igual que el resto de los españoles, acuden pues a los colegios electorales el 3 de abril para votar a sus representantes más próximos, los que se encargarán de regir su vida ciudadana durante los próximos cuatro años. En principio, los resultados dan la victoria a la UCD, con once concejales, pero el pacto firmado en Andalucía entre PSOE, PCE y PSA terminaría poniendo la vara de alcalde en manos del socialista Antonio Camacho, quien antes de terminar el año le pasaría el testigo a su compañero de partido Antonio Jara. Aunque el pacto establecía que la alcaldía correspondiese en cada caso a la lista más votada de la izquierda, que en Granada había sido la del PSA, la dirección andalucista decidió cambiarla a última hora, junto a la de Huelva, para hacerse con la de Sevilla. Un trueque que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, los granadinos castigarían más tarde dejando fuera del Ayuntamiento a los andalucistas en sucesivas elecciones.
Repaso al calendario. La cronología del año se precipita en noticias desde su inicio, pues ya el 2 de enero se disuelven por decreto el Congreso y el Senado y se anuncia la convocatoria electoral del 1 de marzo. El PSA celebra su segundo Congreso, tras el cual añade a sus siglas la denominación de Partido Andalucista, siendo elegido como secretario general Alejandro Rojas Marcos. En febrero destaca una noticia entonces bastante esperanzadora: se culmina con éxito, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el primer transplante de riñón. Y mientras el mundo político bulle como nunca en campaña electoral, con sus primeras figuras (Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga) en pleno candelero, la institución eclesiástica intercede desde el púlpito alentando el voto en libertad, aunque se trata en realidad de una libertad bastante constreñida, al advertir al mismo tiempo sobre la peligrosidad moral de aquellos programas electorales que incluían entre sus propuestas asuntos como el divorcio y el aborto. Marzo se inicia con las elecciones generales del día uno, que serían las segundas de la transición y primeras tras la ratificación en referéndum de la nueva Constitución. Como en el 77, las urnas deparan también ahora la mayoría al partido del Gobierno, la UCD, que obtiene un total de 167 escaños, frente a 121 del PSOE, 23 del PCE y nueve de Alianza Popular. De los escaños restantes, nueve corresponden a CIU, ocho al PNV, tres a HB y cinco al PSA, conseguidos éstos en tan sólo tres provincias: dos en Cádiz, otros dos en Sevilla y uno en Málaga. En la sede central andalucista se celebra este resultado –que sería el mejor de la historia del partido hasta el momento– con las últimas palabras pronunciadas por Blas Infante en el momento de su fusilamiento: “¡Viva Andalucía Libre!” Y si marzo fue el mes de las generales, abril sería el de las primeras elecciones democráticas municipales desde la Segunda República, unas elecciones en las que la izquierda terminaría copando en Andalucía los ayuntamientos de las ocho capitales, gracias a los distintos acuerdos firmados entre PSOE, PCE y PSA. Excepto en Sevilla y Málaga, donde la lista mayoritaria fue la del PSOE, en las seis restantes el triunfo correspondió a la UCD, que vería sin embargo cómo los partidos de izquierda le arrebataban al final todas las alcaldías con su estrategia de pactos. En Córdoba y Málaga bastó con el acuerdo bilateral PSOE-PCE, que daría la alcaldía cordobesa al comunista Julio Anguita y la malagueña al socialista Pedro Aparicio. En los casos de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla hubo que realizar, sin embargo, una negociación a tres bandas, que dejaría en manos socialistas el gobierno municipal de las cinco primeras capitales y en las del andalucista Luis Uruñuela la presidencia del Ayuntamiento sevillano. Esta última negociación sería la que diera al traste, precisamente, con el futuro político del PSA en Granada, ciudad donde los andalucistas habían conseguido la lista más votada de la izquierda, pero en la que acabó siendo alcalde el candidato del PSOE, Antonio Camacho.
El mes de abril traería también consigo a Andalucía la noticia del terrorismo, con el atentado de los GRAPO contra el policía Francisco Beltrán, un ex agente de la Brigada Político-Social tan temida durante el franquismo por los grupos clandestinos de oposición al dictador. En mayo se produjo un tiroteo contra dos policías nacionales en el barrio de Santa Cruz de Sevilla y la destrucción con bomba de la sede del PSA en la sevillana calle de la Sierpes, acción igualmente reivindicada por los GRAPO. Mayo fue también el mes de la dimisión de Plácido Fernández-Viagas como presidente de la Junta de Andalucía, mientras Felipe González hacía lo propio durante el XXVIII Congreso del PSOE, dimitiendo como secretario general en un premeditado y teatral gesto que tenía como objetivo la renuncia definitiva del partido socialista a su componente marxista. Como quiera que la jugada le salió de acuerdo a sus previsiones, el líder del principal partido de la oposición regresaría triunfalmente a su puesto tan sólo unos meses más tarde y con más poder que nunca. Las espantadas de Fernández-Viagas y Felipe González vinieron casi a coincidir en el calendario con el atentado perpetrado en Madrid por los GRAPO contra la cafetería California 47, un local muy frecuentado entonces por miembros de Fuerza Nueva y donde perdieron la vida nada menos que ocho personas, resultando además otras 40 heridas de diversa consideración. A esta serie de acciones terroristas se uniría también ETA en el mes de junio, dejando sentir su marca, esta vez sin daños personales, en distintos puntos de la Costa del Sol, como Marbella, Torremolinos y Fuengirola.
El abandono de Fernández-Viagas como presidente de la Junta sería pronto subsanado con la elección de Rafael Escuredo el día 2 de junio. Además de los votos del PSOE, el abogado estepeño recibió también el apoyo del PCE, mientras el representante del PSA, Miguel Ángel Arredonda, se abstenía y la UCD votaba en contra. La solemne sesión se cerró con el himno de Andalucía, poco o nada conocido entonces por la mayoría de los presentes. De esta manera, se iniciaba ya la recta final de la preautonomía, pues antes incluso de que acabase el mes de junio, el día 23, sería ya aprobada, y por unanimidad, la propuesta de alcanzar la autonomía por la vía constitucional del artículo 151. Aunque imparable, el proceso elegido no sería, sin embargo, un camino de rosas, al ser necesario que apoyasen la propuesta nada menos que tres cuartas partes de los municipios de cada una de las ocho provincias y, además, en un plazo inferior a seis meses. Lógicamente, el principal escollo que hubo que salvar al respecto fue el de los municipios gobernados por alcaldes de UCD, debido al pronunciamiento político realizado desde el Gobierno en contra de la vía del 151. El proceso de adhesión a la iniciativa autonómica resultaría por ello muy lento y bastante costoso, avanzando poco menos que con cuentagotas durante los meses de julio y agosto, al tener que hacer frente, además, a distintos problemas sociales y conflictos laborales del momento. Septiembre se significó bastante en este sentido, con una altísima tasa de paro y la situación del campo atravesando momentos de auténtico dramatismo, llegándose incluso a considerar el desempleo agrario andaluz como un problema de Estado. Superados estos meses, sin embargo, se acabaría cumpliendo con el requisito de los apoyos municipales al proceso autonómico y, tras algunas dudas en cuanto a la determinación de la fecha, se establece por fin el domingo 28 de febrero de 1980 como el día del referéndum para la autonomía de Andalucía. Aunque el lema designado para la cita electoral fue el de “Andalucía, por su autonomía”, ésta tendría que atravesar aún algunos nuevos obstáculos antes de poder ver el final del túnel, entre ellos la acción violenta de determinados grupos de extrema derecha que, como Fuerza Nueva, entendieron el movimiento autonómico como una amenaza directa al corazón de “su España”.
Solapamiento electoral. La efervescencia electoral que desde principios de año se extendía por todo el país se convertiría inmediatamente en actualidad también en Granada. Y aunque el número de escaños designados para esta provincia no había sufrido variación respecto a 1977, la lista de candidaturas sí se vería, en cambio, sustancialmente aumentada. En esta ocasión, las papeletas ofrecidas en las cabinas electorales para que los granadinos votaran a sus siete representantes en el Congreso de los Diputados fueron nada menos que 21, a saber: Partido Comunista de España (PCE); Organización Comunista de España (Bandera Roja); Partido Liberal; Partido Socialista de Andalucía (PSA); Movimiento Comunista de Andalucía-Organización de Izquierda Comunista (MCA-OIC); Unión Para la Libertad de Expresión; Falange Española; Partido Socialista Obrero Español-Sector Histórico (PSOE-h); Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT); Izquierda Republicana; Unión de Centro Democrático (UCD); Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Partido del Trabajo de Andalucía (PT-A); Partido Obrero Campesino; Falange Española Auténtica; Falange Española de las JONS Auténtica; Unión Nacional; Unificación Comunista de España; Coalición Democrática (CD); Partido Carlista, y Liga Comunista Revolucionaria (LCR).
Lógicamente, los codazos y luchas internas por la designación de las listas y los puestos de cabeza volverían a repetirse nuevamente en casi todos los partidos, destacando una vez más en este capítulo la disputa protagonizada por los dos principales aspirantes de UCD, el liberal Antonio Jiménez Blanco y el socialdemócrata Arturo Moya Moreno. Una vez desaparecido del panorama político granadino el ex rector Mayor Zaragoza, que tras su paso por el ministerio de Educación se marcharía a la dirección de la UNESCO, Jiménez Blanco y Moya Moreno libraron entre sí una dura pugna por encabezar la candidatura centrista al Congreso, usando para ello de todas sus artes e influencias, y poniendo así de manifiesto las tensiones existentes en el seno de la coalición gubernamental en la provincia granadina. Al final, sería Jiménez Blanco, que había sido senador en la anterior legislatura, quien a sus 56 años se llevara el gato al agua, relegando nuevamente al segundo puesto al periodista y sociólogo Arturo Moya, casi veinte años más joven que el prestigioso abogado. La lista definitiva del partido de Suárez se completaría en esta ocasión exclusivamente con hombres, casi todos ellos pertenecientes asimismo al mundillo de las leyes y los tribunales de justicia. Así, los abogados Joaquín García Romanillos y Julio de Castro Hitos ocuparon, por este orden, los dos siguientes puestos de la lista, con posibilidades ambos de resultar elegidos; el quinto lugar fue para el procurador Ángel Casares y el sexto para el también abogado Andrés Villalta del Palacio, mientras el último se dejó para Francisco Palanco, un licenciado en ciencias físicas y matemáticas.
Por su parte, el PSOE designaría también a un ex senador, el catedrático de Derecho del Trabajo José Vida Soria, como cabeza de lista por esta provincia para la cámara de Diputados, volviendo a repetir en el segundo puesto –al igual que Moya Moreno en el caso anterior– la también profesora universitaria María Izquierdo. La lista socialista quedaría conformada en los siguientes puestos de la siguiente manera: Ángel Díaz Sol, biólogo, profesor adjunto del Hospital Clínico; Juan Cuenca, secretario provincial de la UGT; Ma-nuel Pezzi Ceretto, profesor adjunto de geografía en la Universidad granadina; el sastre motrileño Antonio Gallego y el joven administrativo José Fernández Blázquez. Por supuesto, donde no hubo ningún tipo de conflictos fue en el PCE, que volvió a repetir prácticamente la misma candidatura del 77, con el asturiano Jaime Ballesteros, miembro del comité ejecutivo, en primer lugar, seguido como entonces de Damián Pretel Martínez, Francisco Portillo Villena, José Cid de la Rosa, Francisco Ruiz Dávila, Eloy Martínez Pérez y José Pedregosa Guillén. Por último, la candidatura de Coalición Democrática (CD), formada por Alianza Popular y la Confederación Democrática Española, designaría como cabeza de lista al ex general granadino de la Guardia Civil Prieto López, mientras que el PSA, que se presentaba en solitario tras la integración en el PSOE de su anterior socio electoral, el PSP de Tierno Galván, volvería a presentar de nuevo en primer lugar al profesor Ruiz Morcillo.
En cuanto al Senado, esta vez la UCD no cometería el error de presentar cuatro nombres para tan sólo tres elegibles, evitando con ello dispersar el voto de sus simpatizantes, lo contrario precisamente de lo que ocurriría con los del PSOE y PCE, que ni siquiera intentaron en esta ocasión formalizar una candidatura unitaria de izquierdas para la cámara alta. Al final, la terna centrista estaría formada por el ingeniero de montes Antonio Iglesias Casado, el abogado Pedro Montañés Escobar y el farmacéutico Francisco Ortiz de Saracho. Los socialistas, por su parte, presentaron al sindicalista Daniel Maldonado, el profesor Rafael Estrella y el poeta y columnista de Ideal José García Ladrón de Guevara, quien al no poder vivir de la literatura se veía obligado a ganarse la vida como empleado de la Azucarera del Carmen. Por último, los comunistas designaron a Rafael Fernández-Píñar Afán de Ribera, José Miguel Castillo Higueras y Nicolás de Benito Ontañón, hijo del anterior senador del mismo nombre presentado en la lista unitaria de progreso.
Mientras tanto, en plena campaña para las generales de marzo, el 16 de febrero se cerraba el plazo para la presentación de candidaturas a las municipales de abril. En este caso, la situación en Granada difirió mucho de la descrita con anterioridad, pasándose de las 21 listas de entonces a tan sólo diez presentadas ahora para el Ayuntamiento de la capital, con la particularidad de que sólo una de ellas, la de UCD, copaba para sí la totalidad del espectro de centro-derecha, mientras que las otras nueve estaban destinadas a repartirse el electorado de izquierdas. Algunos intentaron por ello forzar desde Madrid un pacto previo entre PSOE y PCE con el objetivo exclusivo de derrotar al partido del presidente Suárez. No es de extrañar, pues, que Santiago Carrillo declarara en Motril, el 22 de febrero, que “Suárez juega con muchas ventajas para las elecciones municipales: la primera es que tiene el Gobierno y el Ministerio del Interior, y con este Ministerio cualquier partido, incluso el más pequeño, puede presentar candidaturas en todos los municipios de España, al contar con todos los gobiernos civiles, diputaciones provinciales y ayuntamientos franquistas a su favor”. Precisamente la visita de Adolfo Suárez a Granada durante la campaña para las legislativas resultaría un trago más bien amargo para los dirigentes locales de su partido, después de que algunos de sus propios simpatizantes le reprocharan que no hubiera querido venir durante la campaña del 77 y de que un numeroso grupo de personas con pegatinas del PCE y del PSOE le dedicara un importante abucheo en la localidad de Atarfe. Pero no fue éste su peor trago, sino el que pasaría más tarde a las puertas del Hotel Luz, donde militantes de Fuerza Nueva arremetieron contra el presidente lanzándole a la cara duros improperios, a la par que entonaban el Cara al sol. Acostumbrado, sin embargo, a lidiar con los nostálgicos del antiguo régimen, Adolfo Suárez declaró que a ninguno de estos incidentes debía otorgarse mayor importancia de la debida, argumentando que en todos los casos se trataba simplemente de un problema de control de las bases.
Así las cosas, el uno de marzo amaneció y se desarrolló en Granada como una auténtica jornada de fiesta electoral democrática. A última hora de la tarde había votado el 70 % del censo electoral, algo menos que durante el histórico 15-J del 77. A cambio, también los incidentes registrados a lo largo del día fueron menos que entonces, aunque no faltaron denuncias sobre papeletas al Senado previamente marcadas a favor de UCD, colegios electorales donde las papeletas del PSOE y el PCE aparecían sistemáticamente tapadas por las de otras candidaturas, la exigencia de certificados de voto por parte de muchos jubilados y parados que aseguraban tener que presentarlo para poder cobrar a fin de mes, y las consabidas muestras de violencia por parte de un militante de Fuerza Nueva que quiso ejercer de interventor sin estar acreditado para ello. A pesar de esto, la normalidad fue la tónica general del día, cerrándose todos los colegios a la hora prevista y procediéndose al recuento de las urnas sin mayores problemas. Los resultados se darían a conocer a las tres de la madrugada en el Gobierno Civil, repartiéndose seis de los siete escaños del Congreso a partes iguales entre UCD y PSOE, con tres para cada uno de ellos, yendo a parar el restante a la candidatura del PCE. Antonio Jiménez Blanco, Arturo Moya y Joaquín García-Romanillos serían los nuevos diputados centristas por Granada para la próxima legislatura; José Vida Soria, María Izquierdo y Ángel Díaz Sol ocuparían, por su parte, los escaños socialistas, mientras que Jaime Ballesteros se convertiría en el primer diputado comunista desde la República, recogiendo así el testigo dejado por el padre de su compañero Damián Pretel a causa de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Por último, las cuatro plazas de la cámara alta las coparían, también a partes iguales, los dos partidos mayoritarios, recayendo las nuevas actas para el Senado en Rafael Estrella y José Ladrón de Guevara, por parte socialista, y en Antonio Iglesias y Pedro Mon-tañés, por la de UCD.
Pactos y trueques. Sin apenas tiempo para reponerse de las legislativas, los partidos se ven obligados a cambiar de tercio electoral y entrar de lleno en la nueva campaña para las municipales. Con este motivo, la sociedad granadina mostraría una vez más su ya habitual dinamismo político, centrando lógicamente el mayor interés en la lucha por el Ayuntamiento de la capital, donde los problemas urbanísticos se convertirían pronto en el talón de Aquiles de las primeras elecciones locales democráticas que se celebraban desde la República. Porque si el urbanismo estaba llamado a ser el tema estrella electoral en la mayoría de las grandes ciudades españolas, en Granada esto sería mucho más evidente y problemático debido a la sistemática destrucción que de su rico y variado patrimonio histórico-artístico, monumental, ecológico y paisajístico se había venido haciendo en las últimas décadas de manera totalmente impune. Los pronósticos vaticinaban desde el principio que las candidaturas con posibilidades reales de conseguir concejales en la capital eran las de UCD, PSOE, PSA y PCE, y así terminarían luego por cumplirse con el solo imprevisto de la consecución de un acta por parte de la Candidatura Granadina de Trabajadores, una escisión del PCE encabezada por el abogado laboralista Miguel Medina Fernández-Aceytuno.
En esta ocasión, los primeros en presentar públicamente candidatura fueron los comunistas, eligiendo para hacerlo los locales del Club Larra. Con el lema de “Ayuntamientos democráticos sin caciques y sin alcaldadas”, el PCE dio a conocer el día 14 su lista de aspirantes, entre los que figuraban, por este orden: Damián Pretel, Castillo Higueras, Juan Mata, Juan Manuel León, Antonio Cruz, Natividad López, Rafael Fernández-Píñar, Rafael Hueso, Juan Verdejo y Jesús Algarra. Aparte de los temas urbanísticos, que sin duda suponían el principal apartado de su programa electoral, los comunistas consideraban igualmente acuciantes y perentorios toda una serie de problemas relativos al paro obrero, la falta de viviendas sociales y numerosas deficiencias en materia de transporte urbano, equipamiento de servicios en los barrios periféricos y participación ciudadana en la gestión municipal. Respecto a la propia institución municipal, el aspirante a la alcaldía, Damián Pretel, declaraba que “como comunistas, nosotros renunciamos al sistema presidencialista en el Ayuntamiento”.
El día 17 fue el turno para la candidatura de UCD, cuya lista aparecía encabezada como aspirante a la alcaldía por el juez José Sánchez Faba, quien aludiría durante la presentación a una de las principales polémicas urbanísticas de los últimos años: “Se abrirá el Carmen de los Mártires para que todos vean cómo nos lo han dejado”, prometió el candidato centrista. La adopción de un acuerdo para proceder a la localización de los restos mortales de Federico García Lorca y su posterior traslado provisional al panteón familiar en el cementerio de la capital fue otra de las propuestas realizadas por Sánchez Faba, que centraría la exposición de su programa en “la defensa de los valores culturales de Granada, y no sólo de los monumentos históricos y artísticos, sino también de los hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han llevado el nombre de la ciudad a todos los rincones del mundo”. Junto al prestigioso magistrado de la Audiencia, en la lista figuraban, entre otros, los nombres de Fernando Sivit, Alfonso López-Jurado, Eulalia Dolores de la Higuera, Antonio Pipó Jaldo, Tomás Sánchez Mariscal, Jaime Mansilla, Antonio Bravo, Ricardo Avivar, José Moreno, Francisco Calero, José Luis Alarcón, Pablo Mariscal y César Valdeolmillos.
Como era fácilmente previsible, la propuesta centrista sobre los restos de García Lorca sería inmediatamente contestada por el abogado Manuel Fernández-Montesinos, sobrino del poeta y diputado del PSOE en la anterior legislatura constituyente. Portavoz oficial de la familia Lorca desde su regreso a España, el nombre de Fernán dez-Montesinos había sonado con insistencia durante algún tiempo como principal candidato socialista a la alcaldía de la capital, no tanto por su propio interés como por el simbolismo sentimental de ser el primogénito del último alcalde democrático de la ciudad, el médico Manuel Fernández Montesinos, que era también militante socialista, estaba casado con la hermana de Federico, Concha García Lorca, y fue, como el poeta, asesinado por las fuerzas franquistas en los primeros días del alzamiento en Granada. “Me parece de muy feo estilo el que un partido de derechas como UCD pretenda hacer su propaganda electoral con los restos mortales de un personaje de izquierdas, como ha sido y sigue siendo la obra y la memoria de García Lorca”, dijo el ya ex diputado saliendo al paso de la intención declarada por Sánchez Faba de localizar los restos del poeta y erigirle un mausoleo. Respecto a esta última idea, el portavoz de la familia García Lorca añadió que “lo importante no es levantarle monumentos, sino que se averigüe y se diga de una vez quién mató a Federico, el porqué de su injusta muerte y qué tipo de política produjo ése y tantos otros asesinatos”. Según su sobrino, la figura del poeta “es patrimonio universal, y ahora no tiene por qué venir UCD a levantarle ningún monumento”.
Tan sólo dos días más tarde, el PSOE presentaría públicamente su candidatura a los medios informativos bajo el lema “Política municipal con participación real del pueblo”. Además del aspirante a la alcaldía, Antonio Camacho, la lista socialista incluía, entre otros, los nombres de Juan Tapia, José Antonio Aznarte, Antonio Jara, José Olea, Mariló García Cotarelo, Manuel Fernández Márquez e Inmaculada Codina Ramírez, la popular locutora de Radio Granada más conocida como Inma Codina. Asimismo figuraban en ella los recién elegidos senadores Rafael Estrella y José G. Ladrón de Guevara, que aunque iban en puestos de salida (en segundo y cuarto lugar de la lista) renunciarían más tarde a sus actas de concejal en favor de sus escaños en la Cámara alta.
La última de las candidaturas importantes en presentarse ante la prensa fue la del PSA-Partido Andaluz, que lo haría el día 23, viernes, con la defensa del urbanismo y el patrimonio histórico-artístico como bandera. “Frente a la especulación y destrucción de Granada”, sería el lema oficial de la lista andalucista, una de las que más posibilidades tenían, en teoría, de conseguir grupo municipal. Encabezada por Arturo González Arcas como candidato a la alcaldía, en ella figuraban, además, los hermanos Eladio y Heliodo-ro Fernández Nieto, Fermina Puerta, Concepción Fernández-Píñar, Juan Milla, Antonio Torres, Francisco Sánchez López, José Muñoz Férriz y Carmen Gómez Rodríguez, entre otros nombres, algunos de ellos bien conocidos en la ciudad.
Serían diez, en definitiva, las candidaturas presentadas para disputarse las 27 concejalías del Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra, debiendo sumarse a las anteriores estas otras seis, todas ellas de partidos de izquierda, con sus respectivos aspirantes a alcalde: PSOE-histórico (José Sarabia); PTA (Miguel Arenas); ORT (Consuelo Barrera); LCR (Hortensia Peñarrocha) y MCA-OIC (Miguel Gómez Oliver), además de la ya también antes citada CGT (Candidatura Granadina de Trabajadores), encabezada por el abogado laboralista Miguel Medina Fernández-Aceytuno, más conocido en la ciudad como Miguel Aceytuno, que conseguiría dar la sorpresa y entrar en la nueva corporación municipal democrática. En cuanto al conjunto de la provincia, el número total de concejales a elegir en los 168 municipios de Granada ascendía a 1.702, siendo UCD y PSOE los partidos que más listas y número de candidatos presentaron, con un total de 1.647 aspirantes en 161 municipios, en el caso del partido centrista, y 1.519 candidatos para 137 ayuntamientos, en el del PSOE.
Por fin, llegado el martes día 3, a pesar de tratarse de la primera convocatoria realizada desde la República para la elección de ayuntamientos democráticos, las reiteradas llamadas a las urnas de los últimos meses (el referéndum constitucional de diciembre, las elecciones legislativas de marzo y las municipales de abril) terminarían haciendo mella entre los electores andaluces, cuyo cansancio se reflejaría en esta nueva cita con una de las más elevadas cotas de abstención de toda España, cifrándose en un auténtico récord nacional de desinterés, al acudir sólo a las urnas menos de dos millones y medio de los 4.400.000 andaluces incluidos en el censo. Representantes gubernamentales y partidos políticos se mostraron sorprendidos por tan escasa participación, que superó con mucho la cota más baja registrada hasta entonces en las cuatro anteriores consultas del postfranquismo, dejando incluso de funcionar en esta ocasión el voto por correo, que engloba uno de los sectores hasta entonces más participativos, el de los emigrantes en el extranjero.
El escrutinio arrojó los siguientes resultados en cuanto al número de votos conseguidos y actas de concejal repartidas en el Ayunta-miento de la capital:
UCD: 33.786 votos, 11 concejales.
PSA: 21.088 votos, 6 concejales.
PSOE: 19.903 votos, 6 concejales.
PCE: 10.675 votos, 3 concejales.
CGDT: 5.488 votos, 1 concejal.
La primera corporación municipal democrática de Granada quedaría, pues, compuesta por cinco grupos políticos y las siguientes personas:
Por el grupo centrista: José Sánchez Faba, de 53 años, magistrado de la Audiencia; Fernando Sivit, de 31 años, catedrático de instituto; Alfonso López-Jurado, de 56 años, corredor colegiado de Comercio; Eulalia Dolores de la Higuera, escritora y pintora; Antonio Pipó Jaldo, de 36 años, perito e ingeniero industrial; Jaime Mansilla, de 48 años, perito industrial; Ricardo Avivar, de 32 años, diplomado en Contabilidad de Empresas; Francisco Calero, taxista; Tomás Sánchez Mariscal, de 43 años, médico; Antonio Bravo, de 38 años, linotipista, y José Moreno Rodríguez, de 23 años, estudiante de Física.
Por el grupo andalucista: Arturo González-Arcas, de 31 años, profesor de Geografía e Historia; Eladio Fernández-Nieto, de 27años, ex estudiante de Filosofía y Letras; Juan Milla Caballero, de 39 años, ingeniero técnico forestal; Fermina Puerta, de 31 años, asistente social; Antonio Torres, de 28 años, ayudante técnico sanitario, y Francisco Sánchez López, de 53 años, empleado de Azucarera San Isidro.
Por el grupo socialista: Antonio Camacho, subdirector de la Caja General de Ahorros; Rafael Estrella, de 29 años, profesor de la Universidad de Granada y senador; Juan Tapia Sánchez, de 64 años, comerciante; José García Ladrón de Guevara, de 50 años, escritor, empleado de la Azucarera del Carmen y senador; José Antonio Aznarte, de 39 años, profesor de E.G.B., y Antonio Jara Andreu, de 32 años, profesor de Derecho en la Universidad granadina.
Por el grupo comunista: Damián Pretel, de 48 años, profesor de Filosofía; José Miguel Castillo Higueras, de 31 años, arquitecto técnico; y Juan Mata y Anaya, de 26 años, profesor de la Escuela Universitaria del Profesorado.
Por el grupo mixto: (Candidatura Granadina de Trabajadores): Miguel Medina Fernández-Aceytuno, de 31 años, abogado laboralista.
Con esta distribución, la alcaldía y el gobierno municipal de Granada quedaban, como en casi todo el país, a merced de las negociaciones y los posibles pactos que se pudieran alcanzar entre los distintos partidos. Así, además de los ayuntamientos que cada uno de ellos había obtenido por sus propios medios, el pacto suscrito por PSOE y PCE a nivel nacional, al que poco a poco fueron también adhiriéndose otros partidos y coaliciones, tanto de izquierdas como nacionalistas, terminaría poniendo en manos de la izquierda el control de unos 1.800 municipios de toda España, en los que se agrupaba nada menos que el 70 % de la población.
Moneda de cambio. Conforme avanzaban los días, en Granada iban también cambiando las noticias en casi todos los sentidos, aunque lo único que en principio parecía claro era que, si entre la izquierda no había pacto, el alcalde de la ciudad de la Alhambra sería José Sánchez Faba. Al final, sin embargo, el acuerdo tripartito firmado por PSOE, PCE y PSA terminaría dando la alcaldía al socialista Antonio Camacho, tras usarse como moneda de cambio, junto a la de Huelva, para sentar al andalucista Luis Uruñuela en el sillón presidencial del Ayuntamiento de Sevilla, donde la del PSOE había sido la lista más votada, y con gran diferencia, de toda la izquierda. De esta manera, la primera corporación municipal democráticamente elegida en Granada tras la dictadura se constituiría en sesión solemne el 10 de abril de 1979 y, al igual que la última de la República, 43 años antes, estaría también presidida por un socialista, aunque éste no llevara los mismos apellidos de aquél, como algunos habían pretendido, en una simbólica iniciativa que no llegaría finalmente a buen puerto por el recelo que el propio Fernández-Montesinos terminó despertando entre sus compañeros de partido. Durante un breve discurso pronunciado tras su toma de posesión como alcalde, Antonio Camacho, tras dar la enhorabuena a los ciudadanos “por haber recuperado también en los Ayuntamientos la democracia que nunca se debió perder”, dijo que no podría existir “una política municipal para Granada sin los granadinos”, por lo que todos podían estar “seguros de que en esta casa consistorial no se hará absolutamente nada a vuestras espaldas”. Por su parte, el cabeza de lista de UCD, José Sánchez Faba, anunció que su grupo mantendría “una doble postura de colaboración y leal oposición”.
El curso político de la nueva época comenzó, pues, marcado por la polémica del trueque de Granada por Sevilla. Así que, a pesar de haberse dado como seguro durante varios días el nombre del andalucista Arturo González Arcas como alcalde de la ciudad, apenas 24 horas antes de la constitución de los ayuntamientos surgiría la sorpresa que hizo cambiar tales previsiones. El trueque, efectuado a espaldas de los granadinos y comparado por alguien con el que hizo Esaú al vender a su hijo por un plato de lentejas, tendría como primera consecuencia la dimisión del comité provincial del PSA granadino, que decidió renunciar en bloque a raíz de la reacción negativa protagonizada por militantes y votantes andalucistas disconformes con el cambio de alcaldías. Entre los dimisionarios figuraban algunos de los concejales de la capital, mientras el desencanto de las bases llevó incluso a reclamar la presencia directa del propio Rojas Marcos, acusado en Granada de “centralismo sevillano”, expresión que parafraseaba los términos con que el dirigente nacional andalucista acostumbraba a tildar una y otra vez al gobierno de Madrid. La crisis fue de tal calibre que terminó obligando a actuar de bombero para sofocarla al propio Rojas-Marcos. Durante la asamblea general extraordinaria convocada para la elección de los nuevos dirigentes granadinos, el máximo líder andalucista se defendió de tales acusaciones con el argumento de que el PSA había conquistado más poder con la alcaldía de Sevilla que el que hubiera conseguido tener con las de Granada y Huelva juntas, palabras que, en lugar de apaciguar los ánimos, vinieron a echar todavía más leña al fuego.
Pero las aguas revueltas no sólo mojaban al PSA. También la UCD se resentía de las continuas luchas mantenidas por el socialdemócrata Arturo Moya y el liberal Antonio Jiménez Blanco en busca de la presidencia del partido, con la pertinente recogida de firmas por ambos aspirantes. Por otro lado, la cohesión interna del partido del Gobierno se resquebrajaría, asimismo, a causa del pacto que había arrebatado la alcaldía de la capital granadina a su candidato Sánchez Faba, condenándolo al más secundario cargo de presidente de la Diputación. Los centristas tenían asegurada la presidencia del organismo provincial al contar con mayoría absoluta en la corporación: a pesar de que el número de concejales electos de UCD en Granada sólo suponían el 46 % del total (794 de los 1.702 que sumaban los 168 municipios de la provincia), el reparto por comarcas y partidos judiciales proporcionó 16 de los 27 diputados al partido de Suárez, por sólo ocho para el PSOE y tres para el PCE. Aunque durante unos días llegó a circular el rumor de que Sánchez Faba renunciaría a su acta de concejal si no conseguía la alcaldía de Granada, lo que habría impedido su elección como presidente de la Diputación, el propio comité provincial salió al paso para desmentir públicamente la veracidad de la noticia en un comunicado en el que, al mismo tiempo, se descartaba además la designación del también concejal de la capital Antonio Pipó Jaldo, como candidato corporativo en sustitución del magistrado.
Además de un atentado con artefacto explosivo contra la sede de UCD de Granada –reivindicado por el grupo ultraderechista de la Triple A, sin que hubiera que lamentar daños personales–, junio traería consigo la dimisión del andalucista González Arcas como primer teniente de alcalde y demás cargos a él asignados, en protesta por no haberse confeccionado todavía el nuevo presupuesto municipal. El comunista Castillo Higueras, por su parte, culpó de la demora al propio grupo andalucista, con el que, según el delegado de Hacienda y segundo teniente de alcalde, no había manera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Se entraba así, pues, en la rutinaria política de la “normalidad democrática”, algo que durante décadas había estado ausente en todos los sentidos de la vida municipal, incluidas las dimisiones y las disputas partidistas. Situaciones ambas que volverían a repetirse en octubre, cuando Antonio Camacho presentó su dimisión como alcalde y concejal del Ayuntamiento granadino, tras aceptar la invitación que en tal sentido le hizo el propio comité local de su partido. Un amago de infarto y la polémica suscitada sobre la demolición de Hipergranada fueron los motivos de su abandono, quedando entonces José Miguel Castillo como alcalde accidental de la ciudad.
Eran tantas y tan grandes las diferencias existentes en el seno del gobierno municipal entre el bloque PSOE-PCE, por un lado, y el PSA, por otro, que la clave sobre el futuro de la alcaldía granadina pasaba entonces por las manos de UCD, que con sus once concejales era el grupo mayoritario en el Ayuntamiento. En noviembre, ante el cariz de clara ruptura que presidía las relaciones entre los tres partidos de la coalición, los centristas se decidieron a probar suerte presentando a su propio candidato, creyendo disponer ahora de una oportunidad seria para conseguir la alcaldía. Y mientras éstos dudaban de nuevo en la designación de candidato, esta vez entre los nombres de Pipó Jaldo y Sánchez Mariscal, el PSOE se decantó por el de Antonio Jara Andréu, que era el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y cuya opción sería también ratificada por el PCE, de acuerdo con los pactos firmados en abril. Al final, los andalucistas también moderarían sus posiciones para facilitar la recomposición del pacto de izquierdas (González Arcas había vuelto a asumir en agosto todas sus responsabilidades municipales), solicitando no obstante, como principio de entendimiento, la integración de la Candidatura Granadina de Trabajadores en el gobierno municipal para evitar que la alcaldía cayese en manos de la UCD. Por fin, el 15 de noviembre y a sus 33 años de edad, el socialista Antonio Jara sería elegido nuevo alcalde de Granada, tras una operación calificada por algunos como de “auténtico juego malabar”. En efecto, dado que Jara había ocupado el sexto puesto de la candidatura socialista, su elección tuvo que ir precedida por la de su compañero de partido Juan Tapia, que figuraba en tercer lugar de la lista y se vio obligado, en cumplimiento de la ley, a aceptar y renunciar al cargo en tan sólo unos minutos, convirtiéndose así probablemente en el alcalde más breve de la historia de la ciudad. Con anterioridad a la sesión, habían ya previamente dimitido los otros tres candidatos que antecedían a Jara en la lista del PSOE: los senadores Rafael Estrella y José Ladrón de Guevara, que iban en segundo y cuarto lugar, respectivamente, y ni siquiera habían llegado a tomar posesión de su acta de concejal; y el profesor de EGB José Antonio Aznarte, que ocupaba el quinto puesto. Mariló García Cotarelo, Manuel Fernández Márquez e Inmaculada Codina habían sido sus sustitutos en la corporación municipal. Por su parte, tampoco Antonio Torres había tenido prácticamente tiempo de estrenarse como concejal andalucista, al verse obligado a dimitir por incompatibilidad con su puesto de trabajo –dependiente del mismo Ayuntamiento–, siendo sustituido por Concepción (Conchita) Fernández-Píñar.
El intenso curso político se completaría con la victoria de Jiménez Blanco sobre Moya Moreno en la asamblea provincial de UCD, la reelección de Paco Portillo como secretario provincial de los comunistas granadinos, el relevo del valenciano José María Fernández al frente del Gobierno Civil por el médico madrileño Luis Sánchez-Harguindey (que dejaría huella de su paso por el palacete de la Gran Vía debido a su talante abierto y dialogante) y la primera visita institucional de Rafael Escuredo a Granada como presidente de la Junta. Tras un exhaustivo recorrido por toda la provincia en el que no se cansó de reclamar “la unidad de todos los andaluces en apoyo de la vía autonómica del 151”, Escuredo declararía a la prensa local que “en la Junta hemos recibido una Andalucía en estado de coma”. Casi al mismo tiempo, Francisco Bustelo, en un acto del PSOE celebrado en Atarfe, declaraba que “Pablo Iglesias era un marxista, mientras que la socialdemocracia es un poco pasarse al enemigo”. La llamada de Rafael Escuredo tendría su efecto en la extraordinaria respuesta que los andaluces, en general, y los granadinos, en particular, darían nuevamente este año con motivo de la convocatoria del Día de Andalucía, celebrado a principios de diciembre y en el que más de medio millón de personas volvieron a echarse a la calle para manifestarse en demanda de la autonomía. En Granada, según los organizadores, los participantes en la marcha reivindicativa fueron más de cien mil en esta ocasión, aunque el Gobierno Civil rebajó exagerada y ridículamente la cifra para dejarla en tan sólo 15.000 manifestantes.
El panorama laboral. Paralela a la actividad política, en 1979 tampoco presentó tregua la reivindicación laboral. Así, en enero la totalidad de la flota de buques arrastreros al fresco de Motril se encontraba amarrada en los muelles del puerto como medida de presión ante la firma del nuevo convenio del sector, que se rubricaría dos días más tarde. En febrero, de nuevo en Motril y ante el anuncio de huelga acordado por sus trabajadores, se produciría el cierre patronal de la importante empresa Papelera del Mediterráneo. El conflicto había saltado, una vez más, por la discrepancia en los porcentajes de aumento salarial establecidos para el nuevo convenio: entre el 10% ofrecido por la patronal y el 16% solicitado por el comité de empresa, que añadía además a sus reivindicaciones las 42 horas semanales. La papelera motrileña, con 542 trabajadores en plantilla, volvería a poner en marcha su producción tan sólo dos días después, aunque con el anuncio de sucesivos paros intermitentes.
Otros convenios se verían asimismo rotos en Granada ante la imposibilidad del acuerdo inicial, como fue el caso de la hostelería, donde los puntos más conflictivos surgieron en la negociación de la bolsa de vacaciones, la manutención y la antigüedad, principalmente. Este convenio se firmaría a mediados de marzo, al igual que el de Papelera del Mediterráneo. Aunque en otros casos sí se llegó al equilibrio en las negociaciones, como por una vez ocurrió en el sector de la construcción, lo habitual en este año fue que a cualquier firma de convenio le precediera su respectiva huelga como medida de presión. Así, a finales de marzo era el sector del metal el que ejercía su derecho legal, mientras que en abril sería el turno para los conductores de autobús de la empresa Rober, quienes el día 17, en su primera jornada de huelga, dejaron inactivas las dieciséis líneas regulares urbanas y la especial del campus universitario de Cartuja. La protesta de los trabajadores del transporte público de la capital finalizaría tan sólo tres días después, tras obtenerse un acuerdo en la negociación del convenio. En mayo, tras firmarse el del metal, se iniciaría la huelga, por su parte, en el sector de la madera, cuyo conflicto se resolvió, sin embargo, en apenas una semana, mientras que el sector del comercio necesitaría todo un mes y medio de intensas negociaciones para dar también por cerrado su propio convenio.
A estas movilizaciones sectoriales –como la del transporte de mercancías por carretera, que llegó a estar todo el mes de junio en huelga legal indefinida en esta provincia–, se unieron otras movilizaciones generales, como la convocada en Andalucía el día 20 de junio contra el paro, con una importante repercusión en Granada. Pero, sin duda, la principal protesta laboral del año fue la huelga convocada por CC OO. y UGT para el día 22 de noviembre contra el Estatuto de los Trabajadores y el plan económico del Gobierno, que tuvo una masiva respuesta entre la población activa granadina, con más del 70% de participación. Por sectores, el paro fue total en la construcción y el metal, superando el 80% en el comercio y la madera, con índices igualmente importantes en los sectores textil, derivados del cemento, limpieza y vidrio.
El campo andaluz ejerció también su derecho a la huelga el 27 de diciembre, secundando la jornada unos 70.000 trabajadores agrícolas de las provincias de Córdoba y Granada.
El desafío de Hipergranada. Si el de los Pastoreros era un ejemplo de buen hacer empresarial y cooperativo, también hubo ejemplos de todo lo contrario. Así fue como se vivió, a lo largo del segundo semestre del año, un auténtico culebrón en torno al polémico Hipergranada, un proyecto sobre cuyas obras pesaba, ya en agosto, la amenaza de la demolición, por constituir una grave infracción urbanística de la ley del Suelo, al construirse sin licencia municipal y en zona correspondiente a suelo agrícola de protección. El asunto, a instancias del entonces teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Antonio Jara, sería sometido a expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, por desacato de los promotores de la obra a una orden de paralización decretada por el alcalde el 7 de mayo. Los promotores disculparon entonces su ilegalidad argumentando que los intereses sociales del hipermercado estaban por encima de los problemas urbanísticos y solicitando la recalificación de la parcela. En esos momentos, Hipergranada llevaba invertidos unos doscientos millones de pesetas y restaban otros cien para su finalización. La sociedad estaba formada, en régimen de cooperativa, por un total de 140 comerciantes granadinos, en su gran mayoría pertenecientes al sector de la pequeña y mediana empresa. Con estos argumentos, los promotores continuaron la ejecución de las obras, hasta que el 28 de septiembre, con el edificio comercial ya prácticamente terminado, agentes de la Policía Municipal procedieron a precintar el hipermercado, en cumplimiento de un decreto firmado en tal sentido por el alcalde Antonio Camacho. La polémica decisión dividiría entonces en dos bloques enfrentados tanto a la corporación municipal como a la propia opinión pública granadina, que se debatiría entre los defensores de la legalidad vigente y los partidarios de una flexibilización de las normas urbanísticas para poder legalizar las obras del hípermercado en cuestión. Y mientras los concejales de UCD y PSA se mostraban a favor de que se diera luz verde a la petición de licencia tramitada por los cooperativistas, los de PSOE y PCE se inclinaban por la aplicación estricta de la ley por lo que consideraban como una infracción urbanística de carácter grave. En este sentido, en el informe elaborado por José Miguel Castillo se recogían como principales propuestas la demolición del edificio, con cargo a la empresa y en el plazo máximo de dos meses, a contar desde primeros de octubre, así como la imposición de multas por valor de más de veintidós millones de pesetas, a repartir entre el promotor, el empresario y el director técnico de las obras. Como alternativa contemplaba, eso sí, la posibilidad de recalificar los terrenos, aunque manteniendo asimismo fuertes sanciones económicas.
Con todo, la decisión sobre el futuro del edificio quedó exclusivamente en manos del alcalde Antonio Camacho, al darse la circunstancia de que ambas propuestas fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el dos de octubre. La primera de las propuestas sometidas a votación, partidaria de llevar a cabo la demolición, fue rechazada por un total de diecisiete votos en contra (UCD Y PSA), nueve a favor (PSOE y PCE) y la abstención del concejal independiente. Igualmente, el pleno rechazaría también una segunda propuesta, opuesta a la anterior, al votar en contra de la recalificación del suelo los concejales de PSOE, PCE y UCD, 20 en total, y a favor tan sólo los seis del PSA, repitiéndose otra vez la abstención del independiente Fernández-Aceytuno. La crisis municipal estaba servida y, con ella, la dimisión del primer edil Antonio Camacho. Aunque los motivos que aduciría el alcalde para su renuncia al cargo fueron estrictamente personales –precisamente se hallaba en esos momentos de baja por enfermedad–, lo cierto es que en el fondo de la cuestión pesó más su indecisión a la hora de decretar la demolición del polémico edificio. Se gestó entonces lo que vino a llamarse “operación recambio” en la alcaldía, tanto a nivel interno del PSOE granadino como en negociaciones con PSA y PCE.
El conflicto se agudizaría a finales de octubre, hasta el extremo de llegarse a romper los precintos de la policía municipal por parte de los promotores del híper, que organizaron la apertura al público en un brevísimo plazo de 24 a 48 horas, con la intención de consolidar el funcionamiento del centro comercial y dificultar su posible cierre en el futuro. Ante esto, la lógica reacción del gobierno municipal fue la inmediata reposición de los precintos, así como la adopción de las medidas necesarias para impedir la inauguración oficial de las instalaciones y su apertura al público. Mientras tanto, distintas asociaciones de vecinos, un grupo de 200 conocidos profesionales, artistas e intelectuales granadinos, el Colegio de Arquitectos y varias otras organizaciones políticas y ciudadanas se pronunciaban públicamente en contra de la legalización de las obras del híper, criticando a la vez la actitud dilatoria y poco decida seguida al respecto por el Ayuntamiento. La Federación de Asociaciones de Vecinos exigió, además, la demolición del edificio como paso fundamental para la salvación de la vega de Granada. Sin embargo, ni la autoridad municipal ni la gubernativa llegaron a impidir que la mañana del 26 de octubre Hipergranada abriera finalmente sus puertas. Y lo hizo dentro de la más absoluta normalidad, con un gran éxito de público y sin que en ningún momento se dejasen ver por allí agentes municipales o miembros de la Policía Nacional.
A partir de ahí se entraría ya en una serie intermitente de aperturas y cierres del edificio, unas veces como estrategia en la negociación para conseguir las pertinentes licencias municipales y otras como acatamiento absoluto de la autoridad. En noviembre se levantó la liebre desde la Administración regional. La Junta de Andalucía ordenaría la demolición de las instalaciones de Hipergranada si el Ayuntamiento no la llevaba a cabo. Por fin, en una fecha tan significativa para los andalucistas como la del 4 de diciembre, el para entonces ya alcalde Antonio Jara ordenaría la clausura del centro comercial en el plazo de ocho días, así como la posterior demolición del polémico edificio y todas sus instalaciones anexas y complementarias en un máximo de cinco meses. El proceso necesitaría todavía varias vueltas más de tuerca antes de llegar a otra de sus fechas clave, la del 28 de diciembre, el llamado “día de los inocentes”, que fue el elegido por la Audiencia Territorial para ratificar el cierre municipal del hipermercado. La decisión judicial no serviría, sin embargo, para poner fin al terremoto político desatado por el polémico asunto, que todavía seguiría dando sacudidas importantes durante 1980.
Los otros terremotos. Pero, además de ese terremoto político y social que supuso el desafío de Hipergranada a la nueva autoridad democrática municipal, y los movimientos sísmicos que para el ánimo de no pocos fueron las dos convocatorias electorales de 1979, el año deparó también a Granada otra serie de seísmos más físicos y perceptibles que aquéllos, y de bastante mayor intensidad en la escala popular del miedo colectivo. Con la inauguración de la primavera parecía que se estrenase igualmente el calendario oficial de los temblores de tierra. El día 20 de marzo se produjeron en la capital granadina y pueblos circundantes varias sacudidas que alcanzaron los cinco grados en la escala de Mercalli modificada. El último día del mes de abril se registraba un nuevo seísmo de cuarto grado en la citada escala, que era la utilizada entonces por los técnicos del Observatorio de Cartuja en sus notas facilitadas a la prensa. Cuatro días más tarde, varios nuevos temblores de mediana intensidad creaban ya un clima de auténtica inquietud entre la población granadina. La madrugada del 19 de junio la ciudad y su comarca serían nuevamente sacudidas con otros dos seísmos, uno de los cuales llegó casi a los seis grados de intensidad, al igual que el registrado en la madrugada siguiente, percibido además esta vez en toda la mitad oriental de Andalucía. El 29 de junio y el 30 de julio fueron fechas de nuevas sacudidas telúricas, la de este último día producida de madrugada y de gran fuerza, alcanzando una magnitud de 4,3 grados en la escala de Richter y seis grados según la de Mercalli. La psicosis de miedo ante los frecuentes terremotos llevó a parte de la ciudadanía y de la curia a ¡culpar al Ayuntamiento!, que era de izquierdas, por no haber cumplido ese año con la tradición de ofrecer una misa en rogativa a la Virgen de las Angustias para prevención de terremotos. Lógicamente, las misas se celebrarían de inmediato en la basílica de la patrona, oficializadas por el arzobispo de Granada, monseñor Méndez Asensio. La “malafollá” granadina se destaparía también con este asunto: “Mientras la Alhambra siga en pie, es señal de que aguantamos”, dejó caer algún vecino del Zaidín.
Mientras tanto, de la vida económica y social de la Granada de 1979 quedaron igualmente para su crónica hechos como el debilitamiento del Banco de Granada y su obligada adhesión a la Corporación Bancaria (Meridional, Cantábrico, Valladolid, Granada y Crédito Comercial), o la aprobación en febrero del proyecto de instalación en Sierra Nevada del mayor radiotelescopio del mundo. Un proyecto que, no sin cierta polémica, había tenido que cambiar su emplazamiento desde el Pico del Veleta, donde en principio se había previsto su instalación, a la Loma de Dílar, donde finalmente se levantaría a 2.850 metros de altitud y en un lugar relativamente “escondido”.
Éste fue también el año de la constitución y legalización de la Unión de Periodistas, promovida por un grupo de profesionales de la prensa discrepantes de la línea oficial seguida entonces por la Asociación de la Prensa, a falta todavía de adaptarse a los nuevos vientos democráticos que dominaban ya por doquier en nuestro país. Abril trajo a Granada la presencia de Mingote, Cesc, Forges, Perich, Máximo y Julio Cebrián con la celebración del I Encuentro Nacional de Humoristas Gráficos, convocado por los dibujantes locales Martinmorales y Soria. En mayo se les daba a los granadinos dos buenas noticias: la presentación del nuevo disco de Carlos Cano Crónicas granadinas y la entrada en vigor de un real decreto por el que la Alhambra y el Generalife quedaban protegidos contra atentados urbanísticos. De paso, el Carmen de los Mártires pasaría a competencia del organismo autónomo del Patronato de la Alhambra, dada su ubicación dentro de la zona especial de protección. Junio era fiel a su cita con la “fiesta del cinco a las cinco” en Fuente Vaqueros. Miles de personas acudieron nuevamente al homenaje popular, que este año estaría protagonizado por el hispanista irlandés Ian Gibson, quien por fin había visto publicado en España su importante e imprescindible libro sobre la muerte del poeta: Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca. Mientras La Fuente estrenaba alcalde socialista en la persona de Francisco Martín –que asistía al homenaje junto a su compañero de partido y primer edil de la capital Antonio Camacho–, entre el público se encontraba por primera vez desde que comenzó a celebrarse el nacimiento de Federico, su hermana Isabel García Lorca, acompañada de su sobrino Manuel Fernández-Montesinos, que sería una vez más el encargado de cerrar el acto, en esta ocasión con la lectura del discurso que su tío había pronunciado allí mismo en 1934 con motivo de la inauguración de la biblioteca del pueblo y en presencia del entonces ministro de Educación de la República, Fernando de los Ríos.
En julio se cumplía con la tradición de anunciar la llegada a la finca motrileña Astrida del rey Balduino y la reina Fabiola de Bélgica, donde acudían todos los veranos a pasar sus vacaciones. Y del mismo modo, como todos los años, fueron cumplimentados a su llegada a Motril por el alcalde de la ciudad, con el matiz de que en esta ocasión el alcalde era Enrique Cobo, cabeza visible en la costa granadina del izquierdista Partido del Trabajo de Andalucía. La vigésimooctava edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, integrado en la Asociación Europea de Festivales de Música, dejó para el recuerdo el estreno mundial de Norabait, de Antón Larrauri, y dos polémicas: una, la protesta del Sindicato Profesional de Músicos Españoles por la utilización de música grabada en las actuaciones del Ballet Nacional Español y el del Teatro de la Ópera de París; y la otra, la discutida sesión de cante jondo que clausuró el Festival.
El mes de octubre volvería a poner de actualidad en Granada el recuerdo de Federico García Lorca, esta vez de la mano de Luis Rosales, que volvería a repetir a Antonio Ramos lo que ya antes nos había dicho a Ian Gibson, Eduardo Molina Fajardo o a mí mismo, al entrevistarlo durante nuestras respectivas investigaciones sobre el trágico final del poeta de Fuente Vaqueros: “¿Por qué han desaparecido todos los documentos sobre la muerte de Federico?”, se quejaba públicamente el autor de La casa encendida en las páginas de Ideal. Pero, más que sus declaraciones sobre la muerte del amigo al que había tratado de proteger sin éxito en el mes agosto del 36, la visita de Luis Rosales a su ciudad natal tuvo más notoriedad en esta ocasión por la presentación de su libro Un puñado de pájaros, cuyos poemas fueron leídos por el propio autor durante la inauguración de la exposición de los grabados originales con los que César Olmos había ilustrado la obra. Se trataba de la primera vez que Luis Rosales, próximo ya a cumplir los setenta años, leía en público versos propios en Granada desde que, cincuenta años antes y todavía prácticamente imberbe, recitara en el Centro Artístico sus ‘Romances del colorido’.
El año cultural se cerraría por fin con el fallo del Premio García Lorca de poesía, que en esta ocasión recaería en José Ortega por su obra Hierofanía. En la modalidad B de dicho premio, especial para estudiantes, el galardón se le concedió al libro Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, obra de un todavía jovencísimo Luis García Montero. |
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