Warning: pg_result() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/webs/transicion/web/admin/F_bd.php on line 33 La transición de Andalucía
18 de marzo de 2026
 

 
  botón inicio botón contacta botón mapa web
foto cabecera
titulo cabecera

 
 
menu
PROVINCIAS
MONOGRÁFICOS
- Adiós al Hollywood europeo
- A donde habite el olvido
- Alfonso Canales, cronista cultural de Málaga
- Alfonso Grosso, entre balas y merengues
- Almería en tres miradas
- Antonio Gala no ha sido asesinado en Murcia
- Antonio Mozo, el innovador
- Asunción Andaluza
-
TROFEOS DISPUTADOS ENTRE 1973 Y 1983

- Caídas y más que caídas
- Caídos sin nombre
- Campo de sangre
- Cántico de Córdoba
- Centenario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez
- Cerrado ante la justicia, abierto ante la historia
- Del olvido a la gloria
- Deporte, de la jerarquía a la democracia
- Despiertan los medios de comunicación
- Domínguez Ortiz, cita con la historia
- "Donde se vive y se muere fuera"
- Eduardo Chinarro, el periodismo laboral
- El arte al alba
- El Centenario de Vázquez Díaz
- El Correo de Andalucía en Huelva
- El fin de los monopolios
- El flamenco en la Transición
- El islote de Saltés
- El nacimiento del Festival de Cine Iberoamericano
- El reportero Sebastián Cuevas
- El torero que revolucionó las masas
- En el nombre de Jarcha, libertad sin ira
- En homenaje al maestro Ladis
- Entrevista a Antonio Gala

Diálogo del desamor

- ¿Estamos preparados para el cambio?
- Huelva canta libertad
- Huelva y la música
- José Gálvez Manzano populariza el billar
- José Prieto Escaso, arquero olímpico
- Juan Diego borda su venganza
- La creación nunca duerme
- La década gloriosa del Trofeo colombino
- La esquina de Pepe Jiménez
- La herida de Federico Villagrán
- La mirada de Ricardo
- La princesa comunista
- La radio del transistor
- Las voces prohibidas
- La Transición acelera el reciclaje de los periodistas
- La Transición de los periodistas
- La Transición en las librerías malagueñas
- Los interrogantes de Antonio Burgos
- Medios: la renovación inconclusa
- Nadie sabía nada
- Noche de guardia
- Pedro y Pablo en la Tasca del Matías
- Picasso, principio y fin
- Pudo ser un sueño, pero fue realidad
- ¡Que vienen, que vienen!
- "Se hace talento al andar"
- Semblanza/ Manuel Benítez 'El Cordobés'

Un flequillo le leyenda en la España de los 'seìllas'

- Távora en esencia
- Tránsitos
- Una irrepetible complicidad
- Un festival "rojo" en el franquismo
- Un lienzo pendiente
- ¡Viva Andalucía viva!
CIUDADES RELEVANTES
 

INICIO > PROVINCIAS > > CRÓNICAS
 
botón introducción botón crónicas botón conversaciones botón artículos botón epílogo botón fotos  


1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983  
  1980
  Juan José Téllez Rubio
  Todo el año fue el 28-F
  En un plisplás. Ocurrió en el curso de un comité nacional de UCD. Era una reunión informal: “Tú mismo, tú que sabes”, le dijeron. Le llamaban “el zorro plateado”, quizá por su cabello eternamente gris. El gaditano José Pedro Pérez Llorca, que del PSP de Tierno pasó al PP de Camuñas, pergueñó, entonces, sobre una servilleta el enrevesado enunciado de la pregunta que iba a someterse a referéndum del pueblo andaluz el 28 de febrero de 1980: “Estábamos delante Rafael Arias Salgado, Fernando Abril Martorell y yo”, comenta ahora Arturo Moya, tantos años después de que su partido decidiera predicar la abstención en dicha consulta.

“¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Tras la entrevista entre Adolfo Suárez y Rafael Escuredo, preparada por Manuel Clavero Arévalo, todo parecía indicar que el Gobierno iba a canalizar el proceso autonómico andaluz a través del artículo 151 de la Constitución, que ya amparaba a Cataluña, Euskadi y Galicia, las llamadas nacionalidades históricas. Andalucía era la cuarta, la que se quedó en puertas de obtener estatuto propio durante las largas vacaciones del 36. Sin embargo, un martes 15 de enero de 1980, el Comité Ejecutivo Nacional de UCD decidió lo contrario, sin encomendarse a su organización en Andalucía y boicoteando, de hecho, una reunión del comité regional que había convocado Clavero y a la que acudieron como paracaidistas José Pedro Pérez Llorca, Fernando Abril, Pío Cabanillas y Roldofo Martín Villa. La propuesta del comité ejecutivo era propugnar la abstención y resolver los procesos autonómicos pendientes, incluido el de Andalucía, por el artículo 143 de la Constitución, al tiempo que se exige que el referéndum sea aprobado por mayoría en todas y cada una de las provincias afectadas, al contrario de lo que ocurriera en Cataluña y Euskadi, en donde sólo se exigió su aprobación por mayoría del conjunto de la población. La dimisión del ministro andaluz no se hizo esperar, en cuanto se supo que UCD iba a recomendar la abstención, algo inconcebible hasta entonces en cualquier llamada a urnas convocada por un gobierno: “Se me caería la cara de vergüenza –condicionó Clavero—si, como ministro, os pidiera la abstención”.

“Para colmo –anota–el texto de la pregunta que se sometía a referéndum era tan enrevesado y artificial que no hubo humorista en España que no publicara chistes sobre el contenido de la papeleta. Lo andaluces, sin embargo, si no comprendieron exactamente la pregunta, se dieron perfectamente cuenta de lo que tenían que responder”.

Otro ministro de origen andaluz, aquel gaditano del FELIPE llamado José Pedro Pérez Llorca, salió reforzado de la crisis: en la remodelación del gabinete que afronta Adolfo Suárez mantiene la cartera de Presidencia y asume la de Relaciones entre las Cortes Generales y el Gobierno. A finales de año, se convertirá en titular de Asuntos Exteriores.

La traición de UCD tomaría carta de naturaleza bajo el lema “Andaluz, éste no es tu referéndum” y con el concurso de supuestos andaluces profesionales como Lauren Postigo, a quien el ingenio popular reconvirtió pronto en Lauren Castigo. Pero, desde el Sur, hubo un contraataque institucional. En San Fernando, a finales de enero, se convoca un pleno extraordinario del Ayuntamiento para debatir la autonomía andaluza, que habrá de votarse un mes más tarde, el 28 de febrero. El 27 de enero, el ministro Arias Salgado se reúne con el consejo político, en Jerez, para tratar precisamente ese asunto. Poco después y en ese mismo municipio, se escenificará la tocata y fuga de UCD de las filas del andalucismo, cuando, a finales de enero, los concejales centristas se retiraron al comienzo de la sesión plenaria por estar en contra de que la cuestión autonómica se incluyera en el orden del día de la sesión. UCD bajaba a Andalucía a predicar el evangelio y cualquier visita ministerial servía para ello. Así, por ejemplo, Rafael Calvo Ortega, que era titular de Trabajo, se despachaba en Diario de Cádiz con una máxima prístina: “Es un error identificar el progreso con la autonomía a corto plazo”. Claro que el pleno de la Diputación aprobaba una moción a favor del referéndum de autonomía y un gasto de cuatro millones de pesetas para respaldarlo y los representantes de la UCD no sólo votaron en contra, sino que insistieron en que era ilegal. Otro tanto ocurrió en numerosos ayuntamientos, como el de San Fernando, donde se asignó una partida de 200.000 pesetas.

“Un profesional tan atento y con tantas orejas puestas en tantas partes como José Álvarez profetizaba en El Correo de Andalucía: ‘En UCD hay un número bastante generoso de hombres dispuestos a partirse la cara por sacar adelante el referéndum’ –anota el talentoso y malogrado periodista Antonio Mozo--. Y daba la lista de los voluntariosos ucedeos que iban a salir a los pueblos a convencer al personal de que votara sí el 28-F: Clavero y Fombuena, en Sevilla; Morillo y Valdecantos, en Cádiz; Rodríguez Alcaide y Delgado de Jesús, en Córdoba; Sabalete, en Jaén; García Pérez y Huelin, en Málaga, y Orpez y González Delgado, en Huelva. Y añadía una pequeña lista de otros menos voluntariosos, pero también dispuesots a predicar el sí, aunque sin partirse la cara: Cecilio Valverde, Soledad Becerril, Carmen Pinedo y Francisco Villodres. Escaso futuro tendría Álvarez como pitoniso: sólo un acierto, el primero, Clavero. Pero no es oficio de la prensa acertar con el futuro, sino contar el presente en el compás preciso con que se hace pasado”.

Sin embargo, el senador y concejal ucedista por Cádiz, Pedro Valdecantos, presidente provincial de UCD, fue capaz de romper el telón de acero que empezaba a tejer su partido en torno al referéndum y acudió a cumplimentar a Rafael Escuredo, durante la huelga de hambre que emprendió el sábado 2 de febrero, en protesta por los términos del decreto de convocatoria del referéndum. Valdecantos, según declaró, acudió a verle por amistad personal y por respeto a su papel como presidente de la Junta de Andalucía. Manuel Clavero fue más allá e hizo campaña por el “sí”, acompañando a Escuredo en numerosas convocatorias públicas. La huelga de hambre de Escuredo encontró respaldo en varios ayuntamientos de la provincia gaditana, entre los que figuraron los de Puerto Real, La Línea, Rota o Grazalema. La huelga duró tan sólo cuatro días pero consiguió el efecto esperado: una enorme atención mediática.  Claro que el PSOE asumía la estética andalucista, desplazando al PSA del monopolio de la bandera blanquiverde. Y los ayuntamientos se convirtieron en la principal arma arrojadiza contra el escaparate político de la UCD, algunos de cuyos referentes gaditanos apostaron por el 151, como fue el caso de José Manuel Paredes Grosso, que había sido diputado centrista en las Cortes constituyentes y que amagó con abandonar el partido.

El día 6, los concejales centristas volvían a abandonar un pleno, esta vez en Cádiz, al haberse presentado una moción conjunta de toda la izquierda, incluyendo al PSA, por la que se rechazaba la discriminación respecto a otras comunidades que sufría Andalucía en la convocatoria del referéndum. Al retirarse los ediles del partido en el gobierno faltó quórum y no llegó a aprobarse ni dicha argumentación ni el presupuesto de 500.000 pesetas que pretendía respaldar la iniciativa autonómica del 151. Para Ramón Pérez Díaz-Alersi, se trataba de un acto político extramunicipal. La historia les pasaría factura electoral, aunque no así a Alianza Popular, que también recomendaba la abstención o el voto en blanco en el referéndum.

Mientras tanto, el PSOE se crecía ante el castigo y anunciaba a los cuatro vientos que invertiría alrededor de siete millones de pesetas en la provincia gaditana para propagar el “sí”, ante la compleja pregunta que varias semanas antes había redactado un paisano suyo sobre una simple servilleta.

Dimisión de Clavero. El 17 de febrero y cuando medio país se desayunaba con la dimisión de Manuel Clavero, Cádiz celebraba la Fiesta de la Autonomía, con la presencia de Rafael Escuredo, presidente de la Junta pre autonómica de Andalucía: “El tema no es un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha”, aseguraba a pesar de que los concejales de UCD no asistieron a la sesión plenaria en la que él participó en respaldo del proceso autonómico andaluz. Andalucía iba a ganar “le duela a quien le duela”.
“La bandera verdiblanca –proclamó all햠 representa los intereses de todo el pueblo andaluz que no quiere ser pisoteado por 30 personas de Madrid”. No será la última vez que visite la provincia: “Tenemos más capacidad de gobierno que otros pueblos”, desearía dos días más tarde en Jerez y en Rota.

La campaña es intensa en toda la provincia. El día 22, Rafael Alberti y Jesús Fernández Palacios leen poemas a favor de esta causa en El Puerto de Santa María, mientras Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, visita Cádiz y Algeciras, donde participa en un acto público en el histórico Salón de Plenos, junto al alcalde y camarada Francisco Esteban. “¡Viva Andalucía!”, gritó allí Santiago Carrillo, tras otros vivas a la clase trabajadora y antes de que exclamase erróneamente “¡Viva La Línea!”, precisamente en su ciudad vecina y jocosamente rival.  Cádiz crea un Comité Cívico Pro-Sí en el referéndum, en el que figuran desde el director teatral Luis Balaguer al prior de Santo Domingo, padre Rozuelos, el poeta Jesús Fernández Palacios, el abogado Ramón Dávila o Carmen Acosta, ama de casa. “Que los andaluces estemos representando a España en el mundo y ahora se nos niegue el pedazo de pan de la autonomía, es algo demencial”, afirmará Balaguer. Bajo el lema de “Por encima de todo, la dignidad de Andalucía”, organizaron un acto multitudinario en el Valcárcel, con la participación de María de los Ángeles Infante, la hija del padre de la patria andaluza.

También en San Fernando existía un Grupo de Apoyo a la Autonomía que no sólo incorporaba a partidos políticos y centrales sindicales, sino a toda la sociedad civil, desde organizaciones cristianas a la Tertulia Flamenca, Círculo de Artes y Oficios o asociaciones de vecinos.

La UCD replica con publicidad en prensa, como el manifiesto que intentaba explicar lo inexplicable: “El referéndum somete a consulta una determinada manera de alcanzar la autonomía, no la autonomía misma. Votar afirmativamente sería elegir la vía más aventurada y peligrosa, porque conduce a un nuevo centralismo. Votar en blanco o no votar, es optar por un camino más ordenado y que defiende la personalidad de cada provincia”.

La capital promueve dos caravanas automovilísticas a favor de sí, justo en vísperas de la jornada de reflexión. Se llevó a cabo incluso un maratón popular, pero no pudo lograrse que se interpretara el himno de Andalucía durante el encuentro que habrían de disputar el Cádiz CF y el Recreativo de Huelva, ya que el presidente cadista se negó a ello por respeto a socios y aficionados que mantenían diferentes posiciones políticas.

Ante las repentinas visitas de los ministros de Universidades, Luis González Seara; de Comercio y Turismo, Juan Antonio García Díez –a la sazón diputado por Cádiz–, y Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, el PSOE asegura que dicho despliegue no tiene más objeto que respaldar la campaña abstencionista del Gobierno. Pero las invectivas socialistas no se dirigían sólo contra la derecha o el partido en el Gobierno: Alfonso Guerra arremetía contra el PSA durante su visita a la provincia gaditana, poco antes del cierre de campaña.

Durante el 28 de febrero, dos secciones de la Policía Nacional de Ceuta y una compañía de la Reserva General de la Policía Nacional de Madrid se repartieron entre Cádiz y El Puerto de Santa María, para prevenir incidentes, que no hubo, durante la jornada de referéndum en la que el gobernador civil, José María Sanz Pastor, no pudo votar por no estar inscrito en el censo.

En Arcos, los interventores de UCD denuncian coacciones porque les han asegurado que no saldrían vivos de Andalucía. Jesús Domínguez, el alcalde, lo niega en redondo. Buena parte de los interventores que utilizó UCD en la provincia gaditana provenían de fuera de la región. En las páginas de Diario de Cádiz se refleja que 150 personas llegaron desde León al aeropuerto de Jerez, distribuyéndose entre dicha ciudad y Algeciras, a fin de realizar dicha fiscalización. Otros, como los que se desplazaron a Sanlúcar, vieron rajadas las cubiertas de sus automóviles.

La sede de UCD en Algeciras también sufría desperfectos durante una jornada tensa en donde la sangre no llegó al río. Del nivel de crispación que se respiraba, puede dar cuenta una grabación radiofónica. En Radio Algeciras, bajo la batuta del periodista José Ojeda Luque, participaban en un debate los concejales Manuel Martín, del PSOEM el alcalde socialista de La Línea, Francisco Niebla, y la concejala algecireña de UCD, Pilar Pastrana, quien efectuó una llamada telefónica a eso de las dos menos cinco de la madrugada.  Los socialistas habían denunciado, entre otros aspectos, “la invasión de extranjeros en nuestra región como interventores”.

“¡Resulta que voy a estar ahora, de la noche a la mañana, en un país extranjero! –aseguro la edil de origen salmantino que daba clases de Filosofía en un instituto–. España nunca ha votado una Constitución en la cual cuando existan autonomías en las regiones resulte que uno se encuentre en un país extranjero, que necesite un pasaporte (...). Y eso de la invasión, el mismo PSOE sabe que invadió el País Vasco y Cataluña, igual que nosotros, en la autonomía del País Vasco y Cataluña. Que no se hagan ahora los listos, que no son tan listos; o sea que no ha habido ninguna invasión, que estamos todavía, creo, en España (...). Yo no he hecho dejación de ser andaluza ni mucho menos, aunque hable castellano”.

Se inició, a partir de entonces, un curioso pulso dialéctico entre Pilar Pastrana y el alcalde linense, quien aseguraba que en su municipio, aquel día, había ocurrido lo de siempre: “La normalidad, civismo y el triunfo de la izquierda, como históricamente...”. Ella le interrumpió: “No; pues, normalidad, no; civismo, tampoco, y el triunfo de la izquierda, no. No era el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. Simplemente, el 151 o el 143”.

Y como Niebla le replicase que había existido discriminación para Andalucía con respecto al País Vasco y Cataluña, la concejala llegó a preguntarle: “Usted, ¿qué quiere ser, vasco o andaluz?”. El alcalde contesta que español y menciona la pregunta de la papeleta, a lo que ella replica: “A los vascos se les pregunta exactamente igual y lo entienden. Tienen mucha menos población y tienen más dinero que nosotros y están más preparado y aquí no hay discriminación, simplemente que a cada uno se le trata como nos merecemos”. “O sea –atajó Niebla–, que nosotros merecemos peor trato que los catalanes o los vascos”

Y zanjó Pilar Pastrana: “...Como sea nuestra geopolítica. Nosotros queremos ser andaluces dentro de España y, entonces, necesitamos nuestro camino... No estamos siendo peor tratados. Somos de forma diferente y mi madre trata de forma diferente a mi hermana que a mí, porque somos personas distintas”. El PSA, al día siguiente, incorporó una petición para que el alcalde solicitara una retractación pública de dichas declaraciones, o bien que dimitiera de su cargo en la Corporación, “por ser sus palabras un insulto a nuestro pueblo”.  Al día siguiente, la sede de UCD fue apedreada por un grupo de jóvenes que con anterioridad penetró en su interior e insultó a quienes se encontraban en dicho lugar, mientras las fuerzas de seguridad protegían, en la capital gaditana, las sedes de UCD, Alianza Popular y Fuerza Nueva, a fin de evitar incidentes que no llegaron a producirse.

A escala andaluza, los resultados iniciales del referéndum apuntaban hacia el escenario del desastre. Que se había perdido y que no sería el 151 el artículo por el que habría de guiarse el futuro andaluz: “Queda abierto el camino para que Andalucía vaya a la autonomía por el 143”, se ufanaba Antonio García Díez, ministro de Comercio y diputado por Cádiz, a quien daba la réplica el andalucista Rojas Marcos: “No quiero ni oír hablar del 143”.
Claro que tampoco era unánime la postura ante los acontecimientos, dentro del bloque gubernamental:  “Existe una auténtica conciencia de pueblo andaluz”, no podía por menos que manifestar Ramón Pérez Díaz-Alersi.

Pero no era así. Cádiz, Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba superaron pronto la barrera del 50% de participación. Málaga también, aunque por los pelos. Y, en Jaén, la mayoría vino de la mano de una serie de reclamaciones y correcciones del censo, en los días siguientes. Sólo se descolgaba Almería, con tan sólo un 42% de votos a favor del 151. En el Casino de la Exposición, en Sevilla, las espadas estaban en alto.

Alejandro Rojas Marcos que compaginaba su responsabilidad como diputado por Cádiz y secretario general del PSA, barría para casa cuando afirmaba aquella noche y en aquel lugar: “El referéndum andaluz se ha convertido en un campo de batalla de los dos partidos que quieren repartirse La Moncloa, en este bipartidismo que tratan de construir. El PSOE tiene moncloítis aguda”. “Siempre pensé que Cádiz ganaría”, se felicitaba Gervasio Hernández-Palomeque, presidente de la Diputación, cuando finalizado el escrutinio pudo comprobarse que el referéndum se había salvado holgadamente en la provincia gaditana. De hecho, estos fueron los datos definitivos en dicha circunscripción:

Censo electoral    664.109
Votos sí     367.065 (55,27%)
Votos no    13.412 (2,02%)
Votos nulos    2.869 (0,43%)
Votos en blanco    24.147 (3,64%)
Nº de votantes    407.493 (61,36%)

Las poblaciones gaditanas donde se registraron un mayor número de abstenciones vienen a coincidir con las que contaban con alcaldes de UCD: Vejer, Villaluenga del Rosario, Algar, Benaocaz, Torre Alhaquime y Zahara, no así Tarifa, donde la abstención apenas se situó en un 45,4%. Los mayores índices de participación se produjeron en municipios gobernados por la izquierda, como fueron los casos de Trebujena (PCA), Puerto Real y Puerto Serrano –ambos con alcaldes del PTA--. Incluso el gobernador civil, José María Sanz Pastor, no pudo por menos que reconocer la derrota centrista en la provincia y llegó a felicitar “a la coalición socialista-comunista” por su triunfo. El diputado por Cádiz Alejandro Rojas Marcos, del PSA, culpaba al PSOE del fiasco en la consulta, por sus antiguos consensos en la Constitución y en la propia Ley de Referéndum.

El malestar, tras la jornada del 28-F, podía palparse en las calles de la provincia. Y duró lo suyo. En Sanlúcar, a mediados de mayo, se consumará la quema de varias banderas españolas, reivindicadas por  un autodenominado Grupo 28 de Febrero, que se salda con algunas detenciones.

Dos semanas después del referéndum, durante la noche del 14 de marzo, se crea la Junta Autonomista de Cádiz, con algunos de los promotores del Comité Cívico pro Sí, a quienes se suman Jaime Pérez Llorca, el centrista José Manuel Paredes y Carlos Roca, que provenía del Grupo Drago. La izquierda, desde luego, no se rindió y, justo un mes después del referéndum, convoca una jornada de acción autonómica en la capital gaditana. No deja de ser curioso que, entre sus promotores, junto a CC OO y UGT, o PSOE y PCA, aparezca la UCD y se omita al PSA. Los andalucistas malician que se trata de una estratagema política para marginarles: “Pensamos que es una nueva trampa de los partidos centralistas”, avisan.  Pero, en cualquier caso, los convocantes difunden un manifiesto en el que denuncian la situación socioeconómica que padece Andalucía y convocan una asamblea, a gran escala, con todos los partidos, centrales, asociaciones de vecinos, recreativas o profesionales, o sea, lo que en aquel momento los sociólogos empezaban a denominar “sociedad civil”. Claro que el acto autonómico tuvo que ser suspendido. De entrada, UGT pretendía demostrar así su repulsa contra CC OO por los insultos que habían intercambiado sus delegados respectivos, tan sólo unos días antes, tras la ruptura de negociaciones en el convenio de la construcción. Y tanto UCD como el alcalde, Carlos Díaz, decidieron que dicha afrenta estaba por encima de la reivindicación autonomista.

En Jerez, se había llevado a efecto una convocatoria similar que sólo secundó Comisiones Obreras, ya que el pleno municipal, con mayoría del PSA, había decidido no secundar dicha iniciativa. En cualquier caso, aprovechando la ocasión, algunos de los participantes en la jornada de lucha autonomista intentaron derribar un busto de Franco que se levantaba en los jardines del Ayuntamiento jerezano.

A esas alturas de la película, el presidente Escuredo había propuesto que Pedro Valdecantos, quien fuera candidato ucedista a la alcaldía gaditana, volviera a ocupar la Consejería de Agricultura: “No han cambiado las circunstancias que motivaron mi dimisión”, objetó el aludido, dado que su Departamento no sólo carecía de competencias sino de recursos.

Fuera como fuere, el partido del Gobierno estaba tocado del ala. El día 9 de marzo se reunía en Cádiz el comité ejecutivo y el consejo político provincial de UCD, que reclamaba la renovación de cargos y la convocatoria urgente de un consejo regional. La prensa amiga hablaba de “honesta autocrítica”, pero los centristas tampoco se fustigaron en exceso: “No ha llegado a los electores nuestra oferta, contrapuesta a la simplistamente ofertada por los otros partidos, siendo considerada, además, nuestra opción como tardía y dudosa”.“Se ha producido –admitían— una fuerte afirmación del sentimiento andalucista, por encima de concepciones ideológicas partidistas y una fuerte réplica a la idea de postergación frente a otras regiones o nacionalidades supuestamente favorecidas”.

Al día siguiente, Juan Antonio García Díez, Antonio Toscano, Francisco Mora, Carmen Pinedo, Pedro Valdecantos y Antonio Morillo acudieron a la ejecutiva regional de UCD que celebró reunión en Córdoba y en la que se aprobó una moción a favor de la autonomía plena para Andalucía y en aras de la recuperación de la credibilidad perdida por una campaña equivocada.

Algo ocurre dentro de las filas centristas. Lo cierto es que las dimisiones se suceden en su seno, bien sea en aquellos lugares en donde no tocan poder, o por diferencias ideológicas y estratégicas. Por ejemplo, en pocos meses, se sucederán cuatro dimisiones en el comité jerezano del partido, incluyendo la del secretario local, Fernando Agea Amador, quien además era teniente de alcalde. En vísperas del congreso de UCD-Andalucía, dentro del aparato centrista había cargos públicos de tanta relevancia como el gaditano Daniel García-Pita Pemán, miembro del provincial y del consejo político nacional de dicha formación, que temían que dicho encuentro se llevase a efecto “sin transparencia democrática”, ya que no iban a celebrarse asambleas provinciales para elegir a los compromisarios, sino que se elegirían por designación directa del consejo. Esto es, a dedo. De hecho, días más tarde, Valdecantos se niega a aceptar dicha designación, porque no la considera representativa.

El gaditano Carlos Rosado Cobián asumirá en julio la secretaría general de UCD de Andalucía, mientras que Antonio Toscano se hacía en otoño con la mayoría de los compromisarios del congreso provincial: “El procedimiento de la autonomía debe resolverse en el marco de la negociación –aceptaba Rosado en un evidente cambio de tercio de la formación que empezaba a liderar--. El momento de Andalucía es difícil pero esperanzador”.

Mucho antes, el e xministro Manuel Clavero, apartado de la UCD, se replanteaba su papel político y buscaba en Cádiz una alternativa de futuro para sí mismo y para quienes confiaran en su proyecto autonomista de centro: “Crearé el partido si cuento con los medios necesarios y es para bien de Andalucía”. “La burguesía andaluza tiene que tomar conciencia de su responsabilidad en la región –afirmaba durante su estancia en Cádiz a la búsqueda de adeptos para esa nueva aventura--. Es totalmente antidemocrático no concedernos la autonomía por el artículo 151. Todos los parlamentarios andaluces unidos conseguiríamos la autonomía que deseamos”.

Su nuevo y breve partido llevará el nombre de Unidad Andaluza.
Clavero no era el único que tenía que buscarse la vida política. En el bando ganador de su antigua UCD, Juan Antonio García Díez, presidente del Comité Ejecutivo Provincial, cesaba ese año como ministro de Comercio: “La provincia pierde ministro y gana diputado”, zanjaría él mismo, ante la asamblea provincial del partido. En la remodelación gubernamental, por cierto, el gaditano José Pedro Pérez Llorca sustituye al sevillano Antonio Fontán al frente del Ministerio de Administración Territorial.

El 12 de junio, Pérez Llorca llamó a Clavero para indicarle “que UCD estaba reconsiderando su actitud sobre el artículo 143 para la autonomía andaluza y que estaban estudiando una fórmula que diera satisfacción a Andalucía”". Sin embargo, dicha charla no tendría continuación. “UCD no es el policía del centralismo como quiere presentarnos la izquierda”, intentaba defender su causa, por aquellas fechas, Antonio Morillo.

“Intentaremos que UCD no nos haga chantaje con el grupo parlamentario”, afirmaba Antonio Ibáñez, del PSA, en vísperas de la asamblea provincial que dicho partido celebraría en San Fernando, a finales de mayo. Pero cuando llegue el nuevo otoño caliente de aquel año, la difícil negociación emprendida con el Gobierno por parte de Alejandro Rojas Marcos, empezaba a minar la credibilidad pública de dicha formación. UCD y PSA andaban empeñados en un vano intento de desbloquear la autonomía a través del artículo 144 que no se había barajado hasta la fecha y que defraudaba las expectativas de Andalucía. En rigor, todo parecía un trapicheo de Adolfo Suárez para granjearse el favor del Grupo Andalucista durante la cuestión de confianza planteada por los socialistas. Y, claro, dicha negociación en la sombra se presentó desde las filas del PSOE como una traición a los sueños andaluces y abriría, a la postre, la tumba política de los andalucistas en aquel momento histórico.

Ya en abril, lo había anunciado Rafael Escuredo: “Andalucía no puede esperar, y estoy dispuesto a encabezar una rebelión política como en un plazo de tres meses no vea una voluntad decidida del Gobierno y de Unión de Centro Democrático de dotar a Andalucía de una autonomía plena en igualdad de oportunidades con  las nacionalidades históricas”, declaró entonces al diario El País.
Advertía de que no se iba a tratar de una huelga general o de la lucha armada, sino que, antes bien, se trataría de un acto de rebeldía pacífico, que le llevaría incluso a “abandonar la Presidencia de la Junta y encabezar una protesta desde los ayuntamientos y las diputaciones”.

Del 2 al 8 de junio, así pues, se convocan encierros y se difunden proclamas en demanda de que la blanquiverde cupiese por el ojo de la aguja del artículo 151. Se le llamó la Semana de Andalucía y se puso en marcha la recogida de 500.000 firmas para reclamar la reforma de la Ley de Referéndum. Desde las instituciones locales, se intenta la reconducción del proceso autonómico y, en junio, se suceden plenos municipales a su favor, aunque con la frecuente ausencia de concejales de UCD. En la Diputación, por ejemplo, el pleno no pudo celebrarse por falta de quórum.

Con ausencia de centristas y andalucistas, el 4 de octubre de 1980, la Asamblea de Parlamentarios ratificó en Cádiz la vía del 151 para Andalucía. Se trataba, según el ex ministro Clavero, quien asistió a la misma, de “la única fórmula posible”. “La imagen que UCD y el PSA producían con su ausencia les resultaba enormemente perjudicial”, anotará el abogado y catedrático sevillano.

En septiembre y a partir de la negociación entre ambas formaciones, el ministro Rodolfo Martín Villa esboza la posibilidad de un nuevo referéndum “aprobatorio” del futuro Estatuto de Autonomía que pretendían que fuera elaborado a partir de la fórmula especial del artículo 144.

Posteriormente, Martín Villa propone un pacto autonómico global para todas las autonomías, pero será después del acuerdo final que se alcance sobre el caso andaluz, el 24 de Octubre, en el Congreso, el mismo día que una caravana automovilística recorre la capital gaditana bajo el lema “Por la victoria de Andalucía”, con el respaldo conjunto del PSOE y del PCA. Cada una de las fuerzas políticas intentaban rentabilizar a su favor la solución final al contencioso. Desde el PSA, se aseguraba que el desbloqueo del proceso autonómico había partido de un acuerdo entre el Gobierno central y el Grupo Andalucista que lideraba Rojas Marcos, en aras de promulgar una ley orgánica que permitiese repescar a Almería por razones de interés nacional, tal y como se recogía en el artículo 144. Los socialistas les acusaban poco menos que de vendepatrias y, desde luego, el acuerdo alcanzado en torno al artículo 151 se produjo a partir de una entrevista entre Felipe González y Adolfo Suárez, por lo que el Gobierno dejaba malparado al Grupo Andalucista, que le había brindado el apoyo durante una moción de confianza presentada por los socialistas.

A pesar del año tan intenso, la participación gaditana será escasa durante los actos conmemorativos del Día de Andalucía, que tienen lugar en diciembre, con una manifestación en Cádiz, a la que no se suma la UCD y una fiesta popular en Algeciras. El gaditano Rafael Román será  nombrado, a finales de año, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Rafael Escuredo, quien encara finalmente el autogobierno por la vía del 151. El PSA, a aquellas alturas del almanaque, mantenía una posición muy delicada: se habían producido algunas dimisiones aisladas y había surgido un brote de disidencia interno, en Granada, no sólo por el proceso autonómico, sino por el intercambio de la alcaldía de Sevilla. Quizá por todo ello, cuando finaliza el año, Pedro Pacheco, avisará: “Pertenezco al sector crítico del partido”. Y, en el futuro, daría buena cuenta de ello.


La capital económica de Andalucía.
“Cádiz podría ser la capital económica de Andalucía”, dijo Alfonso Guerra. Pero no había grandes motivos para creerle. Cádiz, la capital del paro, era en 1980 la tercera ciudad española en aumento del coste de la vida. Conferencias, visitas, reuniones. Cuando amanecía aquel año, todo eran rumores y expectativas sobre la incorporación de España al Mercado Común y a la OTAN. Pero, aquí, todavía se veían alpargatas. Ante la falta de fondos del empleo comunitario, los alcaldes de los municipios más afectados comenzaron el histórico año con un encuentro en el Palacio Provincial y en Arcos para dirimir el complicado futuro inmediato al que se enfrentaban localidades como Arcos, Setenil, Alcalá del Valle, Espera, Trebujena, Villamartín, Bornos, Paterna y Puerto Serrano.

El campo gaditano estaba con los nervios a flor de piel. En El Cuervo, esa población tan fronteriza entre Cádiz y Sevilla que una calle pertenece a Jerez, son detenidos inicialmente 11 activistas del Sindicato de Obreros del Campo al intentar entorpecer las labores agrícolas e iniciar faenas en los mismos sin haber sido contratados. La tensión pública –asambleas, concentraciones– se palpaba en dicho municipio. La Policía Nacional llegó a establecer fuertes contingentes en el juzgado, a donde fueron trasladados los detenidos para que no se produjeran incidentes. Pero las manifestaciones públicas no hay quien las pare. Las detenciones alcanzaron, finalmente, a 17 jornaleros adscritos a dicho sindicato. Su presidente local, Juan Marrufo, insiste: “Iremos a los campos por necesidad, aunque nos detengan, nuestro objetivo es concienciar a la patronal y a los políticos de nuestros problemas, que son los de Andalucía”.

Los jornaleros se encadenaban a las máquinas y organizaciones patronales como ASAGA no estaban dispuestas a aceptar dicha presión: “No es que nos opongamos al empleo de las máquinas en el campo, sino a una mecanización exhaustiva en tanto no haya compromisos de crear puestos de trabajo”, replicaba Francisco Casero, secretario general del SOC.

La reforma agraria era una palabra tabú que empezaba a pronunciarse cada vez con más frecuencia: “Estudiamos un sistema más eficaz y racional del empleo comunitario”, anunciaría Rafael Calvo Ortega durante una visita a Cádiz.

Los ministros hablaban pero a los jornaleros les recibían los secretarios. Como cuando dirigentes de Comisiones Obreras del Campo forzaron, en abril, una reunión con el gobernador civil de Cádiz, que no pudo ser. En cualquier caso, dejaron constancia de que la cosa estaba que ardía y que no bastaba con los 20 millones de pesetas que se habían solicitado para poner parches. Y es que no sólo bufaban los jornaleros. Los empresarios agrícolas llegaron a manifestarse, aquel invierno, con tractores y remolques contra un acuerdo municipal de Villamartín, cuyo alcalde era de PTA, que fijaba el impuesto de circulación a remolques agrarios: “El Gobierno no está siendo fiel al compromiso que contrajo en la campaña electoral de UCD cuando se hablaba de agricultura. Tenemos los mismos problemas de siempre pero acentuados", aseguraban en Jerez los máximos responsables de ASAGA con motivo de la negociación de los precios agrícolas, que llegaron a convocar una manifestación en marzo. “Nuestros agricultores saben cultivar pero no saben vender”, declarará Miguel Valdés, alcalde de Chipiona, consciente de que las restricciones en las exportaciones a la CEE había provocado una “alarmante” baja en los precios.

En primavera, el Gobierno Civil llegará a multar con 100.000 pesetas de la época al dirigente de CC OO Manuel Romero Pazos, por haber incitado a los trabajadores del campo a ejercer medios de lucha. Y abrirá, por el mismo motivo, cuatro expedientes, dos de ellos contra el diputado provincial Miguel Campos, a quien le imputa que ha incitado a los agricultores a ocupar fincas. En mayo, las acciones campesinas se multiplicarán, con encierros en la Diputación o concentraciones ante el Gobierno Civil. Cuando a comienzos de un largo y cálido verano se suceden incendios en fincas de la sierra gaditana y de Sevilla, que afectan fundamentalmente a los trigales y cuyos propietarios tienen claro que el fuego había sido provocado: “Los incendios responden a una clara crisis de autoridad. Creemos que sus autores no son gente del paro ni de Algodonales”, aseguraban en junio los dueños de la finca La Nava.

La crisis del pacto de izquierdas. El pacto municipal entre los partidos de izquierdas funcionaba a trancas y barrancas. De hecho, llegaba a romperse en algunas sesiones plenarias como la que celebró la Diputación el 20 de febrero o en un pleno celebrado en San Fernando un mes más tarde, donde hubo trifulca dialéctica grande por la remodelación de las delegaciones. El pacto entre el PCA y el PSOE se resiente en El Puerto de Santa María, por diferencias entre concejales de ambos grupos que intentarán salvarse antes del verano. En diciembre, la ruptura del pacto municipal de izquierdas será un hecho en Sanlúcar, cuando el concejal Miguel Angel Zambruno (PSOE) abandona la delegación de Urbanismo, por profundas discrepancias con sus socios comunistas del equipo de gobierno. Pero, es más, ni siquiera tardó un año, desde las municipales, para que se iniciaran las crisis internas en algunos ayuntamientos. A finales de febrero, ya se hablaba de crisis en el Ayuntamiento de La Línea, por lo que algunos llamaban el “presidencialismo” del alcalde, Francisco Niebla. Procedente del PSP de Enrique Tierno Galván, lo cierto es que Niebla no encajaba con la estructura local del partido, que había llegado a pensar inicialmente en presentar como candidato a Rafael Palomino, ingeniero de Sevillana, oriundo de Jaén y que trabajaba en Campamento, que llegará a ser vicepresidente del Parlamento de Andalucía. El caso Niebla llegó al comité de conflictos del PSOE y fue sustituido, en otoño, por el concejal Juan Carmona, un abogado linense recién vuelto a su ciudad natal. También a comienzos de año, otros dos concejales del PSOE de Algeciras, Juan Carlos Mejías y Ángel Peralta fueron desposeídos de sus delegaciones por no mantener la disciplina de voto en un pleno municipal. Meses después, en ese mismo Ayuntamiento gobernado por el PCE, Silvia Alonso, una independiente que figuraba en sus listas, dimitirá como concejal de Festejos por no haberse sentido apoyada durante la última feria local. Le seguirá, apenas un mes más tarde, otro compañero de filas, Pedro Vidal Abarca, concejal de Tráfico y Deportes, quien será sustituido por Fernando Pizarro.

“El pacto de izquierdas no puede romperse porque no existe”, declarará en otoño el portavoz andalucista de dicha ciudad, Ángel Luis Jiménez, quien terminará querellándose contra el alcalde, que le había llamado mentiroso. Allí, se sucederán  enfrentamientos internos entre PCE, PSOE y PSA, mientras se agudiza la presión del sector inmobiliario cuya especulación urbanística había destrozado el paisaje local desde mediados los años sesenta y no estaba dispuesto a que se limitaran sus ambiciones, mediante el Plan General de Ordenación Urbana que empieza a redactarse ese mismo año. Pero la crisis política algecireña no es sólo municipal ya que, ese mismo año, llega a disolverse la agrupación local del PSOE, aunque los cargos públicos se mantendrán en sus puestos.

También es la hora del autobombo y el botafumeiro. Según una encuesta encargada por el Ayuntamiento de Jerez y que se da a conocer a comienzos de ese mismo mes, más de la mitad de los jerezanos opina que la actual Corporación es mejor que las anteriores: “No dimitiré de la alcaldía para sustituir a Alejandro Rojas Marcos en el Parlamento”, zanjaba Pedro Pacheco en torno al rumor que se había corrido a tal propósito. Se adoptan algunas medidas impopulares, como la entrada en acción del cepo para bloquear a los automóviles que no aparquen en los estacionamientos adecuados, o la revisión, al alza, de los sueldos de alcaldes y concejales. El de Jerez, por ejemplo, llegará a cobrar en otoño la cuantía de 90.000 pesetas. El de Cádiz, 80.000. El Banco de España cerró sus sucursales en Jerez y Algeciras y los respectivos edificios fueron cedidos a los ayuntamientos.

Sanz Pastor, el titular del despacho de las Puertas de Tierra, seguía sin morderse la lengua y utilizaba dicha institución como un ariete político contra quienes criticasen la gestión gubernamental: “El alcalde ha ido contra la ciudad y sus intereses”, llegaba a decir de Carlos Díaz, a partir de que interrumpiese las obras del polémico espigón de San Felipe, cuyo relleno fue suspendido por la Junta de Andalucía, O, por ese mismo motivo, arremetía contundentemente contra la ecologista Purificación González de la Blanca: “La presidenta de Agaden pretende que seamos la reserva espiritual de Occidente pero muertos de hambre”. Dicha actitud le condujo, a pasito lento pero seguro, al ascenso a la Delegación del Gobierno en Andalucía. El 29 de Julio, Sanz Pastor es sustituido por José González-Palacios, quien nada más llegar al despacho formula unas declaraciones alentadoras: “No se debe gobernar sólo para los votantes del partido en el poder”.

De la guerra de los puertos a la General Motors. Había bronca en los muelles. La Coordinadora de Estibadores Portuarios y Comisiones Obreras rechazaron la propuesta del convenio e iniciaron una serie de movilizaciones que no cejaron hasta el mes de agosto y que llegaron a paralizar los puertos de Cádiz, Algeciras, Barbate y El Puerto de Santa María. Finalmente, los estibadores hicieron las paces con los consignatarios, agrupados en la patronal Ademar.

Entre los puertos de Cádiz y Algeciras se vislumbraba aquel año una guerra tácita pero intensa, que perjudicó enormemente al futuro del primero y a la cohesión provincial. El centralismo y las limitadas perspectivas de encontrar una solución a la inminente reconversión naval, provocó que la Administración mimase al puerto gaditano y desatendiese las necesidades del algecireño a la hora de afrontar el sueño tecnócrata de competir con el de Rotterdam por la primacía europea. No pudo ser.

Las cifras del año anterior ya delatan la crisis que empieza a cernirse sobre el puerto de Cádiz, por más que intente abrir impensables líneas comerciales, como ocurriría con Libia. A mediados de enero, se sabe que, durante 1979, descendió el tráfico de mercancías y el número de barcos entrados. No así en Algeciras, que conoce un progresivo crecimiento no sólo en su histórico número de pasajeros sino en la consolidación del tráfico de contenedores, lo que repercutirá en los años siguientes en un extraño pulso entre las dos bahías. Mientras se desoyen informes técnicos que recomiendan el desdoblamiento de la Comarcal 440, para unir Algeciras con las grandes redes de autopistas europeas y que su interland portuario inmediato alcance hasta Madrid, los poderes públicos parecen mantener otras prioridades.
Se buscan alternativas de futuro para la economía gaditana. En Algeciras, el alcalde Francisco Esteban rescata la petición de una Carta Económica especial para la ciudad. En Cádiz, el asunto del espigón de San Felipe derivará hacia el futuro proyecto del Bajo de la Cabezuela. En San Fernando, cada vez se habla más de piscifactorías. El Ayuntamiento de Barbate aprueba la instalación de una factoría hormigonera que, al menos sobre el papel, pretende crear 49 puestos de trabajo directos y un centenar de indirectos. Se dice que Rumasa podría participar en la construcción de un puerto pesquero y comercial en Rota con una inversión superior a los 100 millones de pesetas.

Los trabajadores de la industria auxiliar de las grandes factorías, agrupadas en torno a la pequeña y mediana empresa del metal, deciden parar en marzo y los empresarios imponen el cierre patronal. La industria naval seguía agonizando y los trabajadores de Astilleros –unos 1.500, dijeron los papeles– volvían a manifestarse por las calles de la capital en marzo, rumbo al Gobierno Civil, en donde entregaron un escrito en el que mostraban su desacuerdo con la política de la Administración en las empresas públicas y cargaba las tintas en la negociación del convenio colectivo de aquel año. Poco después, colapsaban las ventanillas de Correos y Telégrafos para enviar telegramas a La Moncloa, reclamando un 16% de aumento de salarios. Se convocaban movilizaciones cada dos por tres, hasta el punto de que el Gobierno Civil abrió cuatro expedientes por organizarlas sin previa autorización.  Para colmo, un buque llamado Explorer que iba a ser reparado en esta factoría, decide su traslado a Portugal, argumentando como pretexto que existe una gran inestabilidad laboral en la Bahía gaditana.

El proyecto de General Motors para Cádiz terminará por concretarse a finales de febrero, cuando trasciende a la opinión pública que dicha firma construirá dos fábricas en Puerto Real, a partir del mes siguiente.

Acerinox vuelve a estallar. A finales de agosto, el conflicto termina llegando hasta el Ayuntamiento de Algeciras, a cuyas puertas las fuerzas de orden público disuelven a unos veinte manifestantes que insultaban a los concejales del PSOE y de la UCD, que se negaban a respaldar una moción a favor de los trabajadores en conflicto con la empresa. Los centristas abandonaron el pleno y los socialistas se abstuvieron al abordarse el despido de Ricardo Patricio, secretario del comité de empresa de dicha factoría y que finalmente tuvo que ser readmitido por dicha firma.

En protesta por la regulación de empleo, cuando llegue la vendimia,  250 trabajadores de la fábrica de botellas iniciarán un encierro y huelga de hambre. Días más tarde, unas 200 mujeres impiden que el director salga de la fábrica, golpeando su automóvil. La tensión se prolonga durante una semana, mientras el Ayuntamiento intenta mediar, prosiguen las manifestaciones de mujeres y los desvanecimientos entre los huelguistas. Al final, se reconduce el proceso de regulación, mediante jubilaciones anticipadas y traslados a otra factoría de la Granja de San Ildefonso. Botella medio llena, botella medio vacía.

De diosas y chabolas. En El Puerto, una inmobiliaria, Provasa, llega a querellarse contra el concejal socialista José Valiente, quien la había denunciado durante una sesión plenaria por cometer graves infracciones urbanísticas. Uno de los retos de los nuevos ayuntamientos será la redacción de nuevos planes de urbanismo que, a partir de 1980, empiezan a tomar carta de naturaleza, con una estimable participación popular. En Algeciras, pasa a la historia el barrio de chabolas de San José, cuyo vecindario es trasladado a la barriada del Saladillo, un complejo de 1.036 viviendas de promoción pública que permanecía cerrado por falta de agua y al que aspiraban 2.691 solicitantes. En Conil, en la zona de Los Bateles, malviven entre tres o cuatro mil personas en tiendas de campaña, junto a una suerte de vertedero donde reinan los desperdicios, las chatarras y los escombros.

En el Carnaval de Cádiz se acaban las reinas y comienzan las diosas. “Paganos”, llegan a tronar desde la caverna. Los festejos –pan y circo– siguen siendo uno de los signos de la nueva democracia. Hasta el punto de que Cádiz pretende  rescatar su Velada de los Ángeles que, ese año, iba a celebrarse en la barriada de la Paz, a mediados de agosto: “Mejor suspenderla, antes que hacer una fiesta pobre y mediocre”, proclama el concejal José Mena.

Con media provincia aún sin poder ver la segunda cadena y con independencia de su política informativa cansinamente progubernamental, TVE seguía siendo una bestia parda para Cádiz, por lo que no extraña que los socialistas de Jerez se negaran a que la Feria del Caballo de aquel año fuera dedicada al coloso de Prado del Rey.

La huelga de basureros asolará ese verano las calles de la trimilenaria. Y volverá a convocarse en otoño con mayor virulencia, hasta el punto de que se producen enfrentamientos entre los huelguistas y  96 trabajadores que no secundan el conflicto, entre quienes se cuentan parados contratados como esquiroles. Uno de ellos denuncia que ha sido agredido, mientras llegan a apedrear un camión en La Viña y numerosas mujeres desperdigan basura por las calles. Cuando se alcanza finalmente un acuerdo entre las partes, algunos funcionarios denuncian que se han utilizado irregularmente ciertos fondos para pagar pluses a los empleados municipales que colaboraron en el plan de emergencia adoptado durante los días en que Cádiz estuvo a punto de ser un vertedero urbano.

El Ayuntamiento de Jerez llega a plantearse la adquisición de la empresa de autobuses urbanos, tras habérsela incautado a fin de garantizar el servicio durante la disputa entre la dirección y los trabajadores. Es la hora de afrontar, sea como sea, los problemas ciudadanos. En Paterna, los concejales se encierran en el Ayuntamiento en protesta por la falta de médicos. En agosto, un centenar de jerezanos corta la carretera Nacional IV, a la altura de la residencia sanitaria, en protesta por la peligrosidad de dicho cruce y poco después de que se hubiera producido una triple colisión.

Pasotas, antisistema, tardojipis y el movimiento cultural de Cádiz convierten en templo alternativo el templete de la Plaza de la Mina de la capital gaditana, con gran escándalo de bienpensantes y del propio Ayuntamiento, cuya Corporación encarga a la Policía Municipal un informe sobre el particular. Mientras, en El Puerto de Santa María, se inicia –con la oposición de UCD, que debía preferir a otro ilustre literato local, Pedro Muñoz Seca-- el expediente de expropiación de la casa donde transcurrió la infancia de Rafael Alberti, en la calle Santo Domingo. El propósito era, entonces, instalar allí un museo sobre su vida y su obra. También en El Puerto, caerá todo un símbolo político-inmobiliario: se anuncia la demolición de la casa donde Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz.

Puente sobre aguas turbulentas.
En buena parte de la provincia, las aguas bajan turbias. Se habla –era noviembre– de que es consecuencia de la acumulación de agua vieja en el pantano de Los Hurones y porque Sanidad viene exigiendo una excesiva cloración por temor a que se extienda la epidemia de cólera que había comenzado, meses atrás, en Marrakech: “Las aguas negras de Ubrique van a parar a Los Hurones sin ninguna depuración –explica el diputado provincial José Luis Blanco--. En el plazo de cuatro años pueden producirse restricciones. Existe poca capacidad de embalse para la pluviosidad de la provincia”.

La UCD, imparable, seguía apostando por una carretera costera a través de Doñana. El río Guadalete se ve gravemente contaminado por los vertidos.Cinco mil chiclaneros se manifiestan en protesta por la polución del río Iro, cuya insalubridad provoca meningitis o tifus, según los convocantes de una marcha que tuvo lugar en marzo. Tras la colisión de dos embarcaciones, la comisión de Defensa de la Naturaleza solicita una ordenación del tráfico de buques por el Estrecho: la mayor avenida marítima del mundo en la que cualquier accidente podría desencadenar una tragedia.

Cerca de allí, Tarifa se adelanta a los tiempos y reclama que se inicien los trámites para la construcción de un paso sobre el Estrecho. Ese mismo año, en otoño, se inicia el Proyecto Hércules, a partir de una serie de estudios batimétricos de la zona del estrecho de Gibraltar con vistas a la posible ejecución de dicho proyecto.

Cuando hacia el mes de mayo el Ayuntamiento de Cádiz da curso a un expediente sobre la posible ilegalidad en la concesión del Puente Carranza, el futuro de dicha reivindicación gaditana sigue en el aire y no termina de concretarse, a pesar de las entrevistas con el Ministerio de Obras Públicas que mantienen desde comienzos los diputados de la UCD y los senadores del PSOE. A pesar de ello, existe una tendencia a la concentración del mayor número de inversiones públicas en el área de la Bahía gaditana. Y, sin embargo, empieza a emerger el concepto de comarcalización de una provincia compleja, cuyas pésimas carreteras, enormes distancias y numerosas ciudades que superan la cota de los 50.000 habitantes. De entrada, el PSOE decidió a comienzos de aquel año instalar una oficina parlamentaria en Jerez. Y en el Campo de Gibraltar, se reclamaba una cierta autonomía administrativa, sustentada en su creciente emergencia económica.

Llegaban de la guerra y la pobreza de la zona les parecía un lujo. En octubre del 80, aparece en La Línea un primer contingente de 276 refugiados del sudeste asiático. No estarán demasiado tiempo en la zona, cuando se suceden enfrentamientos internos en sus lugares de acampada. En la zona, se recordaba la llegada, en los sesenta, de los primeros refugiados vietnamitas que fueron, mal que bien, acogidos y dispersos por el Campo de Gibraltar.

De la banda sonora de alta mar, desaparece La Costera de Cádiz. Todavía colea ese año la oposición al convenio firmado con Marruecos el año anterior y que lleva a Comisiones Obreras a pretender que continúe el amarre de la flota pesquera a puerto, a fin de presionar para buscar una salida imposible a la crisis. Pero el amarre concluye hacia el 20 de enero, al tiempo que se garantiza que comenzarán las negociaciones para un nuevo convenio que responda a las reivindicaciones del sector: “La documentación que llevamos no sirve para nada”, declaran los pescadores que siguen siendo retenidos por Marruecos, a las primeras de cambio y, en especial, a partir de la primavera. La flota pesquera de Sanlúcar, cuyos representantes protagonizaron manifestaciones y un encierro en la cofradía, llega a amarrarse a puerto hasta que se proceda a la liberación de los marineros apresados en la otra orilla. Una semana después de la prórroga por tres meses del convenio transitorio de pesca hispano-marroquí, 21 pesqueros caen en una redada el jueves 10 de abril: proceden de Algeciras, Tarifa, Málaga, El Puerto de Santa María, Huelva y Santa Pola. Doscientos pescadores, a bordo de dichas embarcaciones, fueron conducidos desde aguas de Kenitra y Tánger, hasta Casablanca, por guardacostas de la Marina de Guerra marroquí. Durante 12 días permanecieron apresados: algunos barcos, como el Joaquín Mateo, apenas llevaba a bordo 70 cajas de pescadilla y una cesta de gambas.
Pero no era sólo Marruecos. El buque Anacarmi llega a Cádiz, después de haber sido retenido durante un mes en Mauritania: “Pasé más hambre que en el 41 –declara su contramaestre–. A nuestro embajador en Mauritania le dije que si no nos mandaba para España, hundía el barco”"
.
“De seguir esta situación, en dos años habrá desaparecido la flota pesquera del sur –vaticinaba Agustín Escámez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Algeciras–. Nos resulta extraño que la Administración española nos culpe siempre de los casos de apresamientos”.  Incluso se denuncian apresamientos por parte del Frente Polisario, como fue el caso del Gargomar: 36 pescadores volvieron a casa después de una dura negociación entre la República Saharaui Democrática y el Gobierno español en Argel. Lo curioso es que, quizá víctimas del Síndrome de Estocolmo, los marineros llegaron a Barajas dando vivas al Polisario y con el puño en alto. Marruecos cerraba el año con nuevos apresamientos, que afectaron a la flota portuense y a la sanluqeña: “Nuestras mallas eran correctas pero no el volumen de pesca”, asume el patrón de una de las embarcaciones afectadas, el Rosa María Martí.

Habrá una crisis seria entre noviembre y diciembre, cuando se producen 26 apresamientos de pesqueros, 18 de los cuales lograron burlar la vigilancia de las patrulleras y regresaron a Barbate, que era su base. Marruecos les imputaba un delito de fuga y retenía a los patrones en Casablanca. Ocurrió, por ejemplo, con el Ambomar: “No tenían que haber hecho lo que hicieron. Los barcos tenían que haber seguido al patrón hasta Casablanca y no regresar a Barbate –denunció María Varo, que era la esposa del detenido–. Es sagrado que un buque navegue con su patrón y ellos los abandonaron en Casablanca”.

La crisis es grave y la tensión diplomática se dispara. Los patrones retenidos permanecerán durante 20 días en dicho puerto marroquí, hasta que se alcanza un acuerdo final al litigio. Para ello, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y el alcalde de Barbate tuvieron que desplazarse a Rabat y a Casablanca para realizar gestiones ante las autoridades marroquíes. Al poco de su retorno a casa, en los muelles barbateños, los marineros se manifiestan contra la política pesquera española pero también contra el papel que jugaban los armadores en todo aquel asunto.

Ruido de sables. Como cada verano, miles de marroquíes emigrados a países europeos cruzan la provincia con rumbo a sus lugares de origen. En el puerto de Algeciras, la espera se demora durante largos días, sin que cuenten con instalaciones donde alojarse. Los viajeros viven y duermen en la vía pública, se bañan en las fuentes y cocinan en las calles. Para colmo, cuando protestan por la tardanza en las rotaciones de los transbordadores, las fuerzas antidisturbios les disolverán a mamporros.

El jarabe de palo de Roberto Alcázar y Pedrín seguía a la moda en el año del Libro Rojo del Cole. Las fuerzas del orden, por aquel entonces, no se andaban con chiquitas. En la madrugada del miércoles 27 de febrero, la víspera del referéndum autonómico, la Guardia Civil disparaba en el cruce de Facinas contra un Seat 124 que, según la versión oficial, hizo caso omiso de un control y del alto que le habían formulado los agentes. Como consecuencia inmediata del suceso, el joven algecireño Pedro Becerra Castro, de 24 años, resultaba muerto de un certero disparo que le entró por la nuca y le salió por la cara. A su lado, Juan Cabrera Jiménez, ex jugador de fútbol, también natural de Algeciras y de 27 años, fue alcanzado por un disparo en la parte superior de la espalda que le interesó la médula espinal y que le postró en una silla de ruedas. Un tercer viajero de aquel automóvil logró darse a la fuga sin que los guardias se apercibieran y aseguró a un periodista, que no pudo publicar nunca sus declaraciones, que simplemente no habían visto el control hasta que empezaron a llover los disparos.
La versión oficial del suceso abundaba en que el vehículo era robado, que les perseguían y que los jóvenes fugitivos llegaron a arremeter contra un coche que pilotaban agentes de la Guardia Civil y que se vio obligado a salir de la carretera. Al llegar al control, el 124 había acelerado la marcha, lo que obligó a “una de las unidades” a tirarse a la cuneta, mientras “uno de los miembros de la Benemérita tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria, ya que desobedecieron todas las señales de alto que estaban suficientemente iluminadas”, según puede leerse en las páginas del semanario Algeciras, que junto al semanario Estrecho aparecerán ese año como alternativa informativa, de estética renovadora y aire democrático.

El suceso causó impacto en la barriada algecireña de La Piñera, donde vivía la madre ciega del fallecido. Al día siguiente, medio centenar de sus amigos se manifestaba en la Plaza Alta, donde fueron disueltos por la Policía Nacional. El grupo se concentró luego ante el Gobierno Militar, donde la policía volvió a dispersarles. Una nueva manifestación, más numerosa, recorría por la tarde las calles de la ciudad, protestando contra la Guardia Civil, lo que motivó que un militante de Fuerza Nueva se les enfrentase al grito de “¡Arriba, España!”. La policía cargó contra los manifestantes y media ciudad cerró aquella noche, mientras por los muros aparecían pintadas contra la Guardia Civil y contra la muerte.
 
Aún quedaban ámbitos a los que la democracia plena no había llegado. El 24 de enero de aquel año, por ejemplo, se inició un Consejo de Guerra en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Jerez contra dos cabos y dos soldados. A uno de estos últimos, Alfredo Pérez, se le acusaba de sedición porque había encontrado en su taquilla un informe de la Unión Democrática de Soldados. Y a los otros tres, se les imputaba la calidad de encubridores, por ser sus acompañantes habituales y no haberle delatado. Los partidos de la izquierda extraparlamentaria gaditana se movilizan en demanda del sobreseimiento del caso, la derogación del Código de Justicia Militar y el reconocimiento de los derechos democráticos a los soldados. Fue inútil: las penas alcanzaron hasta dos años y medio de prisión militar.

A comienzos de marzo, tres militantes del MCA en La Línea, entre quienes figura el histórico José Estepa, son detenidos por distribuir carteles supuestamente ofensivos contra Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación por aquel entonces: “Se buscan para que sean juzgados por el pueblo andaluz”, podía leerse en dichos afiches, como resaca de la campaña del referéndum autonómico.

En Ceuta, precisamente, será arrestado ese año el comandante de la legión González-Cuevas, quien ya había sido apercibido por mantener reuniones no autorizadas en dicha guarnición con el jefe nacional de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Ahora, se le relaciona con un plan golpista que pretendía la toma de La Moncloa por la brigada paracaidista de Alcalá de Henares y el control de Madrid por la acorazada Brunete. El objetivo último era el de nombrar presidente del Gobierno al teniente general Vega Rodríguez y la ilegalización de las organizaciones de izquierdas.

Xavier Vinader destapa las tramas de la extrema derecha y tiene que huir de España, mientras el ex policía nacional Francisco Ros Frutos –detenido años más tarde en Algeciras como sospechoso de narcotráfico–, que aparecía entrevistado en sus artículos era puerto en libertad bajo fianza. Mientras se juzga a los asesinos de Atocha, los principales acusados de la Operación Galaxia –el teniente coronel Antonio Tejero y el capitán de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas— son condenados a ridículas penas de siete y seis meses y un día de prisión. Sobre Fuerza Nueva empiezan a pesar serias sospechas de que se trata de algo más que una organización ultraderechista; sobre todo cuando en Vallecas muere el joven Vicente Cuervo por oponerse, junto a otros vecinos, a la celebración de un mitin de Fuerza Nacional del Trabajo, el sindicato creado por dicho partido, contra el que los socialistas llegan a plantear una propuesta de ilegalización.

Justo a la semana de que se cumpla el 46ª aniversario de la guerra civil, un pelotón de soldados trasladó, por fin, el monumento a Franco situado en los jardines del Ayuntamiento de Jerez. En El Puerto, eso sí, son retiradas las lápidas que conmemoraban la muerte del fundador de Falange y los Caídos que estaban adosadas en el exterior de la iglesia mayor prioral. Igual ocurre en Algeciras, donde la grúa levanta a comienzos de mayo cuatro placas de mármol que estaban adosadas al templo de Nuestra Señora de la Palma con el nombre de todos los “caídos” del bando franquista en la guerra civil. Bajo ella, “con gran sorpresa por parte de los funcionarios municipales, apareció otra, de tono azulado y en la que se podía percibir, en su parte superior, una fracción del símbolo falangista del yugo y las flechas”, informó el semanario Algeciras, de breve vida.

“En la noche del mismo lunes –prosigue dicha revista–, se realizaron pintadas por grupos ultraderechistas en diversos lugares del casco urbano y, asimismo, sobre la antigua placa reciente e involuntariamente descubierta, en la que se añadían los nombres de José Antonio y Franco ‘¡Presentes!’, así como las leyendas ‘Caídos por Dios y la Patria’ y ‘Volveremos’. En círculos municipales, se cataloga la retirada de esta polémica placa, como medida reconciliatoria que tiene por finalidad hacer olvidar la contienda entre hermanos del mismo país”.

En La Línea, el edificio del antiguo sindicato vertical, que era gestionado por la AISS, pasa a la UGT. Igual iría ocurriendo con el resto del patrimonio sindical aunque, en el reparto del antiguo botín franquista, la histórica CNT se vería seriamente discriminada. Las elecciones sindicales que se celebran ese año en numerosas empresas vuelven a contar con la abstención anarcosindicalista y, en Cádiz, la balanza parece inclinarse a favor de UGT, que mejora resultados a pesar de haber firmado un acuerdo interconfederal con la CEOE, lo que supone que se le acuse de “pactista”. Tanto Nicolás Redondo como Marcelino Camacho visitarán la provincia: “Mientras CC OO sigue en su sitio algún sindicato se está derechizando”, proclama el líder de CC OO, en alusión velada al sindicato socialista.
 
A aquellas alturas, el centro era cada vez más derecha y la derecha estaba alicaída. Alianza Popular no andaba para demasiados trotes. A mediados de noviembre, por ejemplo, fueron embargados los sueldos de antiguos dirigentes de AP que habían suscrito pólizas individuales para regularizar un descubierto de más de cinco millones con motivo de un crédito solicitado para la campaña electoral del 77. “Se va abriendo camino la idea de lo que he llamado la mayoría natural”, dirá, optimista, Manuel Fraga, durante el III congreso provincial de su partido, en el que resulta elegido presidente el gaditano  Manuel García Veas. Zapatones ya no lucía tirantes rojigualdas.

El historiador británico Hugh Thomas, quien visitó la provincia gaditana en primavera, lo veía venir: “Dudo que sea fácil un golpe de Estado, pero evidentemente sus instituciones aún no son muy sólidas. Sus partidos, salvo la derecha, no tienen en general demasiada firmeza. Su partido en el Gobierno apenas tiene tres años de existencia...”.

Del sarcófago a Pericón.
Mientras se destapaban las cloacas del franquismo, se sucedían las sorpresas arqueológicas. El capataz de Dragados, Rafael Gutiérrez Camacho, dio la voz de alerta. El 30 de septiembre se produce el hallazgo del segundo sarcófago antropoide de época fenicia. Fue localizado a algunos metros de profundidad bajo el pavimento de la casa de Pelayo Quintero Atauri, arqueólogo que participó en la localización del primer sarcófago y que siempre estuvo convencido de la existencia de una pareja, en cuya inútil busca dedicó buena parte de sus ahorros. Paradójicamente, dormía el sueño de los siglos bajo los cimientos de la finca que dejó en Cádiz, antes de centrar su interés en otros yacimientos. Es el descubrimiento del siglo, “el máximo hallazgo a que se puede aspirar en Cádiz”, según el director del Museo, Ramón Corzo, cuyo descubrimiento llega a compararlo con la Dama de Elche. Apareció en un solar de Cádiz, mientras se realizaban unas obras de cimentación. Data del siglo V a.C. y la escultura representa a una mujer, posiblemente la pareja del antiguo sarcófago barbado: “Aquí existió el más antiguo taller de esculturas de tamaño natural del Occidente”.

La escritora Pilar Paz Pasamar –que junto a Fernando Quiñones y a Juan Luis Romero Peche abordaría la paradoja borgiana de Pelayo Quintero en uno de sus relatos– participa ese año en un homenaje a la Mujer Trabajadora dirigido a la Asociación de Amas de Casa, una entidad que tradicionalmente había amparado una imagen distinta de las mujeres. Pese a estar dedicadas a ellas, las mujeres se sentirán marginadas en los actos de la Feria del Libro que, en abril, se celebrará en Chiclana: floreros hasta en política.
Una estatua gigantesca, simbolizando al emperador romano y que ha sido encontrada en la ciudad de Baelo Claudia que tomó su nombre, es instalada en el Museo Provincial de Cádiz. No quedó ahí todo. Un mes más tarde, era descubierto en El Pópulo el Teatro Romano de Cádiz, uno de los mayores de España, a decir de los especialistas.

Según el prior de La Cartuja de Jerez, es técnicamente imposible restituir los zurbaranes al retablo del monasterio. La presencia de la colección de cuadros “dificultaría enormemente la vida monástica”. ¿Dónde meterlos?, he ahí el dilema. En Jerez, al tiempo que se inicia la restauración de los zurbaranes, se produce una curiosa iniciativa, a propuesta del concejal de Cultura que sugiere a los cartujos que podrían abrir su monasterio al público una vez a la semana. El Ayuntamiento se anticipa a la jugada y los medios informativos se hacen eco de que, entre los visitantes del templo, pueden figurar mujeres, algo impensable hasta entonces. No fue fácil: “Nos sorprende que en 1980 se hable de excomunión para las mujeres que visiten La Cartuja", se sorprenderá Mariano León, concejal de Cultura en Jerez.

En agosto, la compañía de María José Goyanes escoge el Gran Teatro Falla como escenario para el estreno mundial de la adaptación teatral que Rafael Alberti  ha realizado sobre el texto original de La lozana andaluza, de Francisco Delicado. El poeta portuense asistirá a dicha representación, al tiempo que recibe un homenaje de los ayuntamientos de Cádiz y de su ciudad natal.
En el cine Municipal se estrena por fin la controvertida película El imperio de los sentidos, un viaje sensual que merece el indicativo de S. A finales de noviembre, fallece Juan Martínez Vílchez, el popular Pericón de Cádiz, cuyas leyendas urbanas fueron incluso más célebres que sus cantes.

“El número de separaciones aumenta en aquellos países donde existe la Ley del Divorcio", aseguraría monseñor Antonio Dorado Soto, obispo de Cádiz, a su vuelta de un viaje a Roma, mientras prosiguen las reuniones de la comisión que estudia la futura ley, inspirada por Francisco Fernández-Ordóñez, ministro de Justicia, quien visitará la provincia en otoño y se limitará a declarar: “No me considero un buen cristiano”.

Fugitivo desde el otro lado del telón de acero, el escritor Artur London regresó del frío de Checoslovaquia donde había sido encarcelado y torturado como supuesto e imposible espía de la Yugoslavia de Tito. Invitado por Andrés Vázquez de Sola, London conoció la provincia junto a su esposa, Lise Ricol. Ambos habían participado en la guerra civil española y en la Segunda Guerra Mundial. Y, a pesar de la experiencia vivida en su país, el autor de La Confesión, se seguía declarando comunista y partidario de “un socialismo de rostro humano”. Pero la película de Costa-Gavras que protagonizó Yves Montand, y que estaba basada en su libro y en su memoria, no llegó a San Roque con suficiente tiempo para proyectarla durante la intervención de London.

El profesor Luis Garrido asume la presidencia de la comisión gestora de la Universidad de Cádiz, en un acto que presidió Luis González-Seara, ministro de Universidades: “El tema de la Ley de Autonomía Universitaria se ha politizado en exceso y me extraña la falta de reflexión de los estudiantes”, aseguró, mientras los paros estudiantiles seguían a la orden del día y en dicho campus surgía la revista Gades.

Las protestas de los alumnos por la Ley de Autonomía Universitaria se solapaban con las de profesores de EGB, los de instituto o la del personal administrativo de los centros docentes que, como el resto de los funcionarios, protagoniza un largo conflicto motivado por la irregular subida de salarios prevista en los Presupuestos Generales del Estado.

El Acuerdo de Lisboa. El 10 de abril de 1980, Marcelino Oreja, como ministro español de Asuntos Exteriores, y lord Carrington, titular del Foreign Office británico, firman una declaración conjunta en Lisboa que parte del siguiente enunciado: “Los Gobiernos británicos y español, en su deseo de reforzar sus relaciones bilaterales y contribuir de esta manera a la solidaridad europea y occidental, se proponen resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerco con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unida”".

La declaración contienen seis puntos en los que queda claro que se iniciarán negociaciones “a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar”. No se mencionaba expresamente la cuestión de la soberanía, que aparecerá expresamente citada en el acuerdo de Bruselas de 1984. Pero se daba por sobreentendido que también ese asunto iba a contemplarse, tal y como aseguraría años más tarde Leopoldo Calvo Sotelo, futuro presidente del Gobierno español.

Al mismo tiempo, los Gobiernos acordaron “el restablecimiento de comunicaciones directas en la región”, aunque no se mencionaba una fecha concreta. “El Gobierno español –se decía– ha decidido suspender la aplicación de las medidas actualmente en vigor. Ambos Gobiernos han acordado que la futura cooperación estará basada en la reciprocidad y la plena igualdad de derechos. Ambos valoran y contemplan con interés los pasos que se irán adoptando por una y otra parte y que, a su juicio, abrirán el camino hacia un entendimiento más estrecho entre aquellos directamente afectados en el área”.

Se abogaba por una cooperación mutua y práctica pero ambas partes dejaban a salvo su prurito soberanista y sus compromisos diplomáticos, buscándole una solución salomónica a dos palabras clave, “intereses” y “deseos”: “El Gobierno español, al reafirmar su posición respecto al restablecimiento de la integridad territorial de España, reitera su intención de que, al término de las negociaciones, queden plenamente salvaguardados los intereses de los gibraltareños. Por su parte, el Gobierno británico mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos libre y democráticamente expresados de la población de Gibraltar, tal y como se hayan recogidos en el preámbulo de la Constitución de Gibraltar”.

El texto finalizaba con la confirmación de que funcionarios de ambas partes iban a reunirse para adoptar las medidas que hicieran posible el cumplimiento de los propósitos acordados y se esperaba que tales preparativos quedaran ultimados antes del 1 de junio. No fue así. Por muchos motivos –desde problemas políticos internos de ambas partes hasta la guerra de Las Malvinas, que estallaría en 1982–, la apertura de la Verja, a efectos peatonales, se demoró hasta el primer Consejo de Ministros del Gobierno socialista: “Será el comienzo de un proceso muy largo”, presagiaba Carrington.

En el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, la vieja guardia de Castiella no veía con buenos ojos aquello de abrir la mano tan pronto y repentinamente, a pesar de que Marcelino Oreja, quIEN se había dejado caer por Sotogrande durante la Semana Santa anterior, proclamase: “No ha habido ni vencedores ni vencidos”.

“Al otro lado de la Verja, arededor de 2.000 gibraltareños, de los cuales un gran contingente estaba formado por marroquíes reclutados con advertencia de que si abrían la frontera perderían su trabajo, se manifestaban el domingo día 13 contra la apertura de negociaciones”, podía leerse en las páginas del semanario Algeciras, que también se hacía eco del recelo que la noticia había despertado entre los comerciantes de Ceuta, que temían el fin de su época de vacas gordas.

Mientras Joshua Hassan, el carismático chief minister del Peñón, se reafirmaba en sus convicciones: “Somos británicos y seguiremos siendo británicos”. Su oposición no le iba a la zaga. Joe Bossano, líder del Gibraltar Socialist Labour Party, que había iniciado su carrera política en las filas de Integration with Britain del comandante Bob Peliza, pronunciaba un mitin como protesta por esta apertura de negociaciones entre España y Gran Bretaña. Bossano creía que era inviable negociar la soberanía del Peñón y que las únicas negociaciones posibles eran entre Gibraltar y Londres. Cuando, en junio, el carismático Juan Carmona de Cózar sustituya a su compañero del PSOE Francisco Niebla en la alcaldía linense, proclamará a los cuatro vientos: “La Línea no está preparada para la apertura de la verja. El Ayuntamiento está tan arruinado que sólo paga al personal y la basura”.

La única consecuencia inmediata de ese nuevo espíritu estribará en el inicio de los cursos de verano de la Universidad Bilingüe Hispano-Británica, que inicia sus actividades en San Roque, con 35 estudiantes gibraltareños inscritos para el primer curso y a los que se le iba a permitir cruzar la Verja. No pudo ser: finalmente, rehusaron la oferta bajo el lógico planteamiento de ¿por qué nos autorizan ir a una conferencia y nuestros familiares y amigos no han podido hacerlo durante 11 años para poder recibir asistencia en un hospital?

La apertura de la frontera parecía tan inminente que cinco días después del acuerdo empezaron las obras de acondicionamiento del paso cerrado durante 11 años: “Esperamos que no vengan de golpe los 36 millones de españoles, sino que vengan poco a poco”, bromeaba Hassán.

También el diputado andalucista Alejandro Rojas Marcos viajó a Gibraltar, vía Tánger, e incluso llegó a reunirse con el ministro principal del Peñón: “No se trata sólo de abrir la Verja –declaró–; se trata de dar medidas económicas muy concretas para la zona; se debe emprender una política que mejore nuestra imagen, muy deteriorada, ante el gibraltareño. Y, aquí, hay que denunciar la torpeza increíble del Gobierno español, al no haber hecho del Campo de Gibraltar el mejor escaparate de lo que España es desde todos los puntos de vista”.

En el Congreso de los Diputados, una semana antes, había tenido lugar una reunión preparatoria de aquella cita diplomática del día 10 de abril. En la Carrera de San Jerónimo se oyó la voz contundente del diputado socialista Luis Yáñez, quien había viajado al Peñón un año antes pero que venía a reiterar la posición clásica de la diplomacia española: “Gran Bretaña deberá entender, tarde o temprano, que si bien estamos dispuestos a respetar las condiciones económicas y sociales, culturales e institucionales de la población gibraltareña, jamás reconoceremos una inadecuada aplicación del derecho a la autodeterminación de una población colonial de 19.000 personas, creada artificialmente por la metrópoli con familias procedentes de ex colonias como Malta y Chipre. La auténtica población indígena, autóctona, la constituyen los 200.000 campogibraltareños de Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios y Tarifa. Su opinión es, al menos, tan importante como la de los propios gibraltareños a la hora de decidir el problema del Peñón”.
“Es además –añadió un tanto imprudentemente– una base de la OTAN, alianza militar de la que no formamos parte y ojalá no nos integremos nunca”.

No pudo ser. Ni la apertura de la Verja, entonces, ni la definitiva exclusión de España de la Alianza Atlántica: “En esta provincia –ya lo anunciaba el futurólogo Rafael Lafuente– se ventilará el gran dilema, entrar o no entrar en la OTAN”. Los alcaldes de Rota, Torrejón y Zaragoza se reúnen en la primera de estas ciudades para reivindicar su participación en la renovación del tratado militar entre España y Estados Unidos: “Los americanos no van gozar ahora de los privilegios que les concedió la dictadura”.
“No pedimos sentarnos en la mesa negociadora, sólo que los gobiernos nos escuchen”, afirman.

“Los americanos están empeñados en seguir con los despidos”, denuncia el alcalde de Rota, Fernando Tejedor, mientras su partido, el PSOE, preparaba una interpelación al Gobierno sobre este asunto. Era otoño y la regulación de empleo parecía inevitable, por más que los trabajadores españoles de la Base no considerasen válidas las cartas que empiezan a recibir, anunciándoles el finiquito.

Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, lo anunciaba oficiosamente: “Para 1983, estaremos en la OTAN”. Oreja veraneaba en el domicilio de sus suegros en el complejo residencial de Sotogrande, en San Roque. Allí, contaban con una mansión los marqueses de Urquijo, que aquel año fueron encontraods, en su casa madrileña de Somosaguas, brutalmente asesinados.


   
  pagina anterior pagina siguiente
 
 
   
 
  Inicio | contacto | mapa web   Transición