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1980 |
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Eduardo Castro |
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28-F ¡A la fuerza! |
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A la fuerza, efectivamente. Así tuvo que ser arrancada la autonomía andaluza por la vía del 151. A pesar y en contra de todo un Gobierno que no dudó en intentar confundir al pueblo con una pregunta auténticamente farragosa y enrevesada a más no poder. Pero, como tantas otras conquistas populares a través de los tiempos, el agravio comparativo con las llamadas nacionalidades históricas consiguió movilizar al pueblo como nadie hubiera sospechado, y menos después de que el Gobierno intentara mantener en secreto los resultados de una encuesta encargada en diciembre y que ya vaticinaba el triunfo del ‘Sí’. Éste fue, además, el año en que Alberti entró por fin en Granada, cumpliendo así la promesa que un día le hiciera a su amigo Federico y que tan lamentablemente truncaría el alzamiento fascista.
Fue un referéndum que algunos no dudamos en calificar como surrealista. “Lo que vale para los demás no sirve para Andalucía”, parecía pensar el Gobierno de UCD. Y no se le ocurrió mejor idea que someter a la región del hambre por antonomasia a una postergación adicional a las que tradicionalmente ha sufrido siempre a lo largo de la Historia. El referéndum no sólo hubo de celebrarse en condiciones políticamente injustificables, sino además, por añadidura, con unas limitaciones legales auténticamente surrealistas. Como si, para el Gobierno, los andaluces no nos mereciéramos otra cosa, cuando, en términos de justicia, cabía pensar precisamente todo lo contrario. Bastaba con echar un vistazo a las estadísticas socioeconómicas: Andalucía seguía presentando en su conjunto, como décadas atrás, la más baja renta per cápita del momento de todo el Estado, una tasa de crecimiento anual ciertamente ridícula, caciquismo, paro, hambre, analfabetismo, incomunicación, déficit de viviendas, enfermedades endémicas y un largo rosario de insuficiencias, carencias y problemas más propios de los años 40 que de los 80 que se acababan de inaugurar. Una situación con la que muchos sin duda se sentían irritados, y algunos incluso escandalizados, pero de la que otros tenían por fuerza que sentirse culpables. Era entonces, todavía, una patente y trágica situación de subdesarrollo y tercermundismo, bastante ajena a la estereotipada imagen de las zambras del Sacromonte o los tablaos del barrio de Santa Cruz a la que TVE y la Dirección General de Turismo nos tenían acostumbrados, pero a la vez difícil también de comprender por el contraste que suponía con el enorme potencial de riqueza que Andalucía representaba. Escribir sobre nuestra Comu-nidad y sus problemas había llegado a convertirse en aquellos años para muchos de nosotros en algo ciertamente monótono donde el único cambio a reseñar de una vez para la siguiente era el aumento experimentado –siempre a peor, naturalmente– por todas y cada una de las cifras y estadísticas barajadas en el correspondiente artículo o informe. Pero lo más curioso era, quizás, que se continuara poniendo la esperanza de cambios y mejoras en las mismas soluciones de siempre: la tradicional aspiración de la reforma agraria era sin duda, en este sentido, la mejor prueba de que Andalucía no había sido todavía comprendida y tratada por la Administración central en la medida en que la complejidad y variedad de sus seculares problemas socioeconómicos mínimamente requería. Por todo ello, no es de extrañar que la mayoría de los andaluces vieran en la autonomía una posibilidad real de cambio –a mejor, en este caso– para un futuro diferente, fijando en ella la esperanza de un panorama más halagüeño. Razón ésta, precisamente, por la que una vez más surgiría el fantasma del Gobierno de Madrid –en esta ocasión, de UCD– dispuesto como siempre a rebajar los ánimos del pueblo andaluz. Porque, todo hay que decirlo, la autonomía en nuestra tierra no sólo supondría la descentralización de los asuntos económico-administrativos, sino también al mismo tiempo un Gobierno regional de izquierdas.
Y eso, en aquel momento, era demasiado para el partido de Suárez. Así que la primera rebaja consistió en su famoso “frenazo autonómico” por razones de Estado. La sensación en la calle fue que la vía del artículo 151 era demasiado rápida para los del equipo de Abril Martorell, que era el encargado de conducir el proceso, aparte de que a los señores Lavilla, Jiménez Blanco y demás centristas ilustres implicados les podía dar vértigo y quedarse colgados a mitad de camino. Así que la “racionalización del proceso autonómico” supuso en el caso andaluz, entre otras muchas trabas, discriminaciones e inconvenientes inventados por el partido en el poder, así como un importante recorte tanto en la duración como en el presupuesto oficial de la campaña institucional para el referéndum. Algo que, si se lo llegan a hacer a los vascos o a los catalanes, hubiera significado, en palabras de Alejandro Rojas Marcos, “una expresa declaración de guerra”. Y eso, sin tener en cuenta el trabalenguas con el que se pidió el “sí” o el “no” de los electores andaluces a la continuación del proceso autonómico por la vía del 151. La ya célebre pregunta impresa en las papeletas de voto fue calificada en seguida con cien diferentes adjetivos, desde el más suave de “embrollada” hasta el más fuerte de “indignante”, pasando por los de “absurda”, “críptica”, “farragosa” o, mucho peor aún, “gramaticalmente incorrecta” y “jurídicamente inválida”. Y es que, la verdad, se trataba de un texto cabalístico y surrealista que hizo dudar a muchos andaluces si se nos convocaba a resolver un referéndum o un auténtico jeroglífico egipcio. Juzguen, si no, quienes no tuvieron ocasión de leerla entonces o ya no la recuerden: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?” Como me dijo el presidente de la asociación de vecinos de Haza Grande, en declaraciones para un reportaje publicado en la revista La Calle, la frase “¿da usted su acuerdo?” no significa gramaticalmente nada; lo correcto habría sido preguntar “¿da usted su asentimiento?” o, en todo caso, “¿está usted de acuerdo?” Según el diccionario de la Real Academia, la palabra “acuerdo” no es sinónimo ni modismo de “asentimiento”; a lo más, puede indicar “decisión”, “determinación”, pero nunca “afirmación”. No obstante, aun suponiendo que “acuerdo” significara “asentimiento”, resulta que el texto que seguía a continuación no especificaba, según los vecinos de la barriada granadina, más que una aceptación del artículo 151 para que fuese tramitado. Y, curiosamente, tanto el 151 como todos los demás artículos de la Constitución ya habían sido votados y refrendados por todos los españoles hacía poco más de un año. Lo que aquí interesaba preguntar, en definitiva, era si los andaluces aprobábamos o no la aplicación de ese artículo concreto para la consecución de nuestra autonomía. Y eso, por paradójico que resulte, no aparece por ningún sitio en la pregunta realizada, ni directa ni indirectamente. “Es como si a la hora de casarse”, me decía para concluir el dirigente vecinal, “al novio se le preguntara si está de acuerdo con la iniciativa prevista para poderse casar con la que puede ser su compañera, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido para quienes se pueden casar con las que pueden ser sus compañeras”. O sea, nada, una pregunta que en realidad no preguntaba nada. La conclusión, pues, no podía ser más clara y contundente: “Si esto no es reírse de nosotros, que venga Dios y lo vea”. Si se añaden, además, las instrucciones dadas a los directores de los medios de comunicación social del Estado, con consignas de no emitir en directo opiniones favorables al sí, o la limitación de la campaña institucional en prensa, radio y televisión a tan sólo cinco días en la práctica, la preocupación de todos los políticos partidarios del 151, y la desesperación de algunos de ellos, no sólo era fácilmente comprensible, sino también justa y totalmente razonable. Por si había poco surrealismo en el asunto, después de haberse permitido algunos de los más destacados líderes de UCD el lujo de criticar la campaña abstencionista llevada a cabo por los grupos “abertzales” en el anterior referéndum del Estatuto vasco, ahora venían todos ellos a pedir la abstención en Andalucía. Una vez más, lo que para los vascos era “una fórmula poco democrática” y “poco cívica”, así como “jugar con ventaja al capitalizar la abstención no específicamente política”, en este caso ya no lo era, sin duda porque ahora se trataba de andaluces. Pero, como les preguntó Ruiz Molinero desde las páginas de Ideal, “¿en qué quedamos, señores de UCD: votar es o no es un deber cívico?” Al final, no obstante, a pesar del partido centrista y su Gobierno, los andaluces terminarían apoyando el proceso emprendido por la Junta para la consecución de una autonomía plena, en un plano de igualdad con vascos, gallegos y catalanes.
La precampaña: el secreto peor guardado. Aunque UCD estaba decidida a retrasar el proceso todo lo que pudiera, provocando la consecuente inquietud entre la ciudadanía y el previsible hostigamiento al Gobierno por parte de toda la izquierda, el Referéndum de la autonomía no pudo tener mejor principio: a finales de enero, tanto en Granada como en el resto de Andalucía se aprueba la unidad de acción municipal en favor del “Sí”. Noticia que los centristas trataron de contrarrestar con el anuncio inmediato de que pedirían el voto en blanco o la abstención, lo que a su vez sería objeto de réplica por parte del presidente del PSOE andaluz, Luis Yáñez: “A pesar de las trabas, el referéndum lo puede ganar el pueblo andaluz”. La postura abstencionista de UCD sería defendida en Granada como arranque de precampaña por el ministro de Cultura, el murciano Ricardo de la Cierva, y contrarrestada a continuación por el ex titular de Administraciones Territoriales, el sevillano Manuel Clavero Arévalo, quien no tuvo empacho en declarar que estábamos “en presencia de un referéndum discriminatorio para Andalucía”.
Hasta la asamblea regional de Cáritas aprobó, durante su primera reunión anual celebrada en Granada, un documento en favor de la autonomía en el que defendía su consecución por la vía del artículo 151 frente a la del 143, pidiendo con ello de forma implícita el “sí” en el referéndum. El documento, que tendría una tirada prevista de más de cien mil ejemplares y sería distribuido por todas las diócesis andaluzas, había sido elaborado por el equipo de Cáritas de Córdoba y en él se detallaban las distintas ventajas e inconvenientes de ambas vías. Tras recordar “el derecho constitucional del pueblo andaluz a tener una autonomía de primera, en pie de igualdad con vascos y catalanes”, entre otras cosas se afirmaba que “todo lo que favorezca la realización de las personas y de los pueblos en libertad y responsabilidad hay que apoyarlo, y la autonomía no significa una mera descentralización administrativa, que es lo que propugna el artículo 143, sino un poder decisorio del pueblo andaluz en todas las materias que le interesan”.
Como era de esperar, el ritmo de actos, declaraciones y proclamas en uno y otro sentido fue lógicamente creciendo conforme se acercaba la fecha del inicio oficial de la campaña. Así, el día 7, y coordinada desde la corporación municipal, quedaría formalmente constituida la Comisión Granadina Pro Autonomía, en la que se integraron las centrales sindicales UGT, CC OO. y SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores); los partidos PCA, PSA, PSOE, MCA y PTA; la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Consejo Municipal de la Juventud y varias asociaciones ciudadanas y profesionales. Su objetivo no era otro que el de “aunar esfuerzos y voluntades para vencer las numerosas trabas con que se pretende seguir postergando a nuestra tierra”.
Al día siguiente, 8 de febrero, reunido en el palacio de la Diputación granadina, bajo presidencia del propio Rafael Escuredo, el consejo permanente de la Junta de Andalucía acordaba por mayoría “condenar enérgicamente la política obstruccionista y parcial del Gobierno en la convocatoria, organización y desarrollo del referéndum del 28 de febrero, política que supone una humillación y vejación para el pueblo andaluz”. En el texto aprobado y hecho público tras la reunión, el consejo apelaba a la responsabilidad política del Gobierno, instándole a que dejara de ser beligerante y facilitara la consulta popular en igualdad de condiciones con los referendos celebrados en su día en el País Vasco y Cataluña. La condena de la política gubernamental fue aprobada con los votos favorables de PSOE y PCE; los representantes de UCD votaron en contra, mientras que el PSA, que parecía jugar a dos bandas, se abstuvo por considerar que se trataba de una condena “meramente verbal, sin repercusión práctica”.
Tan sólo una jornada después, el día nueve, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital granadina, la Asamblea de Parlamentarios Andaluces aprobó por unanimidad (aunque con ausencia de los parlamentarios centristas) una resolución conjunta de PSOE y PCE en la que, entre otras cosas, se denunciaba una vez más “la política de atropello y obstaculización del Gobierno a la libre voluntad del pueblo andaluz”, acordando pedir el voto afirmativo de todos los andaluces en el referéndum del día 28 y ratificando la política autonómica de la Junta. A la reunión asistieron la totalidad de los diputados andalucistas y comunistas (cinco y siete, respectivamente) y 34 de los 42 parlamentarios del PSOE, mientras que UCD (que sumaba un total de 37) justificó, según su portavoz Sánchez Faba, su ausencia en el hecho de no haber recibido el correspondiente telegrama de invitación. En la resolución aprobada, se mostraba el apoyo de la Asamblea tanto a la Junta como a la política seguida por su presidente, Rafael Escuredo, al tiempo que se reafirmaba la “decidida voluntad de luchar institucionalmente con todas las fuerzas por hacer realidad en nuestra tierra el derecho constitucional a la autonomía plena”. Después de referirse a la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada inequívocamente por el 97% de los ayuntamientos andaluces y la totalidad de las diputaciones provinciales, el texto afirmaba que “no cejaremos en la defensa de Andalucía, que hoy se coloca por encima de cualquier tipo de intereses partidistas o ideológicos”. Por último, la Asamblea expresaba su confianza en que “la dignidad y el orgullo del alma andaluza saben vencer siempre” y su esperanza de que la bandera de Blas Infante, depositada en la sede de la Junta “se convierta en símbolo de una Andalucía unida y firmemente decidida a regir su propio destino”.
Por último, el arranque oficial de la campaña quedaría marcado por la difusión de una encuesta realizada en diciembre por la empresa ICSA-Gallup y cuyos resultados pronosticaban el triunfo del “Sí”, con un índice de participación previsto por encima con creces del 51% del censo electoral en todas las provincias. Según una copia del estudio conseguida y publicada por mí en el diario El País, un primer avance de sus conclusiones había sido enviado al Instituto Nacional de Prospectiva, promotor de la consulta y dependiente de la mismísima Presidencia del Gobierno, el día 21 de diciembre, sin que hasta entonces se hubiera hecho público comentario alguno al respecto. No sólo eso, sino que la fecha coincidía, además, con el comienzo de la política obstruccionista al Referéndum por parte de UCD. Los diferentes porcentajes de participación obtenidos en la encuesta variaban entre el 77’4% en la provincia de Málaga y el 88’7% en la de Jaén, que era en principio la que daba la mayor expectativa de votantes, ligeramente por encima de Cádiz, con el 88’5%. Almería y Granada, que sobre el papel eran las dos provincias donde más difícil se preveía el éxito de la consulta, obtenían el 79’8% y el 84’9%, respectivamente. Sin embargo, al hacer las pertinentes correcciones de acuerdo con la desviación de los índices participativos del colectivo entrevistado en anteriores elecciones, ICSA-Gallup adelantaba unos hipotéticos datos bastante inferiores a los anteriores y más próximos a la realidad, pero siempre por encima de la cota del 51% exigida por la ley. En este caso, y con un margen de error declarado de un 6’7% arriba o abajo, los porcentajes volvían a superar el mínimo en todas las provincias, variando desde el 55’2% en Huelva al 62’5% en Sevilla, y quedando entonces Granada en segunda posición, con un 62% de participación prevista. En cuanto al sentido del voto, la casa encuestadora había preguntado expresamente si se estaba “de acuerdo con la autonomía andaluza”, obteniendo una abrumadora mayoría de respuestas afirmativas, por encima del 90% de los votos emitidos en todas las provincias excepto en Huelva, donde el “Sí” se quedó en el 88%. Con estos datos y las subsiguientes correcciones, la relación final de votos afirmativos y censo electoral era también superior al 51% en aquellas siete provincias, y sólo en Huelva se quedaba otra vez, con el 48’6%, por debajo de la cota exigida. A pesar de todo, en las conclusiones del informe remitido al Instituto Nacional de Prospectiva se afirmaba, textualmente, que “la coherencia de los da-tos obtenidos, tanto en su globalidad como en cada una de las ocho provincias andaluzas, permiten identificar una máxima probabilidad de que todas ellas superen en su día el umbral mínimo de votos afirmativos exigidos en la Constitución de acuerdo con el artículo 151”.
Mantenidos en secreto hasta su publicación por el diario madrileño desde su corresponsalía granadina, los datos de la encuesta contenían, en opinión de los partidarios del ‘“Sí”, la clave para entender “el inopinado cambio de actitud de la UCD respecto al proceso autonómico andaluz, así como la beligerante política obstruccionista seguida por el propio Gobierno de cara al Referéndum”. En este sentido, uno de los párrafos del informe elaborado por la casa encuestadora, en el que se valoraban los resultados referidos al previsible índice de participación, puede resultar especialmente significativo: “Hay que tener presente”, advertía, “que los resultados de cualquier sondeo preelectoral, al afectar fundamentalmente a cuestiones de carácter coyuntural, son de significación perecedera, así que una modificación de las circunstancias generales puede alterar las actitudes públicas de forma no siempre predecible”. Después de afirmar que “las campañas de comunicación política, habituales antes de la celebración de una consulta electoral, pueden estimular, aunque no siempre lo consigan, determinados comportamientos colectivos”, la empresa de sondeos se mostraba en sus conclusiones convencida de que la superación del mínimo constitucional del 51% era prácticamente segura en todas las provincias.
Pero, al margen de los estrictamente electorales, el documento ponía también al descubierto una serie de datos de interés que serían paulatinamente desvelados en las páginas de El País durante los días siguientes. Así, nada menos que el 55’5% de las personas consultadas creían que el proceso autonómico andaluz era “más bien lento”, por sólo un 16’8% que lo consideraba “más bien rápido”. Tres cuartas partes de los encuestados pensaban que un fracaso de la autonomía incrementaría los conflictos sociales, y el 37% entendía que podría conducir además a la aparición de una ETA andaluza. A la pregunta de si “aprueba usted o desaprueba la forma en que el señor Escuredo está desempeñando su labor como presidente de la Junta”, el 32’5% de los encuestados contestaba afirmativamente y sólo un 3’5% se atrevía a desaprobar su gestión, mientras que el 64% restante no se llegó a pronunciar. En cuanto al conocimiento del proceso autonómico, el 81% de los que respondieron sabían que “en Andalucía se han dado los primeros pasos para conseguir un estatuto de autonomía”. La gestión de la Junta durante el periodo preautonómico era considerada como buena por el 35’3%, frente a un 7’2% que la valoraba negativamente, mientras que un 14’9% no se pronunciaba al respecto y nada menos que un 39’3% ni siquiera conocía la existencia del ente preautonómico. Dentro del apartado correspondiente a determinar la identidad andaluza y el grado de nacionalismo del pueblo andaluz, un total de 67’8% definía Andalucía como una “región”, frente al 10’2% que lo hacía como “nacionalidad” y un 8’1% para el que se trataba de una verdadera “nación”, con entidad propia como tal. En este sentido, un 20’1% de los que respondieron se definían como “más andaluces que españoles”, por un 12’1% que lo hacían como “más españoles que andaluces”, mientras que nada menos que un 64% decían sentirse “andaluces y españoles por igual”. Finalmente, respecto a que Andalucía quisiera algún día “independizarse totalmente del resto de España”, un 42’4% de los entrevistados opinaba que “eso no puede pasar” y un 24’1% que “sí puede pasar”, mientras que el resto no se llegaba a pronunciar.
La campaña: ...y Alberti entró en Granada. La campaña en sí comenzó con la denuncia hecha pública por el comité provincial del PCA contra el diario Ideal por su negativa a insertar en sus páginas “publicidad ya pagada, con el anuncio de diferentes actos organizados por nuestro partido a favor de un “Sí” masivo a la autonomía”. Los comunistas consideraban que la actitud del periódico no sólo perjudicaba la imagen de su partido, sino también al conjunto de los ciudadanos, al sustraerles información sobre actos públicos relacionados con el Referéndum. “Más allá del derecho que pueda o no tener la dirección del diario a dejar de publicar unos anuncios previamente contratados y pagados”, decía la nota distribuida al respecto por el propio PCA, “la negativa de Ideal resulta tanto más insólita si se tiene en cuenta que acoge anuncios pagados de otros partidos parlamentarios, atentando con ello a los mínimos principios democráticos garantizados en la Constitución”. Por su parte, en una réplica publicada por el rotativo granadino se afirmaba que “los periódicos de la Editorial Católica, que es una empresa ideológica, tienen sus propias normas en torno a la publicidad, con determinadas limitaciones, y no sólo en el terreno de la política, cosa que es evidente para cualquiera de nuestros lectores habituales”.
En cualquier caso, con el arranque oficial de la campaña, la oposición pone todos sus efectivos a trabajar en favor del “Sí”, volcando sus principales esfuerzos en Granada, por ser una de las provincias donde los resultados se vaticinaban más inciertos. Así, los secretarios generales de PSOE, PCE y PSA, y el propio presidente de la Junta, irían turnando sus intervenciones en la capital y las principales localidades de la provincia con destacados dirigentes de segundo nivel e importantes invitados de organizaciones políticas ajenas al territorio andaluz, mientras que el partido del Gobierno hacía desfilar por la ciudad de la Alhambra a toda una pléyade de primeras figuras para propugnar la abstención con una consigna tan vergonzante como la de “Andaluz, éste no es tu Referéndum”. Así, en un mismo fin de semana llegaron a coincidir en Granada los ministros Ricardo de la Cierva, José Pedro Pérez Llorca y Rafael Arias-Salgado con Rafael Escuredo, Felipe González y Santiago Carrillo, junto a otras destacadas personalidades de la política nacional como el vasco Txiki Benegas, el catalán Joan Reventós o el canario Fernando Sagaseta. Éstas fueron algunas de las declaraciones más destacadas oídas en Granada durante la campaña: “El pueblo andaluz tiene un alto grado de conciencia autonomista” (José Rodríguez de la Borbolla); “Jamás transigiremos en nuestra igualdad de derechos con el pueblo catalán y el pueblo vasco” (Alejandro Rojas-Marcos); ”Nosotros, los defensores del “Sí”, no somos los que queremos dividir a este pueblo” (Felipe González); “En este Referéndum no hay nada trascendental en juego, y mientras no se le diga esto al pueblo se le estará mintiendo” (Rafael Arias-Salgado); “Nadie mejor que nosotros conoce dónde nos hace daño el zapato” (José Miguel Castillo Higueras); “El Tribunal Constitucional arbitrará los conflictos que se produzcan entre el Estado y las Comunidades Autónomas” (Luis Sánchez Agesta); “En Andalucía hay una injusticia histórica que reparar” (Antonio Jara); “Aquí lo que hay es un pueblo que repudia la violencia, pero que está dispuesto a ganar su autogobierno a toda costa. Por eso, se gane o se pierda en términos absolutos, Andalucía no va a ser la misma después del 28 de febrero” (Rafael Escuredo). Una de las posturas más controvertidas fue la del ex ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, que en ningún momento dudó en apoyar la vía del artículo 151, calificando la del 143 como “una inmensa nebulosa”. Y aunque desde UCD y el propio Gobierno decían con la boca chica “respetar profundamente su decisión”, lo cierto es que con la grande no se cansaban de descalificar sus opiniones: “Clavero está siendo claramente manipulado por la izquierda, que de la noche a la mañana lo ha convertido en un héroe andaluz”, según dijo el ministro y secretario general del partido centrista, Rafael Arias-Salgado, a su paso por la ciudad de la Alhambra.
Pero el principal protagonista de la campaña en Granada sería, sin duda, el poeta Rafael Alberti, que al cabo de 43 años pudo realizar al fin su promesa de visitar la casa de García Lorca y romper el mito del que “nunca entró en Granada”. Así, tras ser oficialmente recibido en la histórica puerta de Elvira por la corporación municipal, Alberti recibió de manos del alcalde Antonio Jara las llaves de oro y la medalla de la ciudad, para traspasar con ellas el monumental arco nazarí y cumplir así el último verso de su famosa Balada del que nunca fue a Granada, el poema musicado, cantado y popularizado por Paco Ibáñez. “Por supuesto”, diría luego el poeta gaditano, “jamás había pasado por mi imaginación la idea de morirme sin cumplir la palabra empeñada. Por eso, en esta primera visita mía a Granada, mi pensamiento más íntimo está lógicamente con Federico, de quien tan amigo fui y con quien la guerra y las balas franquistas me hicieron quedar en deuda hace ya más de 43 años, al impedirme cumplir mi promesa de visitarlo en su casa de la Huerta de San Vicente. Y aunque esta corta visita no responda exactamente a lo que yo mismo tenía en principio previsto, ¿qué mejor ocasión que la del Referéndum andaluz para terminar por fin de romper aquella promesa? Así que se acabó ya el mito de la canción”. A continuación, Alberti participó junto a Carrillo en el mitin central de los comunistas, celebrado en la plaza Bib-Rambla ante más de 15.000 personas, que fueron literalmente “bombardeadas” desde el aire por una avioneta que arrojó sobre los asistentes una auténtica lluvia de indignante propaganda abstencionista. Superado el susto colectivo, el rejuvenecido autor de las Coplas de Juan Panadero no dudaría en calificar el hecho como “una acción irresponsable, provocadora, intolerable y de tamaña grosería que resulta difícil de entender en militantes de un partido que está en el Gobierno”.
Considerado por unos como “poeta panfletario” y por otros como “el más grande poeta con que cuenta la clase obrera”, lo cierto es que Alberti había sido y seguía siendo para todos no sólo “el poeta maldito del fascismo”, sino también uno de los más grandes de la llamada Generación del 27. “Federico y yo éramos muy amigos desde los tiempos de la Residencia de Estudiantes”, comentaría más tarde Alberti, mientras recorría con un grupo de amigos los palacios nazaríes de la Alhambra. “Él (García Lorca) siempre me decía que viniera a pasar el verano a Granada, que aquí había tantas maravillas y se podía trabajar a gusto. Luego, en julio del 36, se vino asustado de Madrid, pensando que en la capital de España iban a pasar cosas terribles. Y, mira por dónde, lo más terrible de todo fue a encontrarlo en su propia tierra”.
“Yo sentí la muerte de Federico de una manera muy intensa”, recordaba el poeta en voz alta mientras recorría los jardines del Partal. “En aquella época yo estaba en la isla de Ibiza, donde me sorprendió el alzamiento fascista y me pasé veintitrés días refugiado en una cueva. Allí, en una radio pequeñita de pilas, oí la adhesión de todos los intelectuales que quedaban esos días en Madrid hacia el Gobierno de la República, y me extrañó no escuchar entre ellos el nombre de García Lorca. Luego, cuando Ibiza fue liberada por un barco republicano y pude regresar a la capital, me enteré, a través de un evadido de la zona de Granada, que a Federico lo habían fusilado en Víznar. Todos los amigos nos quedamos atónitos, porque no podía ser verdad algo tan disparatado como aquello. Pero unos días más tarde, la noticia fue coreada por los vendedores de periódicos de la noche y no tuvimos más remedio que terminar creyéndonosla. Imaginaos lo que fue eso, una cosa tan terrible que todavía no ha parado de desprestigiar en el mundo a los franquistas”.
Recorriendo el patio de Lindaraja, el de los Arrayanes o el Peinador de la Reina, la belleza de los palacios alhambreños terminaría por inundar el corazón del autor de Marinero en tierra, Poeta en la calle y tantos otros libros de poesía, traducidos y editados en multitud de lenguas y países. La imaginación del poeta se desbordó al encontrar real y tangible lo que tantas veces había adivinado en versos, fotografías o ilustraciones de los cuentos de Washington Irving. Las palabras Boabdil, abencerrajes y baños árabes fluían constantemente de su boca, mientras a sus oídos llegaban como un martilleo las explicaciones esquemáticas, casi científicas, que un guía iba susurrando junto a él. “¿Y las habitaciones privadas? ¿Y los cuartos de las favoritas?”, preguntaba a cada paso, mientras Carrillo le decía bromeando: “Por ahí está el harén, Rafael”, y alguien le sugería más en serio: “Tienes que venir en mayo, de noche”. Desde la torre de la Vela, Alberti contempló los cármenes del Albaicín, las cuevas del Sacro-monte, el sinuoso curso del Darro y, protestando por la presencia de tanta gente alrededor y tantas cámaras fotográficas, recordó el romance del rey moro (“Paseábase el rey moro / por la ciudad de Granada / desde la puerta de Elvira / hasta la de Bib-Rambla”) y destacó la coincidencia de que su entrada en la ciudad hubiera sido precisamente por la puerta de Elvira y luego hubiese hablado en la plaza de Bib-Rambla, para terminar su primera visita a Granada en el corazón de la Alhambra.
Por fin, llegada la histórica fecha del Referéndum, los resultados no pudieron ser más claros y rotundos: “Andalucía quiere la Autonomía por la vía rápida y sin regateos”, titularon el día 29 –éste era un año bisiesto– los principales diarios regionales y nacionales, añadiendo que el 55’55% de los andaluces había votado “Sí” a la vía del artículo 151. Mientras las noticias sobre Jaén y Almería eran algo desalentadoras, en Granada (donde el censo ascendía a 538.156 votantes), la participación había alcanzado el 62’24%, con un 52’73% de votos afirmativos. “Si se confirman los datos que tenemos hasta el momento, en Andalucía se habrá dado un grito con la suficiente densidad y número de decibelios como para trasponer Despeñaperros”, había declarado Antonio Jara al cierre de los colegios electorales. Aunque los hombres del tiempo habían anunciado para el día 28 cielo muy nuboso o cubierto en la mayor parte del territorio andaluz, con previsibles chubascos, que en principio serían más frecuentes y abundantes en el extremo oriental, lo cierto es que en Granada llegó incluso a lucir el sol en varias ocasiones a lo largo del día, que al final terminaría siendo climatológicamente aceptable. En líneas generales, la jornada electoral se desarrolló dentro de un ambiente de tranquilidad y participación, sin apenas incidentes de importancia. Hubo, eso sí, denuncias de papeletas trucadas en distintos colegios de la capital, donde individuos con pegatinas verdiblancas en la ropa ofrecían, a las puertas de los centros electorales, falsas papeletas con el “Sí” que, en lugar de al artículo 151 de la Constitución, se referían al 143. Papeletas de este tipo –no válidas, por tanto– fueron también detectadas en algunas mesas de las localidades de Armilla, Motril y Peligros. Con anterioridad se habían producido también denuncias sobre la desaparición de papeletas con el “Sí” en las cartas enviadas por correo a electores granadinos desde la propia Junta de Andalucía, llegando en muchos casos los sobres abiertos a su destino y sólo con una papeleta del ‘No’ y otra en blanco. Por otra parte, apoderados de UCD trataron de coaccionar a las personas que hacían cola ante las meses electorales de la barriada de Haza Grande, instándoles a votar en blanco o marcharse a sus casas. Asimismo, a lo largo del día se amontonaron en el Ayuntamiento de la capital colas de personas que habían tenido problemas de censo en sus respectivos colegios electorales y exigían el correspondiente certificado municipal para poder votar, dato que, según el alcalde, habría que “tener en cuenta a la hora de valorar los resultados reales de la consulta”. En cualquier caso, para Jara, tanto en Granada como en el resto de Andalucía existían ya datos “más que suficientes como para merecer una respuesta política por parte del Gobier-no, con independencia de los resultados oficiales que se produzcan”. De acuerdo con el primer edil, “si el Gobierno es un Gobierno demócrata, como presume, o si quedan todavía demócratas en él, no puede pasar mucho tiempo sin que dé esa respuesta, referida principalmente a la situación social y económica de nuestra Comunidad”.
La resaca: crisis y rectificaciones varias. La campaña dejaría tan dañada a la UCD que sus dirigentes no sabrían qué hacer para restañar su imagen pública. Para empezar, no pocos concejales y algunos dirigentes centristas habían renunciado a sus cargos en plena campaña por no estar de acuerdo con la postura abstencionista defendida por su partido. Para seguir, apenas había concluido todavía el recuento cuando ya estaba presentando su dimisión el propio presidente regional en funciones, Félix Pérez Miyares, no sin antes denunciar la supuesta marginación sufrida desde su propia organización durante la campaña. Automáticamente sustituido por Sánchez Faba, éste se vería pronto obligado a compatibilizar su nueva responsabilidad, no sólo con la presidencia de la Diputación granadina, sino también con la de la Mancomunidad General de Diputaciones de Régimen Común. Tamaña multiplicación de cargos y trabajo no le impediría promover, sin embargo, junto a Andrés Villalta, una campaña para recuperar en Granada el prestigio perdido con su defensa de la abstención, una actitud que, según el secretario provincial, en ningún momento habían sabido explicar a la gente. A pesar de todo, la expresada voluntad política de los centristas granadinos no se vería satisfecha hasta finales de mayo, cuando el presidente Suárez respondió al voto de censura que le presentó el PSOE con la promesa del Estatuto Andaluz dentro del mismo año en curso. “Más no se puede pedir”, diría Andrés Villalta, tras reconocer que el empeño autonómico de los andaluces se debió tener en cuenta mucho antes por los legisladores.
Con todo, se trataba sólo de un cambio de estrategia, pues el desbloqueo autonómico no se refería tampoco en esta ocasión a la vía votada y aprobada en el Referéndum, la del artículo 151, sino a una intermedia, la del artículo 144, con la que Suárez conseguiría convencer a Rojas-Marcos, haciendo con ello que el líder andalucista volviera a decepcionar una vez más a todos sus seguidores. Y mientras el centrista Joaquín García-Romanillos defendía al Gobierno por haber dado “una salida digna a la autonomía andaluza”, el comunista Nicolás Sartorius acusaba a Rojas-Marcos de haber “vuelto a decepcionar al pueblo andaluz” y el socialista Javier Torres Vela –que en mayo había sustituido a Manuel Pezzi como secretario provincial del PSOE– declaraba sin tapujos que “la oferta del artículo 144 no desbloquea la autonomía andaluza”. Tras el verano, a finales de septiembre y con la oposición de UCD y PSA, se ratificaría en el Parlamento la vía del 151, mientras el pleno de la Junta de Andalucía rechazaba la oferta autonómica del Gobierno. Y tan sólo unas semanas más tarde, el 22 de octubre, a los ocho meses de la histórica jornada del 28-F, se aprueba, ¡por fin!, el Estatuto andaluz, dándose vía libre a la autonomía plena gracias al acuerdo alcanzado entre todos los partidos implicados en el proceso, lo que provocó una espontánea y multitudinaria concentración en la plaza del Carmen para festejar el desbloqueo.
“Sabemos rectificar nuestros errores”, declararía entonces públicamente Andrés Villalta, mientras Manuel Clavero, de paso por Granada en aquellos momentos, mantenía su disconformidad: “Lo que nunca entenderé es por qué UCD ha tenido bloqueada la autonomía andaluza durante ocho meses”. Y es que, en contra de lo que cabría esperar, con el acuerdo no se calmarían totalmente las aguas revueltas de la política, sucediéndose todavía en Granada durante algún tiempo sustanciosas declaraciones públicas y mordaces puyas entre dirigentes de diferentes partidos o corrientes internas: “Lo mejor que puede hacer el PSA por Andalucía es autodisolverse” (Alfonso Guerra); “Vamos a pagar muy caro el error de votar con Suárez” (Arturo González Arcas); “Asistimos a un proceso corrosivo que trata de aniquilar España y en el que UCD hace una política de izquierdas con el voto de la derecha” (Federico Silva Muñoz). Pero ni la persona ni el liderato de Suárez iban a cuestionarse en el segundo congreso de UCD, según declararía Fernando Álvarez de Miranda, que asistía en Granada a un curso de formación para dirigentes centristas. A propósito de la importante cita interna convocada por el partido del Gobierno para el año siguiente, Arturo Moya Moreno cerraría el año declarando que “nuestro electorado es de derechas, y la nuestra tiene que ser la opción del centro-derecha”, mientras Andrés Villalta no se cansaba de repetir por su parte que “todavía está por demostrar quién es más o menos progresista en UCD de Granada”.
Antes de final de año, terminaría también estallando la crisis en el PSA: así, a pesar del unánime respaldo aprobado en su favor por la asamblea provincial, tres de los más destacados dirigentes granadinos que no habían parado de manifestarse en contra de la línea política marcada desde Sevilla (Pedro Ruiz Morcillo, Francisco Torres y Arturo González Arcas) serían finalmente expedientados por la dirección nacional andalucista el 30 de noviembre. Convocado el correspondiente congreso extraordinario sin que nadie del comité provincial dimitiera de sus cargos –al no ser preceptivo, debido precisamente a su carácter extraordinario–, desde Sevilla se seguiría insistiendo en la necesidad de adoptar medidas disciplinarias contra el llamado “grupo insurreccional del PSA”, pero ni la militancia ni la dirección de Granada estaban dispuestos a aceptar la expulsión de sus voces más críticas, por lo que Arturo González Arcas pudo así terminar el año como portavoz del grupo andalucista en el Ayuntamiento. Poco antes, la manifestación del Día de Andalucía se había celebrado el domingo 7 de diciembre, bajo el escueto y expresivo lema “Por el Estatuto”, siendo en esta ocasión calificada por la prensa de “pobre y aburrida”.
Otros asuntos: de Reyes y gobernadores. Antes incluso de empezar a calentar motores para la precampaña del Referéndum, el año había arrancado con la visita oficial de los Reyes a Jaén y Granada. En Granada, donde estuvieron dos días (9 y 10 de enero) don Juan Carlos y doña Sofía se encontraron un panorama laboral preocupante: más de 30.000 parados, según datos oficiales, repartidos mayoritariamente en el sector agrícola y el subsector de la construcción. Sólo unas horas antes de su llegada, se lograba el acuerdo que ponía fin a dos semanas de huelga en el campo, un conflicto que había provocado enfrentamientos entre agricultores y Guardia Civil en distintos puntos de la provincia, y para cuyo desenlace había sido decisiva la mediación del gobernador civil, Luis Sánchez-Harguindey, que fue quien al parecer terminó convenciendo a la patronal para que flexibilizara su hasta entonces intransigente postura. Solucionado el escollo agrícola y a pesar de la preocupante situación laboral, los Reyes vivieron un gran recibimiento popular en la plaza del Ayuntamiento, donde don Juan Carlos dijo con firmeza: “Hay que responder al reto histórico con dedicación, trabajo, entusiasmo y sacrificio hasta hacer de esta provincia, donde se evocan recuerdos imborrables para la unidad de España y para la Corona, un lugar de privilegio”. Estando el Rey en el balcón del Ayuntamiento, desde el que terminaría su discurso con vivas a Granada y Andalucía, además de a España, agentes de la policía obligaron a retirar una pancarta verdiblanca con la inscripción “¡Viva Andalucía libre!”, tomando la filiación a uno de sus portadores, dirigente del PSA. Cuando el secretario provincial del partido andalucista fue después a recoger la pancarta a comisaría, le dijeron que había sido destruida. Los Reyes visitaron también la basílica de las Angustias, donde el arzobispo Méndez Asensio se dirigió a don Juan Carlos en estos términos: “Invocamos la ayuda del Señor para que os conceda la alegría de resolver los problemas que afectan a las gentes de esta tierra, sobre todo los pobres, los que sufren, que sin duda son la preocupación permanente de vuestro corazón”. Al día siguiente, al despedirse, los Reyes confesaron al alcalde que se iban “verdaderamente impresionados de Granada”.
Tan impresionado como se marcharía meses después el propio Luis Sánchez-Harguindey, debido a la impronta que su exquisito carácter personal y su poco habitual actitud política lograban dejar en la provincia. Así, tras su nombramiento como subsecretario del Ministerio del Interior, el prestigioso médico abandonaba en junio el gobierno civil declarando haber “medido a todos con el mismo rasero, sin fijarse en colores de partidos”. También su sustituto, Sieira Míguez, tomaría posesión a finales de julio con la vitola de “no pertenecer a ningún partido político”, según declaró a Ideal antes de su llegada a Granada, pero sus palabras serían inmediata y agriamente contestadas por el secretario provincial de UCD: “Para nosotros”, dijo Andrés Villalta antes también de su toma de posesión, “un gobernador civil del Gobierno de UCD es y pertenece a UCD, independientemente de su talante personal y su adscripción formal o no al partido”.
A comienzos de verano, ETA anunció una campaña contra el turismo en las costas españolas y la reacción en el sector turístico granadino no se hizo esperar: “Las amenazas terroristas no van a afectar los resultados de la temporada”, diría Manuel Varela, mientras el centrista César Valdeolmillos declaraba que “el terrorismo puede producir cierta regresión en las zonas afectadas, pero estamos obligados a seguir adelante”. Antes de acabar el verano, sin embargo, los efectos del terror etarra volvían a sentirse una vez más en nuestra tierra: uno de los cuatro guardias civiles asesinados por la banda independentista vasca mientras comían en un bar de la localidad vizcaína de Marquina (Miguel Hernández Espigares, de 23 años) era natural de Guadix, y dos meses más tarde, en noviembre, otro policía granadino engrosaba la lista de víctimas mortales del terrorismo al ser asesinado por los criminales de ETA en la localidad guipuzcoana de Eibar. En octubre, Antonio Jiménez Blanco fue nombrado presidente del Consejo de Estado, viéndose obligado por ello a presentar la dimisión como presidente provincial de UCD y a ceder su escaño en el Congreso de los Diputados a Julio de Castro Hitos, por establecerlo así en ambos casos la ley de incompatibilidades políticas. Convocada la correspondiente asamblea provincial extraordinaria del partido, ésta se celebró durante el último fin de semana del mes, con asistencia de más de 600 delegados y la presentación de dos listas oficiales y una tercera alternativa, alzándose con el triunfo la candidatura encabezada por José Sánchez Faba, que sería proclamado así como nuevo presidente de la UCD granadina.
Casi al mismo tiempo, la visita a Granada del ministro de Trabajo, José Félix Pérez Miyares, para estudiar el problema del paro con los gobernadores civiles de las ocho provincias andaluzas, terminaría provocando un conflicto entre instituciones al no querer reunirse durante su estancia con el alcalde de la ciudad. Tras declararse éste “tremendamente decepcionado y dolido” porque el ministro se negara a recibirlo, el Gobierno Civil desmentiría, sin embargo, a Antonio Jara, afirmando en una nota oficial haberle dado facilidades para entrevistarse con Pérez Miyares, invitándolo incluso a un almuerzo donde iba a ser escuchado y al que el alcalde no acudió sin excusar su ausencia ni dar ningún tipo de explicaciones, y sin que fuera tampoco posible comunicarse con él a pesar de intentarlo infructuosamente por todos los medios a su alcance. Pero el mentís del Gobierno Civil al alcalde sería a su vez desmentido nuevamente por éste: “Me reafirmo en que no es durante un almuerzo el lugar adecuado para hablar de los problemas de Granada, si antes no se han abordado con seriedad en torno a una mesa de trabajo”, declararía al día siguiente Antonio Jara.
De Lorca a Alberti, pasando por Gibson. 1980 sería también el año en que se levantase el primer monumento público dedicado a Federico García Lorca en la provincia de Granada. Lógicamente, ni su lugar de emplazamiento podía ser otro que la plaza principal de Fuente Vaqueros, ni la fecha de su inauguración distinta al 5 de junio, con motivo del aniversario del nacimiento del poeta en dicha localidad de la Vega del Genil. La decisión de erigir el monumento había sido adoptada por el Ayuntamiento –”recogiendo así el sentimiento general del pueblo”– con la intención declarada de que “la participación en su realización sea lo más amplia posible”, por lo que se acordó abrir una suscripción pública de carácter internacional. Con el monumento se pretendía, asimismo, dar “forma permanente a la presencia de todo cuanto García Lorca representa para la cultura del pueblo andaluz y su trascendencia internacional”. Encargado al escultor Cayetano Aníbal, el proyecto contaba con un presupuesto de ocho a diez millones de pesetas, y distintos detalles que podían variar de acuerdo con el mayor o menor respaldo económico conseguido, con la condición de que, si al final sobraba dinero, éste se emplease en la compra de la casa natal del poeta. La comisión organizadora del homenaje e inauguración del monumento estaba presidida por el alcalde de la localidad, el socialista Francisco Martín, y de ella formaban parte tres concejales (uno de cada partido con representación municipal: PSOE, PCE y UCD), el pintor Francisco Ramírez y los poetas Juan de Loxa y José García Ladrón de Guevara (este último, senador del PSOE). La campaña de recaudación se inició en Navidad, con el envío de diferentes escritos a todos los ayuntamientos de la provincia de Granada, los municipios con más de 5.000 habitantes de toda España, parlamentarios, entes autonómicos, ministerios, embajadas y universidades, tanto españolas como europeas y americanas, así como alcaldes de ciudades importantes de Europa y América. Pero, ya desde el principio, la participación popular en el proyecto no se limitó a colaborar económicamente en la financiación del monumento, sino que se realizaron encuestas y confrontaciones de opinión entre los vecinos del municipio sobre los diferentes aspectos de la obra, desde su emplazamiento hasta los más mínimos detalles de ambientación, ajardinamiento, urbanización y otros. En este sentido, la opinión mayoritariamente expresada fue la de exigir que el tema central lo constituyese la figura física del propio poeta, a quien una inmensa mayoría de sus paisanos quería ver representado “como si estuviera vivo”. Al final, el monumento se presentó en una proyección frontal, rodeado de jardines y situado al fondo de la plaza mayor del pueblo, comúnmente conocida como “el Paseo”. La base del conjunto la constituyen dos láminas de agua, la más elevada de las cuales rebosa en caída libre sobre la inferior. En el centro, pretendiendo dar la impresión de que flota sobre el agua, el cuerpo principal de la obra lo constituyen dos bloques de piedra de Sierra Elvira, de tres metros y dos metros y medio, respectivamente. La figura en bronce de Federico, en el gesto de liberarse de una masa de planos y formas modeladas, en las que parte de su propio cuerpo desnudo se confunde, va adosada al mayor de los bloques, mientras que el segundo, en un plano más retrasado, cobija otro grupo escultórico en medio relieve, también en bronce, con elementos de la “Casida de las palomas oscuras”, poema donde Lorca manifiesta su preocupación por el misterio de lo desconocido y se plantea la incógnita de su supervivencia.
Durante su traslado desde Madrid, a bordo de un camión adornado con banderas andaluzas, la escultura fue objeto de múltiples y espontáneos homenajes populares a su paso por las distintas localidades del itinerario. Antes de su parada definitiva en Fuente Vaqueros, la obra fue asimismo paseada por las calles de Granada, Alfacar y Víznar, en algún lugar de cuyo famoso barranco había sido fusilado y enterrado el poeta durante la madrugada del 19 de agosto de 1936. El autor del monumento, Cayetano Aníbal, justificó el hecho de que la pieza no respondiera a la línea experimental y vanguardista que habitualmente seguía como artista en su obra, exponiendo para ello diversos argumentos sobre la funcionalidad del arte. “Para mí”, me dijo en una entrevista concedida para El País, “es muy importante no olvidar nunca la función del arte, y en este caso concreto yo tenía muy claro desde el principio cuál era el cometido que debía cumplir la obra. No se trata, obviamente, ni de una escultura de laboratorio ni de escultura para exposiciones, sino que la mayoría de quienes realmente van a disfrutar de la presencia física de Federico en la plaza de su pueblo necesitaban, y así lo habían hecho constar expresamente, un lenguaje escultórico directo, con elementos de fácil comprensión”.
El monumento sería finalmente inaugurado, ante unas diez mil personas y no sin cierta polémica, durante la fiesta anual del 5 de junio, que este año estuvo dedicada al hermanamiento de García Lorca con Pablo Neruda y contaba con la presencia de Rafael Alberti y Gabriel Celaya, junto al presidente andaluz, Rafael Escuredo, y la hermana y cuñada de Federico, Isabel García Lorca y Laura de los Ríos, como figuras más destacadas del homenaje, una vez que la viuda del premio Nobel chileno, Matilde Urrutia, había excusado su asistencia a través del grupo Quilapayún, debido a un reciente accidente automovilístico del que aún se encontraba convaleciente en la capital de su país. Sin embargo, el principal invitado, Rafael Alberti, abandonaría Fuente Vaqueros a mitad de la ceremonia y sin llegar a intervenir ante el público, dolido por el tratamiento y la utilización política que los organizadores, mayoritariamente socialistas, hacían de la memoria de sus compañeros de generación poética e íntimos amigos, así como por disconformidad con el postergamiento de que él mismo se sintió objeto durante el desarrollo del programa. Gabriel Celaya se solidarizaría con el poeta gaditano y se marchó igualmente del pueblo. “Yo sé que Neruda se habría sentido profundamente emocionado al ver su nombre contra las calles andaluzas”, dijo antes de abandonar el acto el poeta de El Puerto de Santa María, que a lo largo de toda la semana había ofrecido en Granada, invitado por la Univer-sidad, el Club Larra y el Ayuntamiento de la ciudad, diferentes recitales multitudinarios. En Fuente Vaqueros, no obstante, el que fuera “uña y carne, hermano” de los homenajeados, el hombre históricamente más representativo de lo que allí se estaba celebrando, fue tan claramente relegado por la organización que se sintió “obligado a abandonar el acto con una profunda tristeza, pues casi llegué a sentirme enfermo”, como declararía antes de emprender su viaje de regreso a Roma.
Al margen de esta iniciativa, y siguiendo la idea avanzada por Sánchez Faba durante su campaña municipal del año anterior, la Diputación nombró a su vez una comisión de encuesta para averiguar el lugar exacto en que se hallaran los restos mortales del poeta y dramaturgo de Fuente Vaqueros, que había sido ejecutado por las fuerzas franquistas en la madrugada del 19 de agosto en algún lugar del barranco de Víznar cercano a la Fuente Grande de Alfacar. Tras la recogida de todo tipo de datos y la realización de distintas entrevistas con escritores, historiadores, periodistas e incluso un presunto testigo de los hechos, la iniciativa de la corporación provincial, que respondía también a un acuerdo plenario de “erigir un monumento a García Lorca en el lugar donde se le supone enterrado”, concluiría con la declaración prestada sobre el terreno por el investigador y escritor irlandés Ian Gibson. Las conclusiones de la comisión coincidirían, precisamente, con la tesis expuesta por éste en su libro Granada en 1936 y el asesinato de García Lorca, publicado el año anterior por Grijalbo después de que su primera versión de 1971 en Ruedo Ibérico estuviera prohibida en España incluso tiempo después de la muerte de Franco. En su libro, Gibson aportaba el testimonio directo del propio enterrador del poeta, cuya personalidad seguía manteniéndose en el anonimato, escondida tras la iniciales M. C. Se trataba, según el hispanista, de un hombre que había sido llevado a Víznar para ser fusilado cuando sólo contaba con 17 años, pero que pudo salvarse finalmente de la muerte gracias a la intercesión de unas señoras de derechas, siendo puesto a trabajar de enterrador junto a algunos masones destinados a tan ingrato servicio en el mismo barranco donde llegarían a ejecutarse a lo largo de la guerra civil a varios miles de personas. Al parecer, pese a que sus miembros llegaron a asegurarle la más absoluta discreción, M. C. no consintió en comparecer personalmente ante la comisión investigadora. En todo caso, su testimonio recogido por Ian Gibson sería unánimemente aceptado como bueno por todos sus miembros, fijándose así de manera ya oficial que el lugar del fusilamiento y enterramiento del poeta se encontraba en un paraje del llamado cerro de las Torices, muy próximo a la Fuente Grande de Alfacar y dentro del término municipal de esta localidad, donde la propia Diputación terminaría erigiendo un parque público en memoria de Lorca y de todas las víctimas inocentes de la guerra civil. |
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