Warning: pg_result() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/webs/transicion/web/admin/F_bd.php on line 33 La transición de Andalucía
18 de marzo de 2026
 

 
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  1981
  Juan José Téllez Rubio
  Todos al suelo
  Sobre el escenario del Teatro Falla y poco antes de su remodelación, el cuarteto carnavalesco Tres Diputados Parlanchines y Estrafalarios parodiaba, al día siguiente del intento de golpe de Estado, el susto de impresión que se llevó medio país un 23 de febrero de 1981 y que el periodista isleño José Oneto dejaría reflejado en su esclarecedor libro La noche de Tejero. Pero el día anterior, Cádiz no estaba para bromas sino que tocaba el turno siniestro del todos al suelo.

"¡Se sienten, coño!"
. Horas después de que la Guardia Civil invadiera el Congreso de los Diputados y que los tanques tomasen las calles de Valencia, en la larga madrugada gaditana, en la sede de UCD en la Plaza de España, se reunían representantes de dicha formación, del PSOE, PCA, UGT y CC.OO. Entre ellos, Avelino Arias, Juan Pérez, Juan Ramón Troncoso, Eduardo García Espinosa y Horacio Lara. Se trataba de firmar un comunicado de apoyo a las instituciones democráticas, que imprimieron en multicopista y distribuyeron por medios de comunicación y las principales empresas de la provincia. Se trataba, en resumidas cuentas, de un llamamiento a la calma, pidiendo a los ciudadanos que no se manifestaran en la calle para evitar enfrentamientos con la ultraderecha. Para ese día 24, también convocaron un paro de dos horas en todos los centros de trabajo, salvo en los servicios públicos. A las seis de la mañana, acudieron todos a la sede del Gobierno Civil, en donde estaba reunida la Junta de Seguridad.

En Algeciras, un grupo de militantes de Fuerza Nueva se dirigió a la sede del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar, a fin de ofrecerse para lo que fuera menester: “El gobernador militar actuó serenamente y los despidió de forma diplomática”, reflejó la prensa de la época. Algunos campogibraltareños pusieron tierra de por medio, rumbo a Tánger, o en embarcaciones particulares se dirigieron a Gibraltar, cuya verja fronteriza se encontraba cerraba desde 1969.

No se registraron incidentes de importancia, aquella noche, en la capital gaditana. José Manuel Sánchez Gey, teniente coronel de Infantería y ayudante de campo del general en el Gobierno Militar de Cádiz, le explicó a Antonio Castillo para su historia de la Transición en la provincia, que él estuvo en total desacuerdo con aquella acción: “Situación de alerta en toda la noche –rememora–, pero con la tranquilidad que dio el mensaje del Rey. Aunque con planes y órdenes previstas por lo que pudiera ocurrir, ni un hombre ni un vehículo militar salió a la calle en la provincia. La información fue constante y nuestro entonces gobernador militar, general Cuervo Pita, estuvo siempre a las órdenes debidas y en actitud de desaprobación total al golpe. Fue el sentir general en el cuerpo militar que de haber un golpe, este tenía que ser político”.

La comisión municipal permanente, en su reunión semanal en la Plaza de San Juan de Dios, agradecería unánimemente a los gaditanos “su excepcional conducta serena y ejemplar en tan graves circunstancias”. Y a los medios de comunicación, “su actuación realmente extraordinaria, esforzada y clarificadora”. Y la Comisión Provincial de Gobierno, presidida por el gobernador José Gómez Palacios, con asistencia de los delegados ministeriales destacó “el magnífico comportamiento del Cuerpo Superior de Policía, Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia, que en todo momento han estado dispuestos a defender la seguridad y la convivencia ciudadana”. También, “el magnífico comportamiento del pueblo gaditano, que en ningún momento dejó de realizar su actividad ordinaria así como de participar en las fiestas del Carnaval, que en la capital se desarrollan en estos días”.

Pero no todo fue calma chicha en Cádiz aquel 23 de febrero de 1981. Poetas, músicos, políticos, sindicalistas, periodistas y todos aquellos que oliesen a heterodoxia figuraron en el punto de mira de la ultraderecha. Año y medio más tarde, en agosto de 1982, la revista Actual publicaba una supuesta relación de españoles que debían ser eliminados tras el golpe del 23 de Febrero. No faltó quien arguyera, eso sí, que se trataba de un simple invento periodístico. La lista había sido elaborada, a escala estatal, por las Milicias Populares Patrióticas y todos los indicios apuntan a que buena parte de sus datos ya eran obsoletos y procedían de las antiguas fichas de la Brigada Político-Social y en ella figuraban políticos de alcance nacional como Felipe González, Adolfo Suárez o Santiago Carrillo, pero también simples militantes, artistas o concejales y alcaldes, muchos de ellos gaditanos. Como, por ejemplo, el comunista Francisco Esteban, quien entonces presidía la Corporación de Algeciras, y que pensaba que la nómina procedía de los archivos de la Dirección General de Seguridad: “Mucha sorpresa no me causó porque estos fachas son capaces de todo. Los incluidos en la lista eran personas inocentes que lo único que habíamos hecho era luchar por la libertad”.

La socialista gaditana Mercedes Dobarco, veterana ugetista de la Federación de Enseñanza, entendía que el listado fue fabricado a partir de las candidaturas electorales del 79: “Por ejemplo, Rafael Román era senador y consejero de la Junta de Andalucía y no aparecía en la lista, mientras que yo sí estaba”.
“Tampoco faltaron bromas, porque aparecer en la lista era una señal de prestigio”, ironiza el socialista Pedro Quiñones, otro de los incluidos junto con Ramón Vargas-Machuca o Manuel Chaves, de entre las filas de su formación política.

Abundaban los comunistas, como el jerezano Juan Pérez, que posteriormente sería secretario provincial de CC OO. O abogados, como el andalucista campogibraltareño Jorge Pérez Tenorio: “A mí, lo de aparecer en la lista negra, me dejó frío, pero más frío me dejó la forma de elaborarla. No sé qué debe sentir alguien al decidir la vida de la gente de esta forma”.

Entre los nombres señalados para el paredón, figuraban los de Rafael Alberti, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Pero, en su mayoría, eran políticos que habían defendido abiertamente la causa de las libertades públicas y que procedían indistintamente de las filas del PSOE, del PCE, del PSA o del PTE. Como Jerónimo Lorente, Hipólito García, Pedro Pacheco, José Barroso, José Álvarez Ruiz, Francisco Cabral, Esteban Caamaño, Jesús García Vidal, José Camacho Martínez, Jerónimo Sánchez Blanco, Fernando Martín Moro, José Manuel García Díaz, Carmen Romero Duran, Jacinta Arrina Ortega, Fernando Estévez Almagro, Pedro Jiménez, Juan Manuel Romero, Gabriel Casarella, Antonio Álvarez Herrera, José María López, Antonio Herraz, Ana Perea, Juan Cabral, José María Sanz Zamorano, Manuel Galán, José Cabrera, José Triviño, Guillermo Alonso del Real, Juan Manuel García Candón, María Ángeles Argote Molina, Isabel Palomo, Gerardo Rey del Corral, Bartolomé Haro o José Julio Vélez Noguera. Muchos de ellos carecían ya entonces de protagonismo político, como fueron los casos del abogado y empresario Sebastián Romero González o Francisco Domínguez Galindo.

Pero los gaditanos que corrieron mayor peligro aquel día fueron los diputados que asistían a la sesión de investidura en el Congreso. A saber, los socialistas Manuel Chaves, Ramón Vargas-Machuca y Esteban Caamaño; los ucedistas Juan Antonio García Díez y Antonio Morillo Crespo, junto con Francisco Cabral, del PCE, o Alejandro Rojas Marcos y Emilio Rubiales, que habían sacado su acta de diputados por Cádiz en las filas del PSA: “El miedo a la pérdida de la vida, uno de los sentimientos humanos más dignos –rememora Ramón Vargas-Machuca– dio paso al miedo a la pérdida de la libertad, que significaba la vuelta a la España de la tragedia y de la pandereta, a la noche oscura de la dictadura. La conclusión no es otra que: en este país es imposible que triunfe la democracia. Después, haces una reconstrucción de lo que va a ser tu futuro, un futuro en Carabanchel, aunque te consuelas porque piensas que vas a estar allí junto al resto de los presos políticos... Y te acuerdas de la familia: qué va a ser de tus hijos, y de tu mujer, que también se dedica a actividades políticas”.

El portuense Esteban Caamaño, al lado de Vargas-Machuca, también temió por su vida, según testimonió a los periodistas Jorge Bezares y Antonio Rivera: “Lo normal es que me pasara muchos años en la cárcel o que me pegaran dos tiros”. Escoltado por un guardia que no cesaba de hincarle una metralleta en la espalda, fue a los servicios y al regresar al escaño, asistió a una fuerte discusión entre Antonio Tejero y Manuel Fraga: “Llegó a tanto la bronca que el mando golpista, visiblemente molesto, ordenó a los guardias civiles que condujeran al político a su escaño. Yo aproveché que el guardia que me custodiaba intervino en la operación para despistarme y dar una vuelta por los pasillos del edificio. Lo que vi fue increíble, puesto que había por todas partes guardias civiles durmiendo en el suelo, restos de comidas y botes de bebidas. Yo paseé tranquilamente, sin que nadie me dijera nada, hasta que un guardia me preguntó que adónde iba. Le contesté que iba a por tabaco y no le pareció extraño. Un poco más adelante, un oficial me cortó el paso y me devolvió a mi escaño”.

“Pienso que el golpe en este país se contemplaba como un acontecimiento muy lejano, casi imposible. Los acontecimientos del 23 de febrero han demostrado que no era así –me comentaba días más tarde Manuel Chaves–. El golpe de Estado ha venido a demostrar que la época de la transición no está consolidada. Hace falta una movilización social generalizada. No me estoy refiriendo a manifestaciones o concentraciones, sino a una tarea dirigida a devolver la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas. Hay que hacer ver a la sociedad el valor que tiene la libertad y no que tome conciencia de ese valor cuando ya se haya perdido la libertad”.

Desde los escaños de la UCD, el diputado y alcalde vejeriego, Antonio Morillo, también temía lo peor cuando vio que dos guardias le vigilaban estrechamente: “Yo me di cuenta de que uno de los guardias me miraba fijamente sin parar, y yo pensé que quizás me tenía ganas porque entonces yo ocupaba la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en donde se veían a menudo supuestos casos de tortura en los que aparecían implicados miembros de la Benemérita. Intenté en vano esquivar su mirada siempre fija, pero lo peor vino cuando pedí ir al servicio y este guardia le dijo a su compañero ‘a éste, déjamelo a mí’. Yo pensé que había llegado mi última hora. Me levanté y el guardia se colocó detrás mía con su fusil. Cuando íbamos por el pasillo me tocó con una mano en el hombro y cuando yo esperaba lo peor me encontré con que me dijo que se acordaba mucho de mí y que él y su familia me estaban muy agradecidos porque les había ayudado mucho cuando había estado destinado en Vejer”.

Mientras Rafael Román estrenaba su cargo de consejero de Cultura de la Junta de Andalucía con una rueda de prensa a la que no acudió ningún periodista, el poeta Rafael Alberti, como millones de españoles, fue uno de los testigos excepcionales de aquel suceso histórico: “Esta historia violenta y vergonzosa conseguirá tal vez crear una conciencia democrática en España: ha sido una lección muy importante”, declaró a La Stampa.

“Ahora –proseguía Alberti--, la gente adormilada, o los que hablaban de desencanto, de desilusión, abrirán los ojos; entenderán cuán grandes son los valores de la democracia y cuán importante es estar siempre vigilante para protegerla. Toda aquella noche del lunes al martes, noche terrible y tristísima para España, la he vivido delante del televisor y escuchando la radio: como todos. Creo que por primera vez se ha dado en el mundo un golpe bajo el ojo de las cámaras y los del telespectador”.

El 27 de febrero se celebró una manifestación a favor de la democracia, que concentró en Madrid alrededor de millón y medo de personas. En Cádiz, la marcha fue convocada por PSOE, UCD, PCA, AP, PSA, UA y los sindicatos CC OO y UGT, bajo el lema “Andalucía por la libertad, la democracia y la Constitución”. Con participación de unas 15.000 personas, el presidente de la Diputación, Gervasio Hernández-Palomeque, leyó un comunicado en el que tras repudiar los hechos, se realzó la labor del Rey y de las Fuerzas Armadas, pidiéndose que se clarificaran las responsabilidades de quienes “lo ejecutaron, impulsaron, apoyaron o encubrieron” y que “el poder judicial actuara en consecuencia”.
La manifestación transcurrió desde el estadio Carranza hasta la plaza de la Constitución, bajo un fuerte aguacero: "Un auténtico grito de viva España no encierra una verdad distinta que el de viva la Constitución y viva la democracia", concluyó Hernández Palomeque y una muchedumbre empapada por la lluvia vitoreó sus palabras.

Al alcalde gaditano, Carlos Díaz, la retransmisión radiofónica de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, le pilló precisamente cerca de Vejer y volvió grupas hacia la capital. Fue el primero en llegar al Ayuntamiento y se puso en contacto con el gobernador civil y con algunas de las esposas de los diputados de la provincia secuestrados en el Congreso: “Reflexionando con el tiempo, tal vez debería haber adoptado medidas precautorias como reforzar las medidas de seguridad del Ayuntamiento. Aunque nunca pensé que el golpe fuese a tener trascendencia”. Varios concejales defendían el fuerte de la Plaza de San Juan de Dios, con escasos víveres, durante aquella larga madrugada: “No habíamos comido nada y teníamos mucha hambre pero todos los comercios estaban cerrados –recordó diez años más tarde, en declaraciones al periodista José Antonio Hidalgo--. Mandamos a un ordenanza para que comprase una botella de whisky, no sé si fue en el Salón Moderno o en el Pay Pay. Lo que sí recuerdo es que era tan malo que lo tuvimos que dejar".

También el alcalde de Puerto Real andaba sobre ruedas cuando la radio emitió en directo la balacera de la Carrera de San Jerónimo. Iba en taxi por el puente Carranza, de vuelta de una reunión en Cádiz: “Los miembros del PTE, que éramos la mayoría-minoritaria, nos reuníamos por la tarde en el Ayuntamiento y aquel día hicimos lo mismo. Unos compañeros del PSOE llegaron más tarde, pero cuando se enteraron de que Miláns del Bosch había sacado los tanques a la calle en Valencia decidieron marcharse: simplemente, buscaron esa opción”. Junto al alcalde, su hermano Miguel, Diego Luis Moreno y Manuel Cruz, hizo guardia en el consistorio el delineante Eladio García Castro, uno de los históricos fundadores del Partido del Trabajo de España. El bar Arlequín les ayudó en aquella vigilia que interrumpieron a las 12.30 de la noche, cuando comprobaron que la normalidad reinaba en la población. Barroso no oculta que aquel día discutió acaloradamente con un ciudadano: “Fruto de mi inmadurez en aquellos momentos, me desgañité defendiendo que si Armada estaba en el golpe, el Rey también lo estaba”.

Al alcalde jerezano, Pedro Pacheco, la intentona golpista de Madrid le sorprendió en la Casa Consistorial, mientras celebraba una reunión del Consejo del Patronato de la Vivienda: “No tenía nada que ocultar y en ningún momento pensé que pudieran acudir los militares a tomar el Ayuntamiento. Sobre las siete de la tarde, llegó Manolo Cintado y poco después, Miguel Monge, ambos concejales en aquel entonces y miembros del Patronato, y nos quedamos hablando ampliamente del suceso con preocupación y con pena”.
Su mujer le insistió para que volviera a casa. Así lo hizo: “Al día siguiente me visitó en el Ayuntamiento Rafael Alberti. Vino en tren desde Valencia y, antes de seguir a Cádiz donde intervenía en algo del Carnaval, tenía que reunirse con militantes del Partido Comunista, que debían recogerlo en la estación. No acudió nadie a recibir al poeta, a excepción de Manolo Cintado, concejal andalucista, quien, con su tradicional amabilidad, lo llevó al Ayuntamiento. Tomamos café y comentamos los acontecimientos. No di mucha importancia al hecho de que Rafael Alberti se dirigiera frecuentemente a mí llamándome hijo, hasta que, en un momento, preguntó por mi padre, pensando que yo era el hijo del alcalde. Y es que aquel 24 de febrero de 1981, todos éramos más jóvenes”. Recién principiado el otoño del año siguiente y tras el llamado golpe de los coroneles, las autoridades decidieron confinar a Jaime Miláns del Bosch en una antigua residencia de los gobernadores militares del Campo de Gibraltar, una casa de campo situada en la llamada Huerta del General, en los montes de Pelayo, próximos a Algeciras. Allí, entre comidas a la carta de un restaurante próximo y trotes matutinos de footing, el general permaneció desde el 4 de octubre hasta finales de año, apenas a 40 kilómetros de Sotogrande, la exclusiva urbanización sanroqueña donde su familia poseía una costosa pero recoleta residencia.

Alberto Oliart, ministro de Defensa, buscaba aislarlo de sus contactos en Madrid por si pudiera verse envuelto en el nuevo complot antidemocrático que acababa de destaparse. Así que el teniente general Saavedra Palmeyro tuvo que ausentarse el sábado 2 de octubre de las maniobras Galia 82, a las que asistía en Extremadura, para preparar en Sevilla el complejo traslado del ex general que había sacado los tanques a las calles de Valencia, un año y pico antes. Desde la Academia de Artillería de Fuencarral en Madrid, donde permanecía recluido, Miláns viajó en helicóptero hasta Sevilla y luego, por carretera, fue llevado hasta Algeciras, para pasar un trimestre en el que se vio escoltado por la sombra de los paparazzi que intentaban cazarle en chándal y por la llegada de representantes de organizaciones fascistas: “Con la presencia de Miláns del Bosch y de uno de los inculpados del Caso Almería en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, esto puede ser declarado zona de interés golpista”, vaticinaba Francisco Esteban, alcalde comunista de Algeciras.

Pero hubo un antes y un después del 23-F de 1981. Ese mismo día, en la provincia, más de 1.600 hombres juraron bandera bajo la nueva fórmula que hace referencia al Rey y a la Constitución. Y pocos días más tarde, Rafael Alberti actuaba como pregonero del Carnaval gaditano, por más que UCD se opusiera en su día, al proponer para dicho cometido al veterano periodista Bartolomé Llompart.
 
Cádiz, antes del 23-F.
Antes del 23-F, el mundo parecía normal: persistía la crisis interna en el PSA, que pretendía sobrevivir mal que bien a los estragos de su actuación parlamentaria, y Manuel Clavero intentaba poner en marcha su Unidad Andaluza, contando con Manuel Ahumada Vízquez como presidente gaditano de la gestora provincial de la fallida formación política. La crisis andalucista, por cierto, alcanzará tal magnitud que, a finales de mayo, UCD y PSOE deciden suprimir su grupo parlamentario, a pesar de que Adolfo Suárez tuvo que agradecerle mucho al partido de Rojas-Marcos durante la cuestión de confianza que le plantearon los socialistas, un año antes. El PSA inició una campaña para intentar frenar el paso de sus parlamentarios al Grupo Mixto, con la perdida de protagonismo y de ingresos que dicha medida conllevaba.

El pacto de izquierdas en los ayuntamientos seguía haciendo aguas. Mientras el PSA jerezano tuvo que sacar los presupuestos de ese año con el respaldo del PCA, los socialistas de dicha ciudad se revolvían contra ambas siglas o contra el silencio que guardaba UCD y maliciaban que había existido compra de voluntades desde la alcaldía. Así, el PSOE se echaba al monte en los ayuntamientos que no gobernaba, como el de Puerto Real, en donde se mostró dispuesto a plantear una moción de censura contra José Antonio Barroso y a sustituirle en la alcaldía, aunque no llegó a contar con el respaldo necesario de los comunistas. Al tiempo, el partido del puño y de la rosa denunciaba la supuesta “incapacidad política” del PCA en el ayuntamiento de Algeciras. El alcalde de esta población, el comunista Francisco Esteban, empieza a tener problemas internos con su propio grupo que le pondrán en la picota y que se relacionan con controversias en la política urbanística de dicha localidad. En concreto, se trata de su supuesta vinculación a una empresa constructora, que él termina desmintiendo documentalmente.

Un misterioso incendio destruye el archivo municipal de El Bosque, acabando entre las llamas sus libros de contabilidad; semanas más tarde, cinco jóvenes eran acusados de malversación de fondos en dicho municipio, aunque negaron tajantemente que ellos hubieran tenido relación alguna con el fuego.

Ésa era la atmósfera provincial, días antes de que España estuviera en vilo. La mordaza pendía, como espada de Damocles, sobre la cabeza de la joven democracia española: el PSOE llegaba a denunciar, a mediados de enero, que el decano de la Facultad de Medicina había prohibido que el profesor y diputado Ramón Vargas-Machuca impartiera una conferencia sobre la Ley de Autonomía Universitaria (LAU). Escasos manifestantes, provistos, eso sí, de banderas andaluzas y republicanas, secundaron la movilización promovida por un Colectivo Por la Libertad de Expresión, a favor un militante de la Liga Comunista Revolucionaria a quien se le imputaba supuesta apología de terrorismo. Mayores alteraciones se produjeron a comienzos de febrero con una manifestación no autorizada por parte de trabajadores de Astilleros, cuya movilización vino a coincidir con una concentración de jornaleros de Paterna, a las puertas del Gobierno Civil. La situación sociolaboral era tan crítica que CC OO, UGT y CLAT, entre corte y corte de circulación en varios puntos de la capital, elaboraron un plan conjunto para mitigar el paro. Comisiones Obreras colocaba pancartas alusivas al paro en distintos puntos de Jerez, y alguien los retiraba. Como alguien borraba o enmarañaba las pintadas. La mordaza.

“Cádiz es clave en la entrada de estupefacientes”, desvelaba el profesor Mira, vicepresidente del Instituto Andaluz para la Investigación y Prevención del Abuso de Drogas: Algeciras, Barcelona y Cádiz mantenían, por ese orden, la primacía en el número de expedientes por contrabando abiertos por la Administración, lo que delataba una enorme importancia de la economía sumergida en este territorio.

A comienzos de año, se celebraba la  I Asamblea Magna Empresarial de la Provincia de Cádiz en la que se formuló un curioso análisis de la realidad española de la época: “Las empresas, las más perjudicadas por el excesivo índice de paro”, afirmaba Kutz Muñagorri en la Residencia del Tiempo Libre, sede de dicha convención. “Ser empresario en Cádiz es casi heroico", añadía ante los cerca de 2.000 asistentes al encuentro,aa los que también dirigió la palabra el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, quien dejaba claro que su organización tenía un “conocimiento claro” de la difícil situación económica por la que atravesaba la provincia gaditana.

El fascismo no logró que Franco volviera pero sí su pertinaz sequía, contra la que el presidente de la Diputación, Gervasio Hernández-Palomeque, pedía la declaración de zona catastrófica para la provincia y, durante una reunión en el Gobierno Civil, se acordó solicitar la declaración de la provincia como zona de acción especial a raíz de los daños que esa continuada Ley Seca había provocado en la agricultura gaditana.

La flota pesquera estaba en paro forzoso y numerosos barcos podrían seguir amarrados aunque se llegara a un acuerdo con Marruecos. Sencillamente, les faltaría dinero en efectivo para poder hacerse a la mar, tras la prolongada inactividad del sector. Mientras los piquetes impiden el paso de pescado marroquí por los muelles de Algeciras, su Junta del Puerto procedió a la contratación de las obras de construcción del equívoco dique de abrigo en La Línea: ¿en poniente como pretendían los técnicos, o en levante como reclamaron los pescadores y tardaron más de una década en conseguir?

La picaresca asomaba ya descaradamente en la actividad pública democrática. Sin ir más lejos y en esa misma ciudad, Diego Gómez Ponce, que había sido concejal del PSOE, se convierte en jefe local de Fuerza Nacional del Trabajo, el sindicato ultraderechista, que le prometió un nuevo trabajo. Era conductor de autobuses y UGT no pudo resolverle un problema laboral que afrontaba, por lo que cambió drásticamente de chaqueta.

A mediados de mes y tras 450 años de litigio, la mediación de Felipe González logra resolver el pleito sobre la Dehesa Boyal de Castellar de la Frontera, que hasta entonces formaba parte de la finca La Almoraima, el mayor latifundio de Europa que era propiedad de Rumasa. Entre las ventajas de esta operación se calculaba en unos 30 millones de pesetas la recaudación en cada descorche de la finca, lo que permitiría que el Ayuntamiento amortizara determinados impuestos municipales al vecindario. ¿Quién iba a imaginar que tan sólo dos años más tarde, Felipe González, al frente del primer Gobierno socialista, iba a decretar la expropiación del holding de José María Ruíz Mateos, incluyendo aquella enorme finca que los duques de Medinaceli tardaban hasta tres días en recorrer a caballo?

“Andalucía, por la libertad...”. “Andalucía por la libertad, la democracia y la Constitución”. Un año después del referéndum autonómico, la provincia gaditana secundaba masivamente un referéndum callejero a favor de sus derechos civiles, en serio peligro durante la larga tarde del día 23. “Habéis sido muy valientes en apoyo de España y de mi persona”, diría el diputado y alcalde Antonio Morillo, durante un pleno municipal extraordinario celebrado en Vejer, días después de que, como confundiría cierto rotativo japonés, un torero invadiese el Congreso español. En El Puerto de Santa María, en abril, se llevarán a cabo una serie de actos de reafirmación de las instituciones democráticas y de la Constitución, promovidos por un amplio espectro de entidades culturales políticas y sindicales y vecinales. Entre los testimonios a favor de las libertades, durante los días inmediatos al intento de golpe, destaca la celebración de numerosos plenos institucionales, desde el Ayuntamiento a la Diputación de Cádiz, en cuyo transcurso se llega a solicitar el Premio Nobel de la Paz para Juan Carlos I.

Pero mientras los telediarios y las tribunas de oradores consagraban a la diosa democracia, la realidad seguía siendo esencialmente casposa: por ejemplo, timadores de poca monta ofrecen pegatinas “pro-parados” a cambio de la voluntad. Los guardianes de la moral respiran aliviados cuando se da a conocer que la Policía y la Guardia Civil velarán ese año por evitar la existencia de playas nudistas, acampadas ilegales y drogadictos en la vía pública. A pesar de que el 23-F fue un fiasco, la mano dura contra el liberalismo en las costumbres será una constante durante la última etapa de la UCD.

Pero si bien se proyectaba una nueva prisión militar para el Castillo de Santa Catalina, aquella primavera, quedaba ultimada la construcción de la nueva prisión Puerto 2, que en verano albergará de forma provisional a 117 etarras de los que 91 se declararán en huelga de hambre. Las autoridades no descartaban la posibilidad de que se produjeran autolesiones, para denunciar que habían sido víctimas de torturas. Por su parte, el general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, cerraba en Jerez la construcción de un nuevo cuartel. En Cádiz, el ministro del Interior, Juan José Rosón, inaugurará en otoño la nueva comisaría de la avenida, que sustituye al edificio de la calle Isabel La Católica, donde aún podían oírse los ecos del siniestro trabajo policial bajo la dictadura. Mientras, en San Roque, los vecinos protestaban por el cierre definitivo de su antigua comisaría.

Juan Ramón Troncoso asumirá la secretaría provincial de UGT, tras el nombramiento de Rafael Román como consejero de Cultura, pero apenas hasta el mes de junio, cuando resultará proclamado Salvador Íñigez para tal puesto. Pero, mientras se discute la Ley del Divorcio, algo estaba cambiando en el país y en la provincia: en la barriada jerezana de Lomopardo, los vecinos eligen como alcaldesa a una monja, sor Agustina Barcia, cuya candidatura se enfrentaba a la de un militante del Partido Comunista. En San Roque, el concejal comunista Francisco González-Deleito, delegado municipal de Cultura, sembraría la polémica al negarse a votar una subvención de 500.000 pesetas para la Semana Santa local: “La Semana Santa es anticonstitucional –llegaría a decir--. Si la Semana Santa es una tradición, también lo son los golpes de Estado en este país y nadie pide subvenciones para ellos”.
Una tradición reciente era la de las trifulcas internas en las filas andalucistas. Pedro Pacheco y varios concejales del PSA en el Ayuntamiento de Jerez se suman al manifiesto del sector crítico, también llamado el documento de los ochenta, cuyo texto viene a rechazar la política represiva del partido y que Alejandro Rojas Marcos lleva a calificar como un escrito “fantasma”. La situación se caldeará, aún más en mayo, cuando Pedro Pacheco amaga con abandonar el  PSA, con lo que esta formación perdería la alcaldía. La guerra, que se extiende al grupo municipal andalucista de dicho Ayuntamiento, parece definitivamente abierta entre el sector pachequista y el que representan Emilio Rubiales y Alejandro Rojas Marcos.

“Hay más focos extremistas de izquierdas que de derechas”, asegurará sorprendentemente el gobernador civil, González-Palacios, apenas un mes más tarde de que la ultraderecha española hiciera ver sus cartas. Aunque, en declaraciones a Diario de Cádiz, habría de añadir: “Ya quisieran muchas provincias contar con los dirigentes políticos que hay en ésta”. No habrá Nobel para el Rey, pero a finales de marzo su madre será la madrina del barco Ciudad de Cádiz. Llegó a la capital gaditana junto al conde de Barcelona: “No había vuelto a Cádiz desde que fui guardiamarina en San Fernando –declaró don Juan de Borbón remontándose al proceloso año 31–. Mi padre –añadió– me inculcó el sentido del deber que he querido transmitir a mi hijo”.
Eso sí, ese año, el Ayuntamiento de Chipiona niega a Fuerza Nueva la autorización oficial para celebrar un acto conmemorativo del 18 de Julio. Pero, en Jerez, el alcalde Pedro Pacheco regala la antigua cruz de los caídos a la Falange.

El centro, que estaba ya herido de muerte aunque no llegaba a darse cuenta de ello, parecía haber aprendido la lección autonómica de Andalucía: “Queremos potenciar las diputaciones para huir de un nuevo centralismo –aseguraba el gaditano Carlos Rosado, secretario regional de UCD–. Nuestro partido no va a retrasar el proceso autonómico andaluz artificiosamente”.
Los ayuntamientos democráticos no habían desterrado los localismos. Puerto Real, que se incorporará ese año a la Junta del Puerto de Cádiz, conocerá un serio pulso con respecto a la capital, personificado en las desavenencias dialécticas entre sus alcaldes, José Antonio Barroso y Carlos Díaz, respectivamente. Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Algeciras, alegando razones geográficas e históricas, llega a reclamar la capitalidad de Andalucía y su consideración como sede del futuro Gobierno autonómico. Todos los partidos votaron a favor, salvo el PSA, cuyos representantes alegaron que habría que estudiar mejor dicha propuesta para no servir de burla, ante propios y extraños. Claro que Cádiz también se postulaba como sede del Gobierno de Andalucía y San Fernando apostaba por la del Parlamento autonómico. La provincia seguía sin resolver sus propios roces territoriales, a medida que aumentaban las diferencias de intereses entre la Bahía, el Marco de Jerez y el Campo de Gibraltar. Tuvo que ser por entonces cuando Horacio Lara, del Partido Comunista de España, propuso que se le cambiara el nombre a la provincia: Sierra y Mar fue su alternativa. Serrimareños, el gentilicio que habría de sustituir al de gaditanos.

Jornaleros en tierra.
“La situación económica no permite resolver los gravísimos problemas del paro”, resumía el ministro y diputado centrista José Antonio García Díez. Lo diría en sucesivas ocasiones y quien avisa no es traídor: “El paro es un problema con el que vamos a tener que convivir bastante tiempo”. Las cuentas iban mal, como siempre. Y abundaban los despidos: 39 trabajadores de Aresa, una contrata de mantenimiento de la refinería Gibraltar, de Cepsa, engrosaron en marzo la cola del paro. La crisis era de tal calibre que hasta la Caja de Ahorros de Jerez solicitó al Ministerio de Comercio medidas excepcionales para nuestra provincia, que empezaba a analizar seriamente las repercusiones para este territorio de un futuro ingreso español en la CEE. El presidente general de la General Motors Corporation visitó las factorías de Puerto Real y auguró que su firma iba a seguir invirtiendo en España: “En Puerto Real –dijo–, emplearemos a 1.300 personas, pero todo dependerá de cómo vayan las cosas”. Ese año resulta clave a la hora de sentar las bases para el futuro de la Bahía de Cádiz:  en la Diputación, durante el verano, se celebró la primera reunión de la comisión de municipios de dicha zona, en la que abordaron la creación de un servicio metropolitano contraincendios y la red arterial. Y, pocos meses más tarde, en Villamartín, se pretenderá la unión de los 19 municipios de la sierra gaditana.

En Villamartín, el día 1 de abril,  Francisco Casero, secretario general del SOC, iniciaba, junto a otros seis miembros de dicha organización, una huelga de hambre. Encerrados en el Ayuntamiento de dicha localidad de la sierra gaditana, insistiría ante los medios de comunicación en la exigencia  del derecho “a vivir en nuestra propia tierra ejerciendo un trabajo productivo que repercuta en la creación de riqueza y bienestar para nuestros pueblos”.
Ni Casero ni los suyos estaban de acuerdo con el sistema de empleo comunitario que regía en aquel momento y reclamaba, a la Junta de Andalucía, que asumiera “el compromiso serio de una reforma agraria andaluza que regule la propiedad, su explotación y su uso social”. Entre sus demandas, estribaba precisamente que el Gobierno canalizara a través de la Junta las inversiones destinadas a la comunidad, en vez de mantener la obsoleta estructura de la Administración periférica del Estado. Cuando se alcancen 29 días de la huelga de hambre, se sucederán nuevos encierros –por ejemplo, en Paterna–, mientras reciben muestras de solidaridad desde Mahón, con una huelga de 48 horas protagonizada por trabajadores mallorquines de la tierra, enseñanza, administrativos, estudiantes, o sacerdotes.... El Gobierno Civil prohíbe una marcha de jornaleros desde diferentes puntos de la sierra hasta Arcos, donde se celebraría una concentración multitudinaria el 27 de abril. Las autoridades explican que se denegará dicha movilización porque, a su juicio, provocaría un trastorno en el tráfico.

Durante una asamblea general celebrada ese domingo en el cine San Agustín, el SOC decide generalizar el conflicto a todo el campo, bajo el lema “huelga de hambre para acabar con el hambre”. Casero, visiblemente desfallecido pero lúcido, se daba una semana de plazo para seguir con su negativa a ingerir alimentos. El conflicto termina resolviéndose temporalmente mediante un compromiso entre el Gobierno central y el autonómico, que no se hace efectivo de inmediato.

De hecho, cuando corre el mes de mayo, el SOC alerta desde Medina Sidonia con una nueva oleada de encierros y huelgas de hambre “para recordar al Gobierno el compromiso al que llegó con la Junta de Andalucía sobre el incremento de los fondos para el empleo comunitario”, en palabras de José Vera, dirigente del SOC y alcalde de Paterna. Y, en efecto, a mediados de mes y en Alcalá de los Gazules, casi un centenar de campesinos se encierra en el Ayuntamiento, como protesta por la situación del empleo comunitario que estrangula la economía de las familias jornaleras.
Relativamente cerca de allí, en Jerez, el alcalde aseguraba que si no se depuraba el censo de parados, el Ayuntamiento rechazaría los fondos para el empleo comunitario. Sencillamente, Pacheco acusaba a la Mutualidad Agraria de conceder nuevas cartillas agrícolas a todas las personas que los solicitan sin la exigencia de requisito alguno, lo que estimulaba el fraude en dichas percepciones.

La espiral de tensiones parece no tener fin. Y no sólo el SOC levantará la hoz. Alrededor de 2.000 gaditanos participan en las movilizaciones en el campo que son convocadas por UGT y CC OO, a lo largo de la provincia durante el mes de junio, en el marco de unas jornadas de protesta que se afrontan en Andalucía y Extremadura para criticar el incumplimiento del Gobierno sobre la asignación de los fondos sobre el desempleo agrario, así como en demanda de mejores condiciones de vida para los jornaleros. En la mayoría de los casos, se trata de acciones pacíficas, aunque no siempre acaban con final feliz: en Algodonales, las fuerzas de seguridad proceden a dispersar a unos manifestantes que llegaron a cortar la carretera. En este caso, los encierros se suceden en Jerez, Chipiona, Sanlúcar y Trebujena. Y los jornaleros llegan a concentrarse, de nuevo, ante el Gobierno Civil gaditano. La tensión es de tal calibre que, ese año, los empresarios agrícolas hacen ver su temor a una nueva oleada de incendios provocados, como la que tuvo lugar un año antes. Una semana más tarde, cuando moría junio, se iniciaba la primera quema de cosechas, mientras los agricultores piden el cese del ministro de Agricultura, gobernador civil y presidente del IRYDA.

Historias de dos bahías.
En mayo, UCD había solicitado la agrupación de puertos de las bahías de Cádiz y Algeciras, aunque se desconoce si dicho proyecto fallido pretendía optimizar ambos recintos portuarios o aliviar el declive del puerto gaditano con la progresiva expansión del algecireño, que algunos pretenden convertir en un superpuerto, a pesar de las protestas de vecinos y ecologistas que se niegan que la citada ciudad campogibraltareña siga, eternamente, dándole la espalda al mar. En los astilleros, cada vez olía más fuerte a reconversión. La UGT se mostraba dispuesta a negociar la reestructuración del sector naval, pero quería saber qué era lo que pretendía exactamente el Gobierno con un plan que no había explicado suficientemente. A pesar de que la crisis portuaria de Cádiz conllevó el cierre de buena parte del barrio chino, la capital seguía siendo aquel año de 1981 la segunda ciudad española con mayor número de casos de enfermedades venéreas. En el cine Nuevo, pasaban Garganta profunda.

El 1 de mayo se celebrará en Cádiz con un mitin de Alfonso Guerra y Manuel Chaves, pero también con el encierro que viene manteniendo una coordinadora a favor de la Residencia Sanitaria Punta Europa de Algeciras, en demanda de que se abran las plantas hospitalarias que siguen cerradas a cal y canto. También la huelga de hambre será el procedimiento de presión que habrá de adoptarse en dichas instalaciones, por parte, no sólo del personal sanitario, sino de numerosos ciudadanos que comparten sus mismas reivindicaciones. Músicos y artistas como el rapsoda Carlos Moñiz, posteriormente vapuleado por un grupo de ultraderechistas, animarán esta movilización. El Insalud, más tarde, terminará cediendo.

Ceuta celebró el segundo aniversario de los ayuntamientos democráticos con la detención de uno de sus concejales, Manuel Bolorino, a quien se le imputó tráfico ilegal de trabajadores marroquíes a través de la frontera. Y con una seria polémica a raíz de unas declaraciones a medios marroquíes por parte del alcalde de Algeciras, Francisco Esteban, en las que sugería que había que buscar una fórmula diplomática con Marruecos para el futuro de dicha ciudad y de Melilla. El presidente de la Corporación algecireña aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas pero su partido se quedó solo a la hora de respaldarlo. Hasta el Partido Nacionalista de Melilla llegó a presentar una querella en su contra “por atentar contra la unidad patria”. Los concejales gaditanos de UCD llegaron a crear un fondo de solidaridad tras la subida de asignaciones a los concejales y, en otoño, entregaron 30 bolsas de estudio a alumnos de EGB cuyas familias carecían de recursos económicos.

Sin embargo, Carlos Díaz llega a pagar con su propio sueldo buena parte de los informes técnicos para la liberación del puente Carranza, que costaron alrededor de un millón de pesetas: “El puente debe ser una carretera de la Bahía libre de peaje”, profetizó. Pero si el puente seguía siendo de pago, la Verja de Gibraltar se mantenía cerrada a cal y canto, aunque de tarde en tarde, se abría por motivos excepcionales, como el traslado de enfermos de un hospital a otro. El ministro José Pedro Pérez Llorca autorizó, en verano, que los estudiantes gibraltareños pudieran cruzar la Verja para participar en los cursos de verano que tienen lugar en San Roque. Ninguno lo hizo. Era una protesta lógica, ya que la Verja seguía cerrada a todos los demás efectos. Pero se perdieron al profesor Enrique Tierno, quien pronunció la lección inaugural y que analizó algo que, tan tempranamente, ya se veía venir: “La corrupción se hereda y hemos heredado mucha corrupción y tardaremos muchos años en quitarla. Por otra parte, hay dos clases de corrupción, la corrupción dictatorial y la corrupción democrática. La corrupción dictatorial tiene de malo que es una corrupción sin vigilancia, sin denuncia, en tanto que la democrática es una corrupción con vigilancia y denuncia. Una corrupción pertenece al Estado y está protegida por el Estado. Otra corrupción pertenece a la sociedad, pero está censurada y perseguida por el Estado. La diferencia es absoluta”.

El rotativo Área, en una de sus raras editoriales firmadas por su director, Antonio Gómez Rubio, calificaba la medida española hacia los estudiantes gibraltareños como un “palo  de ciego” y hacía hincapié en que primeramente había que pulsar la opinión de los campogibraltareños y, en segundo lugar, hasta cierto punto era lógico que entre los gibraltareños existiesen reticencias ante dicha inesperada apertura, toda vez que sus traslados hospitalarios, en muchas ocasiones, debían hacerse vía Tánger. El alcalde sanroqueño, Eduardo López Gil, declaraba por su parte al corresponsal de Abc, José Vallecillo, que “el espíritu de numantismo impide a los gibraltareños cualquier orden mental, no ya político, de acercamiento a España. La buena voluntad demostrada por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha tropezado nuevamente con un saco de arena que resulta incomprensible por todos cuantos nos hallamos más directamente inmersos en el problema”.
Juan Tomás de Salas, en Cambio 16, insistía en que España y Gran Bretaña, a tales alturas y aunque el Real Madrid hubiera batido al Leeds United, no tenían "por qué andar tirándose a la cara la Armada Invencible, el Tratado de Utrecht o Trafalgar”.

La boda del siglo, le llamaron a finales de julio a la ceremonia nupcial que unió temporalmente los corazones del príncipe Carlos de Inglaterra y lady Diana Spencer. Juan Carlos I no asistió a la ceremonia porque el viaje de bodas principiaba en la Roca. La llegada de ambos al Peñón fue saludada con entusiasmo por los gibraltareños y motivó una oleada de protestas en el Campo de Gibraltar, incluyendo el envío de telegramas al Rey, al Gobierno, al líder de la oposición y a la Embajada del Reino Unido, en Madrid, por parte de algunos ayuntamientos de la zona. En el Campo de Gibraltar, llega a convocarse, el 1 de agosto,  una manifestación para reivindicar la españolidad de Gibraltar. La movilización parece contar con el respaldo inicial, nada más y nada menos, que de UCD, PSOE, PCE, AP, PSA y CC OO y UGT. El PSOE será el primero en descolgarse, mientras que Comisiones Obreras desmiente que participara en la reunión de la que surgió la convocatoria. Los socialistas Juan Carmona de Cózar, alcalde de La Línea, y Rafael Palomino, secretario comarcal de dicho partido, aseguran que “a un problema de Estado, a la diplomacia española corresponde su resolución”. Desde su punto de vista, la manifestación podría suponer un enfrentamiento entre las poblaciones de Gibraltar y las siete que componen la comarca que lleva su nombre. Además, podría originar un retraso en las negociaciones que seguían manteniendo España y Gran Bretaña, a partir del acuerdo de Lisboa del año anterior. La iniciativa se desinfla definitivamente con la retirada consecuente de UCD y PCE.

En octubre, Gonzalo Arias volverá a ser detenido por la Guardia Civil, tras saltar la verja por novena vez: “Tengo derecho a ello y me ampara la Constitución”, aseveró ante los medios informativos. Pero quizá el hecho más curioso de toda esa larga espera ante una cancela cerrada, se produjo el 6 de noviembre, cuando un gibraltareño en paro saltó la verja para buscar trabajo. Se trataba de Jerónimo Sáez Gené, de 55 años, y llegó a pedir asilo político en España.

En un golpe de efecto, Juan Carmona de Cózar, alcalde de La Línea, y Rafael Palomino, responsable comarcal del PSOE en el Campo de Gibraltar, viajan al Peñón a bordo de una lancha: “Hemos ido como militantes del PSOE a mantener contactos con los socialistas de Joe Bossano”, adujeron a su vuelta. Pero habían conseguido el efecto deseado, que la opinión pública creyese obsoleto el bloqueo persistente en las comunicaciones con el Peñón.

En La Línea, se creaba en otoño de ese año el Movimiento Linense Pro Reconciliación entre los pueblos de Gibraltar y su Campo: “En Gibraltar hay un desconocimiento casi pleno de la realidad española –proclamaban sus promotores cuando se anunciaba el 22 de diciembre como posible fecha para la apertura de la Verja, que siguió sin producirse–. Por otra parte, el desconocimiento de la problemática de la zona es total fuera del Campo de Gibraltar. Hay que empezar a limar asperezas”.

El algecireño Juan Pérez Peña, en el umbral de diciembre, asume la presidencia provincial de Alianza Popular, durante un congreso del partido que lideraba Coalición Democrática y que fue celebrado en el teatro Florida de Algeciras: “La entrada en la OTAN y el cierre del astillero favorecerán la solución al problema del Peñón”, se equivocará entonces Manuel Fraga, de medio a medio.

El año que murió Pemán.
Será el verano de la neumonía tóxica, un mal cuyo origen se desconocía inicialmente y que aterraba a la población, hasta el punto que circuló una lista de origen desconocido que relacionaba alimentos supuestamente cancerígenos, aunque no lo fuesen. En la provincia, no existía ningún caso de aquel mal aparentemente provocado por la ingesión de aceite de colza adulterado. La provincia parece vivir al margen de los nuevos sustos golpistas como el que tiene lugar en junio, en torno a la onomástica del Rey. Poco antes de que Francisco Gil Cano asuma la presidencia de la Asociación Jerezana Ecologista, de que se denuncie la alta contaminación del Guadalete y de que el ICONA afronte la conservación de la laguna de Medina, los socialistas gaditanos proponen que los depósitos de CAMPSA sean trasladados al Bajo de las Cabezuelas, para evitar el riesgo de una catástrofe similar a la de 1947, que se pretende conmemorar mediante la erección de un monumento.  El Ayuntamiento de la capital aprueba por entonces la cesión del estadio Ramón de Carranza al Cádiz CF.

Todavía quedaban voceros del franquismo como el escritor Eloy Herrera, quien presentó en Jerez su libro La última víctima de Franco, durante un acto organizado por la Asociación Cultural Afirmación Española, en la librería Papel y Tinta: “Franco tuvo que utilizar la violencia para acabar con ella”, llegó a declarar respecto al general que había iniciado la guerra del millón de muertos.

Ese año, Camarón de la Isla y Paco de Lucía volverán a reunirse en el país del vinilo. Sus respectivas aventuras musicales, que cabalgaban juntas desde 1968, se habían separado transitoriamente a partir de que José Monge grabara en solitario La leyenda del tiempo, en 1979. Ahora, con la escolta de un joven gitano almeriense llamado Tomatito, Paco y José coincidían de nuevo en Como el agua, a partir de un título de Pepe de Lucía: “Es que los puristas no experimentan ná ni ná. Si se quea uno sólo con los puristas, siempre nos quedaríamos en el mismo círculo, no saldríamos de donde estamos. Yo creo que hay que salirse un poco, ¿no?. Experimentar. Hace falta imaginar y cambiar algo, arriesgarse”.

Y la sinfónica de Algeciras –como le llama Luis Clemente al creador de Entre dos aguas–, estrena por su parte Sólo quiero caminar, un disco flamenco que se basa en la estética del jazz que él ya ha respirado durante sus giras con John McLaughlin y Larry Coriell, o sus eventuales encuentros con Al Dimeola y, sobre todo, Chick Corea. Aparece en escena, a la manera jazzística, un sexteto, al que suma a sus dos hermanos, la percusión del brasileño Rubem Dantas, el bajo de Carles Benavent y los vientos de Jorge Pardo, más las palmas de Enrique Soto y de Carlos Rebajo. Hale hop, allí está ya el cajón, un instrumento peruano que adquiere Rubem durante una de sus giras por América: “Por cierto, que le presté mil duros para comprarlo y todavía no me los ha devuelto”, bromearía Paco, años más tarde. “Intentamos asumir la herencia espiritual de Albéniz y de Falla”, declararán, por entonces, los componentes del grupo de rock andaluz Medina Azahara, que ese verano pega fuerte en Cádiz.

Por aquellos días, Víctor Manuel y Ana Belén actuarán en el teatro gaditano José María Pemán: “Evidentemente, este país no es el mismo del año 75 –declararon–. No estaríamos cantando aquí, posiblemente. Lo habría prohibido el gobernador civil, y tampoco estaríamos hablando aquí”. “No solamente por eso pienso que el país ha cambiado –añadiría Víctor–. Ha cambiado por otras muchas cosas. Evidentemente, éste no es el país ideal que tú sueñas ni el que yo sueño, ni tanto como esperábamos. Yo tampoco esperaba que cambiase más. Aquí ha habido más gente que ha votado a Suárez que la que ha votado a González. Yo no he tenido necesidad de desencantarme porque yo nunca he estado encantado. Yo era un señor que se pelaba los huevos cantando en mitines y en sitios horrorosos y muy agradables por otro lado, con la gente que yo quería. Dentro de mi trabajo, a la política le dedico el sitio que ahora tiene en mi vida, que a lo mejor es el 20% de un disco y antes era un 60%. Fue una época hermosa. Yo no soy partidario de la nostalgia. Es que parece que vamos a estar viviendo aquella época como quien recuerda los años veinte. En estos momentos, la gente está tocando fondo y tiene que salir algo bueno. Y a ese tío ya no van a resucitar nunca”. El Taller de Teatro Gaditano, que dirige Andrés Alcántara, pone en escena Ñaque, una obra en la que “se analiza la problemática del actor”.

Javier Tusell, director general de Bellas Artes, inauguró en Cádiz la Biblioteca Pública y la Sala de los Zurbaranes en el Museo Provincial. Será pocas semanas antes de que, el 19 de julio, muera José María Pemán. Un día después del 45º aniversario de aquella guerra en la que su ángel iba a abatir a la supuesta bestia.
Diario de Cádiz, con tal motivo, publica un extracto de su Confesión general. El sustituto de Menéndez Pidal al frente de la Academia de la Lengua Española paseó sus últimos años por “la señorita del mar” como una sombra de lo que fue: autor irregular, sobrevalorado en su época e infravalorado luego –El divino impaciente, La viudita naviera, El Séneca, que fue una popular serie de TVE–, su familia siempre sostuvo que no le dieron nunca el Premio Nobel, al que fue postulado en numerosas ocasiones, por motivos políticos.

Se distanció del franquismo, aunque dentro de un orden: “El Consejo Nacional del Movimiento –solía decir– es aquel que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado”. Su abrazo con Rafael Alberti constituyó una de los gestos más visibles de la reconciliación española. Y a pesar de su avanzada edad –83 años en el momento de su muerte–, no dejaba de asistir a obras de teatro –El labrador de más aire, de Miguel Hernández, en una representación escolar del colegio Argantonio le tuvo entre sus espectadores– y proyecciones cinematográficas –Corceles de fuego, Julia–. Seguía escribiendo, en Diario de Cádiz o en Abc, artículos periodísticos como su célebre Nieve en Cádiz.
“Católico conciliar –le define el joven periodista Alejandro Luque, quien no llegó a conocerle–, conservador y monárquico, prestó su apoyo al levantamiento franquista, viendo en él la única posibilidad de restaurar la corona borbónica. Más tarde, ante los excesos represivos de un régimen en el que llegó a disfrutar de gran notoriedad, prestó provindencial auxilio a los perseguidos por la causa antirrepublicana”.

Carlos Díaz ponía el grito en el cielo contra el desmantelamiento universitario de la capital y el traslado de facultades a Río San Pedro, en Puerto Real: “Y no es que no comprenda las necesidades de la Bahía”, avisaba en una carta el alcalde gaditano, quien empieza a recabar apoyos populares y populistas, dentro y fuera del ámbito docente.

“No se puede construir una comunidad prescindiendo de la Cultura”, pregonará Rafael Escuredo, durante el I Encuentro de Poetas Andaluces que se celebra en Rota, a comienzos de octubre. En sus sesiones, se rindió homenaje a Juan Ramón Jiménez y al gaditano Carlos Edmundo de Ory. También en Rota, durante ese largo fin de semana y con motivo de las fiestas del Rosario, su pregonero, Fernando Quiñones, deberá abandonar precipitadamente la ciudad ante las protestas de los bienpensantes por la lectura de su excelente relato El armario, que contiene varias expresiones que algunos consideraron malsonantes.

Otro otoño caliente.
Había huelga de la madera y la aplicación de la Ley del Suelo provocaba serias discrepancias en medios inmobiliarios, aunque se demolerá por fin el espigón de La Caleta. Las hojas seguían cayendo, mientras UCD expulsaba a un concejal suyo de Algar, porque no iba a pleno desde año y medio atrás. En Cádiz, no llega a prosperar una moción de censura contra el alcalde por parte de UCD, pero el concejal de Personal reconoce la existencia de irregularidades administrativas en la contratación de siete policías locales. Sin embargo, el fantasma de la crisis de los ayuntamientos democráticos también alcanzará a Conil, donde Juan de Alba y Rosario González fueron expulsados del PSOE y cesados como concejales. Ambos retan al alcalde, Diego Leal, de ese mismo partido, a dar una explicación que no llegan a recibir.
La expropiación de la finca de arenas silíceas El Pinar, en Arcos, provocó una huelga general en dicha localidad, al poco de una manifestación de 300 personas, que se saldó con cuatro detenciones. Las acciones se interrumpieron hasta que el Ministerio de Industria diera su parecer sobre el litigio, ya que vecinos y propietarios estaban manifiestamente en contra de que se consumase un expediente que consideraban injusto. A finales de octubre, 700 parados de Arcos volverían a plantarse ante el edificio gubernamental de las Puertas de Tierra.

Pero el campo gaditano seguía siendo algo más. Y bajo un sol de justicia, seguía con el agua al cuello. Así que un centenar de trabajadores agrícolas acogidos al empleo comunitario volvió a marchar hacia el Gobierno Civil de Cádiz para protestar por enésima vez por la falta de fondos que ponían en un brete su economía familiar. “La mayoría de los parados del empleo comunitario son unos vagos y holgazanes”, aseguraba Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, justo cuando la policía disolvió una nueva concentración campesina, en dicho municipio. La calma no se recobraría hasta que, a mediados de octubre, se repartan los fondos.

Los trabajadores de AESA, a finales de octubre, respaldaron mayoritariamente los acuerdos sobre la reestructuración del sector naval. El 63,58% de los trabajadores votó a favor de la reconversión de los grandes Astilleros. Pero quizá no supieran que era el chupinazo de salida para una dolorosa reconversión que, en Cádiz, provocaría en cambio la aparición de los célebres “sordos de Astilleros”, como se denominó a quienes lograron acogerse a prejubilaciones ventajosas amparados por el reconocimiento médico de los estragos que les había producido en sus tímpanos el alto nivel de ruido reinante en las factorías.

Mientras se prolongaba la huelga de hambre que protagonizaban casi un centenar de presos de Puerto 2, que cumplían condena por terrorismo, a comienzos de septiembre, se produjo un curioso incidente en la Plaza de la Herrería, en El Puerto de Santa María. Algunos individuos dieron vivas a ETA, allí, en plena madrugada. Y otros les golpearon por tal motivo. Todos desaparecieron antes de que llegase la policía.

La crisis de UCD no cesaba. Y la dimisión de Francisco Fernández Ordóñez no favorecía la unidad del Gobierno: “Estoy esperando que pase el tiempo para decidir un futuro político”, aseguraría en San Fernando, donde acudió a presentar el libro de Oneto sobre el tejerazo. Algunos de sus seguidores gaditanos no le dejaron solo y, como Carmen Pinedo, Pedro Valdecantos, los isleños Manuel y José Antonio Rodríguez o el portuense Manuel Fernández de la Trinidad, secundaron la nueva aventura de su partido social demócrata, que terminaría incorporándose al proyecto final del PSOE. “Es especialmente inadecuada la salida de los senadores Pedro Valdecantos y Carmen Pinedo –llegaría a afirmar García Díez–. Mientras crea que UCD es un partido de centro, es impensable que lo abandone”.

Guerra en el Estrecho.
Antonio Zajara Martel, patrón y único tripulante del Salazón, remolcador que se dedica al traslado del personal de los barcos que fondean en la bahía de Cádiz, enfiló aquel miércoles 12 de agosto hacia el Puerto de Santa María, porque el profesor y sus 15 alumnos de náutica –entre ellos una mujer, todos jóvenes– querían tomarse un refrigerio en la típica ciudad del vino y los mariscos. Incluso le abrieron a Antonio una botella de Solera 47, al tiempo que le explicaban, en español con acento francés, que eran estudiantes de náutica del país vecino y que querían conocer la zona. Pero al día siguiente, se les apeteció enfilar rumbo al Sur. Salieron a mar abierto, bordearon el faro, el Castillo de San Sebastián y frente a la playa de La Victoria, Antonio Zajara avistó dos lanchas, a su misma altura, a cuatro o cinco millas. En realidad, eran tres embarcaciones, modelo La Combattante II, y de nombre Khanjar, Neyzeh y Tabarzin, que significa “hacha de guerra”. Tan sólo diez días antes, habían sido entregadas por Francia al Gobierno iraní, a los tres días justos de la llegada a París del disidente Abolhassam Banisadr, fugitivo de la revolución de los ayatolás.

“Seguí mi rumbo hasta que una de las patrulleras viró hacia el interior y se acercaba cada vez más a nosotros, y embistió su proa hacia el remolcador. En vista de ello, viré unos grados a estribor para evitar el choque, pero la lancha siguió acercándose a nosotros hasta quedar a nuestro costado. Yo estaba en el interior del puente y cuando la patrullera quedó a nuestra altura me asomé un poco más y vi que todos los del grupo, con uniforma caqui y gorras como los hombres de Harrelson, habían sacado pistolas, que algunos de los tripulantes de la lancha estaban tendidos en el suelo, boca abajo”.

La lancha secuestrada siguió rumbo a Tánger, aunque las autoridades marroquíes negaron tajantemente que hubiera recalado en cualquier puerto de dicho país. Las otras dos fondearon en Algeciras. Todas ellas habían llegado a Cádiz desde El Ferrol, permaneciendo custodiadas por varias unidades de la Armada española y un pelotón de Infantería en la base militar de Puntales. Antes de que se diera a conocer oficialmente la noticia en España, el grupo Azadegan ("Tropas iraníes de liberación"), al mando del general Buhram Aryana, antiguo hombre fuerte del Sha y líder de un grupo que se decía socialista y moderado, reivindicó en París el audaz secuestro. El asunto despertó una crisis diplomática entre España, Francia, Irán y Marruecos. Las autoridades de este último país admitieron que, el día 15, la lancha repostó en Casablanca, bajo amenazas. Iba, según un despacho de la agencia MAP, “cargada de armas y municiones destructoras, entre ellas 1.250 proyectiles de 40 milímetros y 270 de 76 milímetros”. Luego, volvió grupas hacia el Estrecho y puso rumbo hacia Marsella, a donde llegó el martes 18. A bordo, 38 cautivos fieles a Jomeini. Ahora, la embarcación pasaba a ser “la sede del Gobierno nacional iraní en el exilio”. Las autoridades de Teherán, por otra parte, reclamaban a Francia su captura y la de sus secuestradores, mientras el ministro de Defensa francés, Charles Hernu, se negaba a ello. Para colmo, por aquellos días, Estados Unidos destruía dos aviones libios en pleno vuelo. El mundo estaba que ardía. En este contexto, la Defensa española se articulaba en torno al Plan Ballesta y al denominado eje Canarias-Estrecho-Baleares, con la potenciación de mandos unificados al sur de la Península y que iba a liquidar los antiguos planes defensivos de las plazas españolas en el norte de África.

Así que medio mundo se quedó de una pieza cuando aparecieron pasquines del clandestino Movimiento para la Liberación de Sebta (la transcripción de Ceuta al árabe), que animaba a los “musulmanes combatientes de Ceuta” a no permanecer “inermes ante los hechos del colonialismo español”. “Este enemigo es el adversario de vuestra religión, de vuestra honra y de vuestros principios”, afirmaba dicho grupo, que un año y medio antes había hecho público otro comunicado. En las páginas del semanario Extra-Ceuta, que dirigía en dicha ciudad Ramón Pousso Balleto, podía leerse: “Cerrarse en banda a la reivindicación de los derechos humanos para los musulmanes ceutíes es hacerle el juego fácil a la política del Movimiento para la Liberación de Ceuta. En este caso, muerto el perro, la rabia no iba a morirse y la rabia, también en este caso, es la marginación y el abandono al que se somete por parte de algunos sectores de la vida administrativa ceutí a familias de musulmanes nacidas en Ceuta y otras que tras años y años de residencia en Ceuta se les niega inicuamente el pan, la sal y lo que venga”.

En este clima, Marruecos reactivó ante Naciones Unidas la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla, bajo la premisa de que dichas ciudades eran marroquíes como Gibraltar era español.

Una información de Diario 16 alertaba, en otoño, sobre una posible maniobra militar marroquí contra dichos enclaves y refería que unidades de la Armada española estaban preparadas en Cádiz para que en “caso de que Marruecos presionase sobre la soberanía de España en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Y citaba, a tal propósito, la presencia en el puerto gaditano de la fragata Infanta Cristina, el transporte Castilla, así como unidades navales de transporte de blindados, “entre otros navíos”. A su vez, “las tropas de Infantería han visto como se cancelaban los permisos previstos” y el portaviones Dédalo ponía rumbo al Sur, desde Cartagena.
“La frataga Infanta Cristina, con su dotación al pleno, se encontraba en el muelle –informaba dicho rotativo–. Tras ella, el transporte Castilla, en el que también se observaba actividad. Los soldados de Infantería de Marina estaban listos para embarcar con la dotación de 160 cartuchos por cetme. Junto a ese muelle camiones, vehículos anfibios y jeeps de la Armada esperaban a ser embarcados cuando se diera la orden, mientras las chimeneas arrojaban columnas de humo. En otro muelle los Landing Ship Tank (LST) de la serie Conde de Benadito esperaban. Se trata de navíos para el transporte de blindados.

La UCD apretaba el acelerador para el ingreso de España en la OTAN, el PCE se oponía vehementemente –incluso con encierros en los ayuntamientos de Sanlúcar y de Algeciras–, mientras que la actitud del PSOE, al respecto, parecía tibia. Esto es, los socialistas afirmaban que no estaban contra la OTAN sino contra el ingreso de España en dicha organización. Que la incorporación de nuestro país a la Alianza no era una cuestión prioritaria y no consolidaría la democracia, tal y como se pregonaba, en cambio, desde el Gobierno: “Sorprende que las razones que aduce el PCE contra el ingreso de España coincidan con las de la URSS –aseguró el centrista Arturo Moya durante una mesa redonda celebrada en la Casa de la Cultura de Cádiz y a la que también asistieron sus correligionarios Antonio Morillo y Guillermo Medina–. España al adherirse a la OTAN no traspasa ninguna soberanía, sino que se sitúa en igualdad con los países que, curiosamente, son los más desarrollados, progresistas y libres del mundo!.

En rigor, los comunistas se mostraban especialmente activos contra la incorporación española a la Alianza. Ya en abril, Luis Otero, ex comandante del Ejército español y uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática, la UMD, a la que llamaron “los húmedos”, peinó la provincia analizando esta cuestión: “Si España se mete en la OTAN, supondría un afianzamiento mucho mayor de la OTAN en el área del Estrecho. Creo que a la OTAN, lógicamente, le interesa controlar la zona y lo iba a conseguir evidentemente con la adscripción de España a ella. Teniendo en cuenta que la base de Rota está ya bajo control americano, sería lógicamente reforzada con la entrada de España en la OTAN. Lo que yo, sin embargo, no creo es que dentro de este dispositivo, Gibraltar siguiera en la OTAN a través de una soberanía española. Ni creo tampoco que fuéramos apoyados en que Ceuta y Melilla siguieran estando bajo la soberanía española (...) y dudo mucho que Inglaterra, aún estando nosotros en la OTAN, dado los intereses que maneja y siendo una potencia –no ya de primer orden pero todavía potencia mundial–, quiera prescindir de las ventajas que supone Gibraltar”.

Sobre la mesa, empieza a barajarse la viabilidad de un referéndum para que el pueblo español se pronuncie en torno al proyectado ingreso en la Alianza Atlántica. Este asunto se llevará a votación en distintos plenos municipales, en los que UCD suele oponerse a la convocatoria de dicha consulta, a excepción del consistorio de San Roque en donde dos concejales suyos votan a favor de las tesis de la izquierda.

“El 70% de UCD quiere un referéndum por el ingreso de España en la OTAN”, aseguró por el contrario Felipe González, durante un mitin celebrado en La Línea de la Concepción y en el que el PSOE enarboló su conocido lema, bajo una señal de tráfico: “OTAN, de entrada, no”. De salida, ya veremos, añadía el ingenio popular.

El 29 de octubre, en la capital gaditana, llegó a celebrarse una manifestación contra el ingreso de España en la OTAN. Alrededor de 12.000, según los organizadores y 1.000, según fuentes policiales, participaron en una marcha que tan sólo había recibido el respaldo expreso del PCA y del PSA, con el respaldo de Comisiones Obreras, comité de empresa de Astilleros de Cádiz y diferentes organizaciones y entidades ciudadanas. Al frente de la movilización, los alcaldes de San Fernando, Algeciras, Sanlúcar y Trebujena sostenían una gran pancarta, mientras la muchedumbre gritaba: “Ni OTAN ni Varsovia, abajo la muerte”. En Jerez, se celebrará en diciembre una manifetación y contará con respaldo económico del municipio así como con la concurrencia inicial de la UCD, que se echa atrás en cuanto se supo que no era un simple acto pacifista y genérico, sino que se trataba de una protesta contra la entrada de España en la OTAN: “No apoyamos la manifestación del día 6 –afirmaron sus portavoces– por concomitancia y el trasfondo político que tiene”. Claro que todo estuvo a punto de acabar como el rosario de la aurora, cuando concejales del PSOE y del PCE abandonaron la convocatoria, tras redactarse un comunicado en el que se ponía en entredicho a la Constitución española.

Un estatuto falto de entusiasmo. Había otro referéndum en puertas. Y por el artículo 151 de la Constitución. El Pleno de la Junta de Andalucía había solicitado al Gobierno por unanimidad la convocatoria inmediata de la Asamblea de Parlamentarios, para el 28 de Febrero, en aquel año que cambió la intentona golpista: “El anteproyecto de estatuto es bueno para Andalucía”, afirmaba Rafael Escuredo, quien lograría verlo aprobarse en otoño, mucho más tarde de que se apaciguaran los ecos de los disparos en la Carrera de San Jerónimo. No obstante y a lo largo de esos meses, no sólo avanzan los trámites estatutarios sino que empiezan a llegar transferencias de gestión, como las que se producen a finales de junio en materia de Industria y Energía, o las de Seguridad Social, que llegarán en agosto. “Los partidos centralistas han seguido la táctica de aguar el Estatuto andaluz –insistía en verano el andalucista Alejandro Rojas Marcos–. Aunque vamos a pedir el voto afirmativo y seremos sus mayores defensores!.

El diputado por Cádiz y líder del PSA cargaba las tintas contra la Consejería de Cultura y su titular, el gaditano Rafael Román, le replicaba con cierta contundencia: “Rojas Marcos es un sembrador de frustraciones y desesperanzas”. “La autonomía ha de ser el origen de soluciones para Andalucía!, pregonará como Perogrullo, Ramón Tamames, en septiembre, cuando presente su libro El futuro y la nación" Apenas quedaba un mes para el 20 de octubre, cuando se pasaría por el filtro de las urnas la nueva Carta Magna de los andaluces, con una campaña publicitaria que no llegaba a levantar pasiones y cuyo principal lema era el propuesto por la Junta de Andalucía, “¡Ea! Echemos a andar”.

“La autonomía andaluza estará siempre integrada dentro del Estado español”, anunció el presidente Rafael Escuredo, cuando el Estatuto de Autonomía alcanzaba su punto de cochura. Entre sus ponentes, figuraba el gaditano Carlos Rosado, quien se había incorporado a las sesiones de redacción del mismo el día 15 de diciembre de 1980, en el Pabellón Real de la Plaza de América, que entonces era sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Los centristas le habían colocado junto al abogado Pedro Luis Serrera en la comisión estatutaria, a la que se sumaba Rafael Bellvis para los debates concernientes a Economía y Hacienda: “A estas alturas –rememora Rosado–, el partido, traumatizado por los resultados, estaba ya embarcado en la preparación del congreso nacional y se vivía la sensación de que la elaboración del Estatuto era más una cuestión técnica que política por lo que la organización regional se desentendió en gran parte de la cuestión. No obstante, es de justicia recordar las valiosas aportaciones de Arturo Moya, José Javier Rodríguez Alcaide, Pedro Valdecantos, José González Delgado, Antonio José Delgado de Jesús, Baltasar Fernández Ávila, entre otros, conscientes todos ellos de la complejidad política del debate que se abría”.

En aquel proceso, Rosado recuerda que celebró “un encuentro reservado” con Manuel Clavero, en su bufete de la Plaza de Cubas, en Sevilla, en cuyo curso le propuso recobrar su liderazgo centrista en Andalucía: “La respuesta la obtuve por los periódicos porque en ellos desveló el encuentro, su negativa a volver a UCD y el anuncio de la creación de un partido que se denominaría Unidad Andaluza”.
“Es cierto –afirma Rosado 20 años después– que el golpe del 23-F condicionó la política autonómica de la UCD y el PSOE pero, esta vez, Andalucía no sufrió las consecuencias de la inestabilidad política nacional”.

Desde su punto de vista, el ponente gaditano destaca algunas cuestiones “mal resueltas” por el Estatuto, como fue la de “el papel de las Diputaciones y su inviable función como administración periférica de la Junta de Andalucía. O las limitaciones impuestas a la disolución anticipada del Parlamento y la necesidad de investir como presidente a quien no obtenga la confianza de la Cámara, etcétera”. En un pleno celebrado a comienzos de octubre, el Ayuntamiento de Cádiz pide a los gaditanos que ratifiquen el Estatuto que será sometido a referéndum. La nueva campaña autonomista resulta mucho más serena que la del año anterior. El 9 de octubre, la Diputación celebra un pleno extraordinario al que asistirá Escuredo, quien no se morderá la lengua a la hora de expresar sus impresiones: “El pueblo andaluz está frío, no hay ambiente en la campaña –describió–. Es una irresponsabilidad de los partidos hacer electoralismo con el Estatuto”.
“Cádiz podría quedarse descolgada en el referéndum para el Estatuto porque los sondeos apuntan que sólo habrá un 40% de participación”, alertaba poco después su consejero José Rodríguez de la Borbolla, quizá para calentar el encefalograma plano de la campaña.  

También desde los sindicatos se peleaba por el Estatuto, como hizo Eduardo Saborido, secretario general de CC OO de Andalucía, durante una asamblea de delegados celebrada en Cádiz. Y, desde luego, la actitud de UCD había cambiado de medio a medio cuando el propio ministro José Antonio García Díez animaba a la población a participar en las urnas, esta vez con el voto afirmativo bajo el brazo a favor de un estatuto que él calificaba como “bien hecho”.
Formaciones tan dispares como el Partido de Trabajo de Andalucía y Fuerza Nueva proponían que se votase “no” en aquella consulta, para la que la CNT volvía a proponer la abstención.

Como apuntaban todos los indicios, el referéndum autonómico se salda con un alto índice de abstención, que tanto Rojas Marcos como Clavero imputan a los partidos centralistas. Hubo numerosos problemas a la hora de constituir las mesas, pero ello no justificaba que a las 15,30 horas tan sólo hubieran votado el 22% de los gaditanos. De hecho, la provincia no superó el 50% de participantes en dicha consulta. Los analistas se preguntaban qué había pasado para que el entusiasmo autonomista del año anterior se convirtiera en aquella indiferencia mayoritaria. De un censo total de 689.367 gaditanos, sólo 344.537, un 49,98%, accedieron a las urnas. Pero, entre ellos, el “sí” fue aplastante: 314.679, hasta un total del 91,33%, frente a 16.842 papeletas con el “no”, 9.957 votos en blanco y 3.059 nulos. El 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados sancionaba el Estatuto sin un solo voto en contra pero con una abstención. Cuando, poco después del referéndum, se celebrara el XXIX Congreso del PSOE, que incorpora a Chaves a su comisión ejecutiva, estaba incluso en peligro la posibilidad de que Rafael Escuredo fuese el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en las elecciones previstas para el año siguiente. No fue así. Ramón Vargas-Machuca asumirá la presidencia de la nueva ejecutiva, mientras Izquierda Socialista denuncia que el sector mayoritario acumula cargos y prebendas. Y todavía faltaba un año para la mayoría absoluta.
   
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