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1981 |
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Francisco Romacho |
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El cero y el infinito |
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El joven soldado, armado y con orden de disparar en caso de confusión o asalto, llora en su garita. Desde hace unas horas, el transistor con el que mataba las interminables guardias, vomita marchas militares; desde hace unas horas, el mundo ha dado la vuelta. Quiere vomitar y no puede; quiere correr y no puede: el silencio no es paz, es amenaza y la patria un lugar, una bandera, unos uniformes (su propio uniforme) que gritan y disparan. Llora por haber sido inocente; llora por su familia, llora por el futuro que le acaban de robar a mano armada. El joven soldado llora porque tiene miedo: las manos que sujetan el mosquetón tienen miedo, los ojos que miran y no ven tienen miedo; los oídos que no quieren oír tienen miedo; la boca que no puede hablar tiene miedo. Y la ciudad, su ciudad, a la que no puede volver, le reclama desde el fondo del mismo miedo que creía haber mandado al infierno del pasado.
“Esto nos ha salido mal”. Dramática calma, ruidoso silencio, tensa normalidad... el miedo se posó sobre la ciudad, sobre los pueblos, pocos minutos después de las seis y media de la tarde. El miedo de nuestros mayores, el eco de los pasos de los pelotones de fusilamiento, las razias, las listas negras, la negra España cainita, reapareció apocalíptica filtrándose a través de la radio hasta helar el corazón, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, de la gente. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina secuestra el Congreso llenándolo de guardias armados con metralletas; el capitán general de Valencia, Miláns del Bosch, saca los tanques a la calle. Es un golpe de Estado en toda regla para “poner orden y acabar con la situación de caos y valores perdidos”. Es el famoso “golpe de timón” que algunos tertulianos rabiosamente democráticos reclaman en algunas tertulias radiofónicas, es la respuesta del sector más reaccionario del Ejército a la debilidad democrática, sumida en una profunda crisis por la repentina dimisión de Adolfo Suárez apenas un mes antes. Tanques y metralletas para recuperar su concepto de orden y sus valores. Han ido sumando desde la muerte de Franco: ETA ha asesinado a seis generales, seis coroneles, 14 tenientes coroneles, tres oficiales, diez suboficiales, 79 guardias civiles, 42 policías nacionales, 20 funcionarios de policía y 15 policías municipales. Para todos es dolor. Para ellos es culpa de la democracia. Los golpistas quieren la supresión del Estado de las Autonomías, la ocupación militar del País Vasco y la ilegalización de los partidos políticos y los sindicatos de clase.
Granada es entonces la capital de la IX Región Militar y Miláns parece que no cuenta con ella para la rebelión por la ausencia de tropas operativas de élite. No obstante, las primeras horas son de sobrecogedora incertidumbre provocada por la ausencia del teniente general Delgado, que se encuentra en Almería despidiéndose de las guarniciones diez días antes de la jubilación reglamentaria. Nunca más se supo. El mando lo ejerce el gobernador militar, general Manuel Párrizas un hombre más vehemente y radical que Delgado y cuyo discurso en su reciente toma de posesión se parecía mucho a lo que estaba ocurriendo. A las primeras llamadas del alcalde, Párrizas responde con evasivas que hacen aún más confusa la situación. La Guardia Civil también es la clave. Todo el mundo se pregunta donde está el general Prieto: aparecería en las puertas del Congreso. Hay serios motivos para creer que el capitán Cortés, uno de los oficiales de referencia en la Guardia Civil granadina, podría sumarse a la intentona; Cortés, que no se encuentra localizable en los primeros momentos, se pone finalmente a las órdenes del gobernador civil. Suboficiales de la Guardia Civil de paisano han visitado las redacciones de los periódicos locales y trasladado a sus directores mensajes de ambigua tranquilidad. Antonio Jara le pide a Viciana, jefe de la Policía Local, que haga formar a toda la plantilla en el patio del Ayuntamiento; Jara les arenga, les pide que sean los primeros defensores de la Constitución, aunque no está muy seguro, en el caso de que el golpe triunfe, de que algunos de aquellos uniformados vayan directamente a por él. Convoca a todos los concejales a una especie de pleno de vigilia; Aceytuno, que tiene serias razones para pensar que podrían represaliarle, se excusa. Los demás acuden casi todos. Dos militantes socialistas se presentan en la Alcaldía para trasladar a Jara a un sitio seguro. El alcalde decide seguir en el Ayuntamiento.
Al anochecer la confusión aumenta cuando un grupo de jóvenes, que acababa de participar en una manifestación de becarios, rompe el recorrido autorizado e irrumpe en Gran Vía, lo que hace intervenir a la policía nacional. Hay carreras y algunos enfrentamientos; los manifestantes más radicales atraviesan algunos coches en la calle San Juan de Dios, justo a las puertas del periódico Ideal, cuyos redactores, temiéndose momentos peores, cierran las persianas y toman precauciones durante unos minutos de tremenda tensión. El director, Melchor Saiz Pardo, le ofrece a Manuel Gómez Cardeña que se marche de vacaciones hasta que se aclare la situación. Gómez Cardeña milita en el Movimiento Comunista de Andalucía, viene de la redacción de Almería, donde se ha significado por sus contundentes trabajos periodísticos contra la trama de la extrema derecha, y tiene todas las papeletas para estar en el punto de mira de los golpistas granadinos. Gómez Cardeña recibe la visita de su compañera Cándida Martínez, con los años consejera socialista de la Junta, que viene también a ofrecerle cobertura. Gómez Cárdena prefiere quedarse y tendrá la satisfacción de cerrar esa noche el periódico con el fracaso de la asonada. Antonio Ramos, sin duda el periodista más significado y combativo del andalucismo reivindicativo, está viviendo los acontecimientos en un lugar de privilegio aunque nada exento de riesgo: cuando suenan los tiros en la Carrera de San Jerónimo está en Madrid, en el despacho de Juan Luis Cebrián, director de El País, el primer medio que reaccionó en defensa de la Constitución sacando un número extraordinario a la calle. Juan José Porto, joven director de Patria, desde la transición ya sin yugos ni flechas, también quiere mandar a casa a algún “significado”, que también prefiere quedarse. José Luis Codina, uno de los hombres imprescindibles del periodismo granadino de la época, recuerda las calles vacías, los establecimientos cerrados, el aspecto fantasmal de aquella terrible noche, las dificultades para encontrar un bar abierto. Codina era también uno de los hombres maravillosamente imprescindibles del paisaje nocturno de la ciudad.
La canalla fascista se envalentona; un numeroso grupo de personas se concentra ante las puertas de la sede de Fuerza Nueva en el Humilladero; otros recorren acuartelamientos para “ofrecerse” ya se sabe a qué. En Motril y Armilla los ultraderechistas sacan pecho, hacen circular las primeras listas y se acercan a los cuarteles de la Guardia Civil dispuestos a organizar “paseíllos”. Los dirigentes de los partidos de izquierda, entonces una amplia nómina fundamentalmente de satéites escindidos del Partido Comunista, se apresuran a tomar medidas, a organizar planes de protección y huida, a refugiarse en casas más seguras, a nombrar una guardia que mantenga informados y localizados a los camaradas. A los partidos con representación parlamentaria les correspondía cierto simbolismo: UCD cerró su sede muy temprano y, según los periódicos de los días siguientes, sus dirigentes se dividieron entre “sus domicilios” y el Gobierno Civil de Granada. Los que de verdad estuvieron en el Gobierno Civil fueron Andrés Villalta y Sánchez Faba. Javier Torres Vela, también muy joven secretario general del PSOE-A, da instrucciones a los militantes para que no se concentren en la sede del partido y ofrecer la mayor sensación posible de normalidad. Torres Vela, acompañado de gran parte de la ejecutiva provincial, permaneció toda la noche en la sede socialista de la calle General Narváez.
En Chauchina, en Maracena, en Fuente Vaqueros, en Iznalloz, en Montejícar, en los pueblos más castigados por la represión, los militantes de izquierdas no están dispuestos a dejarse cazar como conejos y hacen acopio de escopetas y de cualquier arma rudimentaria a la espera de la evolución de los acontecimientos. Son intensos momentos de dramatismo familiar y en algunas casas las lágrimas recuerdan demasiado a los todavía no tan lejanos días de la guerra. A última hora de la noche, cuando el golpe parecía abocado al fracaso, Antonio Jara vuelve a tener una conversación telefónica con el gobernador militar: “Alcalde, esto nos ha salido mal”, le dice.
“Te van a matar igual”. José Vida Soria, catedrático y diputado, uno de los hombres angulares del socialismo granadino, protagonizará uno de los más bellos gestos en aquellas horas de zozobra. Había decidido no asistir a la sesión de investidura de Calvo Sotelo, votación resuelta de antemano; cuando se entera de que Tejero ha secuestrado a sus compañeros de hecimiciclo, toma el avión de la tarde a Madrid y se presenta en la puerta del Congreso. Allí está el general Prieto, de quien los sediciosos de la Guardia Civil granadina aguardaban un gesto. Es Prieto un hombre singular, que ha pasado de perseguir maquis y otros excelentes servicios militares en la dictadura, a hacer pinitos políticos en un partido fugaz de ideología derechona y populista. El 23 de febrero está curiosamente en Madrid y muy pronto aparece en las escalinatas y patios interiores del Congreso con el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete. Pese a que se encuentra en situación especial, Prieto sigue teniendo fuerte predicamento en el cuerpo. Para unos estaba allí como mediador. Para otros, sencillamente estaba en la conspiración. Cuando supo que Vida Soria quería entrar a correr la misma suerte que sus compañeros y sentarse en su escaño, cosa que hizo, Prieto, no se sabe si en un arranque de humor negro o simplemente por conocimiento de causa, le dijo: “entra si quieres, te van a matar igual”. Vida Soria, poco dado a excesos verbales, siempre comedido y no muy amigo de los titulares, dimitiría tres días después, prefigurando un papel menos activo en la vida orgánica y orientando sus impulsos políticos hacia el rectorado de la Universidad que alcanzaría unos años más tarde.
También el centrista Jiménez Blanco le echó valor. A pesar de haber abandonado su escaño por incompatibilidad con su flamante Presidencia del Consejo de Estado, se fue a abrazar a Suárez (a quien curiosamente criticaba con asiduidad, con su proverbial fineza) y se quedó entre sus excompañeros a verlas venir. Tampoco le faltó coraje a María Izquierdo Rojo (con esos apellidos, una diana para los golpistas), que no aceptó salir del Congreso como el resto de las mujeres parlamentarias: “No estoy dispuesta a recibir un trato de privilegio por mi condición de mujer; en el periodo del encierro ha habido momentos en los que lo he pasado muy mal; para mí la muerte no es algo extraordinario, es algo relativamente natural”.
Tras casi veinte horas de secuestro, las primeras declaraciones de los diputados granadinos tienen un enorme valor sentimental. María Izquierdo también llamaba a la unidad: con este hecho se ha puesto en grave peligro a la democracia; éste es el momento de unirse en su defensa para garantizar el proceso democrático en nuestro país y anular cualquier temor al respecto. Los socialistas estamos dispuestos a asumir responsabilidades para conseguir un Gobierno fuerte y estable que dé seguridad a los ciudadanos. Es muy peligrosa la política de UCD de seguir formando gobiernos débiles, un peligro que atenta directamente contra la estabilidad democrática”. García Romanillos, un hombre con una increíble habilidad para moverse en las aguas turbulentas del centrismo, no le deseaba a nadie los momentos vividos allí dentro: “Miedo hemos pasado todos; la situación más difícil se produjo al principio con los disparos y cuando Fraga intervino y Tejero le mandó callar; nuestra integridad parecía que no peligraba, pero nunca se está seguro del todo”. Julio de Castro, siempre admirable víctima de las emociones, reconoció que había llorado: “Aún estoy bajo los efectos del suceso y no sé qué decir, esto es para vivirlo, no para contarlo; han sido muchas horas con el fusil pegado a mi cuerpo y no me avergüenzo de decir que he llorado. No sentí miedo por mí sino por mi familia; en un momento me di cuenta de que tengo una familia muy numerosa, de que he sacrificado diez años de trabajo, diez años de mi vida y en un momento podía perderlo todo por dedicarme al trabajo de España, a darme a los demás. He llegado a la conclusión de que todos tenemos que estar muy unidos para superar estos momentos tan graves que ha propiciado un perturbado mental”
El golpe, aún fracasado, ha puesto en evidencia la terrible fragilidad de la restauración democrática. 60.000 personas según cálculos periodísticos (había redactores altamente especializados en contar manifestantes) recorren desde el Salón a Plaza Nueva por la libertad, la Constitución y la democracia; una marcha que contó con un servicio de orden de más de un millar de personas empeñado especialmente en demostrar que la calle nunca será de los tanques y sí de los votantes. El “efecto afiliación” acaba con los independientes y su buena prensa; hasta entonces, ser independiente daba vidilla, era elegante, apenas contaminaba y se ligaba más; frente al fastidio de la militancia, que además solía sudar, la leve suntuosidad de la independencia. Pero una democracia fuerte necesitaba partidos fuertes y las sedes de los partidos reclutan a un ritmo desconocido durante el mes de marzo. Entre los notables, destaca sobremanera la decisión de Fermín Camacho, querido profesor de Derecho Romano, Romanillo para la estudiantina, que anuncia su voluntad de ingreso en la UCD. Camacho, que siempre llegaba tarde a estas cosas, dejaba cristalina sus escasas dotes para medrar en política. Por la izquierda, anuncian el fin de su virginidad nada menos que Juan López Martos, Juan José Ruiz Rico y Pedro Cerezo, tres hombres claves (más fugaz Cerezo) en la historia del socialismo granadino y andaluz.
La sentencia. 14 meses después, las sentencias de los golpistas dejan un reguero de preocupación en Granada, tras un juicio colmado de irregularidades en el que nos deslumbraron las crónicas de Prieto, años antes de su obsesiva militancia antipolanquista. Algunas de las opiniones, especialmente la de Díaz Berbel, no tienen desperdicio. Kiki, que había saltado al estrellato de la política en las recientísimas autonómicas (13 de mayo) se mete en un meandro de consideraciones que, aún vistas sin malicia, despiden un tufillo especial: “La única pena que tengo es que militares que han jurado honor a la patria, militares con gran historial, hayan sido condenados por un acto contra la democracia que había que analizar en todas sus circunstancias; habría que preguntarse por qué entraron esos hombres y en que circunstancias estaba el país con el desgobierno de la UCD; ahí no se ha castigado a todo el mundo”. Andrés Villalta, secretario provincial de una UCD a punto de estallar en mil pedazos, años luz el hombre que puso más entrega, que dio más y recibió menos en aquel partido de partidos, saca a pasear su condición de abogado y la sentencia le parece “técnicamente correcta”. También es para enmarcar la salida del alcalde de Huéscar, José Pablo Serrano, que estaba de prestado en UCD y pronto volvería a la derecha: “Creo que si todos opináramos sobre los temas para los que estamos capacitados, nuestra democracia marcharía mucho mejor”. Ahí queda eso.
La izquierda, con sus alcaldes al frente, entiende que no hay proporción entre el delito y la pena y exige al Gobierno que recurra :”Como legislador me siento burlado”, exclama con amargura Rafael Estrella; “Penas insificientes”, dice Diego Hurtado; “Más se-veridad”, reclama Javier Terriente; “son ridículas”, se queja Pepe Cid de la Rosa; “esto ha sido un cuento”, asegura Manolo Martín desde Loja; “tiene que ser ejemplar para que no se repitan unos hechos tan graves”, tercia Enrique Cobo. El autor teatral Pepe Heredia, sin duda por la cosa gitana, ve bien los treinta años que le han caído al guardia civil Tejero y discrepa del resto: “son rebajas”; parecida opinión tiene el rector Gallego Morell que no ve clara la sentencia para el resto de los implicados. Jerónimo Páez, el hombre que está en todas, insiste en el contraste: sorprenden las grandes diferencias de tratamiento; contrasta con la rigidez y dureza con la que se aplican a delitos de macha menor entidad” .
Los cincuenta principales. En agosto del 82, la revista Actual, un semanario de información política de cobertura nacional de corta vida, publica la lista de 3.000 españoles que hubieran sido fusilados en la madrugada del 24-F. El 22 de diciembre de 1980, en un piso de la Avenida de las Islas Filipinas de Madrid, se concretó la lista de ciudadanos que deberían morir en primera instancia. La confección del terrible documento estuvo a cargo de las recién creadas Milicias Populares Patrióticas, constituidas por elementos violentos escindidos del Frente de la Juventud, Fuerza Joven, Fuerza Nueva, Falange Primera Línea y Juventudes Nacionales Revolucionarias. La revista se agotó en los kioscos granadinos y lo que hasta entonces había sido una sospecha fundada se convirtió en una certidumbre documental. En la lista predominan los políticos, fundamentalmente los más activos en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, pero también hay periodistas, actores, intelectuales, artistas. En la de Granada, desde luego, son todos los que están aunque por fortuna, no están todos los que son. Hay dos periodistas, Antonio Checa, que luego sería director de Diario de Granada y Juan Bustos, mucho más que un gran profesional del diario Patria; una profesora de Universidad, Concha Félez; alcaldes guerrilleros como Enrique Cobo (Motril) y Diego Hurtado (Baza) y militantes de los partidos, parlamentarios y extraparlamentarios, de la izquierda: Miguel Gómez Oliver, dirigente del MCA que tenía una columna coral en la Hoja del Lunes bajo el seudónimo del El Albéitar; Juan López Martos, Sebastián Pérez Fernández, Daniel Maldonado, Ángel Díaz Sol, Manuel Fernández Montesinos, Pedro Jiménez Tenorio, del PSOE; Francisco Portillo, Damián Pretel, Juan Camacho, Eloy Martín Pérez, del PCE; Pedro Ruiz Morcillo, Eladio Fernández Nieto, José María Rosales de Angulo, Francisco Torres, del PSA; Antonio Sola Encina, José Fernández Balderas, Antonia González Vega, Carlos Manuel Villarreal, Carmen Beltrán del MSA; Roberto Mayoral, Juan Dueñas, Enrique López, Juan Antonio Hena-res, Antonio Gómez Amezcua, Fernando Piqueras Rodríguez, José Antonio García Segura, María Olvido García Abellán, Miguel Arenas Guerrero, Miguel Padial, José González López, Juan Martínez Sempere, del PTA; José Antonio Sánchez Hernández , Eduardo Fernández y Carmen Guerrero, del MCA; Rafael Navarrete, secretario del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la voz inconfundible de las movilizaciones obreras; Manuel Martín Rodríguez, Juan Urquiza Molina, Nicolás González Maraver, del PSP. Eloísa Martín, Miguel Uribe Sánchez, José Luis Roldán, Francisco Durán García, Francisca Peregrina Tirado y José María Serrano Rincón completan la nomenclatura de los primeros cincuenta y un muertos de el “golpe de timón” para escarmentar a Granada. La lista, sin ser ni mucho menos exhaustiva, da una idea terrorífica de la precisa información que recibían estas tramas negras del fascismo español de entonces, que se movieron con absoluta impunidad, casi a cara descubierta, para ir preparando su mortal cobertura de apoyo social al golpe militar.
Rojas dimisión. Desde las municipales del 79 el enfrentamiento entre las dirección provincial y la regional del Partido Socialista de Andalucía no ha hecho más que crecer, con episodios orgánicos e institucionales de verdadera agresividad política. La batalla ha escorado todavía más a la izquierda a la organización granadina, liderada por un indesmayable González Arcas y fuertemente unida. Los obuses contra Rojas Marcos van cargados de odio africano desde el trueque de las alcaldías de Granada y Huelva por la de Sevilla, una maniobra de piratería que enseña las vergüenzas del centralismo sevillano. Este es el regalo de reyes que le manda el comité provincial: “Constatamos y denunciamos la existencia de un movimiento de intereses que pretende convertir al PSA en un partido cuya constante en la práctica política sea la de una ambigua actuación alineada con los intereses centralistas de la derecha... solicitamos el cese del Comité Ejecutivo Nacional presidido por Alejandro Rojas Marcos y Luis Uruñuela como responsables de dichos intereses e instigadores de una política tendente a romper la unidad del partido”. La verdad es que la “ambigua actuación” cobra, con el vuelo de los tiempos, un inmenso valor premonitorio.
La respuesta de Rojas Marcos es proporcional en contundencia a las agresiones dialécticas que recibe: el cese fulminante de la dirección provincial en su integridad. El método empleado para la comunicación de tamaña medida da cabal idea del grado al que habían llegado las cosas. La dirección regional había enviado a dos lugartenientes (Macua y Lechuga) a Granada para conocer sobre el teatro de operaciones el alcance real del conflicto. Se cercioraron con rapidez: el comité provincial quiere que se readmitan a los expulsados y que dimita Rojas Marcos con todo su equipo. Macua llama a Sevilla y cuando cuelga comunica el alcance de las medidas telefónicamente adoptadas: el cese de la dirección provincial. Ésta, naturalmente, no acepta las “imposiciones” de Rojas Marcos y puntualiza (no parece recochineo) que el cese se produce justo en el momento que “habían adoptado una postura moderada en las formas para no profundizar en la situación de crisis del partido”. Menos mal.
No hay vuelta atrás. El grupo municipal andalucista es el principio y el fin del conflicto. En mayo, en un harakiri político sin precedentes, los concejales andalucistas deciden cesar en sus funciones y, con ellos, la lista de suplentes. Arturo González Arcas, Eladio Fernández Nieto, Fermina Puertas, Juan Millas, Paco Sánchez y Concepción Fernández Píñar abandonan el Ayuntamiento que debían haber gobernado. Una decisión que encajaba con el talante rebelde de González Arcas y con el alto grado de discrepancia ideológica que había enfrentado a las dos direcciones. La izquierda andalucista empieza a no sentirse a gusto en un partido que está virando hacia la derecha. Los próximos descalabros electorales serán una excelente excusa para abordar ambas operaciones. Algunos, como González Arcas, jamás volvieron a la política; otros, como Eladio, mantendrían una relación intermitente con freno y marcha atrás y la mayoría acabó, como en otras provincias, cerca de los socialistas, arrastrados por la victoria de Escuredo hacia la razonable tentación de la gestión de la autonomía. El doctor Francisco Torres, uno de los pesos pesados del andalucismo granadino, será meses después el mejor ejemplo.
En pleno zafarrancho aterriza en Granada Antonio Ortega con el encargo titánico de reorganizar el partido. Durante los meses y años siguientes Ortega es todo en uno: la base y la dirección, el militante y el jefe, el portavoz de su mismidad. Por momentos, su soledad no es sólo política; es tan enorme el vacío creado por sus antiguos compañeros que no es difícil encontrarlo almorzando sólo en un restaurante o paseando por la calle, casi señalado por el dedo. Muchos de los beligerantes jóvenes andalucistas consideraban delito de alta traición dirigirle siquiera la palabra a un oficialista. Ortega, un tipo duro de Linares, tuvo el aguante necesario para superar el que sin duda es el peor encargo de su larga vida en la política, ciertamente rica además en conflictos internos. En sus primeras declaraciones enseña su recia madera: “El partido en Granada tiene una fuerte crisis de organización interna y crisis de imagen ante el electorado. Por este motivo he aceptado el compromiso de levantarlo; puedo afirmar que en el plazo de un año el PSA va a tener en Granada la fuerza necesaria para afrontar cualquier proceso electoral”. Fue exactamente un año lo que tardó en descubrir que lo de la fortaleza electoral se había esfumado por el sumidero de la historia. Tardarían veinte en volver a tener un concejal. Uno.
El bailarín en el alambre. La crisis andalucista tuvo serias consecuencias para la gestión municipal, sostenida en un pacto de izquierdas que desde la misma elección de Antonio Camacho, había funcionado tan en precario y salpicada de relevos y conmociones políticas que en realidad no había funcionado. El abandono de los concejales del PSA devuelve la mayoría a UCD y Jara, con seis concejales y difíciles relaciones con los comunistas, tiene ante sí una verdadera quimera de equilibrios casi imposibles. La estela del golpe ha servido al menos para activar mensajes en clave de fortaleza democrática. Jara sabe que no hay salida si no pacta con UCD pero se muestra contrario al acuerdo, casi prefiere que sean los once concejales centristas los que asuman las tareas de gobierno municipal. Pero en el PSOE, incluido Alfonso Guerra, que cena con Jara para convencerle de que debe pactar, tienen las cosas muy claras: intuyen que ese pacto, lejos de perjudicarles, puede reforzar su posición en la alcaldía y despejar el camino hasta las próximas municipales. Los centristas están empezando a vivir su drama interno con verdadera pasión en los enfrentamientos y parecen más ocupados en ello que en recuperar el poder en el Ayuntamiento. Los socialistas ya huelen que los granadinos, como los andaluces, le van a cobrar muy caro a UCD sus vacilaciones en el referéndum. Tras varias tentativas de acuerdos y desacuerdos sobre nombres y repartos de concejalías, con los secretarios generales (Villalta y Torres Vela) dirigiendo el teatro de las negociaciones, con Jiménez Blanco y Guerra de padrinos mayores, el martes 23 de junio hay fumata blanca, si bien Jara, que se ha resistido hasta el final, no tiene más remedio que aceptar a César Valdeolmillos Alonso como primer teniente de alcalde. José Miguel Castillo Higueras, entonces PCA, que se había negado a perder la delegación de Hacienda y se permitió el amago de dimitir, encuentra petróleo en el nuevo reparto: nada menos que la delegación de Urbanismo y la segunda tenencia de alcaldía, a la que le daría su personalísimo sello.
Con la entrada ucedista en el gobierno municipal (dos tenencias de alcaldía, cuatro delegaciones de área, dos de servicios y tres presidencias de comisiones), comienza una etapa de cohabitación impensable que, sin embargo, va a alcanzar un notable ritmo de gestión. Ricardo Avivar, el propio Valdeolmillos a su manera, José Moreno y José Luis Alarcón, Fernando Sivit, Eulalia Dolores de la Higuera, a su manera, serían eficientes colaboradores de un alcalde que dos años después alcanzaría una mareante mayoría absoluta. Un juego de equilibrios que supo manejar con destreza el propio Jara, hasta entonces poco acostumbrada utilizar la cintura en política: “Hay que entrar en una intensa etapa de gestión, olvidándonos del chantaje y el boicoteo entre los grupos”; las dificultades no obstante al principio fueron extremas. En el primer pleno del pacto centristas y socialistas se enfrentaron por un nimio desacuerdo y toda la arquitectura de repartos amenazó con venirse abajo como un castillo de naipes: “Hubo de todo –dice el cronista municipal–, desde el anuncio de Jara de convocar otro pleno para someter su dimisión a voto, pasando por insultos solapados y terminando con un patente nerviosismo y cambio de actitudes sobre la marcha de los concejales de UCD, partido que puso ayer al borde del precipicio la gestión actual del Ayuntamiento y que sin embargo, con grandes reflejos y también con gran disgusto, tuvo que alargar la mano y echar hacia atrás su propuesta”.
Aquel equipo funcionó durante dos años gracias a la cintura de Jara (luego, con la mayoría y entre los suyos, no tendría tanta) y a la generosidad de los concejales de UCD, que se mantuvieron con un gran sentido de lealtad a la institución en unos momentos de cierto desamparo de su propio partido. Sacaron lo mejor de sus talantes. Y si no me miente la memoria en aquellos días era una delicia toparse con Ricardo Avivar, con Fernando Sivit, con José Luis Alarcón, con Pepe Moreno, enfrascados en sus tareas municipales y aguatando las tarascadas de los periodistas rojillos de entonces, que no les dejaban pasar ni una. Tal vez porque intuían también que se acercaba el final de un ciclo (los últimos meses tras la debacle ucedista en las generales del 82, fueron de despedida) tal vez por un mayor sentido de la responsabilidad democrática, tal vez por pura casualidad, la cohabitación con socialistas, comunistas y el extremo Aceytuno, fue razonablemente bien, que no es poco dados los antecedentes. Y Jara se ejercitó bailando sobre el alambre, una disciplina fundamental en la carrera de un político que quiere y puede marcar el territorio.
Motril quiere hospital. Motril crece y nadie le pone hospital. En los años cincuenta, Motril tenía 23.000 habitantes, muy por debajo de Loja o Guadix. En el ochenta y uno alcanza los 40.000 y es con diferencia la segunda ciudad de la provincia; ha duplicado su población en menos de 30 años, un crecimiento realmente espectacular que nada tiene que ver con el turismo y sí con las posibilidades reales de expansión económica de la zona. El alcalde es un joven profesor, Enrique Cobo, que milita en un partido revolucionario, el PTA, a punto de entrar en fase menguante tras su raro éxito en las municipales del 79. Con Enrique Cobo están Juan López, Laura Díaz, Miguel López Barranco, Manuel Isidro Pérez Ortega y Juan Santaella, su núcleo duro en el Ayuntamiento y en el partido, curiosamente, la mayoría de ellos hijos de guardias civiles. Motril ha pasado, con el breve paréntesis de Pepe Molina, de la mano histórica de Escribano, el alcalde franquista de toda la vida, a la trepidante actitud reivindicativa de Cobo y su Joven Guardia Roja. Por encima de cualquier otro hito, por encima de cualquier trayectoria política, el símbolo de la transición política en la Costa es el hospital y la tenacidad de Cobo para conseguirlo.
La pelea viene de lejos. Los viajes apresurados hacia la capital, escalonados de muertos, por una carretera infernal y el incumplimiento de fechas y los aplazamientos de puesta en marcha de un centro asistencial por todas las autoridades habidas, han colmado la paciencia de los motrileños, gente buena pero caliente. La excelente relación personal entre el exgobernador Sánchez Harguindey y Enrique Cobo (con Cobo es difícil no tener buena relación personal) parece por fin despejar las trabas. Una visita a la costa del que fuera ministro de Sanidad, Rovira Tarazona, obra el milagro y anuncia pomposamente la fecha de apertura del hospital para junio del 80. Llega junio, llega octubre, llega enero del 81 y no hay tal. En esas calendas es nombrado Sánchez Harguindey nada menos que secretario de Estado de Sanidad y el Faro, el periódico de los motrileños, le saca el titular del compromiso: “He dado instrucciones al Insalud para que el hospital abra sus puertas en octubre”. Desde entonces, dicen los motrileños aquello de que tienes menos palabra que un secretario de Estado. La buena voluntad de Harguindey chocó con la tozudez de su sustituto en el Gobierno Civil, Siera Minguez, que se apoyó en unos rocambolescos informes sobre la estructura de cimentación para paralizar el proyecto. A partir de ahí, el enfrentamiento entre el alcalde y el gobernador se convierte en tarea cotidiana de los periodistas. Huelgas, encierros, coordinadoras, manifestaciones, Enrique Cobo no paró hasta que tres años después el Hospital de Santa Ana acabó formando parte del paisaje de la ciudad y de la memoria de los motrileños de la transición. Él y sus muchachos acabaron pronto formando parte del paisaje socialista. Motril crecía pero todavía le quedaba la soberbia intelectual de don Paco Pérez; las tertulias inacabables de Antonio Arcas y Pepe Montero, únicos dos militantes del partido liberal; los esfuerzos de Vicente Fernández por modernizar El Faro y Paco Fermín por escribirlo; la radio de Mari Pepa, la habilidad de José Luis Escribano para fintar en política, la enorme humanidad de Paco Gijón. Motril crecía esperando que, como cada verano, volvieran los sanitex de la capital, con sus tortillas de papas, el pollo frito, la sandía y no se dejaran ni un duro en los bares ni los chiringuitos de las playas.
Ángel Díaz Sol, uno de los todoterreno durante al menos dos décadas del socialismo granadino, va a sufrir uno de los episodios más estúpidos y grotescos de la transición, que en Granada se despachó a gusto con un surtido inagotable. A las dos y media de la madrugada del 11 de septiembre, Ángel Díaz, pese a la protección de la guardia civil, permanece rodeado en la plaza del pueblo por una multitud de vecinos de Güéjar Sierra, que le impiden abandonar la localidad hasta que no firme su renuncia a presentar un proyecto de ley para la creación de un Parque Nacional en la cabecera del río Genil. Díaz Sol llegó a temer por su vida; alguien, seguramente el propio alcalde, Antonio Moreno, un derechista que gustaba de ir armado, ha hecho correr la especie de que la creación del Parque supondrá la eliminación de las tierras comunales de Güéjar destinadas a la agricultura y la ganadería, amén de una fuerte subida de las contribuciones. Ángel Díaz, ante la falta de colaboración del alcalde, que se ha negado en varias ocasiones a celebrar una reunión en el Ayuntamiento con entidades y vecinos para estudiar las ventajas e inconvenientes del Parque, decide personarse en la localidad y explicar las verdaderas repercusiones del proyecto. Casi no sale vivo. Agresiones, insultos, escupitajos. El diputado socialista es literalmente secuestrado por los incendiados vecinos ante la pasividad de la Guardia Civil, que prefiere protegerle a sacarlo del tumulto. Díaz Sol tiene que echar mano de todos sus recursos dialécticos y un valor sereno para superar la situación. Y se ve obligado a negociar un documento que Moreno Almendros lee en el Ayuntamiento por el que se compromete a iniciar las gestiones oportunas para que se retire del parlamento el proyecto de ley del Parque Nacional de la cabecera del Genil. En el escrito, queda claro que Díaz Sol no firma por las presiones a las que ha sido sometido sino porque “se ha dado cuenta” de que los vecinos están contra el proyecto. En Güéjar Sierra, con el alcalde de apuntador, patentaron un nuevo modelo de negociación política. Aquel papel fue el salvoconducto de su libertad. Díaz Sol presentó en el juzgado una denuncia por los hechos, ya lamentablemente históricos.
Otra movilización histórica, mucho más noble, la del sector de la construcción, marca las pautas de las reivindicaciones obreras en la capital. El miércoles 1 de abril miles de manifestantes convocados por Comisiones y UGT recorren desde La Caleta a Plaza Nueva movilizados por la falta de acuerdo con la patronal. La construcción vive una huelga intermitente que alcanza su cuarta semana y el octavo día efectivo de paro; la manifestación tardó más de dos horas en completar el itinerario previsto, una participación tan numerosa que sorprendió a los propios convocantes y es el mejor exponente del clima de movilización de los trabajadores granadinos (las cifras del paro alcanzan el 20%) contra el visible deterioro de la situación económica y la cerrazón de la patronal de siempre.
Habemus estatuto. La Asamblea de Parlamentarios Andaluces se reúne en Córdoba el 28 de febrero con la voz algo ronca y los pies cansados de la manifestación antigolpista del día anterior, clamorosamente mayoritaria en toda Andalucía. Escuredo sabe que son más que nunca momentos de gestos que sirvan de lanzadera hacia el futuro, que orillen a los nostálgicos. Elige el 28-F y elige la misma ciudad en la que en el año 33 la asamblea regional andaluza con Blas Infante había aprobado el anteproyecto de bases para el estatuto de Autonomía. El 1 de marzo la asamblea aprueba por mayoría el texto que Rodríguez de la Borbolla, Miguel Angel Pino, Angel López, Carlos Rosado, Pedro Luis Serrera, Javier Pérez Royo y Juan Carlos Aguilar habían consensuado tras varias semanas de reuniones de trabajo en el parador de Carmona. 8 semanas embutidas en el calcetín del consenso en busca de un texto tan útil como intencionadamente inconcreto que permita sumar la voluntad de la fuerzas parlamentarias.
De ahí al 20 de octubre, fecha fijada para el referéndum del Estatuto, crece sin cesar la figura política de Escuredo, que se lanza a una campaña pueblo a pueblo y concita en su figura, por encima incluso de veleidades partidarias, las esperanzas autonómicas de los andaluces. En Motril se fue en busca de Enrique Cobo, que todavía deshojaba la margarita de su abstención o su apoyo al texto estatutario. La faena, celebrada en el salón de plenos, acabó con rotundos piropos del alcalde, al que se le iban desvaneciendo las dudas: “Con personas como Escuredo se puede construir una Andalucía en libertad”. Apurados los escasos focos de resistencia en la izquierda extraparlamentaria, la campaña del Estatuto sirvió de puesta en escena de la nueva unanimidad autonomista, bien que con sus matices. Vista desde el balcón de los años, resulta estremecedora la intensidad y la entrega de Manuel Clavero: “Es más importante ser andaluz que ministro”, dice en la plaza Bib-rambla ante un millar de personas en el acto de presentación de Unidad Andaluza, el partido nacionalista moderado que pasó de puntillas por la escena, sin público objetivo al que reclutar en su breve y hermosa aventura. Allí estrenó sus dotes oratorias José Luis Valverde, presidente provincial del partido de Clavero y un catedrático con ganas de marcha verdiblanca que acabaría pidiendo puerto en las filas de Alianza Popular.
La esquizofrenia ucedista encuentra una vereda para la imposible redención en la campaña del Estatuto. Arturo Moya se saca del magín pegamento para intentar recuperar los trozos de la vajilla rota: “Yo sé bien el coste político que supuso para mi partido su posición respecto al 28-F; la gente sabe que mantuve una posición autonomista contraria a la oficial, que algún disgusto interno me costó, pero ahora hay que sacar a UCD de ese fatalismo en el que han caído muchos militantes de nuestro partido; después del 28-F hay testimonios mucho más importantes de solidaridad con Anda-lucía y tenemos razones para plantear una alternativa de progreso y bienestar para nuestra tierra”. La magia dialéctica de Moya, que intentaría rentabilizar para su siempre debilitada posición orgánica, no serviría de mucho seis meses después. Como tampoco el mitin fiesta de cierre de campaña con todo el elenco de la UCD postgolpista, esto es, Calvo Sotelo, Rodríguez Sahagún, Landelino Lavilla, Cecilio Valverde, Pérez Miyares, García Díez... tales eran las ganas centristas de reconciliarse con el proceso autonómico que aquella fue la mayor concentración de cargos por metros cuadrado jamás vista en la ciudad. Para los siquiatras quedan algunos de los sonoros documentos: “ el Estatuto es una pieza fundamental para construir el Estado de las Autonomías en el que el Gobierno ha empeñado su palabra”, dice contundentemente Calvo Sotelo, que además jura estar detrás “de la Junta y del Parlamento para animar el proceso de bienestar de nuestra tierra”. Jiménez Blanco no se queda a la zaga: “Hoy como granadinos nos sentimos orgullosos de estar apoyando nuestro Estatuto de Autonomía, porque este estatuto es nuestro, de UCD, el estatuto que necesitaba Andalucía”.
Tiene tan poco mérito ser autonomista en esas fechas que el propio Escuredo se queja de la frialdad con que discurre la campaña. La certeza del “sí” centra el debate en la participación y sólo la boutade de Alianza Popular, que ha decidido ahorrarse dineros y dejar libertad de voto a sus militantes animan un debate imposible. Hasta los obispos del Sur, en una cita que le viene de perlas a Ideal por aquello de su entonces condición católica, se ponen en la faena: “No es moralmente correcto despreocuparse o inhibirse de los asuntos que conciernen al porvenir de nuestro pueblo... carecen de justificación las actitudes ante el referéndum fundadas en la indiferencia, la comodidad, la insolidaridad o el menosprecio de los asuntos públicos”.
Con un 51,4 por ciento de participación, algo menos de dos puntos de la media andaluza, Granada ratificó el estatuto con algo más del 87 por ciento de los votos afirmativos, también dos puntos por debajo del “si” de la comunidad. En la capital, la participación alcanzó el 55 por ciento y los “noes” sumaron sus mejores resultados en las calles del centro; a la rancia derecha granadina no le parecía un buen negocio la autonomía, dijeran lo que dijeran Calvo Sotelo o Hernández Mancha. El 30 de diciembre el Rey sancionó el texto estatutario y desde ese justo instante Andalucía tiene el mismo techo competencial que vascos, catalanes y gallegos. Los sueños, las esperanzas, los mítines, las dudas, las largas veladas se hacen realidad en un texto. Algunos desinformados abundaron en la aparente herida de la baja participación para deslegitimar el proceso. Hasta que supieron que los referendos vascos, catalán y gallego habían sido refrendados con participaciones de aún menor entidad. El Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene tras de sí el mayor respaldo democrático de la transición española. El 81 será el último año de la exaltación de los conceptos, de la necesidad de afirmación categórica de las libertades conquistadas. En febrero, a punto de volver de bruces al peor de los pasados; en octubre, como gustaba decir alguien tan poco radical como Clavero, se acabaron los siglos de colonización. En febrero, el cero; en octubre, el infinito. |
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