Warning: pg_result() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/webs/transicion/web/admin/F_bd.php on line 33 La transición de Andalucía
18 de marzo de 2026
 

 
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  1982
  Juan José Téllez Rubio
  El cambio también llega a Cádiz
  “Los militares van a apoyar cada vez con mayor entusiasmo la Constitución y la democracia”, diría el ex comandante del Ejército y diputado socialista, Julio Busquets, durante una conferencia pronunciada en Jerez, casi un año después del intento de golpe de Estado, pocos meses antes de que, en abril, trascendieran las sentencias contra Antonio Tejero, Jaime Miláns del Bosch, Alfonso Armada y los otros cómplices del 23-F. Pero todavía restaba un cierto rumor de sables en las salas de banderas, como se iba a poner de manifiesto con el nuevo complot que pretendió desbaratar las históricas elecciones generales de aquel año. En los Cursos de Verano de San Roque, varios periodistas pusieron sobre la mesa su convicción de que la pesadilla no había terminado: “Hay una cosa –aseguró el periodista isleño José Oneto– que no decimos los periodistas y que tampoco dicen los partidos políticos. Este país, desde hace un año y medio, está en un periodo de democracia vigilada. Si el golpe no triunfó en sus fines más zafios, triunfó en el corazón de muchos españoles”.

Mientras el coronel Pettenghi habla en Cádiz sobre el patriotismo, durante el Día de las Fuerzas Armadas, España se precipitaba en el seno de la OTAN, en cuyos cuarteles generales ondeaba ya la bandera rojigualda: “En caso de una confrontación armada, el 80% de la defensa se jugaría en el Estrecho”, alertaba Luis Solana, durante una conferencia pronunciada en La Línea.

Premonitoriamente, en verano, se estrena en Cádiz El imperio contraataca. El gaditano José Pedro Pérez-Llorca, ministro español de Asuntos Exteriores, seguía empeñado en la firma de un nuevo acuerdo militar con los Estados Unidos y, a tal fin, cerró con el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, la reforma del tratado bilateral que venía renovándose periódicamente desde 1953.

Desde comienzos de agosto, la VII Marcha Internacional No Violenta toma como epicentro los huertos de El Zabal, en La Línea. Alrededor de Casatuya, la finca del pacifista Gonzalo Arias, unos 300 jóvenes llegados de medio mundo –Europa, América del Norte y del Sur, principalmente– apuestan por la desmilitarización de toda la zona del Estrecho. En sus declaraciones y en su propaganda, dejan claro que están por la apertura de la Verja, en contra de que Gibraltar sea colonia y cuente con una base militar sin tener en cuenta la opinión de sus vecinos. También se muestran en contra de las bases de Rota y de Morón, de las baterías de misiles en Huelva y Sierra Carbonera, de las fábricas de armamentos como la de la Bazán en San Fernando, o la de los carros de combate AMX-30 en Sevilla y el cementerio atómico de El Cabril, en Córdoba. Pero sus acciones son constantemente coartadas por la policía. Salvador Camino, quien había sido recientemente nombrado subgobernador civil del Campo de Gibraltar, ordenó la detención de 63 pacifistas por intentar representar tan sólo el estallido de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el 7 de agosto, en la Plaza de la Constitución de La Línea. Tanto la inexplicable redada como su posterior encarcelamiento fue oficialmente justificado por la posibilidad de que entorpecieran el desarrollo del trofeo de fútbol que tenía lugar en dicha población. 23 de ellos, inicialmente detenidos cuando pretendían hacer una sentada ante la sede de la capitanía militar, en La Línea, eran extranjeros y la policía les dio tres días de plazo para abandonar el país. La represión de la Marcha fue tan inopinada que las fuerzas de orden público llegaron a quemar, incluso, una vagoneta que los no violentos iban a utilizar para parodiar el inacabado tramo ferroviario entre La Línea y Algeciras. Otros 40 viajarán a Sevilla para participar en una manifestación contra el paro, el día 11. En la Bazán de San Fernando, otro de sus objetivos, se produjeron cuatro detenciones. O, llegaron, hasta Rota, donde se manifestaron en demanda del desmantelamiento de la Base y recibieron palos a mansalva por parte de los antidisturbios, mientras ellos practicaban la resistencia pasiva. La prensa destacaba que pedían, al mismo tiempo, la disolución de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Más detenciones: otros seis, cuando repartían propaganda pacifista antes del encuentro entre el Real Madrid y el Athlétic de Bilbao, que ponía fin al trofeo veraniego local. El 16 de agosto, los no violentos terminan saltando la Verja, desde Gibraltar a La Línea. El día anterior, habían llegado al Peñón a nado, y un alemán estuvo a punto de ahogarse en el intento. A 18, les juzgaron por entrada ilegal en Gibraltar y varios de ellos decidieron protagonizar una sentada sobre el aeropuerto de la Roca, lo que no gustó ni chispa a los máximos responsables de la Royal Air Force. Otros 25 saltaron hacia España y a los extranjeros se les expulsó. Entre éstos, figuraba el uruguayo Fernando Bauza, quien iba acompañado por su hija, con lo que la policía se tuvo que estrujar la cabeza para averiguar si era legal la deportación de la niña. Nuevas cargas policiales, con una larga ristra de heridos, obligaron a suspender la caminata hacia la base de Morón y la Marcha concluyó con el balance de 220 detenidos y 41 deportados. La guerra contra el pacifismo había terminado. Al menos, temporalmente.

Al alcalde de Rota, Fernando Tejedor, le embarcan en una serie de  viajes por Europa para conocer las instalaciones de la OTAN en diversos países. El nuestro entró en dicho club el 30 de mayo y el día 4 de junio la bandera española era izada en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas y ondeó sobre su secretario general, Joseph Luns, sobre el gaditano José Pedro Pérez Llorca, ministro español de Exteriores, y el de Defensa, Alberto Oliart. Felipe González reprocharía, luego, que el protocolo de adhesión omitiese a Ceuta y Melilla o la situación de Gibraltar. Años después, el futuro inquilino de La Moncloa no le daría demasiada importancia a tales detalles.

Disparos en Trebujena, tiros en Barcelona.
La tensión entre los uniformes y la sociedad civil seguía siendo evidente a lo largo de la provincia gaditana. Y no siempre se resolvió de forma civilizada. Nada más comenzar 1982, estalla el llamado caso Trebujena, a raíz de la muerte de Ignacio Montoya Alonso, de 22 años de edad, alcanzado por disparos de la Guardia Civil en dicha población gaditana. Los hechos se remontan a las tres de la tarde del día 2 de febrero cuando dicho joven, vecino de la cercana Lebrija, tripulaba una motocicleta en compañía de su amigo y paisano Antonio López Alonso, quien resultó herido bajo las mismas ráfagas. La primera nota oficial emitida ese día por el Gobierno Civil indicaba que los disparos se produjeron porque no respetaron el alto del centinela a su paso ante el cuartel de la Guardia Civil. Con anterioridad, daba a entender la versión oficial del suceso, la Guardia Civil había alertado de que en un cortijo de las cercanías se había producido un robo y que agentes de la Benemérita habían visto cómo dos jóvenes se daban a la fuga del lugar del suceso.

Tales explicaciones, sin embargo, no dieron satisfacción al vecindario de las dos poblaciones afectadas. Sus ayuntamientos, de amplia mayoría de izquierda, celebraron inmediatamente sendos plenos extraordinarios en los que los concejales mostraron su malestar por tales hechos y convocaron una huelga general que tendría lugar al día siguiente, en señal de duelo. La Corporación de Trebujena –ocho miembros del PCA y uno del PSOE– procedió a enviar telegramas informando de los hechos al Rey, al presidente del Gobierno, al ministro de Interior, al director general de la Guardia Civil y al presidente del Congreso de los Diputados. En el Ayuntamiento de Lebrija, presidido por Antonio Torres, quien había sido militante del extinto PAU-PTA, fueron aprobadas otras dos mociones, de similar corte, que condenaban los hechos y reclamaban un inmediato esclarecimiento. El paro fue absoluto en los dos pueblos ribereños del Guadalquivir. En Lebrija, alrededor de 10.000 personas asistieron al entierro del joven muerto. Fue tan apabullante el despliegue de las fuerzas de orden público durante el acto de sepelio, que representantes de diversos partidos y sindicatos, incluyendo un parlamentario del PSOE, Esteban Caamaño, y otro del PSA, Diego de los Santos, llegaron a reclamar el cese de un viejo conocido, José María Sanz Pastor, a la sazón gobernador civil de Sevilla. El de Cádiz, José Sánchez Palacios, dejaba la resolución del caso en manos del juez instructor, mientras la oposición reclamaba que se creara en el Congreso una comisión investigadora. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: desde el Gobierno Civil de Sevilla, que había advertido con sanciones a los comerciantes que secundaran la huelga, se impuso una multa de medio millón de pesetas al Ayuntamiento de Lebrija por colocar crespones negros en las banderas de España, Andalucía y la de la propia ciudad sevillana, que ondearon a media asta durante la jornada de luto y de lucha. El de Cádiz fue más moderado y se limitó a declarar que la jornada se celebró sin desórdenes y que no iba a sancionar a los industriales que echaron el cierre a sus instalaciones.

A Antonio Torres se le calentó la mano y arremetió por escrito contra la actitud de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Unas afirmaciones “fuera de tono y de absoluta responsabilidad política”, a decir de UCD, cuyos portavoces no tenían motivos para dudar de las informaciones oficiales respecto al suceso. Los centristas no consideraban procedentes la paralización de la vida cotidiana local, “al margen de que este partido se sume al dolor de los familiares del fallecido”.

El mismo día de la huelga, la Dirección General de la Guardia Civil hizo público una pormenorizada relación de los hechos que, según sus datos, se habían producido antes de los fatales disparos: “A las 15.00 se habían recibido denuncias del  puesto de la Guardia Civil de Trebujena de que en la finca La Dioña se estaba cometiendo un robo, por lo que fuerzas del puesto se trasladaron al lugar, descubriendo a dos individuos que ante su presencia, emprendieron la huida en un ciclomotor sin obedecer las órdenes de que se detuvieran. Posteriormente, estos dos individuos, en su huida, pasaron por las inmediaciones del cuartel, cuyo guardia de puerta, que había sido alertado, les dio repetidas veces el alto, sin que los individuos obedecieran, por lo que realizó cuatro disparos, el primero de ellos intimidatorio, al alto, sin que causara efectos disuasorios y los otros tres en dirección a los jóvenes, alcanzándoles con las consecuencias ya reseñadas”. La nueva nota oficial de los picoletos  no olvidaba mencionar que el joven herido tenía antecedentes por robo y añadía que se había abierto “la correspondiente investigación para el esclarecimiento de los hechos y exigencia, como es habitual, de las responsabilidades a que hubiere lugar por parte de los componentes del Cuerpo”.

El grupo parlamentario socialista, que inquirió al Gobierno sobre el particular, sostenía que “entre los vecinos y testigos existen versiones que difieren de la nota oficial” y que los disparos nunca fueron simplemente intimidatorios. Los alcaldes de Sanlúcar, Los Palacios, Lebrija y Trebujena, así como representantes del PCE, PSOE, PSA, UGT, CC OO y Sindicato Andaluz, sumaron sus firmas a un escrito de condena: “Rechazamos las notas oficiales que sobre el suceso han dado las autoridades, por carecer de fundamento y contener ofensas hacia los jóvenes y hacia el pueblo trabajador –sostenían–. Exigimos que se esclarezcan los hechos para los cual pedimos que el Congreso de los Diputados nombre una comisión de Encuesta y de Investigación. Lamentamos que estos hechos sucedan ya que las armas que transportan los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado son de defensa y disuasorias. Nos pronunciamos por la necesidad de democratizar las Fuerzas de Seguridad de acuerdo on la sociedad democrática encarnada en nuestra Constitución”, afirmaban, al tiempo que insistían en el cese inmediato del gobernador civil de Sevilla. El Gobierno, inicialmente, dio por zanjado el asunto con la investigación judicial abierta para aclarar tales hechos, al tiempo que un coronel de la Guardia Civil se trasladaba a Cádiz para realizar una pesquisa interna. Meses más tarde, familiares, amigos y vecinos seguían esperando a que la Fiscalía arrojara alguna luz sobre este asunto.

A finales de septiembre, el teniente de la Guardia Civil Manuel Gómez Torres, condenado ese mes de julio a 15 años por el caso Almería, es llevado a la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras. Recién principiado el otoño, se destapó el llamado golpe de los coroneles –Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, junto con el teniente coronel José Crespon Cuspinera–, que buscaba amargarle las elecciones a los socialistas, con un nuevo intento golpista previsto, según el Cesid, para el 27 de octubre. Así que, para evitar contactos con ese nuevo complot, las autoridades también decidieron confinar a Jaime Miláns del Bosch, quien acababa de ser condenado junto a Antonio Tejero a 30 años de cárcel, por sacar a los tanques de paseo, en las calles de Valencia, durante la triste jornada del 23 de febrero de 1981. Mientras Tejero anunciaba su candidatura al frente del partido Solidaridad Española, al general le recluyeron en una antigua residencia de los gobernadores militares del Campo de Gibraltar, una casa de campo situada en la llamada Huerta del General, en los montes de Pelayo, próximos a Algeciras.

El terrorismo comenzaba a preocupar vivamente en los ámbitos democráticos de Cádiz. La Diputación suscribió un escrito de condena a tales prácticas y El Puerto vivirá una manifestación convocada a tal propósito por el Ayuntamiento, por los partidos PSOE, UCD, PSA y PCA, así como por las centrales sindicales CC OO y UGT que, por otra parte, no lograrán congregar demasiados manifestantes el Primero de Mayo. Por aquellas fechas, Carlos Rubio reconoce durante la presentación de la candidatura gaditana de Alianza Popular, que el GRAPO le exigió cinco millones de pesetas. Las primeras elecciones autonómicas en Andalucía transcurrieron, en primavera, bajo un ambiente crispado por la violencia en las antípodas del Estado: “El atentado de ayer en Bilbao es un acto de guerra contra España”, afirmará Manuel Fraga, durante su visita electoral al Campo de Gibraltar, horas después de que el ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz, Ángel Pascual Mújica, sucesor de José María Ryan al frente del proyecto, fuera abatido a tiros en Bilbao, a comienzos de mayo.

“Para erradicar el terrorismo hace falta la colaboración de Francia”, asegurará el ministro del Interior, Juan José Rosón, durante una visita a Jerez, en plena campaña andaluza. El terror, sin embargo, sólo llega a rozar Cádiz de higos a brevas. Algún policía, algún guardia, caídos por medio país. Y algunos explosivos, sin costes personales, repartidos a lo largo de la transición gaditana. A 24 de septiembre de ese año, por ejemplo, en la Delegación Provincial de Trabajo, alguien dejó una bomba dentro de una bolsa de plástico junto a una ventana. La policía provocó la explosión controlada del artefacto, que sólo produjo daños materiales.

El 5 de diciembre, Juan Martín Luna caía abatido a tiros por la policía. Gaditano, pasaba por ser uno de los líderes de la banda terrorista GRAPO. En el momento de su muerte, contaba con 28 años de edad y formaba parte de dicha organización desde sus orígenes en 1975. Condenado a 37 años de prisión, logró fugarse de la prisión de Zamora en 1979. Los padres de Martín Luna vivían aún en el Cerro del Moro, en la capital gaditana, y se negaron a aceptar una subvención de 400.000 pesetas anunciada por el ministro del Interior, José Barrionuevo, para el traslado del cadáver y una beca de estudios para el hijo del terrorista muerto, quien entonces tenía seis años de edad y que cursaría estudios en un colegio público de esta ciudad: “La ayuda llega tarde”, declaró lacónicamente el padre de Juan Martín Luna, quien aseguró que los gastos del sepelio y del traslado del féretro se habían cubierto mediante una cuestación entre sus propios vecinos. Según Carlos Rosado, que de las filas de UCD pasaba al flamante Partido Demócrata Popular (PDP), la oferta de Interior pecaba de una “generosidad discriminatoria” con respecto a otros casos que no se relacionan con muertes violentas. Pero las circunstancias del tiroteo despertaron controversia. Incluso, se llegó a hablar de una “inaceptable aplicación de la tristemente célebre ley de fugas”, relacionando su muerte con el policía Manuel Ballesteros, que con los socialistas dejaba de ser el brazo duro de la ley. José Barrionuevo, titular de Interior, defendió sin embargo la actuación policial, calificándola como “correcta, ejemplar y meritoria”, recibiendo por ello una insólita ovación desde los escaños de Alianza Popular.

Un puente sin peaje.
A aquellas alturas de la película, a comienzos de aquel 1982 intrépido y resultón, el puente Carranza seguía siendo de peaje mientras el gobernador González-Palacios entonaba la misma salmodia que sus predecesores: “Vuelva usted mañana”. Haría falta que García Díez forzara la maquina para convertirlo en una calle más de la Bahía, a partir de un convenio con el MOPU que empezó a debatirse con el Ayuntamiento aquella misma primavera. Sintomáticamente, el rescate del puente se producirá en el umbral de las elecciones autonómicas. El 1 de mayo se celebra un acto oficial, en el que Carlos Díaz posó para la historia saludando al primer automovilista que no tuvo que abonar peaje. Y como todos quisieron apuntarse el tanto, activistas de los diferentes partidos hacían suya dicha conquista. En un mitín en Valcárcel, García Díez se colgaba las medallas: “Mientras la izquierda nos gritaba en el puente, UCD buscaba una solución al trabajo de los peajistas”.

“El puente lo liberó el pueblo de Cádiz”, zanjaba Rafael Román. Carlos Ollero, quien frecuentaba a menudo el Cádiz de la Transición, sonaba como Defensor del Pueblo, aunque dicha patata caliente recaería, por fin, en Joaquín Ruiz Giménez. Mientras San José del Valle se independiza de Jerez, a la otra orilla del Estrecho, el Ayuntamiento de Ceuta –una ciudad que había llegado a estar administrativamente vinculada a la provincia de Cádiz– comunica a las Cortes su voluntad de convertirse en comunidad autónoma. Al frente de la UGT gaditana, se colocará Francisco Arias, un literato en ciernes que asumirá la secretaría general del sindicato socialista durante la conflictiva década de los ochenta en un Cádiz que seguirá teniendo aire de polvorín. El planeamiento urbanístico emprendido por varios ayuntamientos de la provincia levantaba ampollas, hasta el punto de que la UCD llega a acusar de partidista a la directora del Instituto Mixto-2 de Algeciras por informar sobre el Plan General de Ordenación Urbana durante una clase teórico-práctica de geografía urbana.

El Ayuntamiento de Cádiz decide implantar la zona azul y la Patrulla Verde de la Policía Local –llamada así porque sus agentes llevan un pañuelo de dicho color y se dedica a temas de medio ambiente– multa a un tipo que lavaba un burro en la Alameda de Apodaca. El Ayuntamiento de San Fernando se adelanta a la historia y adquiere un ordenador para los departamentos administrativos del Consistorio. En Sanlúcar, un técnico llega a emitir programas de televisión a través de un repetidor construido por él mismo. La prensa deduce que se trata de la primera población española con televisión privada.  Y, a pesar de que el alcalde de Tarifa denuncia en la Diputación que se invierte demasiado en Cádiz, las tensiones entre el secesionismo campogibraltareño y la capital parecen tomarse un respiro. Sobre todo, a finales de mayo, cuando todos los alcaldes de dicha comarca asisten a la presentación del disco Campo de Gibraltar, que contiene los pasodobles representativos de los siete municipios, además de una habanera dedicada a Cádiz.

Fue el año que el Cádiz CF fichó al salvadoreño Mágico González. Pero fue, sobre todo, el año del Mundial de España y del Naranjito. Mientras la selección escocesa de fútbol se aloja en Sotogrande, los internados en el depósito carcelario de El Puerto de Santa María reclamaron, en junio, permiso para tener un televisor y ver los mundiales de fútbol. Claro que, ese mismo mes, la prisión de Jerez se convierte en la primera de régimen abierto de Andalucía.

La Caleta, uno de los rincones más característicos de Cádiz, parece convertida en basurero. Desde una botella hasta una lavadora, cualquier cosa se puede encontrar sobre la arena, afirma Diario de Cádiz. Y uno de sus usuarios habituales, el escritor Fernando Quiñones, decide convertirse en barrendero voluntario y dar ejemplo, mientras la asociación Cadice se vuelca en la necesidad de restaurar La Caleta y su Balneario. Centenares de peces se encuentran muertos en el río Guadalete, en el mes de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña azucarera. La Laguna de Medina está en peligro de desaparición, según denuncia la Asociación Jerezana Ecologista, lo que motivará finalmente un convenio entre el Ayuntamiento y el Icona. En Puerto Real, se adoptan medidas urgentes para evitar la extinción de las canteras, ya que una plaga de insectos hace peligrar la vida del pinar. Pero el Campo de Gibraltar sigue echando humos, mientras en Los Barrios se construye la nueva central térmica de Sevillana, ante las tímidas protestas del ecologismo local y el silencio progresivo de partidos, municipios y sindicatos, ante las ventajas económicas que esa nueva industria supone. Si el Plan Energético Nacional ha decidido parar las nucleares, el carbón es la única alternativa posible, aseguran los posibilistas. De La Línea a Jerez, el caballo se llama muerte y sus víctimas empiezan a caer a manojitos.

170 años de La Pepa. Se apostaba por el bipartidismo y los otros partidos comunistas molestaban. Las crisis de los ayuntamientos gobernados por el PCE, como Algeciras, El Puerto, o Sanlúcar, ¿fueron reales o alentadas por sus rivales políticos? El Ayuntamiento andalucista de Jerez seguía empeñado en su propia crisis, su contencioso particular con respecto al empleo comunitario. Al menos, a comienzos de ese año, la prensa destacaba que, durante una visita a Jerez, Alejandro Rojas Marcos y Pedro Pacheco “volvieron a saludarse tras un año de hostilidades”. A pesar de los errores del pasado, los andalucistas parecían levantar vuelo cuando unos 400 militantes gaditanos del PAU-PTA se afiliaron al PSA tras la fusión de ambos partidos. Claro que no todos siguieron ese camino. Por ejemplo, José Antonio Barroso, el indómito alcalde de Puerto Real.

Cádiz es la provincia andaluza que más compromisarios presenta al II congreso de UCD, un partido que parece ignorar que está tocado del ala. Su secretario regional, Carlos Rosado, descalificaba a la Unión Andaluza de Clavero, que seguía empeñado en buscar el voto de una supuesta burguesía andalucista. Carlos Rosado terminó por abandonar el Ayuntamiento de Cádiz, en marzo, ya que consideraba que su concejalía resultaba incompatible con la dedicación a la campaña electoral de su partido, que estaba a punto de caramelo.

En febrero de aquel año, Antonio Garrigues Walker, inquilino estival de Sotogrande en San Roque, llegó a la capital de la libertad a la española para respaldar al Club Liberal 1812, que organizará ese año el 170 aniversario de La Pepa, con una conferencia del profesor José Luis Millán Chivite.

De cara a los comicios autonómicos, UCD, pese a todo, intentará recobrar el terreno perdido. Uno de sus arietes gaditanos seguirá siendo Juan Antonio García Díez: “El que se derechiza es el PSOE, aunque ellos lo llaman moderarse”, refutaría cuando ponen en duda el centrismo de su propia formación. Una lluvia de ministros le acompañó en la pre-campaña, a pesar del presagio de Manuel Fraga en Jerez: “Las elecciones andaluzas demostrarán el carácter minoritario del Gobierno”. Claro que resulta extraño que si los sondeos confirmaban su alza, ¿por qué Alianza Popular no se tomó la molestia de nombrar candidato oficial a la presidencia de la Junta, de cara a las elecciones del 23 de mayo en Andalucía?
Rafael Román, consejero de Cultura, será el candidato de los socialistas gaditanos, al frente de una propuesta electoral cuyo lema es el de “A la hora de la verdad, vota al PSOE de Andalucía”. Le hicieron caso.

Que vienen los marxistas.
Jerez servirá como escenario, a finales de abril, para una reunión de los 109 candidatos del PSOE al Parlamento andaluz, en cuyo transcurso se perfila el programa de trabajo que regirá una campaña, cuyo coste cifran en 180 millones de pesetas. No sin tensiones, los partidos van dando a conocer sus listas autonómicas. Así, José Ramón del Río y Miguel Arias, por ese orden, ocuparán los primeros lugares en la candidatura de AP, trufada por profesionales pero en donde llegaba a figurar Luis Aragón, entrenador del Chiclana CF La lista del PSA la encabeza Pedro Pacheco, en plena gresca con Rojas Marcos, e incorporando en el cuarto puesto a José Vera, alcalde de Paterna, militante del SOC y del extinto PTA. Manuel Gómez de la Torre y Horacio Lara lideraban la opción electoral del PCA, mientras que Ángel Fisac decide defender los colores de Unidad Andaluza, el partido de Manuel Clavero que tuvo finalmente que retirarse por falta de financiación. Un semidesconocido Constantino Álvarez, gerente de la Actur-Río San Pedro, es quien encabeza la propuesta electoral de UCD: Me considero un humanista, cristiano y liberal –se definía–. Quiero desarrollar una campaña con moderación, por respeto a las personas”. Desde la derecha se intentó demonizar al PSOE, que partía como claro favorito: “Si los socialistas ganan aumentará la presión fiscal”, era precisamente la muletilla de Constantino Álvarez. “Los empresarios apoyamos a quienes se declaran por la libertad de empresa”, sentenciarán los delegados de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), durante una convención celebrada en Chiclana.

Uno de los personajes que envenenaron la campaña autonómica se llamó el padre Martínez Fuertes y ocupaba la presidencia de una confederación de colegios de enseñanza privada, que respaldó a la llamada Coordinadora Andaluza Pro Libertad de Enseñanza, muy activa en la provincia: “Los partidos no están dando la cara al problema de la enseñanza”, empezó a decir en Cádiz, desde que se puso en marcha la maquinaria electoral. “La escuela pública única sólo conduce al totalitarismo”, asusta Carmen de Alvear, durante un acto informativo celebrado en La Salle de El Puerto, ya en plena campaña. “El PSOE no está contra la enseñanza privada, pero prefiere la escuela pública”, terminará sentenciando Felipe González durante un mitín en las canteras de Puerto Real, en el que dirige serias críticas a la cúpula empresarial. Y volvería a dejarlo palmariamente claro durante un mitin celebrado en Jerez y en cuyo transcurso arropó a Rafael Escuredo: “No estamos contra la enseñanza privada ni pública, sí contra la que está basada en la desigualdad de oportunidades”.

Los empresarios andaluces le tenían miedo a la izquierda, así que el presidente de su Confederación, Manuel Martín Almendro, llevó a cabo una campaña de pretendido desgaste. En uno de sus carteles, un bicéfalo PSOE que enfrentaba las caricaturas de Alfonso Guerra y de Felipe González, servía como soporte a la pregunta: “¿A quien creer? Hay un PSOE aparentemente moderado, y otro feroz y desafiante. Uno de guante blanco y otro de grito y alboroto (...) ¿A qué socialismo vota el que vota socialista: al de Don Felipe González o al del Sr. Guerra? En el fondo da igual. Porque a cualquier socialismo que se vote, se está eligiendo un modelo de sociedad que los propios socialistas no pueden contar en público porque perderían las elecciones”.

A pesar de que la Junta había procurado evitar los días laborables para fijar la jornada electoral, la Confederación de Empresarios de Andalucía hizo la guerra sucia al PSOE y al PCE, con un cartel en el que una manzana sostenída por el puño del anagrama del PSOE era devorada por un gusano sobre el que ondeaba la hoz y el martillo, bajo la leyenda de “Se fingen moderados!. Quizá recordando, una frase popularizada por el presidente estatal, Leopoldo Calvo Sotelo: “Detrás de la rosa, está el puño”.  Los empresarios no se privaron de refregar extremos tales como el de que “las elecciones van a costar 60 mil pesetas a cada andaluz”. “Los partidos de izquierda no ofrecen ninguna posibilidad de desarrollo”, insistirán durante una reunión celebrada en Cádiz.
“El PSOE parece ser el heredero del Movimiento Nacional", llega a decir Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, quien, a través de la CEA, recomienda el voto de conciencia para UCD y AP.

En Cádiz, el PCE llega a denunciar a la CEA ante la Junta Electoral Provincial y ante el Juzgado por no tener legitimidad para participar en la campaña electoral y por la edición de sus célebres carteles en donde aparece una manzana de la que sale un gusano sobre el que se han colocado una hoz y un martillo, símbolos de la ideología comunista, malvista por entonces en ciertos sectores de un país que acababa de expulsar a varios espías soviéticos. La Junta Electoral prohíbe a la CEA, pocos días más tarde, su injerencia en la campaña. “Si hay libertad de expresión para los partidos y los sindicatos, también debe haberla para los empresarios”, arrimará Manuel Fraga el ascua a su sardina, en el transcurso de una nueva visita a la provincia. “Ferrer Salat deberá utilizar la libertad de expresión participando en los mítines de sus partidos”, le replicará Santiago Carrillo, no sin sorna, durante una conferencia de prensa celebrada en Jerez. “Los empresarios andaluces saben que no existe un solo político en la derecha con capacidad real para hacer campaña contra el PSOE –invitaría Felipe González durante un mitin en Jerez, en vísperas de la jornada de reflexión–. Les pido que pierdan el miedo a mi partido porque gobernar peor que lo está haciendo la derecha es imposible”.

Pero no todo el mundo pensaba igual que el empresariado: “Sentimos más simpatía por los partidos de izquierda que por los de derecha”, aseguraba Modesto García, secretario general de la Unión Sindical de Policía, una organización que a pesar de estar legalizada no podía organizar actos sindicales dentro de las comisarías, sus centros de trabajo.

Lo cierto es que, a medida que avanzaba el calendario, se presumía cada vez más una victoria aplastante del PSOE. Así que desde el centro y la derecha, que a menudo venían a ser lo mismo, arreciaron las andanadas en su contra. Si un día, Verstrynge recorría Cádiz asegurando que “Francia y Portugal demuestran que el socialismo no es ninguna solución”, al día siguiente García Díez se reunía con empresarios en Puerto Real para comunicarles la buena nueva: “UCD es la única barrera capaz de oponerse al socialismo”.

“El marxismo no puede dar trabajo porque trata de suprimir la empresa”, llegó a afirmar el historiador Ricardo de la Cierva, ex ministro de Cultura durante un mitin de Alianza Popular en Ubrique.
José García Pérez, diputado del PSA por Málaga, quien llegó al andalucismo desde las filas socialdemócratas de UCD, dejó meridianamente clara su postura durante una mesa redonda celebrada en Algeciras: “La CEA fue quien propuso que las elecciones se celebraran en domingo, porque de celebrarse en un día laboral iba a suponerle unas pérdidas de dos mil millones de pesetas. El PSA se opuso entonces, y ahora la CEA emplea los dos mil millones contra los partidos que se dicen de izquierda. Su propaganda recuerda a los carteles de la famosa y triste guerra civil española”.

La educación se convirtió en una de las piedras angulares de la campaña andaluza: “El sistema educativo actual reproduce la desigualdad social”, vinieron a coincidir durante un debate celebrado en la institución los socialistas Ramón Vargas-Machuca y Antonio Pozanco, quien había sido prior del convento de Santo Domingo, en la capital gaditana.   Claro que Carmen Alvear no estaba dispuesta a que se salieran con la suya y al día siguiente dejaba meridianamente clara su opinión: “Los socialistas defienden la escuela pública pero llevan a sus hijos a la privada”.

El asunto era tan candente que Diario de Cádiz inserta como publicidad un manifiesto de profesores de EGB, BUP, FP y Universidad, de la provincia de Cádiz, que se definen a favor de “una enseñanza libre, democrática y pluralista”, dejando claro que para alcanzar dichos objetivos votarían al PSOE de Andalucía.
Durante la campaña, Rafael Escuredo lo remacharía durante un mitin celebrado en Algeciras: “Nuestra voluntad de diálogo está abierta a los sectores económicos, sociales y financieros”, afirmará el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, durante un acto electoral en el que también negó los temores del padre Martín Fuertes: “El Estatuto andaluz no tiene competencias para cerrar colegios, porque no puede contra una Ley Orgánica como es el estatuto de centros, y Martín Fuertes lo sabe: que no mienta, porque es sacerdote y puede ir al infierno”. Poco más tarde, añadiría en El Puerto: “El día 24 le llevaré a Ferrer Salat una cesta llena de manzanas sanas”.

En buena medida, cumplió su palabra: “El enemigo de los empresarios andaluces no es el Gobierno socialista”, llegará a decir Escuredo, durante su discurso de investidura como triunfal presidente de la Junta.

De La Barraca al robot Charly.
“Ahora, la reforma agraria/ y toa la izquierda unía/ y una Autonomía plena/ pa cambiá Andalucía./ Que juntos podemos/ cambiar Andalucía/ que juntos podemos/ conseguir las cosas/ que tanto queremos”. Era un guiño a la unidad de la izquierda y un cantable del grupo Gente del Pueblo, que acompañó los mítines del PCE en Cádiz, como el que Santiago Carrillo protagonizó en Arcos el 14 de mayo.

Pese a todo, aquella campaña resultó relativamente tranquila en la provincia de Cádiz. Pero se registraron, de nuevo, incidentes aislados. Hubo un aviso de bomba –15 kilos de goma-2 que resultaron una falsa alarma– previo al mitin de Rafael Escuredo sobre el solar de la antigua Plaza de Toros de Algeciras y bajo la escolta musical de un Paco Ibáñez ronco que ya cantaba poemas de Luis Cernuda. El PSOE decidió rendirle homenaje, en aquella campaña, a La Barraca, de Federico García Lorca. Y así llamó a su caravana electoral, un ejército de autobuses que recorrió Andalucía desde el 27 de abril en que la comitiva partió desde San Fernando. Los centristas llegaron a utilizar, incuso, un robot electoral, llamado Charly, que informaba a los curiosos sobre aspectos relacionados con el programa del partido, aunque el pintoresco autómata no lograse recabar demasiado respaldo.

“Si UCD quiere luchar contra el socialismo, que retire la candidatura porque lo único que hace es distraer la intención del voto”, llegó a sugerir Jorge Verstrynge, en la recta final, cuando visita Jerez.
José de Mier, ahora socialista y entonces en UCD, denunció que un militante del PSOE le había propinado un botellazo durante una pegada de carteles en Chiclana. Era su actual compañero de filas, José Antonio Gómez Periñán, alias Piris, uno de los pioneros socialistas de la provincia y en cuyo domicilio chiclanero trabó Manuel Chaves sus primeros contactos políticos gaditanos. Piris, actual delegado de Gobernación en la provincia de Cádiz, matiza ahora el suceso, en presencia de su paisano y antiguo adversario político, no sin cierta sonrisa cómplice: “Me limité a echarle por encima el contenido de una botella de vino”. En Benaocaz, el alcalde mandó retirar un cartel de los socialistas, so pretexto de que había que pedir permiso para colocarlo. En Grazalema, el PSOE denuncia que militantes del PSA, entre quienes figuraba Pedro Pacheco, arrancaban sus carteles, mientras que el PSA denunciaba que militantes del PSOE arrancaban los suyos en Jerez, donde Alfonso Perales zahería a Alejandro Rojas Marcos, llamándole “mercenario” o “Idi Amín”, el mismo día que el presidente andalucista presentaba su programa en Cádiz y anticipaba, textualmente, que iban a sacar 20 parlamentarios: “Somos el único partido que tiene un programa serio para Andalucía”, aseguraría, sin embargo, Luis Uruñuela.

En Bornos, el ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez, tuvo que dar un mitin en plena calle porque activistas del SOC invadieron el local donde iba a celebrarlo. Cuando coleaba la campaña, se produjo un curioso cruce de espadas dialécticas en Barbate. Un grupo que pegaba carteles de UCD dijo que el alcalde, Serafín Núñez, a la sazón candidato del PSOE al Parlamento de Andalucía, había impedido su labor alegando que era el alcalde y el dueño del pueblo. En su descargo, Núñez afirmó que los otros le habían dicho que cobraban 2.000 pesetas por noche y que debían justificarse. En Cádiz, la talla de Jesús de la Oración en el Huerto, que se venera en la parroquia de San Severiano, aparece seriamente dañada y alguien dirige intencionadamente las sospechas hacia la izquierda local: “Acuso a la ultraderecha del ultraje cometido contra la imagen”, terciará Rafael Escuredo durante un acto político de los socialistas gaditanos.

A los comicios, se presentan 11 formaciones, entre las que no figura el PTA, que contaba con cinco alcaldes y 39 concejales en la provincia gaditana, pero que había decidido disolverse previamente como partido político.

La cocina electoral del PSOE hace y deshace desde Sevilla, donde la comisión regional de listas llega a desplazar desde el tercer puesto al décimo a Gabriel González Ríos, propuesto a tal fin por los socialistas jerezanos. Por primera vez, los socialdemócratas Pedro Valdecantos y Carmen Pinedo figuran en las listas del PSOE, por lo que Miguel Arias, desde la trinchera de Alianza Popular, habla de estafa política: “La ruptura de UCD ha sido provocada por AP –le replicará Carmen Pinedo– y hay también miembros de UCD que han ingresado en Alianza Popular. Nuestra línea siempre ha sido socialdemócrata y lo único que hemos hecho es continuarla”. Como telón de fondo de las autonómicas andaluzas, también colgaba la LOAPA, que intentaba pretendidamente armonizar los procesos autonómicos y que rechazaban de plano tanto el PCE como el PSA y cuyos resultados últimos siguen siendo discutibles, 20 años más tarde.  “La abstención por comodidad, indiferencia o desencanto no puede justificarse”, proclamó diplomáticamente monseñor Dorado, obispo de Cádiz, apenas una semana antes de que se abrieran los colegios electorales.

La jornada electoral compaginó el voto con los flotadores. Los gaditanos acudieron a las urnas, en un domingo soleado, con aires de yodo y bañador como uniforme. En Cádiz, hubo problemas de censo: más de 3.000 consultas en el Ayuntamiento. En las pedanías de Jerez, las urnas quedaban a demasiados kilómetros de distancia de sus destinatarios.

Las elecciones reflejarán el desmoronamiento material de UCD, que sólo lograba colocar a dos de sus representantes en el nuevo Parlamento de Andalucía, en tanto que Alianza Popular, que pasaba de cero diputados a dos en esta demarcación. Los comunistas verán reducido su electorado al 50% y esta convocatoria electoral supondrá, desde luego, un duro golpe para las expectativas de los andalucistas, cuya formación tan sólo obtuvo un parlamentario: “El pueblo andaluz ha castigado al PSA por su incoherencia”, analizará esa misma noche el socialista Rafael Román. Mientras José Ramón del Río, de Alianza Popular, consideraba que era “el triunfo de la clarificación; porque el invento, que fue bueno para la Transición, ya se ha superado”.

Como parlamentarios gaditanos, resultaron electos Rafael Román (PSOE), Alfonso Perales (PSOE), Carlos Díaz (PSOE), Gervasio Hernández (PSOE), Jaime Pérez-Llorca (PSOE), Rafael Palomino Kaiser (PSOE), Jesús Ruiz Fernández (PSOE), Fernando Tejedor (PSOE), Serafín Núñez (PSOE), JR del Río (AP), Miguel Arias (AP), Constantino Álvarez (UCD), Miguel Monge (UCD), Pedro Pacheco (PSA) y Manuel Gómez de la Torre (PCA).

Curiosamente, el PSOE triplica sus votos en los cinco municipios gaditanos que cuentan con alcaldías comunistas, lo que vendría a anticipar su arrollador triunfo en los comicios locales del año siguiente. AP pasó de 5.297 sufragios en las municipales a 58.923. UCD vio reducidos a casi 44.000 los 106.000 logrados en las anteriores elecciones. La caída del PSA también se dejó sentir en Jerez y en San Fernando, municipios de mayoría andalucista: “Me alegro que un partido de izquierdas se haya alzado con el poder y vaya a gobernar en solitario”, aceptó Pedro Pacheco, cuando se supo que Rafael Escuredo iba a ser proclamado presidente.
“No me amilanan los resultados ya que, desde que estoy en el PSA, he perdido muchas veces”, añadiría Pacheco, aunque no tardó 48 horas en arremeter contra Alejandro Rojas Marcos, puesto que su actitud “ha sido de una incoherencia política muy grande”. Claro que, en una asamblea celebrada en El Puerto de Santa María, los militantes del PSA calificaron la subsiguiente dimisión de Rojas Marcos como un “gesto de honra”. El comité director del PSOE de Andalucía se reúne el 21 de junio en la capital gaditana, a fin de ratificar el nombramiento de Antonio Ojeda como presidente del Parlamento andaluz y examinar la propuesta del comité ejecutivo socialista al objeto de que Sevilla sea la capital andaluza. Justo un mes después, el 21 de julio, en el Alcázar de Sevilla, tiene lugar el acto de investidura del primer Gobierno andaluz, formado por ocho socialistas –entre quienes figura el gaditano Rafael Román, quien mantiene la cartera de Cultura, que ya asumía en funciones– y tres independientes. Entre estos últimos, figura Miguel Manaute, quien asume la cartera de Agricultura y Pesca. Un personaje clave para entender la polémica posterior en torno a la reforma agraria. “Soy partidario de la mecanización del algodón, para que no se pierda este cultivo”, afirmará  en octubre el consejero Manaute durante su primera visita oficial a la provincia gaditana. Justo allí donde el Sindicato de Obreros del Campo seguía luchando por un sistema de producción agraria que parecía favorecer a las máquinas frente a los hombres. A pesar de los pesares, se emprenderán experiencias de nuevo cuño, como cuando, en noviembre, el IRYDA entregue más de 1.500 millones de pesetas a trabajadores de Las Lomas para comprar parte de la finca donde cazaba Franco, el legendario latifundio de la familia Mora-Figueroa en Benalup.

La larga marcha hacia el 28 de octubre. La debacle de UCD provocó que Leopoldo Calvo Sotelo disolviera las Cortes el 27 de agosto y convocase elecciones generales para el 28 de octubre. Durante varios meses, se barajó la posibilidad de que UCD se presentara en coalición con Alianza Popular, pero finalmente no fue así. Sólo el PDP decidió sumarse al carro triunfador del partido de Fraga.

En verano, la eterna crisis municipal llegará a Olvera, con la dimisión de seis concejales socialistas, que criticaron la conducta del alcalde, Antonio Sánchez, un independiente que se presentó en las elecciones en las filas del partido y al que apoyará el comité provincial, en contra de las organizaciones locales del PSOE y UGT.

Pacheco, durante aquel largo y cálido verano, cesará a su concejal Eloy López, que le denuncia públicamente a su vez por “acumulación”de poder”, ya que ostenta cuatro delegaciones: "Ha sido un procedimiento antidemocrático y la utilización de una ley dictatorial”, protestó, en vísperas de una moción de censura presentada por el PCA, por tal motivo. El asunto acabará como el rosario de la aurora cuando el alcalde cese en sus delegaciones a los concejales comunistas Blanca Alcántara y Julián Gutiérrez, quienes terminan abandonando el PCA y afiliándose al PSOE, como “el fin de una larga etapa de disentimientos ideológicos con el Partido Comunista”.

También, bajo el estío, estallará la crisis en San Fernando, donde el PSOE hace ver su sospecha de que el alcalde, Avelino Arias Soto, del PSA, ha sido cómplice de acciones ilegales en relación con la canalización de aguas para un barrio perférico. Los andalucistas se rebelan y afirman que los socialistas, que controlan la mayoría de los ayuntamientos, no dejan de lanzar injurias contra el alcalde de Puerto Real y el de San Fernando, para desacreditarlos: “Se comportan como fascistas, porque los acusados tienen que probar su inocencia sin que los acusadores hayan probado su culpabilidad”.

En Algeciras, a trancas y barrancas, prosigue la larga crisis municipal, que se traduce en una moción de censura contra el alcalde comunista, Francisco Esteban, por parte del PSA. Su portavoz, Ángel Luis Jiménez, alegaba dicha acción en base a determinadas actuaciones en materia urbanística, que comprometían el patrimonio municipal. Pero lo cierto es que la moción no prosperó y que los concejales andalucistas fueron abucheados al salir del pleno.

Landelino Lavilla era el nuevo hombre fuerte de UCD, mientras Adolfo Suárez abandona el barco, que se va a pique. Y llega a especularse con que García Díez le secundará en su larga marcha hacia el CDS, como harían, en bloque, las Juventudes Centristas de Cádiz. Pero el ministro y diputado lo niega, aunque ya no se presenta como candidato por esta provincia, un puesto que hereda el alcalde vejeriego Antonio Morillo quien, mucho después y andando el tiempo, también escoltaría al duque en su nueva aventura centrista. En El Puerto, sin embargo, Enrique Bartolomé seguirá los pasos del ex presidente, al igual que dos concejales de San Fernando. Otros tres concejales dejarán solo a Leopoldo Calvo Sotelo, entre ellos, Elías Martín Velázquez, que se dice partidario de “la mayoría natural” que propugna Fraga. El gaditano Pedro Valdecantos, quien sigue siendo leal a Fernández Ordóñez, abandona temporalmente la política activa: luego, el PSOE le nombrará gobernador civil de Toledo.

Aquel otoño, los partidos también velaron armas en Cádiz para las elecciones generales, anticipadas finalmente al 28 de octubre. No obstante, el clima social de aquella temporada vendría  marcado por la huelga de hambre que mantienen 65 reclusos condenados por terrorismo y que cumplen su pena en la prisión de El Puerto, así como la huelga indefinida que anuncia el comité de empresa de Astilleros, en Cádiz, a comienzos de octubre, como protesta por la pervivencia de las contratas en una factoría donde la empresa calcula que hay un excedente de plantilla de 903 trabajadores, con un plan de prejubilaciones al volver de la esquina. Para colmo, una nueva oleada de apresamientos de pesqueros por patrulleras marroquíes sacude los muelles de la provincia gaditana a partir de mediados de octubre. En numerosas actas de acusación no se llega a especificar qué ley o norma han infringido los barcos, que se enfrentan a multas de tres millones y medio de pesetas. En ese contexto, el sagaz Reino de Marruecos decide aplazar la firma del nuevo acuerdo pesquero hasta pasadas las elecciones españolas.
La nueva democracia, por otra parte, empieza a confundirse con la vieja burocracia. Varios vecinos de los bloques de la avenida Segunda Aguada, en Cádiz resultan intoxicados al consumir agua no potable. Suenan inicialmente los nombres de José Luis Torres y Guillermo Kirkpatrick  para la lista gaditana de AP. Sin embargo, su cabecera será ocupada por Rodrigo Rato. La concurrencia electoral de su segundo, el linense Juan Diego López Bonillo, fue impugnada porque ocupaba la dirección provincial de Educación y era incompatible para el cargo, así que corrió la lista y le sustituyó Enrique González Vaello. También será cunero el cabeza de lista del PCA: José Luis Núñez, un abogado que viene del comité central y en cuyo pedigrí se dice que fue compañero de estudios de García Díez y de José Pedro Pérez Llorca. En principio, los comunistas gaditanos optaban como cabecera electoral por Rafael Ojeda, alcalde portuense, o por Fernando Martín Mora, abogado de Comisiones Obreras en Cádiz, por lo que habían fichado, en palabras de Horacio Lara, secretario provincial del PCE, a “una persona ligada a los problemas laborales, con capacidad jurídica y técnica para resolverlos”. A Núñez, le seguiría el profesor algecireño Francisco Cobo, quien meses más tarde se vería en aprietos personales cuando un sacerdote negaría la primera comunión a su hijo por el hecho de que su padre era comunista.

El PSA presentaba al Congreso a un desconocido Rafael García Raposo y la propuesta para el Senado la encabezó Jesús García Vidal, anterior secretario provincial del PTA en Cádiz. Pero apernas pudo recabar el 2,4% de los votos de toda Andalucía. En concreto, 84.474 sufragios que contrastaban con los 81.598 que recabó, tan sólo en la circunscripción gaditana, durante las generales anteriores. De nuevo, el andalucismo quedaba fuera de la Carrera de San Jerónimo.

Los socialistas apostaron sobre seguro: Manuel Chaves, como en las dos anteriores legislativas, quien preconizó que “aunque nos dan como vencedores vamos a ganar el voto calle por calle”. Le seguían Ramón Vargas-Machuca, el jerezano Francisco Perea, la ex senadora de UCD Carmen Pinedo, el socialista campogibraltareño Ramón Santos, así como Eduardo García Espinosa, secretario de Estudios y Programas de la ejecutiva provincial del PSOE. Su lema, se haría célebre: “Por el cambio”.

En vísperas de la refriega electoralista, los Reyes vuelven a visitar la provincia de Cádiz, con motivo del Día de la Hispanidad. Pero la campaña transcurre con normalidad, a excepción de un suceso que tuvo lugar en Medina Sidonia, poco antes de un mitin del PSOE, en la recta final. El 23 de octubre, un numeroso grupo de individuos se concentró frente al cuartel de la Guardia Civil hasta llegar a apedrearlo. Se trataban de campesinos y furtivos, harto de la política represiva del oficial al mando de dichas instalaciones. Los socialistas insistieron ante la opinión pública, por si cabía alguna duda, que no guardaban relación alguna con tales hechos, salvo que intentaron calmar los ánimos y evitar enfrentamientos. Los sucesos se saldan con numerosas detenciones, que recibirán en noviembre una oleada de solidaridad, desde la huelga de hambre emprendida por el alcalde de Paterna, José Vera, a las 100.000 pesetas que destina la Diputación para los familiares de los detenidos. El PSOE local reclamará entonces su puesta en libertad, mientras el SOC también se suma a las protestas y las esposas de los encarcelados amenazan con una huelga de hambre, de proseguir su cautividad. Lo cierto es que las relaciones entre la Benemérita y la España que cambiaba no parecían una balsa de aceite, como demuestra el hecho de que un guardia hiriese, días más tarde, a un par de individuos en El Puerto de Santa María, al dispararles por haberle ofrecido droga.
En el pabellón Fernando Portillo, de la capital gaditana, el 3 de octubre, Felipe González había sido saludado con gritos de “Presidente, presidente”. No se equivocarían. Cuando abren los colegios electorales en El Puerto de Santa María, aquel 28 de octubre, los transeúntes se ven sorprendidos por el mural que adorna la fachada del instituto Pedro Muñoz Seca, donde el rostro de Antonio Machado ha sido retocado para que recuerde al de Antonio Tejero.

A escala estatal, los socialistas obtuvieron más de diez millones de votos, que suponía el 48,4% del electorado y que le granjeó 202 diputados. La provincia de Cádiz se convirtió en el mayor granero electoral de los socialistas en toda España, con un respaldo del 63,8%. El PSOE de Cádiz celebró su esperado triunfo con una fiesta por todo lo alto en la residencia del Tiempo Libre, en la capital. Una larga noche de besos, abrazos, lágrimas y puños en alto, para conmemorar la primera victoria electoral de la izquierda, en España, desde los comicios de febrero de 1931. A la celebración de los resultados, aunque tan sólo sea por ese mismo motivo, se sumará el Partido Comunista de España, en sus locales repartidos por media provincia. El PCE gaditano entrará en una crisis profunda, que se traduce, en diciembre, con la dimisión de Jesús Bernabé de los diversos cargos que venía manteniendo en el PCE provincial: “La única forma de salvar el partido es un congreso extraordinario”, afirmará entonces. Los pésimos resultados electorales habían llevado ya a la caída en desgracia de Santiago Carrillo, quien sería sustituido por Gerardo Iglesias.

“Resignación y serenidad en UCD”, podía leerse al día siguiente en las páginas de Diario de Cádiz. La colación AP-PDP obtendría en aquellas elecciones generales y en las ocho provincias de Andalucía, quince escaños y un 22,3% de los votos, lo que le consagraba como segunda fuerza política de la región. Pero el centro se desmoronaba y las dimisiones gaditanas se suceden en cascada: “Quiero que la palabra ucedización desaparezca del diccionario de Alianza Popular”, declarará un Antonio Hernández Mancha, crecido, durante el congreso provincial de dicha formación, celebrado en El Puerto de Santa María a finales de diciembre y en donde el abogado José Ramón del Río resulta elegido presidente en Cádiz.

Del sueño de Gibraltar a la pesadilla de Las Malvinas.
Gibraltar seguía siendo un sueño. El 19 de abril, en La Línea, el Teatro del Mentidero estrenaba El sueño de Gibraltar con textos de José Cadalso Cadalso dispuestos para la escena por Manuel Caballero Fourmet. Un sueño, una pesadilla, una contradicción. Ya en enero, el mismo Alejandro Rojas Marcos, quien había viajado en 1980 a Gibraltar para posar junto a Joshua Hassan, se dejaba caer con un mensaje tremendista: “La apertura de la Verja significará el reconocimiento de la soberanía británica sobre Gibraltar”.
Aquel año, la Junta Militar argentina, no contenta con el genocidio de su población desde 1976, decidió invadir las Malvinas –las Falklands en inglés– como una prórroga a su sed de sangre y su dictadura de terror. Así que a la Dama de Hierro no le tembló el pulso y Margaret Thatcher puso en marcha la maquinaria de la que fuese la mejor Armada del mundo. Y Gibraltar, en tal contexto, cumplió su papel como base de reaprovisionamiento y avituallaje.

En los astilleros gibraltareños, por ejemplo, se procedió a reconvertir en buque hospital a un paquebote británico llamado Uganda. La Verja seguía cerrada, puesto que el Acuerdo de Lisboa era aún papel mojado y la guerra de Las Malvinas no iba a resolver dicha cuestión, sino a entorpecerla: el 8 de abril, el Gobierno del Reino Unido y el de España decidieron posponer en dos meses al menos las conversaciones sobre la apertura de la Verja, cuando todo estaba previsto para que, el día 20 de ese mismo mes, los ministros de Exteriores de ambos países se reunieran en la localidad portuguesa de Sintra. Poco antes de dicho aplazamiento en las negociaciones bipartitas, el presidente Leopoldo Calvo Sotelo visitará la provincia, bajo una tromba de agua. A bordo de un autobús, durante su recorrido por el Campo de Gibraltar, un periodista le preguntará por la relación entre la guerra de Las Malvinas y el contencioso gibraltareño: “Son problemas distintos y distantes”, acuñó Calvo Sotelo como una frase hecha que le costó considerables quebraderos de cabeza, a medida que iba viéndose que tal vez ambas cuestiones estaban mucho más vinculadas de lo que parecía.

Ni tan distintos, ni tan distantes. En mayo, sin ir más lejos, colocaron una bandera argentina frente al consulado británico, pocos días después de que el crucero argentino Belgrano fuera hundido por un submarino nuclear británico, a lo que Argentina contraatacó disparando contra el Sheffield: “El caso de Gibraltar y el de Las Malvinas era tan poco distinto y tan poco distante, que hubo que cambiar el curso de las negociaciones sobre Gibraltar”, bromeaba Fraga durante la campaña andaluza. En este clima, lo cierto es que Calvo Sotelo logró sortear los obstáculos para proseguir con el ingreso español en la OTAN que, a su juicio, no era contradictorio con la tradicional amistad española con Lationamérica.

Ese mismo mes, en concreto el día 8, cuatro militares de una unidad especial de la Armada Argentina habían llegado a Madrid con la intención de perpetrar un atentado contra la Armada británica, en su refugio gibraltareño. Se trataba del teniente Luis Alberto Fernández –un bonaerense de 32 años, alto, rubio y fuerte–, el sargento Miguel Angel Godoy –bajito y con bigote–, así como el soldado especialista VÍctor Paul Madana y un cuarto, del mismo rango, apellidado González. Su viaje se produjo tan sólo seis días después del ataque del submarino HMS Conqueror que costó la vida a 368 argentinos embarcados en el crucero Almirante Belgrano.  Fue en el Peñón donde dicho sumergible cargó los torpedos Mark Fight que hundieron para siempre al orgullo de la Armada argentina. Y aquel viaje iba marcado por el sello de la venganza. En Madrid, según trascendió posteriormente, se equiparon con cuatro minas de tracción submarina que habían cruzado el Atlántico en valija diplomática, contrabandeadas por los agregados naval y del Ejército de la Embajada argentina en la capital española.

Las minas –de 20 kilos de peso y fabricadas en Italia por la empresa Misar– les fueron entregadas en el parking de un hotel madrileño. En dos vehículos facilitados por la Embajada, los cuatro del comando bajaron luego a Málaga, donde en un rent-a-car próximo a la estación de ferrocarriles arrendaron el día 10 y por siete días, un vehículo Seat 127, matrícula MA-5968-O y de color amarillo, por el que pagaron por adelantado 900 dólares en efectivo. Pero se olvidaron de devolverlo en el plazo previsto: “Este detalle y el comportamiento de los dos argentinos, que gastaban mucho dinero y pagaban en dólares, libras y pesetas sin preocuparse mucho por las vueltas, habían puesto en sobreaviso al Grupo VI de la Brigada Provincial de Policía Judicial, encargado de la persecución de la delincuencia internacional, y al grupo II de la Brigada Provincial de Información”, aseveró la prensa de la época, en un completo informe sobre lo sucedido. Lo cierto es que usaron aquel turismo para desplazarse hasta el Campo de Gibraltar, donde se alojaron en el hotel Río Grande, en San Roque, una de sus bases de operaciones junto con el bungalow número 402 de la urbanización Javisol, en Fuengirola, que también ocuparon. Y también se especuló con que hubieran usado un apartamento en Algeciras. Desde uno u otro emplazamiento, se desplazaron a las cercanías de Gibraltar y, eludiendo todos los controles británicos, logran realizar con éxito varias misiones de reconocimiento previas a su misión: “Entrando por la bocana norte del puerto de Gibraltar, el sargento Godoy, experto meteorólogo de la Armada argentina, hizo un profundo estudio de las corrientes marinas de la zona, la densidad y profundidad de las aguas y la actividad de los buques surtos en el puerto –describe el reportaje–. Por su parte, el teniente Fernández se encargó de levantar planos batimétricos y elaborar la estrategia a seguir para llevar a cabo la operación”.

En ese momento, estaban surtas en Gibraltar la fragata de la Royal Navy, HMS Ariadne, junto con una barcaza, dos unidades que habían relevado en los muelles de la Roca a un destructor y un buque de aprovisionamiento, que eran sus objetivos iniciales. A pesar de todo, decidieron seguir adelante con el plan previsto, pero sus comunicaciones fueron sorprendentemente interceptadas por el servicio de inteligencia francés, que advirtió de inmediato al Gobierno británico y éste, a su vez, a las autoridades españolas, cuyas fuerzas de orden público procedieron a la detención de los saboteadores. Su captura se produjo tan sólo ocho horas antes de que a las 20:00 tuvieran prevista iniciar su misión suicida. Ese mismo día, España suscribía su adhesión a la OTAN, que contaba en Gibraltar con un mando regional de comunicaciones.

Pero cómo se produjo  su detención sigue arrojando dudas. En rigor, la policía española ya les seguía la pista, desde Málaga, al confundirlos con una banda de delincuentes. Los funcionarios Francisco López y Ricardo Ruiz Coll detuvieron al teniente y al sargento cuando pretendían devolver el coche en la agencia de alquiler de Málaga: “Soy el teniente de Navío Fernández de la Armada argentina y estoy en España en misión especial y secreta para los servicios de inteligencia de mi país. Desde estos momentos me considero un prisionero de guerra y no voy a decir ni una sola palabra más”, les espetó el oficial de mayor rango, sin oponer resistencia.

Al resto del grupo se le detuvo en el hotel Río Grande, donde guardaban las minas. Seis horas después de su detención, los militares argentinos fueron deportados a Buenos Aires en el primer avión de Iberia y las autoridades de la época se limitaron a comentar que todo aquel asunto del complot era “una bobada”.

Así se abrió la Verja. Ese año, la UCD creará el Subgobierno Civil del Campo de Gibraltar. El nombramiento recae, en torno al ecuador de febrero, en Salvador Camino Crespo, un centrista malagueño procedente del ámbito del turismo que permanecerá en dicha plaza durante nueve meses, hasta que sea cesado en enero de 1983, por el primer Gobierno socialista, que nunca llegó a cubrir su vacante. García Díez decidió nombrar al linense José Luis Villar como asesor personal para asuntos económicos del Campo de Gibraltar, “pero no como compensación por no haber sido elegido gobernador civil del Campo de Gibraltar, sino por su valía”, declaró García Díez durante una reunión mantenida en Jerez con informadores llegados de toda la provincia. “Este cargo es un gran desafío, pero con mucho atractivo”, afirmará Camino, cuya primera medida será la de remodelar la decoración del despacho que se le había preparado para dicho cargo en el pintoresco edificio del Parque de Bomberos de Algeciras. Ese mismo verano, como uno de sus supuestos logros, decretará mano dura contra la VII Marcha Antimilitarista que se celebra en La Línea de la Concepción.

Los preparativos para el día D se eternizan. Así, los medios de comunicación se van haciendo eco, paulatinamente, de las previsiones para el momento del reencuentro entre las comunidades separadas por la Verja.  Los gibraltareños, se decía, deberán reajustar algunos precios tras la apertura. Y, en Ceuta, se temía el fin de las vacas gordas. Los pequeños y medianos empresarios linenses solicitaban una zona franca, mientras que se calculaba que unos 8.000 gibraltareños cruzarían la Verja a diario, en circunstancias normales.
“El retraso en la apertura de la Verja no altera los compromisos entre España e Inglaterra sobre el tema”, aduce Javier Rupérez, secretario de Relaciones Internacionales de UCD.
Alianza Popular –cuando todavía ni sospechaba que iba a convertirse en la segunda fuerza política del país– presenta un libro blanco sobre el Peñón, cargando las tintas sobre el desarrollo del Campo de Gibraltar. Desde sus filas, se promueve una expedición a Gibraltar, a la que habrían de sumarse Guillermo Kirpatrick, Antonio Hernández Mancha y Juan Pérez Peña. Pero no pudieron hacerlo, porque el Gobierno Civil les negó el permiso para cruzar la frontera. Así que nada tiene de extraño que otros lo intentaran por diferentes medios. El alcalde de La Línea, Juan Carmona de Cózar, su teniente de alcalde Rafael Palomino Kayser, responsable comarcal del PSOE, y el concejal Antonio Marmolejo Ledesma reclutaron a un amigo para que les llevase en barca al Peñón. Ya habían estado allí el año antes, manteniendo una entrevista con Joe Bossano. Pero, esta vez, tenían cita con Joshua Hassan, con quien se reunieron en su despacho y suscribieron un documento conjunto instando a la reapertura del paso fronterizo. Tuvieron que salvarlo de las aguas cuando la nave embarrancó a su regreso a casa. Hay quien dice que el accidente no fue casual, sino que los viajeros pretendían que su incursión gibraltareña tuviese suficiente repercusión pública, como así ocurrió.

Pocos días más tarde, a 18 de febrero, La Línea de la Concepción vive una huelga general, a la que se opone la UCD y diversos comerciantes e industriales. El resto de los partidos respalda su convocatoria por mayoría. La ciudad para y celebra una manifestación multitudinaria para exigir al Gobierno la adopción de medidas que resuelvan los graves problemas locales, desde el paro a las drogodependencias, la economía sumergida, la inexistencia de un término municipal extenso que le permita obtener recursos para el día a día: “Ha sido un auténtico engaño a los linenses”, tronará el gobernador cuando el alcalde confirma que “la convocatoria ha sido un éxito total”.

Tras el aplazamiento en las negociaciones hispano-británicas, como consecuencia de la guerra de Las Malvinas, la apertura de la Verja, prevista ahora para el 20 de junio, se aplaza de nuevo, por lo que los linenses se desesperan, pues aguardaron en vano dicha medida gubernamental para que volviesen los tiempos de las vacas gordas. Las tareas del Consistorio se paralizan durante una hora diaria como medida de presión para que sean admitidas sus reivindicaciones.
 
El alcalde, Juan Carmona, ya había reclamado ayuda del Gobierno, a través de la Diputación, para intentar paliar la grave situación local. La Línea era, a aquellas alturas de la historia, la ciudad española con mayor tasa de desempleo, superando el 40%. Así que nada tenía de extraño que dos botellas con líquidos inflamables fueran lanzadas contra la Oficina de Empleo local, a finales de junio. En protesta por la no apertura de la verja, a 25 de junio, habrá un apagón voluntario por toda la ciudad: durante cinco minutos, La Línea permanecerá a oscuras, el mismo día en que el alcalde explica, en la Plaza de la Constitución y ante 2.000 vecinos, el contenido de los asuntos que ha tratado en Madrid, en donde ha trasladado al Gobierno la mayor parte de las reivindicaciones locales. Mientras, el consejero de Cultura, Rafael Román, inaugura una exposición sobre el Peñón: “A los gibraltareños hay que ganárselos con el corazón”, predicaba entonces.

Las pérdidas por el nuevo aplazamiento de la apertura se cifran en 2.300 millones de pesetas y afectan al comercio y a la industria del Campo de Gibraltar. Mientras la población se jugaba el día a día, los ministros seguían empeñado en su litigio diplomático:  “Nunca aceptaremos acuerdos sobre la soberanía de Gibraltar que se opongan al libre deseo de su población –afirma lord Carrington, titular del Foerign Office–. Es necesaria la apertura de la verja y una política de reaproximación”.

“Reiteraremos la irrenunciable soberanía sobre Gibraltar y propugnaremos la apertura de la Verja”, proclamaría el flamante diputado electo Ramón Santos, vecino de Los Barrios, al día siguiente de la victoria socialista del 28 de octubre. Aquel día, se abrió provisionalmente la frontera para que los residentes españoles en Gibraltar pudieran ejercer su derecho al voto. Pero no todos pudieron hacerlo, ya que se les exigía un certificado de que figuraban en el censo y no tuvieron demasiado tiempo para solicitarlo.

Justo al día siguiente de que, a 1 de diciembre, Felipe González sea investido presidente del Gobierno, se confirma la inminente apertura de la Verja, aunque también se anuncia que no se levantarán todas las restricciones. Sin embargo, en el interior de la Roca la población era más numantina que nunca y no tenía claro que todo fueran a ser ventajas una vez que la cancela se abriese: “Quizá lo que más ha llamado nuestra atención en nuestro peregrinar por los rincones de Gibraltar en busca de opiniones haya sido el expresado ‘temor al terrorismo’ –escribe José Antonio Casáus Balao a quien el diario Área envía al Peñón todavía cerrado–. Así, como suena. Es una psicosis que de verdad nos llegó a alarmar. Es como si una gran parte de los gibraltareños, que no conocen otra España que la que les llega a través de las imágenes de televisión o de los partes informativos de la radio, creyesen que ‘detrás de la verja’  hubiese una bomba en cada esquina. Tienen verdadero miedo a perder la tranquilidad y el sosiego que, ciertamente, disfrutan en la ciudad del Peñón. ‘A mí me agradaría volver a España y que la viera mi nieto’, nos decía un español nacionalizado británico, y continuaba... ‘pero..., ¿y si me lo raptan?”. “La apertura peatonal de la Verja es el camino a seguir para abolir todas las restricciones españolas”, acepta cautelosamente Joshua Hassan, cuando trasciende que la normalización de la frontera no será total.

Más de 7.000 personas cruzaron la Verja, aquel 15 de diciembre. Se iniciaba lo que la prensa llanita llamó “la semana de los besos y abrazos”. Pero aún no estaban adecentados los accesos a la frontera por donde aquella noche abrieron paso de un lado a otro el linense Francisco Romo y la expresiva gibraltareña Carmen Worb. Allí, repartía claveles Juan Manuel Ballesta, del Comité de Reconciliación entre los Pueblos de Gibraltar y su Campo, mientras muchos cruzaban por curiosidad o buscando comprar alguna ganga en los comercios de Main Street: “Existe un déficit en la balanza de pagos entre La Línea y Gibraltar que no ofrece atractivos para que los españoles acudan al comercio gibraltareño –alertaba Joe Bossano sobre un posible estrangulamiento económico de la Roca–. El comercio se enfrenta con una competitividad que no ha conocido desde hace 15 años”.

El campus de batalla.
Se conmemora el 250 aniversario de Celestino Mutis, con un simposio sobre la vida y obra del botánico gaditano, un célebre desconocido entre sus paisanos, inaugurado en abril: “Su figura –analizará el consejero de Cultura, Rafael Román– quedó obscurecida por el conservadurismo político de las épocas posteriores”.

“Me alegro infinitamente de estar vivo y poder recibir personalmente el homenaje popular del pueblo donde nací”, declara Rafael Alberti durante su propio homenaje en El Puerto, impensable años atrás. “Sin necesidad de ningún carné, el poeta tienen que estar comprometido con este tiempo”, insistirá Rafael Alberti durante la conferencia que impartirá en octubre en el instituto Columela, semanas antes de que sea nombrado hijo predilecto de su patria chica y que una calle lleve por primera vez su nombre: “Es muy halagador, aunque no soy muy vanidoso, que haya una calle con mi nombre donde pasee la gente. Me halaga que paseen por ella y la pisoteen. Y es muy curioso escribir una carta o un telegrama a un amigo concejal que tengo en esa calle y escribir mi nombre”. Jesús Fernández Palacios traerá hasta el Aula Abierta del Colegio de Arquitectos a algunos de los escritores emblemáticos de la llamada promoción del 50, en un ciclo en el que participan consecutivamente Juan García Hortelano, Antonio Hernández, Jaime Gil de Biedma, José Manuel Caballero Bonald, Claudio Rodríguez y Francisco Brines. El Aula de Poesía de Algeciras, por su parte, ficha a José Hierro, José Olivio Jiménez, Aurora de Albornoz, José Heredia Maya, Fernando Quiñones, Antonio Jiménez Millán, Juvenal Soto,  Álvaro Salvador, o a un joven Luis García Montero, quien ofrece allí su primera lectura fuera de Granada, meses antes de obtener el premio Adonais por El jardín extranjero.

Paco de Lucía pasaba unas cortas vacaciones en su casa familiar de la playa de El Rinconcillo, en Algeciras: “Yo no quiero sellos –declaraba entonces en las páginas de Diario 16 Andalucía, una cabecera recién aparecida–, pero tengo una conciencia social que me dicta que debe haber una igualdad de todo tipo para todo el mundo. Justicia es la palabra. Pero no me gusta, por ejemplo, que me pogan el sello de socialista. No por nada, sino porque de alguna manera te acaban identificando con alguna gente que juega a serlo y no lo son. ¿Mi relación  con el PSP? Estuve cenando una vez con Tierno Galván, me hicieron una fotografía y salí en una revista. Y, claro, dijeron que yo me había afiliado a su partido. Yo respeto mucho a Tierno Galván, pero no milité en el Partido Socialista Popular”.

El verano se llena con la música de Tete Montoliú, pero también se oye la de Antonio Toledo, Candy y Tito, con el piano de Pepe Romero y los versos de José Luis Tejada y Pilar Paz, junto a Fernando Quiñones y Jesús Fernández Palacios. “Sólo sé que no quiero ser nunca un adulto”, afirma, en Cádiz Joan Manuel Serrat, quien acababa de escribir una canción en la que decía preferir la revolución a las pesadillas. La escena gaditana seguía moviéndose. Desde Puerto Real, el grupo La Jarana compagina los interiores con el teatro callejero: “Utilizamos los propios recursos que la calle ofrece”, afirma su director, Alfredo Los. Allí mismo, abre sus puertas la Universidad Popular, que no expenderá título alguno ni lo exigirá. Basta sólo con tener 16 años para adquirir conocimientos en el campo laboral, cultura general, creatividad y habilidades. No obstante, el campus de la batalla será otro, el de la Universidad de Cádiz. El de Puerto Real crece, mientras la capital lucha por mantener la Facultad de Letras y el alcalde, Carlos Díaz, gestiona con Defensa la cesión de cuarteles en desuso para convertirlos en aulas universitarias.

Julio Caro Baroja clausurará ese año los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, con una conferencia sobre la evolución de la literatura popular gaditana. Al Cádiz universitario –que edita ese año la revista Patio Abierto–, le inquietaba algo más que la infraestructura. Por ejemplo, la Ley de Autonomía Universitaria, la controvertida LAU que había motivado asonadas estudiantiles y que tampoco convencía a los claustros docentes.

Pedro Pacheco pierde tres demandas presentadas contra el director y un redactor de La Voz del Sur. Volverá a la carga contra dicha cabecera en septiembre, por un artículo publicado por el periodista Enrique Falcón y que el Ayuntamiento considera lesivo para la democracia. El alcalde de Jerez terminará impidiendo la entrada a su despacho de los redactores de tal diario. Como la venganza es un plato que se sirve frío, cuando el periódico se desmantele ese mismo año, el Ayuntamiento de Jerez concurrirá a subasta para adquirir parte de la maquinaria del viejo rotativo, adscrito entonces a la cadena de medios de comunicación del Estado.

El linarense Andrés Segovia, quien había puesto frecuentemente en solfa el virtuosismo del algecireño  Paco de Lucía, será investido doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz: “He redimido a la guitarra e influido para que la admitiesen en la enseñanza”, declarará, bajo la convicción, aún, de que ha rescatado a dicho instrumento de las tabernas.

El Falla se restaura, pero no podrá utilizarse para bailes de carnaval. En El Picacho, se representa por primera vez en España la Ora Marítima, de Rafael Alberti. Expone fotos Manolo Torre. Ese año, mueren Juan Vila-San Juan, quien rastreó la vida y la muerte de García Lorca, o el joven rapsoda y poeta popular algecireño Carlos Moñiz, arrollado por un coche que se dio a la fuga. En el cine Nuevo, se estrena El Decamerón. Y el Ayuntamiento publica El siglo XVIII gaditano, de Mariano de Retegui. Aquel año, el Ayuntamiento de Cádiz adquiere la Casa de Estopiñán y, en Jerez, la asocaición de vecinos Al Andalus reclamaba que la elección de la reina de la Fiesta de la Vendimia se llevara a cabo democráticamente.
“No oculto que se me han ofrecido puestos en la nueva administración”, confesará Antonio Gala cuando hable en noviembre sobre cultura andaluza en el instituto Columela de la capital gaditana, la ciudad donde será nombrado socio de honor de la Peña El Mellizo. Los tiempos estaban cambiando, tras las elecciones de octubre.

De Puerto Churri al Hipercó.
El nuevo puerto de la Bahía de Cádiz, que unifica a los de la zona, viene a ocupar el octavo lugar entre los de España, aunque sigue muy de lejos al de Algeciras. Moverá, eso sí, cinco millones de toneladas anuales y se elimina de Puntales el almacenamiento de combustibles de Campsa, que seguía preocupando como un hipotético segundo polvorín.

El campo gaditano seguía sufriendo fuertes sacudidas sociales, como la que conmovió a Arcos cuando se consumó la expropiación de la finca El Pinar. En el curso de una protesta popular, los diputados Emilio Rubiales y Francisco Cabral llegan a verse acusados de apología del terrorismo, por irse de la lengua ante la tensión policial que se vive en la sierra. En Algodonales, el PSOE apoya a unos vecinos para que recobren la cesión de una finca que fue propiedad de Isabel Sánchez Alba y en virtud de un alegato presentado, en 1936, por un abogado del Estado. El SOC, durante aquel verano, seguiría encadenándose a las máquinas.

A finales de marzo, se presenta en sociedad Puerto Sherry, que pretende ser un puerto deportivo para todos, a decir de Agustín Silvela de la Hidalga, consejero de su sociedad promotora: “Va a ser el puerto deportivo y de embarcaciones menores más importante de Europa”, anunciaban, mucho antes de que la voz popular terminara llamándole Puerto Churri. Pero la Coordinadora para la Defensa de las Playas reclama que se impida dicho proyecto, por cuanto destruirá La Colorá y Las Murallas y afectará negativamente a La Puntilla.

Todavía, a aquellas alturas de la historia, los sindicatos tenían que seguir dando la barrila para la devolución plena del patrimonio sindical. Lo hicieron en la capital gaditana, donde Comisiones Obreras protagonizó un encierro en la AISS y una concentración ante el Gobierno Civil, capitaneados por Eduardo Saborido, su secretario general. Cádiz seguía siendo la capital del paro como demostró El Puerto de Santa María, a mediados de marzo, con una marcha de 1.500 manifestantes y el alcalde a la cabeza. En junio, siguiendo una tradición o un ritual, los trabajadores de AESA vuelven a manifestarse para que se cumplan los acuerdos del sector naval. Ese mismo día, los empleados de Unión Cervecera cortaron el tráfico en la Avenida, cuando hacían bien en temer lo peor sobre su futuro. También se manifiestan los practicantes: al menos un centenar desfiló el 16 de junio por la Avenida, como medida de presión para que se les reconozca y retribuya como titulados sanitarios de grado medio de la Seguridad Social.

Las finanzas de la fábrica de botellas de Jerez siguen envenenadas y los trabajadores secundan una larga y penosa huelga. Tampoco conviene olvidar que la bodega Domecq presentó, ese año, un expediente de extinción de contratos. A finales de julio, la policía emplea la mano dura para disolver a grupos de trabajadores concentrados ante dichas bodegas, tras la situación de crisis, que motiva una larga huelga. Las manifestaciones se suceden en las principales poblaciones afectadas y los huelguistas contarán con el respaldo moral de los ayuntamientos de Jerez, Sanlúcar, Trebujena y El Puerto de Santa María. Para colmo, los  jornaleros vuelven a protagonizar una marcha desde Trebujena hasta Jerez, de nuevo en protesta por el recorte de fondos para el empleo comunitario. Otro tanto ocurrirá con 200 jornaleros de Casas Viejas, que cortarán la carretera durante cuatro horas ese mes de septiembre. Este conflicto, motivado por la falta de fondos para el empleo comunitario, llega a provocar enfrentamientos con las fuerzas de orden público.

El “fondo de solidaridad con los trabajadores de Domecq” llegará a contar con más de tres millones de pesetas, a través de aportaciones realizadas por trabajadores jerezanos. La larga lucha arrojó sus frutos y, a mediados de agosto, la Dirección General de Empleo terminó por denegar el expediente de regulación de personal presentado por Domecq. Sin embargo, el conflicto persiste. Y los trabajadores de Domecq seguían en huelga cuando el último domingo de agosto desplegaron en el estadio Carranza varias pancartas llamando a la solidaridad con su causa. Además, CC OO convoca una huelga general en todo el sector viticultor durante toda la vendimia. Los empresarios dejaron ver su desconcierto, toda vez que, a su juicio, los acuerdos de convenio fueron suscritos el anterior 29 de Julio por las centrales que ahora apoyan la huelga. UGT se mantiene al margen y sus portavoces aseguran que el paro no fue totalmente secundado por los trabajadores del sector. Así las cosas, Comisiones solicita el reinicio de las negociaciones, que tardan en llegar a buen puerto, a pesar de la fallida mediación de la Delegación de Trabajo. La paz llegará progresivamente al sector a finales de septiembre. El alcalde jerezano, Pedro Pacheco, amenaza con no participar en la Fiesta de la Vendimia si no se soluciona el conflicto en casa Domecq. A pesar de que laspropuestas de la patronal fueron calificadas como “bastante feas” por parte de los trabajadores, se llega finalmente a un acuerdo, en base a un plan de viabilidad que fija la plantilla en 450 trabajadores. La crisis bodeguera llega también a El Puerto de Santa María, con la extinción de 69 contratos en la bodega 501. Frente al proyecto de los empresarios, los trabajadores proponen la autogestión de dichas instalaciones.

Entre el 19 de julio y el mes de octubre tiene lugar una nueva racha de apresamientos de pesqueros, que afectó, entre otras flotas, a las de Algeciras y El Puerto de Santa María, con sanciones que llegan a cifrarse en tres millones por barco. Todo parecía relacionarse con la ausencia de convenio y con un incidente en el que un pesquero marroquí chocó contra otro español y se produjo una muerte, por lo que las autoridades españolas detuvieron cautelarmente al piloto de la nave abanderada en el país vecino. La crisis sacudía de lleno a muelles tan castigados como los de Algeciras –unas 2.000 familias vivían allí de la pesca–, Tarifa –que vivió a tal propósito un largo encierro en la iglesia de San Mateo– y Barbate, con el agua definitivamente al cuello.

La Confederación de Empresarios de Cádiz mostró, a finales de septiembre, su desacuerdo con el aumento de impuestos municipales.  El Ayuntamiento de Jerez  promete un millón de pesetas al Jerez Deportivo en caso de que ascienda y concede licencia a El Corte Inglés para construir un hipermercado –el célebre Hipercor, cuya apertura inquietará sumamente al comercio local y motivará un largo debate en el Consistorio–. Antes, a  comienzos de marzo, tres individuos desembarcaron clandestinamente en la playa de La Línea, pero sólo uno de ellos fue detenido: era marroquí y no llevaba papeles en regla.
La Diputación presentará ese año un estudio económico de la provincia, que había encargado a una consultora, y que recoge entre otras sugerencias la potenciación del turismo en la sierra gaditana y en el litoral, desde Chiclana a Tarifa. En otoño de 1982, no sólo llegó el cambio a Cádiz, sino que hubo un respiro laboral en la provincia, con la inauguración de la factoría de la General Motors Componentes, en Puerto Real. En el término municipal tarifeño, se inaugura en noviembre la primera central eólica, mediante una aeroturbina de tecnología española que se conecta de forma provisional a la red eléctrica. Será el primer molino que mueva sus aspas sobre el paisaje del Estrecho, cuyos fondos marinos explora el Cornide de Saavedra, por ver si es posible la construcción de un enlace fijo entre sus dos orillas.

“Que pague Felipe González”. Diez años antes de que ocurra, el Ayuntamiento gaditano comienza a gestionar que la ciudad sea sede de algunos actos del V Centenario del Descubrimiento de América. Pero América queda lejos y la realidad, cerca. La designación de la capital de Andalucía como candidata a la Expo, destapó los resortes localistas de los gaditas contra los miarma. De hecho, el andalucista jerezano Mariano León llega a calificar como “centralismo descarado” el propósito de reducir a Sevilla la Exposición Universal de 1992.

La huelga de hambre de los presos de ETA, en El Puerto, parece dar sus frutos con un indulto que ampliará los límites de anteriores medidas de gracia. Claro que a comienzos de noviembre, serán todos los presos de la cárcel de Algeciras quienes se declaren en huelga de hambre. 305 hombres y 29 mujeres no quieren ser menos que los militantes de ETA que han sido indultados. Se trata de una medida que cala profundamente a escala estatal y que se extiende a la prisión de Jerez, donde 26 hombres y 19 mujeres emprenden una acción similar. El año morirá con lluvia e inundaciones, un levante rabioso y terrible que motiva incluso festivales benéficos a favor de los damnificados, mientras la Policía Local de El Puerto procede a la detención de los ecologistas de la Coordinadora para la Defensa de las Playas, por el simple crimen de dibujar un mural en la carretera de circunvalación. Mientras se aprueba el PGOU de Cádiz con los votos en contra de UCD, la Subsecretaría de Pesca costeará finalmente la demolición del espigón de La Caleta, mientras los alcaldes buscan soluciones para la visible contaminación del río Guadalete. Poco después, nace la asociación ecologista que lleva el nombre de dicho río y que luchará por la depuración de sus aguas. Varios empleados del Ayuntamiento de La Línea son suspendidos de empleo y sueldo por presunto fraude a la Seguridad Social, cuando la UGT y el PSOE descubren que estaban cobrando sus nóminas y el subsidio de paro. En Sanlúcar, tras una investigación de la alcaldía, se procede a detener a cinco individuos por fraude en el empleo comunitario, al presentar al cobro recibos falsificados. El alcalde de Cádiz denunció ante el Tribunal de Cuentas del Estado al ex recaudador municipal, por  un descubierto de más de 24 millones de pesetas. Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta, moriría en diciembre con la alegría de que los suyos ocupaban el Gobierno español y el de Andalucía. Rafael Escuredo emprende, en noviembre, un viaje a Las Hurdes de Andalucía, a la Andalucía deprimida, en cuya ruta incluye a la sierra de Cádiz, en donde se deja ver por Puerto Serrano y Grazalema. En Paterna, justo por esos días, se convoca una huelga general si no se garantiza el envío de fondos para el empleo comunitario. “Hay que comarcalizar Andalucía. Hay demasiado sentimiento individualista”, afirmará Escuredo, después de su periplo, con los ojos puestos en zonas como el Campo de Gibraltar.

Los penenes volverán a la huelga como las golondrinas de Bécquer a los balcones. Al menos, los de la Facultad de Filosofía, que ante la sorpresa del Rectorado reclaman su contratación estable por cinco años. En Conil, los profesores y alumnos del instituto también se ponen en huelga en protesta por las condiciones del centro. “Que pague Felipe González”, proclamó un tipo al recibir la cuenta en un restaurante de Algeciras. La prensa se hizo eco de que el presunto invitado del presidente del Gobierno tuvo que declarar en comisaría por dicho bigote.

Poco antes de que se aprueben los estatutos de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, al despacho de las Puertas de Tierra llega el primer gobernador civil nombrado por el PSOE. Es un malagueño llamado Salvador Domínguez, quien siete años después asumiría la dirección general de Radio Televisión de Andalucía: “Ésta es una provincia con tres fronteras, una inglesa, otra norteamericana y otra con Marruecos”, asume el 18 de diciembre, nada más ocupar el cargo. Estaba convencido, así lo dijo entonces, de que podía mejorarse la distribución de los fondos del empleo comunitario. No faltará mucho para que milite en un conocido coro carnavalesco.
   
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