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1983 |
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Juan José Téllez Rubio |
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Ya están aquí los fantasmas |
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En Chiclana, en plena primavera del año 83, una fantasma recorre las calles. Pero la población sospecha que se trata de un amante adúltero cuya identidad se desconoce y provoca recelos entre la población. El suceso dará pie a una de las principales leyendas urbanas que servirá de frontera entre la Transición y la postmodernidad en Cádiz.
Otra de dichas leyendas, esta vez rural, era la de los monos: dos manadas de babuinos salvajes, unos 80 individuos que habían quedado sueltos tras el cierre del autosafari de San Roque campaban por sus respetos en la finca de La Alcaidesa, muy cerca de donde dos avestruces machos convivían con vacas y donde un científico sueco, Claes T. Linden, doctor en Ciencias Agrícolas, protegía a seis chimpancés que se había traído de África, por cuanto que entendía que la progresiva sustitución del canibalismo por la carne de mono hacía peligrar su especie.
Claro que, así las cosas, el ufólogo Jota Jota Benítez afirma que un ovni asistió a la procesión marinera del Carmen en Barbate, que seguía siendo de Franco. En la carretera de Camposoto, ese mismo verano, testigos presenciales afirmaban que otro platillo volante se posó sobre un coche. Desde el espacio, caía el Cosmos 1402 y Campsa anunciaba la construcción un oleoducto entre Algeciras, Los Barrios y Rota. Se cumplían 50 años de la masacre de Casas Viejas y la CNT enarbola dicha bandera, justo cuando San José del Valle apuesta por independizarse de Jerez.
El Consejo Diocesano del Presbiterio, por su parte, calificaba el aborto provocado como un crimen terrible: Alrededor de 10.000 personas se manifestaban en abril en contra de su regulación. El hermano mayor de la Borriquita de Algeciras, en una Semana Santa en pleno fragor electoral, no permitió que un concejal desfilara en representación del Ayuntamiento, porque la Corporación era comunista. Moría Gitanilla del Carmelo y Cádiz ya quería a los gabachos: al menos, eso intentaba la profesora Dulcinea Sobrepare, cuando creó la Alianza Francesa, para fomentar la amistad y la ayuda entre españoles y franceses. El Supremo agrava las condenas para los implicados en el intento golpista del 23-F y el Constitucional anula varios artículos de la LOAPA. Muere Luis Buñuel y la Carmen, de Carlos Saura, con Paco de Lucía en su reparto, representa a España en Cannes.
Escritores premiados, periodistas encarcelados. La población de Cádiz capital, al 31 de Marzo de 1983, era de 160.584 habitantes, pero la crisis ya la estaba mordiendo mortalmente. No discriminamos a nadie asegurará la socialista Josefina Junquera cuando se cree en Cádiz el Centro Asesor de la Mujer y atendemos a solteras, casadas, viudas o monjas.
Ana Rossetti, a punto de publicar Indicios vehementes con un excelente prólogo-entrevista de Jesús Fernández Palacios, recitó poemas en el Colegio de Arquitectos: El erotismo está más en lo que se oculta que en lo que se muestra, aseguró la escritora isleña. José Ramón Ripoll obtiene el Premio Rey Juan Carlos por El humo de los barcos y discurre que la poesía es un estado emocional. Un joven estudiante llamado José Manuel Benítez Ariza se hace acreedor al flamante galardón de Poesía de la Universidad de Cádiz y un maestro sanroqueño, llamado José Reyes Fernández, resultará ganador del premio Armengod de novela por En torno al Guimarán. Los tiempos cambian: Manuel Ramos rescata la obra de Eduardo de Ory, se rinde homenaje póstumo a Luis Berenguer en San Fernando y José Manuel Caballero Bonald pregona la Feria del Libro en Jerez, una cuna con la que no siempre mantuvo un idilio mutuo.
La ciudad de Arcos, se incorpora al Patrimonio Mundial del Consejo de Europa, Zahara de la Sierra recibe el título de conjunto histórico-artístico y se inicia la restauración del Alcázar de Jerez, cuyo Ayuntamiento estudia la compra del Teatro Villamarta por la friolera de 120 millones de pesetas. Un homenaje a Felipe Campuzano termina como el rosario de la aurora cuando el artista no aparece porque no quedaba sitio para que se sentase su familia: En Cádiz me humillaron cuando mi homenaje. En mi ciudad natal, Palma de Mallorca, no me hubiera pasado nada de esto, declaró en la prensa balear, provocando lógicos zarpullidos en La Tacita de Plata, en donde siempre se le tuvo como gaditano. Camarón de la Isla es aclamado, en diciembre, durante la Semana de Arte Flamenco que se celebra en San Fernando, su ciudad natal, donde también Carlos Cano canta, mientras se va haciendo, poquito a poco, íntimamente gaditano.
Su amigo Fernando Quiñones quedaría finalista nuevamente del Premio Planeta, con una poderosa novela titulada La canción del pirata, la crónica viva del pícaro Juan Cantueso, que se convierte en una de sus obras mayores. Mis joyas las compré hace 30 años porque no saco el dinero a Suiza, pregona Lola Flores durante una incursión en El Puerto. Antes, había tenido un verano de infarto, desde la boda de su hija Lolita en Marbella a su fugaz paso por la plaza de toros de La Línea, donde se había negado a actuar en el II Festival de Rumbas del Campo de Gibraltar, porque los organizadores carecían de fondos para pagarle: Por el amor de Dios, que me va a entrar algo, a mí me da un infarto, me va a dar, mamaíta mía y de mi corazón jadeaba. Pero, ¿cómo van a pagarme si no tienen fondos en el banco ni en nada? Mañana mismo la armo en la prensa y me traigo si hace falta a Sofía Loren. Después de tantos años, que me ocurra a mí esto....
En la Diputación, ese verano, se presentará la Antología de la joven poesía andaluza que ha editado la revista Litoral y que citará a autores como Antonio Jiménez Millán, Álvaro Salvador, Juvenal Soto, Javier Egea, Manuel Jesús Ruiz Torres, Luis García Montero, Jesús Fernández Palacios, José Ramón Ripoll y Antonio Enrique, en torno a Fernando Quiñones y Rafael Alberti, que abrieron y cerraron la sesión, respectivamente. Felipe Benítez presenta su libro de poemas Paraíso manuscrito, durante una lectura que tiene lugar en el Colegio de Arquitectos y en la que Ripoll actúa como maestro de ceremonias. En el Casino Gaditano, Pedro Payán presenta un curioso ensayo titulado El habla de Cádiz, que se hará sumamente popular durante las dos décadas siguientes.
No estamos coaccionando a los trabajadores de los medios de comunicación del Estado, afirmará Javier Solana, ministro de Cultura, durante una breve visita gaditana. Mientras La voz del Sur inicia su definitivo canto de cisne con un cambio en la dirección, a la que accede Benigno Cid Harguindey, el jerezano Carlos Vergara sustituye en marzo, al frente de Radio Algeciras, al veterano Sergio González Otal, quien asume una de las direcciones generales de la Cadena SER, tras haber prestado un excelente servicio a la causa local y a la de la transición democrática durante su estancia en la citada emisora algecireña. Telesur, bajo la dirección de Tom Martín Benítez, aumenta la cobertura de informaciones referidas a Cádiz, mientras que el Club Liberal 1812 inicia una campaña a favor de la televisión privada: Sigue existiendo un miedo profundo a la libertad, afirmará allí Antonio Garrigues Walker, justo cuando Jerez aprueba la creación de una emisora municipal de FM. El Loco de la Colina llena a la noche de la radio y entrevista a los niños-guía que se ofrecen a los turistas para mostrarles los encantos de Arcos de la Frontera: el Ayuntamiento monta en cólera por la extensión de tales prácticas y pretende multar a sus padres, por molestar a los visitantes.
Una insignia para Escuredo, una casa para Felipe. Ya está decidido, en Cádiz, que el antiguo cine Municipal se convierta en un centro sociocultural que corone la nueva plaza de El Palillero. Al calor de las elecciones locales, parecen reactivarse viejos proyectos, como el de Puerto Sherry, cuyas obras llevaban un año paralizadas: Puerto Sherry se hará, dirá el alcalde durante el pleno más movido de la historia de El Puerto, hasta entonces. Finalmente, en abril, la Corporación brindará por mayoría su pleno apoyo al proyecto, pero el PSOE lo impugnará en junio.
En Cádiz, abre al público el palacio de Mora en plena calle Ancha y Pedro Ruiz trae sus Mitos y chirigotas, su propia visión del esperpento democrático. Era el año de los Robots, de Las cortinas del Falla y de La tía Norica. Las chirigotas de verdad cantaban por las calles: 5.000 docenas de erizos y 300 litros de vino se consumieron a finales de enero en la erizada de La Viña. Y fue precisamente Rafael Escuredo, el presidente de la Junta de Andalucía, quien recibió la primera insignia de oro de la peña El Erizo: Es la primera vez que me quito de la solapa la bandera andaluza, declaró.
La sequía avanzaba y el Gobierno tardó en arbitrar alternativas. En marzo, el volumen útil embalsado en las cuencas del Guadalete y Barbate apenas sitúa las reservas al 48%. Debido a esta situación, se calcula que el volumen de pérdidas en la presente campaña de cereales puede cifrarse en 2.000 millones de pesetas, por lo que algunos agricultores del noroeste de la provincia terminaron por levantar sus cultivos. Paradojas de la historia: el año se despidió con graves inundaciones en Sanlúcar y en La Ina de Jerez, así como serios riesgos en Chiclana, como consecuencia de las crecidas del río Iro.
Narciso Serra tocaba el piano, era ministro de Defensa y visitó la Base Naval de Rota, a comienzos de año, almorzando a bordo del Dédalo. Poco después, los trabajadores de Rota se reunieron con Fernando Morán, ministro español de Asuntos Exteriores, para reclamar lo que parecía un imposible: capacidad para negociar sus convenios con los jefes norteamericanos, en vísperas de que se renegociara el acuerdo con Estados Unidos, una conquista que se les promete finalmente en noviembre.
El Ayuntamiento de Castellar decidió regalarle al flamante presidente del Gobierno, Felipe González, una vivienda en la antigua alcazaba. Se trataba de agradecerle los servicios legales prestados por la recuperación, dos años antes, de la Dehesa Boyal para el vecindario de dicha población. Ocurrió a comienzos de enero, mes y pico antes de que el 23 de Febrero, Miguel Boyer decidiera conmemorar el segundo aniversario del frustrado intento del golpe de Estado con la expropiación masiva del holding de Rumasa, que incluía las 16.000 hectáreas de la finca La Almoraima, precisamente junto a Castellar y de la que había formado parte la dichosa Boyal.
El PSOE empezaba a endurecer la pugna entre los llamados guerristas y un sector del aparato andaluz del partido, que aún no se llamaba borbollista pero que disentía de la línea interna seguida por el actual vicepresidente del Gobierno. Podía entenderse como una cierta renovación el hecho de que el histórico Alfonso Perales no se presentase a la reelección como secretario provincial cuando su partido celebra congreso extraordinario en Arcos, a comienzos de enero de aquel año. Le sustituirá José Luis Blanco, quien asegura que la nueva ejecutiva provincial es un equipo de gestión. Los hechos empezaban a sustituir a las ideas y nadie se daba cuenta de que dicha mutación podría ser peligrosa.
Tres años después del referéndum del 28 de febrero, la conmemoración del Día de Andalucía resulta tan deslucida que los andalucistas gaditanos la califican como bochornosa y ridícula: ¿Qué se puede esperar de los autollamados nacionalistas hoy en el poder?.
El SUP entra en escena. Mientras las policías municipales de la provincia empiezan a usar el teléfono 092, siguen naciendo los hijos del mono: los facultativos detectan síndrome de dependencia de la heroína en un recién nacido en La Línea, donde ese año crecen alarmantemente los índices delictivos. La asociación El Patriarca anuncia, ese verano, que instalará uno de sus centros de rehabilitación de toxicómanos en el Campo de Gibraltar. Unos jóvenes serían descubiertos, en otoño y en Jerez, inyectándose droga en las puertas de un colegio, pero la policía no pudo evitarlo al impedir su actuación más de 200 personas. A finales del 83, después de detectarse tres casos de intoxicación con el saldo de tres muertes, se descubre que una partida de heroína adulterada está siendo vendida en algunos puntos del Campo de Gibraltar. Desde arsénico a polvo de ladrillo, se utiliza para completar una dosis de caballo, cuya pureza apenas estriba en un 5%, cuando la que consumen habitualmente los yonquis europeos se sitúa justamente al doble.
Ese año, empieza a actuar en la provincia especialmente en las grandes ciudades que no han visto desarboladas sus comisarías, el clandestino Sindicato Unificado de Policía, que reparte octavillas en Cádiz, Jerez, Algeciras y La Línea, y que, andando el tiempo, logrará su legalización. Uno de sus principales frentes de batalla será el de las condiciones higiénicas y sanitarias de algunas comisarías como las de San Fernando y Algeciras.
La imagen del gobernador debe cambiar y dejar de ser un supercomisario de policía, declaraba, entrañable, Salvador Domínguez, todavía mucho antes de que el Sindicato Unificado de Policía denunciara sus francachelas en el edificio de las Puertas de Tierra.
La caza y captura mediática de Salvador Domínguez comenzará pronto. En febrero, sin ir más lejos, cuando la revista Cambio 16 y Diario 16, le relacionen con ocultación de cuentas del partido, posibles casos de cohecho, etcétera, aunque también incurren en descalificaciones personales que llegan a rechazar de plano los portavoces provinciales de la UCD: Las acusaciones al gobernador civil de Cádiz son gravísimas asegura, en cambio, José Ramón del Río, presidente provincial de Alianza Popular. Si son ciertas habrá que preguntarse por la responsabilidad política del Gobierno. El PSOE de Cádiz, por supuesto, las rechaza y califica las informaciones como descaradamente tendenciosas.
La figura del subgobernador no tiene ningún sentido había sentenciado, en enero, Salvador Domínguez, durante su primera visita al Campo de Gibraltar. Mi proyecto política mente es impulsar el sentimiento de provincialidad.
Gibraltar y La Línea, en crisis. De hecho, ese mismo mes, fue a quedar vacante, ya para siempre, el despacho de subgobernador civil del Campo de Gibraltar, procediendo al cese de su titular, Salvador Camino. Hará falta que transcurran 16 años para que, en 1999, vuelva a crearse una figura similar. El PCA de Algeciras, sin embargo, no se dio por vencido en cuanto a la conquista del Subgobierno Civil para el Campo de Gibraltar y, en tal sentido, sus portavoces exigieron el nombramiento de un sustituto para dicho cargo, así como que se decretasen sus funciones: De no ser así, se incurrirá en inconstitucionalidad, afirmaron.
En aquel momento, los responsables socialistas de dicha zona, que gozaban de mayoría en todas las instituciones, apostaban por una comarcalización andaluza desde la base, que se suponía que eran los ayuntamientos. En tal contexto, se procede a crear una mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar cuyo techo político era inicialmente distinto a las que ya existían en otras zonas del país y en la propia provincia gaditana.
Se trataba de proceder a fórmulas de autogobierno en base a la independencia de los municipios y de los órganos que pudieran crearse en torno a ellos. Sin embargo, la propia tensión interna entre las familias del PSOE hizo fracasar dicho proyecto y la mancomunidad, creada finalmente en 1985, terminó siendo lo que el resto: organismos de gestión, sin demasiado peso político efectivo. También fracasaría, dicho sea de paso, el proyecto de comarcalización para Andalucía, que enunció Rafael Escuredo durante aquel mismo año horribilis para su presidencia de la Junta. El Campo de Gibraltar, así se dijo con frecuencia, iba a ser la experiencia piloto que pusiera en marcha aquel rediseño de Andalucía, en función de las comarcas, tal y como pretendían las juntas liberalistas y el propio Blas Infante, en contra del marco provincialista diseñado durante el siglo XIX por el gaditano Javier de Burgos.
Allí, eso sí, no llegó a faltar ni la tradicional pugna entre funcionarios de Aduanas y de la Policía por la custodia de las llaves de la Verja. Su apertura había hecho crecer las expectativas en cuanto a empleo empresarios del Peñón estaban dispuestos a contratar a 200 españoles e interacción económica.
Pero Gibraltar empieza a enfrentarse a una crisis seria, la del cierre progresivo del astillero, que vive inicialmente una reconversión civil, bajo los dictados de la política económica que marca la Dama de Hierro. De nada vale que el jefe de las Fuerzas Navales de los EE UU en Europa lamente el cierre de los astilleros gibraltareños porque, en aquel momento, era uno de los pocos capaces de atender submarinos nucleares. El futuro del Arsenal, que así le llaman los llanitos, no pinta bien, el Gobierno negocia su comercialización a través de la firma Appledore pero, lo cierto, es que todo ese proceso perjudica al comercio de la Roca, tanto o más que las condiciones en las que se ha llevado a cabo la reapertura de la Verja, que sigue limitándose al cruce peatonal y se restringe el tránsito de mercancías.
In extremis, Joshua Hassan, ministro principal del Peñón, consigue un amplio respaldo británico a la economía de Gibraltar, con una inversión equivalente a 6.500 millones de pesetas y la cesión de los astilleros al gobierno local, a fin de que gestione su privatización. El cierre de la factoría naval se aplaza en un año, mientras los trabajadores aceptan el plan gubernamental en el curso de un referéndum que se celebra en la factoría durante aquel mismo verano.
Tampoco las cosas iban bien entre el Peñón y La Línea: La Dirección General de Aduanas no interpreta el espíritu de la apertura de la verja, denuncia Juan Carmona, alcalde de La Línea, quien se convertirá ese año en el proporcionalmente más votado de España, en ciudades por encima de los 50.000 habitantes. En cambio, en otoño, ya llegaba a declarar que quería dejar dicho cargo porque le faltaba ilusión para mantener las riendas de la alcaldía. Me rindo ante la descoordinación del Gobierno en el tema de Gibraltar, dirá en diciembre, cuando haga las maletas y sea sustituido por Antonio Díaz Lara.
Desde mucho antes de tomar dicha decisión, Carmona venía alertando de que las restricciones fronterizas torpedeaban los intentos de buenas relaciones con el pueblo de Gibraltar. De hecho, sin ir más lejos y para colmo, varios pescadores gibraltareños no pudieron pasar a la Roca unos trofeos ganados en La Línea. Para colmo, sólo podía cruzarse la Verja una vez al día en cada sentido. Durante la Navidad, el Ministerio de Interior dispuso al menos que se flexibilizara el paso y que gibraltareños y españoles cruzaran La Focona, cada vez que lo desearan.
El ex ministro Marcelino Oreja, desde su residencia estival de Sotogrande, en San Roque, se ufanaba de no ir a Gibraltar hasta que no ondee la bandera española sobre la Roca. Cuando decidimos abrir la Verja afirmó en San Roque Fernando Morán, a la sazón titular del Palacio de Santa Cruz, no pensamos que eso iba a implicar un perjuicio económico a Gibraltar y, sin embargo, ha producido consecuencias económicas importantes. Tengo serias dudas de que la recuperación española del Peñón pase por apretar a los gibraltareños económicamente.
Entre bambalinas, se guisaba el ingreso español en la CEE, que debía contar con el respaldo del Reino Unido, un país con el que se seguían manteniendo las tradicionales relaciones de amor y odio. La visita de la Royal Navy al puerto gibraltareño, una vez finalizada la guerra de las Malvinas, provocó serias suspicacias políticas: con el Invincible a la cabeza, en determinados círculos mediáticos se entendía como un gesto innecesario de hostilidad y prepotencia por parte del Imperio.
Los sindicatos gibraltareños protestaban porque se contratasen trabajadores foráneos al Peñón y las restricciones fronterizas afectaban a numerosas nacionalidades. Por ejemplo, tanto los portugueses como los marroquíes residentes en Gibraltar negociaban que pudieran transitar por el paso peatonal de la Verja, mientras que se prohibía la entrada al Peñón de los argentinos, como consecuencia precisamente de la guerra de Las Malvinas, que ganó el Reino Unido y que supuso el toque de gracia a las siniestras juntas militares que sucedieron al golpe de Estado de 1976, en Buenos Aires. El Gobierno terminará permitiendo que los extranjeros adquieran terrenos en el Campo de Gibraltar, una zona hipotecada por los intereses geoestratégicos derivados de la Segunda Guerra Mundial y cuya progresiva liberalización permitirá nuevas explotaciones turísticas.
La nueva batalla de las municipales. Alianza Popular, ya líder de la oposición, empieza a abrir sedes como rosquillas y renovará su fachada, con la elección de nuevos presidentes locales. Su propósito no era otro que el de afrontar con suficientes garantías de éxito las inminentes elecciones municipales. Otro partido que intentaba renovarse al tiempo que lamía las heridas de su derrota, era el PSA, que barajaba la posibilidad de que Jesús García Vidal, un histórico del PTA, asumiera su secretaría provincial. Otros andalucistas históricos, como Manuel González-Piñero, se pasarán en cambio a las trincheras socialistas: Voy como independiente en la lista del PSOE, anuncia poco antes de los comicios de abril. A pesar del viento en contra, el andalucista Pedro Pacheco decide presentarse a la reelección como alcalde jerezano, junto con un buen equipo de trabajo: Jerez debe prepararse para la Exposición Iberoamericana de 1992, anunciará a bombo y platillo.
Los socialistas deciden repetir con Carlos Díaz como candidato a la reelección en la capital y mientras en Jerez suena el nombre de José González Ríos, en Algeciras ocurre otro tanto con Gervasio Hernández-Palomeque, aunque finalmente decide reincorporarse a su puesto de trabajo como inspector de Educación General Básica y abandonar la política activa. Así que los socialistas deciden presentar en su lugar a un semidesconocido Ernesto Delgado, un profesor de EGB, quien había velado armas en la UGT y que, sorprendentemente, logrará arrebatarle la alcaldía al comunista Francisco Esteban. Sin embargo, el camino hacia la victoria no fue fácil. El día 4 de abril, Diario 16 revela que ocho militantes del PSOE algecireño se han negado a formar parte de las listas. Se trata de José María Núñez, María José Fernández, Alfredo Fernández Santos, Josefa María Navarrete, Juan Luis Navarro, Antonio Mondéjar, Juan Antonio Laruero y Domingo Martín. A algunos de ellos, se les une el también socialista Gabriel Cafferena, vicepresidente del Servicio Municipalizado de Aguas, y Pedro Mayayo, concejal en activo, a la hora de denunciar la falta de democracia interna en el partido socialista, secundada por el comité provincial de listas, que ha buscado los medios para que el comité local sea un cero a la izquierda, sin decisión propia. La libertad de expresarnos a través de la asamblea está coartada. Ha sido un golpe de mano.
Antes de presentar a Ernesto Delgado, los socialistas algecireños se habían debatido entre una lista liderada por Hernández-Palomeque y otra, encabezada por el ex andalucista José María Núñez, que es la que decide apoyar la asamblea local del PSOE con el 57% de los votos, entre los que figuran los citados disidentes. Pero alegando defectos de forma, el comité provincial, el regional y el federal de listas decidieron qué lista había que presentar a los comicios, empezando por el primer candidato.
El PDL concurrirá inútilmente en 15 circunscripciones y en municipios como Chiclana llegan a aparecer tres listas de independientes. La fórmula se prodiga en Ubrique, Conil y Rota. También el ex alcalde comunista portuense Antonio Álvarez encabezaba una lista independiente en dicho municipio. La expectación política, en cualquier caso, era grande. Y eso que los Ayuntamientos seguían estando tan boquerones como cuatro años atrás. El de Cádiz, tenía que pedir un crédito para obtener 175 millones con tal de pagar al personal. Los concejales de Jerez daban ejemplo reduciendo de 11 a cuatro el número de comisiones informativas, por lo que percibirían menos dinero. En El Gastor, un concejal del PSOE era condenado a 10 días de arresto por negarse a pagar una multa tras participar en una manifestación ocurrida hace tres años. En Puerto Real, los puestos de secretario e interventor estaban vacantes desde hacía dos años y el diputado Rodrigo Rato, de Alianza Popular, tuvo que preguntarle al Gobierno cuando iba a proceder a la provisión de tales plazas. En el Ayuntamiento de Cádiz o en el de Chiclana, se hablaba de nepotismo.
AP tardó la intimerata para nombrar a Gutiérrez Trueba como su candidato para Cádiz, aunque propuso pronto a Antonio Moreno para encabezar sus siglas en El Puerto de Santa María, a Aurelio Romero, en Jerez y a Emilio Buch, en Algeciras: El Gobierno socialista practica una política revanchista y de odio de clases, pregonará Manuel Fraga cuando llegue a respaldarles, ya entrado el mes de abril.
Es el momento de una alternativa al socialismo, proponía Gutiérrez Trueba, al frente de una candidatura que reunía en coalición a Alianza Popular, Partido Demócrata Liberal y Unión Liberal. Equívocamente crecido en el fragor electoral, Gutiérrez Trueba llegó a descartar la hipótesis de que él no pudiera ser el sucesor de Carlos Díaz, al frente del noble edificio de la Plaza de San Juan de Dios: Pediremos para Cádiz anunciaba la consideración de puerto franco.
Cándido Checa Gemar defenderá los colores de Adolfo Suárez en la capital, donde acepta encabezar la lista del CDS. Armando Ruiz hará otro tanto al frente de las siglas del PSA, cuyo lema electoral era el de lleva la autonomía a tu Ayuntamiento. En vísperas del inicio oficial de la campaña para las elecciones municipales, la capital gaditana convoca un imprevisto pleno municipal, en cuyo transcurso son aprobados 70 millones para el pago de la nómina de ese mes al personal del Ayuntamiento. A la sesión, concurrieron 14 concejales, los justos para obtener quórum y se celebró horas antes de que se cumpliese el mandato de cuatro años en dicha Corporación, una fecha tope, tras la cual el Consistorio no podía adoptar acuerdos. Se trataba, según intentó explicar el equipo de Carlos Díaz, de una solución in extremis al retraso de la subvención del Estado para el pago de nóminas y a fin de que no se resintieran los bolsillos de los funcionarios. Claro que tampoco iba a beneficiarle políticamente al PSOE un plante de la plantilla local, en plena jornada electoral.
El mayor número de candidaturas siete se presentaron en Cádiz y en Algeciras. Y la campaña se inició apaciblemente con la presentación de los programas electorales, los candidatos y los lemas electorales: Lo que prometimos hace cuatro años se cumplió casi totalmente, aseveraba Carlos Díaz, quien gozaba de un mayor número de partidarios que de detractores y que se benefició notablemente por el arrastre de votos del rodillo socialista a escala estatal. Nuestro candidato tiene muchos méritos además de ser gaditano, sacaba a colación el aliancista José Ramón del Río, como una andadana contra la línea de flotación de Carlos Díaz, a quien se afeaba insospechada y no siempre sutilmente su origen sevillano. Unos y otros coincidirán, sin mayores problemas ni tensiones, a la hora de repartir propaganda en la Plaza de las Flores.
Los comunistas, por su parte, ficharon para sus mitines a Gerardo Iglesias y a Enrique Curiel, al tiempo que llevaban en sus filas a José Mena, que se había hecho sumamente popular en Cádiz por su papel como delegado municipal de Fiestas.
En algunas poblaciones, la campaña fue movidita. Hay ejemplos. La prensa airea que uno de los implicados en robos de calentadores, en Villamartín, es candidato del PSOE para las municipales. Eran pocos y paría la abuela. Pero seguían de racha. Un candidato del CDS en el Puerto, Daniel Arias, es denunciado por su propia mujer por amenazas y daños, apenas 48 horas antes de que el 8 de mayo se abran los colegios electorales. Apenas hubo incidentes, salvo que quedaron sin validez los votos emitidos por correo en Rota, ya que fueron impugnados ante la sospecha de manipulación. En Paterna, como las elecciones se iniciaron con un apagón de luz, un elector acudió a votar provisto de velas. En Puerto Serrano, eso sí, a un tipo le preguntaron que a quién iba a votar y respondió a navajazos, hiriendo a tres personas, dos de ellas de gravedad. En fin, las cosas. Vamos a gobernar para todos los gaditanos, prometía Carlos Díaz la noche de su victoria.
Pedro Pacheco arrasa en Jerez. Sanlúcar seguiría siendo comunista, con los votos del PSOE, y José Antonio Barroso reinaría en Puerto Real con mayoría absoluta. También fue reelegido Fernando Tejedor como alcalde de Rota. Rafael Gómez Ojeda asume las riendas de El Puerto de Santa María. Aunque perdió pocos votos respecto a 1979, el PCA se despedía de la alcaldía de Algeciras, por la irresistible ascensión del PSOE. Años después, el ex alcalde Francisco Esteban abandonaría dicha formación política y terminaría presentándose a las elecciones del 87 en las filas del Frente Andaluz de Liberación, que le prestó las siglas para poder concurrir a los comicios con una candidatura independiente: No soy el portavoz del movimiento mundial andalusí, tuvo que desmentir cuando Abderrahmán Medina, el líder de dicho grupo, le proclamó inopinadamente como tal.
Con los votos favorables de PSOE, PCE y PSA, pero con los votos en blanco de los tres únicos diputados de Alianza Popular, el joven pero veterano socialista Alfonso Perales será nombrado presidente de la Diputación, en sustitución de su correligionario Gervasio Hernández-Palomeque. El Mora no se va a cerrar, prometía inútilmente Perales, como uno de los primeros problemas a los que tuvo que enfrentarse. De entrada, el Insalud mantuvo el cupo asignado a dicho hospital, pero todo terminó siendo inútil.
La normalidad, en cualquier caso, iba volviendo paulatinamente a las casas consistoriales. Los alcaldes de Cádiz y de Puerto Real se intercambian piropos. El año no terminará sin que la ejecutiva provincial del PSOE expediente a un militante suyo en Medina. Se trata del alcalde socialista, Agustín de la Flor, ante los indicios de inadecuada gestión política, que excluía inicialmente asuntos económicos. El PSOE, desvela irregularidades en los Ayuntamientos de El Gastor, donde gobierna un grupo independiente, en Benaocaz, de Alianza Popular, y Villaluenga, bajo control del puño y de la rosa. En el primero de dichos consistorios, el secretario no aparece y es un asesor jurídico quien levanta las actas. Para colmo, el portavoz socialista, José Valle, denunciará en otoño que ha sido agredido por motivos políticos. Meses antes y en esta misma línea, el alcalde andalucista de Paterna, José Vera pintorescamente agredido ese año por dos cuñados anuncia una querella criminal contra el concejal socialista Pedro Luis Cabrales, uno de los cantautores más populares de la Transición en Cádiz y quien, como consecuencia de una inopinada agresión de la que fue objeto, denunció que habían desaparecido documentos del Consistorio. El alcalde le denunciará, finalmente, por repartir un panfleto titulado Tierra, la voz de Paterna, donde se analizaba críticamente la gestión municipal. Todo lo contrario que Juan Carmona de Cózar, abogado y alcalde de La Línea, quien llegaba a defender a uno de los acusados por el robo de cuadros del pintor Cruz Herrera que eran custodiados en el palacio municipal del Paseíto Chacón.
Sanidad y escuela, pública o privada. Los resultados de las autonómicas y de las generales influyeron, de hecho, en el balance final de aquellas elecciones locales, que no se celebraron precisamente en un clima de calma chicha: hasta los parados llegaron a realizar una sentada ante el Ayuntamiento gaditano. Y nada más colocados los primeros carteles, la capital vivió una importante manifestación de trabajadores de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, convocados por Comisiones Obreras en demanda del mantenimiento del poder adquisitivo, del pago de las deudas y una reforma sanitaria a fondo y concertada con los usuarios y trabajadores. A todo ello, se sumaba una huelga de médicos que, a juicio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, suponía una manipulación elitista y corporativista.
Para colmo, el Insalud adeudaba a las clínicas privadas 500 millones de pesetas y, al disminuirles el envío de enfermos al aumentar el número de plazas públicas y optimizar su gestión, comienzan los despidos en el sector privado una forma, a fin de cuentas, de presionar a la Administración y las movilizaciones en la clínica Frontela de El Puerto, que parecía abocada al cierre.
Otro de los focos de conflicto sanitario es el del hospital de San Juan de Dios, en la capital gaditana, a punto de ser clausurado al vencer el concierto que regía entre la Hermandad de la Caridad y el Insalud, inmerso en un plan de reforma, cuyo interés prioritario estribaba en sanear sus propias cuentas en un plazo último que se fijaba en el año 2000, para evitar que el sistema de la sanidad pública se viniera previsiblemente abajo. Entonces, se luchaba contra los privilegios a la sanidad privada, pero los propietarios de clínicas echaban a los propios trabajadores a luchar contra la Administración: hubo cinco detenidos durante una sentada que tuvo lugar en octubre ante la sede provincial del Insalud. En octubre, le tocará el turno a la clínica de San Rafael, cuyos directivos afirman haberse quedado sin un ochavo para pagar al personal, porque el Insalud y el Instituto Social de la Marina le adeudan 255 millones de pesetas. En el sanatorio Santa Rosalía, de Jerez, UGT y CC OO denuncian traslados y despidos de sus candidatos, por razones ideológicas. El jefe de personal de Frontela impidió que dos dirigentes de UGT asistieran a una asamblea en la clínica de El Puerto. En tanto que la Administración pretendía saldar la reforma sanitaria en Cádiz con la perdida de unos 400 puestos de trabajo, 11 trabajadores de clínicas privadas terminaron por encadenarse ante el Insalud: Hay soluciones que permiten la reforma sanitaria y terminar la corrupción sin merma grave en los puestos de trabajo afirmarían los portavoces provinciales de UGT, un sindicato que empezaba a mostrar ya ciertas diferencias con su hermano político, el partido socialista. Seguimos abiertos a la negociación con el Insalud y la Consejería de Salud y Consumo. Los trabajadores de las clínicas concertadas se declaran en huelga de hambre y la concluyen exprimiendo limones en la puerta del Insalud, en alusión al apellido del director provincial de dicho organismo, Ortega Limón, quien deja el cargo antes de que finalice el año. El consejero de Salud, Pablo Recio, terminó por anunciar la finalización de los conciertos con las clínicas privadas, pero durante una visita a Cádiz se encontró con una patata caliente: trabajadores como los de la clínica Frontela reclamaron su entrada en las nóminas de la sanidad pública. La tensión remite, parcialmente, al replantearse el concierto con el hospital de San Juan de Dios y emprenderse un plan de regulación de empleo en la clínica de San Rafael.
En otro frente, la Administración frena en seco las subvenciones a determinados centros educativos, supuestamente de élite y gestionados por la Iglesia católica, a través de instituciones como el Opus Dei. Ese año, se les cierra el grifo público a varios centros de este tipo repartidos por la provincia, como son los colegios Grazalema, Guadalete, Montecalpe y Puertoblanco. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) también zarandea los pupitres provinciales. El PDP, la formación coaligada con Alianza Popular y cuya presidencia regional asume el ex centrista Carlos Rosado, iniciará una campaña contra dicha norma, avisando a sus simpatizantes de que la ley sólo pretende insertar en la sociedad un modelo de enseñanza, o sea única, laica, pública y autogestionaria.
Hacia la zona de urgente reindustrialización. Otra crisis perpetua es la de la construcción naval. En 1982 hubo más de 3.000 horas de paro. Como cada vez que toca negociación de convenio, los nervios se crispan. Los sindicatos calculan que el paro en la Bahía gaditana alcanza ya a 20.000 operarios. Las empresas auxiliares, relacionadas directa o indirectamente con Astilleros, están endeudadas hasta el tuétano con la Seguridad Social, para poder sacar fondo con los que pagar a sus obreros.
Expertos del INI elaboran, por aquellas fechas, un proyecto de reconversión de los grandes astilleros. Los excedentes de plantilla para el bienio 1983 85 se cifran en 500 trabajadores en el caso de Puerto Real y 450 en el de Cádiz. En tal contexto, se propone la creación de un holding público naval, dado que estaba previsto que la demanda de buques a escala mundial experimentara un descenso hasta 1986 87. La crisis sería mucho más aguda, aún si cabe y abriría toda una década de guerrilla urbana, ante los ajustes de plantilla que prejubilan a muchos trabajadores y condenan al paro a cientos de jóvenes. Si el Gobierno pretende reformar el sector naval, quien avisa no es traidor: CC OO solicitará la nacionalización de los astilleros de titularidad privada. Tampoco sirvió de mucho.
A mediados de marzo, tocó huelga en los grandes astilleros. El paro fue total en AESA-Cádiz, pero sólo parcial en Puerto Real, en tanto que los grandes sindicatos referían en la utilización de dicha fórmula en la negociación del convenio. Para ocupar el excedente de grandes astilleros el INI llega a proponer, al final de marzo, la creación de una Agencia de Empleo Naval. Uno de sus objetivos sería crear 500 puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz a través de diez nuevas empresas.
Al filo de aquel verano, familiares de trabajadores del astillero gaditano terminaron concentrándose ante el Gobierno Civil para reclamar su equiparación con los de Puerto Real, así como el cese de ciertos directivos. Los ánimos se caldearon, aún más, durante el mes de junio, cuando se convoca una huelga indefinida, mientras parte de los trabajadores se encierran en la Diputación y sus familiares, en el Ayuntamiento.
Claro que, en otoño, según FEMCA, en los talleres auxiliares de construcción naval sobraban 750 puestos de trabajo. En noviembre, los trabajadores de Astilleros volverán a manifestarse en contra de una reconversión anunciada. Aunque ya se veía venir que los vientos de la historia soplaban en su contra, ellos apostaban por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Doscientos cincuenta obreros del turno de la mañana marcharon, en Cádiz, desde la factoría de San Severiano hasta el Gobierno Civil, a cuyo titular entregaron un escrito en el que protestaban por el incumplimiento de los acuerdos vigentes hasta entonces, en el largo proceso de reconversión de la industria naval. En Puerto Real, 1.500 personas fueron convocadas en la Plaza de Jesús Nazareno por CC OO, CNT y CAT. Allí, se dio un largo repaso a una crisis que databa del 77, mientras los oradores Diego Loin, Ildefonso Calvo, el cura Javier Fajardo, José Gómez o el alcalde, José Antonio Barroso, insistían en proponer al Gobierno y al Ministerio de Industria un mayor compromiso social, como lealtad al pueblo que les había votado.
En sucesivos plenos extraordinarios celebrados en diciembre, los ayuntamientos de Puerto Real, San Fernando, El Puerto y Paterna votaron contra el Plan de Reconversión Naval. En otros consistorios, como el de Cádiz, se mantuvieron encierros. Pero fue inútil. Como tampoco pareció servir de mucho que Puerto Real se paralizara a mediados de diciembre, en protesta por la reconversión naval, una iniciativa que saca a la calle a no menos de 15.000 manifestantes, convocados de nuevo por CC OO, CAT y CNT: La política del Gobierno es totalmente contraria a los intereses de los trabajadores, denuncian los responsables sindicales.
El Ayuntamiento de El Puerto pedirá que la Bahía de Cádiz sea declarada de urgente reindustrialización, mientras el incombustible Fraga se tiene aprendida ya la Ley de Murphy: Todo está peor y con tendencia a empeorar, dirá en Cádiz, a finales de año.
No se puede subir el sueldo a los trabajadores en enero para después despedirlos en julio como en Sagunto", razona el diputado aliancista Rodrigo Rato, quien también se pronunciaba sobre la crisis de Rumasa, abierta el 23 de febrero tras la sorpresiva expropiación del holding: Al PSOE se le cae este tema encima. En mayo ya había costado a todos los españoles 110.000 millones de pesetas.
La expropiación de Rumasa había sido decidida mediante decreto ley por el Consejo de Ministros un miércoles 23 de febrero, alegando que había que garantizar los depósitos bancarios y los 60.000 puestos de trabajo que generaba el grupo, cuyos activos incluían, entre otras propiedades, numerosas fincas y bancos que operaban en la provincia de Cádiz, patria chica del empresario jerezano. La iniciativa prospera, a pesar de que Ruiz Mateos plantea un interdicto y de que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presente un recurso de inconstitucionalidad que resulta finalmente desestimado. Pero las consecuencias del embrollo podían resultar imprevisibles. Pedro Pacheco ya manifiesta en marzo de ese año su temor explícito a que las empresas vinícolas de Rumasa puedan ser adquiridas por capital inglés o catalán. Según datos de CC OO, la comarca de Jerez era la de mayor conflictividad laboral de la provincia y el sector de viticultura es el más afectado por las huelgas, aunque últimamente hasta las autoescuelas se sumaban a la sucesión de conflictos.
Entre Rumasa y la reforma agraria. Esto es una catetada, maliciaba Pedro Pacheco por las estrechuras del Mamelón durante la obsoleta Fiesta de la Vendimia de ese año, que él mismo soñaba con liquidar como una celebración pasada de moda. Pero el enorme alcalde andalucista de Jerez tenía otros motivos por los que preocuparse.
El Marco del Jerez, en pleno, se estaba saliendo de la foto. En El Puerto de Santa María, la justicia precintaba en febrero las instalaciones de las bodegas 501, cuyos trabajadores no cobraban desde julio. La empresa les adeudaba ya unos 140 millones en pagos, pero el precinto no tenía que ver estrictamente con dicho débito sino que fue consecuencia de una demanda presentada por Construcciones Ayala a la que también los propietarios de dicha firma adeudaban dinero.
Mientras Bo Derek, Fabio Testi y Ana García Obregón ruedan la película Bolero, entre las andanas, algo estaba pasando en el Marco, cuyo plan de reestructuración iniciado ese mismo año contaría con la oposición manifiesta de Comisiones Obreras y con el rechazo inicial por parte de siete bodegas.
El mes de las carnestolendas había sido caliente en la campiña. El Sindicato de Obreros del Campo iniciaba una marcha de jornaleros y jornaleras que llegaba inicialmente hasta Puerto Serrano, justo unas horas antes de la expropiación de Rumasa. La movilización, tan sorprendida como el resto del país por la resolución gubernamental, sigue camino rumbo a Sanlúcar: Es un precedente positivo para la reforma agraria, se anticipará Paco Casero, secretario general de dicho sindicato. Pero no prosperan las distintas propuestas que intentan que la tierra de La Almoraima fuera gestionada por quienes la trabajan. Será el Icona, finalmente, quien asuma su tutela y la Junta de Andalucía seguirá esperando en balde a que le traspasen sus competencias: La expropiación de la finca no es el inicio de la reforma agraria, disuadirá el director general de dicho organismo, Ángel Barbero, cuando se haga cargo de la misma. Claro que tampoco llegará a ubicarse sobre dicha heredad el parque de Eurodisney, tal y como llegó a aventurarse a pocos meses de aquel acontecimiento histórico. No deja de ser un gesto paradójico o de justicia poética que parte de la finca se destine a la apicultura, a la cría y explotación de abejitas.
Once autobuses llenos de jornaleros se desplazan hasta Cádiz, finalmente, al objeto de reclamarle al Gobierno que no sean privatizadas nuevamente las empresas expropiadas a la trama de la abeja. Pero el melón abierto de Rumasa provocaba más incertidumbres que certezas. De entrada, los trabajadores de sus bodegas denunciaron serias irregularidades en dichas firmas y manifestaron su desconfianza en la integridad de las personas que habían sido nombradas por el Gobierno para administrarlas: Defenderemos con uñas y dientes la competitividad y agresividad de las empresas, garantizaba a pesar de todo Ricardo Goytre, administrador de Rumasa, en Jerez. En junio, los sindicalistas del campo ocupan una finca de Rumasa, que había sido expropiada en Puerto Serrano: Con la ocupación de El Indiano ese era su nombre comenzamos una ofensiva por la tierra, aseguraba su secretario general Francisco Casero. El desalojo manu militari no se hace esperar: más de 300 guardias civiles ponen fin a la ocupación el día 8 de junio. Los agentes tuvieron que cargar a hombros con los jornaleros que practicaron la resistencia pasiva, permanenciendo sentados en el suelo. El SOC terminó por trasladar su campamento a una fina colindante, mientras desde el Gobierno andaluz se defendía la permanencia de las fincas de Rumasa en el sector público. Pocos días más tarde, la Guardia Civil desaloja pacíficamente a los trabajadores que ocuparon la finca de La Florida, en Jerez de la Frontera.
Tampoco parecía demasiado claro qué iba a ocurrir con La Almoraima. Su comité de empresa decidió, de entrada, reunirse con representantes de UGT y del PSOE, al objeto de que se mantuviera un puente de información constante, por el que pudieran conocerse los planes exactos del Gobierno, a fin de evitar los bulos que empezaban generosamente a circular. El desconcierto era generalizado. Las ventas de los vinos de Rumasa cayeron al 40% en los cuatro meses que siguieron a la expropiación. Ruiz-Mateos contraatacaba, mantenía la Rumasa exterior a través del holding Multinvest y prohibía al Gobierno español que utilizara las marcas Dry-Sack, cuya titularidad iba a encargarse de discernir un juez británico: El futuro de las empresas vinícolas de Rumasa es pésimo", aseveraba Ruiz Mateos cuando todavía parecía que no tenía perdido el norte y había emprendido ese pleito por la marca Dry-Sack, cuyos platos rotos iban a terminar pagando los trabajadores de Williams & Humbert.
Bajo la abeja 'Ruinasa' así le llamaba Forges la noticia era la incertidumbre. Y también los delegados de Comisiones Obreras, desde Jerez a Madrid, mantendrían encierros en las empresas del grupo. Cuando se expropió el holding, tan sólo las bodegas de Rumasa adeudaban al resto del grupo 9.403 millones de pesetas, cifras que Ruiz Mateos niega desde el exilio. Ese año, se sabrá que las empresas vinateras perdieron 4.455 millones en 1982, por lo que su reprivatización no parece que vaya a contar con demasiados novios.
Un asesor financiero natural de Jerez solicitó al Ayuntamiento la concesión de una parcela para levantar un monumento a José María Ruiz Mateos, que nunca llegó a erigirse. Como no llegó a levantarse, por tales circunstancias, el albergue de San Juan de Dios, en dicha localidad, que iba a ser fruto de un acuerdo verbal con el empresario jerezano. Éste, caído en desgracia, obtenía respaldos impensables, como el de Pedro Pacheco, quien llegó a declarar por aquel entonces: A José María Ruiz Mateos le envidiaban porque su monopolio sustituyó a las familias aristocráticas. No obstante y al mismo tiempo, Pacheco insiste en la necesidad de controlar las bodegas expropiadas a Rumasa incluso habría que municipalizarlas si hiciera falta.
Claro que el portavoz socialista en Jerez, Antonio Fernández, llegó a comparar, ese mismo año, la política económica de Pedro Pacheco con la que llevó Rumasa antes de la expropiación. El alcalde andalucista, que fue refrendado clamorosamente por las urnas, iba a pasar por una mala racha, justo allí donde más podía dolerle: la Junta de Andalucía, en plena precampaña, ordena la inmediata paralización de las obras de construcción de Hipercor, por carecer de licencia urbanística, y termina el ejercicio con la solicitud de una auditoría sobre las cuentas municipales.
Más allá de las fincas de Ruiz Mateos, había otras heredades al borde de un ataque de nervios. La venta de parte del latifundio de Las Lomas, de la familia Mora-Figueroa, a trabajadores de la misma provocó ciertas suspicacias, sobre todo en torno al futuro aprovechamiento de la misma. La organización ecologista Agaden llegó a calificar dicha operación como escandalosa. No hay reforma agraria sin expropiación, afirmará inútilmente Felipe Alcaraz, secretario general del PCA, durante una visita a El Puerto de Santa María, con motivo del tercer congreso de dicha formación.
A pesar de que el Gobierno escurría el bulto ante la asignatura pendiente de la reforma agraria, el único movimiento campesino al que merecía la pena llamarle así no cejaba en el asunto. En septiembre, llega a Trebujena y a Jerez la Marcha por la Reforma Agraria integral, mientras en El Coronil ingresan en prisión ocho jornaleros adscritos al SOC. Francisco Casero, secretario general de dicho sindicato, se entrevista con Alfonso Perales, el presidente de la Diputación de Cádiz, para intentar buscarle alternativas a otro de los escollos más frecuentes, el del empleo comunitario, cuyos fondos terminan siendo pagados por dicho organismo allá por el mes de diciembre y tras frecuentes protestas campesinas.
Mientras jornaleros de CC OO ocuparon una viña de Rumasa, en Jerez, durante varias horas, dimite su secretario andaluz, Eduardo Saborido. Y UGT propone, en su proyecto particular de reforma agraria, la creación de un banco de tierras para su posterior distribución. Transcurría la vendimia, había al parecer exceso de mano de obra y jornaleros en paro intentaron paralizarla en todo el Marco, mientras el gobernador se decidía a cortar el envío de fondos para el empleo comunitario.
Un primer fallo del Tribunal Constitucional sobre Rumasa provocará que Casero siga insistiendo, en Puerto Serrano y a finales de ese año, en una reforma agraria progresista. En dicha localidad, tanto Casero como el alcalde, Antonio Cala, negocian la racionalización de cultivos en la finca El Grullo. Las negociaciones con su propietario fracasan y el Sindicato de Obreros del Campo termina por ocuparla, en contra de los criterios de ASAGA, que insiste en que sus terrenos están optimamente explotados. Dicha localidad vivirá una nueva huelga general a finales de año, en demanda de las clásicas remesas de fondos para el empleo comunitario. Las fuerzas del orden se emplean contundentemente y los jornaleros se defienden a pedradas contra los guardias civiles: 24 heridos fue el balance final de los disturbios, incluyendo a un vecino que perdió un ojo y otros tres que presentaban lesiones graves. Los gobiernos cambian, el campo, no. El último día del 83, los directores provinciales de Trabajo y los responsables del Inem explicarán la entrada en funcionamiento de otro sistema de subsidio agrario que sustituye al empleo comunitario. Se le llama Plan de Empleo Rural, pero esa será otra historia.
Antonio Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez, recibiría antes un regalo envenenado, el de la difusión del anteproyecto de Reforma Agraria que impulsaba Rafael Escuredo, desde la Junta de Andalucía y que tampoco parecía cubrir las expectativas del Sindicato de Obreros del Campo, que inició una serie de acciones a finales de año. Este proyecto fue una de las causas de la caída en desgracia del carismático presidente andaluz.
Los días de Rafael Escuredo en la presidencia de la Junta estaban contados y, de hecho, en febrero del año siguiente presentaría su dimisión, pero no cabe atribuir dicha circunstancias a un éxito de su oposición, sino a una consecuencia de la política interna de su propio partido. Y todo ello, a pesar de que había logrado nuclear en torno a su persona a parte de la izquierda andaluza, en la que figuraba la ex comunista Amparo Rubiales, consejera de Presidencia: Siempre, durante la campaña electoral declaró ella en los cursos de San Roque, hemos asegurado que el Estatuto es un mero instrumento para el desarrollo de la autonomía, una herramienta que era imprescindible conseguir para empezar a transformar, para cambiar Andalucía. No es una cosa que se consiga de la noche a la mañana. No se cambia un Estado centralista de siglos, jerarquizado, y se le descentraliza en dos, tres, cuatro años. No se sale tampoco de la crisis o del subdesarrollo en tan poco espacio de tiempo. Creo que al margen de algunos sectores más impacientes, la mayoría del pueblo andaluz entiende esto.
La catástrofe de la flota. La situación de la flota pesquera del sur es catastrófica asumía Agustín Escámez, patrón mayor de la cofradía de Algeciras. Cada vez son más numerosos los barcos que tienen que amarrarse a puerto, porque no pueden sobrevivir. Han coincidido tres o cuatro subidas de utensilios, elementos y enseres: gasóleo, canon, combustible, etcétera. El barco que no apresan, tienen que salir corriendo. Eso supone un gasto extraordinario y, por lo menos, una jornada perdida. Cuando a un barco lo apresan dos veces en el mismo año, va listo, ya puede prepararse para el atraque. Si a esto se añade que algunos pesqueros han sido apresados tres veces en el mismo año, a nadie le debe extrañar que en el propio puerto de Algeciras se amaren barcos con mayor frecuencia cada vez.
Por si fuera poco, la restricción en el uso del ácido bórico como conservante del pescado pone de nuevo a la flota que faena en Marruecos al borde de un nuevo amarre colectivo. La firma del nuevo acuerdo con Marruecos volverá a retrasarse hasta septiembre, lo que motiva la inquietud de la flota ante nuevos apresamientos que vuelven a producirse en junio cuando venció el tratado vigente hasta entonces. El nerviosismo crecía otra vez en los muelles gaditanos, a pesar de que desde el Ministerio de Pesca se insistía en la conveniencia y en la viabilidad de negociar un convenio a largo plazo con el vecino del Sur, con el que los socialistas parecían mantener mayor línea directa que el anterior ejecutivo.
Miguel Manaute, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, creía perfectamente posible un entendimiento con Marruecos: Si logramos consolidarlos, quizá pueda lograrse a medio plazo una política de pesca sin el fantasma permanente de que termina el acuerdo, pero hay que entender que en muchos casos de apresamientos existe una infracción previa. Si queremos llegar a una situación estable, tendremos que comprometernos a una vigilancia en el comportamiento de nuestros pesqueros, si queremos evitar un incumplimiento por nuestra parte que provoque la ruptura del acuerdo.
Muchas lonjas denunciaba el máximo responsable de la pesca andaluza se encuentran controladas por grupos de presión. Es alarmante la diferencia de precios entre lo que un marinero cobra en lonja y lo que paga un ama de casa por ese producto. Mientras que en el mercado se está pagando por las capturas tres o cuatro veces más que hace dos años, el sector pesquero percibe los precios de entonces y, a veces, hasta menos.
El extraño crimen del médico del penal. Los trabajadores de la General Motors se estrenarán en el manifestódromo gaditano de la Avenida, a comienzos de junio y con el propósito de conseguir la equiparación laboral con los compañeros de Zaragoza. Mientras la cárcel de Algeciras parece saturada, en la prisión de El Puerto, los funcionarios inician otra huelga de hambre en protesta por un decreto de servicios mínimos que contempla la posibilidad de abrir expediente disciplinario a los funcionarios que lo incumplan. Hasta el aeropuerto jerezano de La Parra temía que le echaran el cierre.
En el penal portuense, había ingresados ese año 49 etarras, algunos de los cuales terminaron siendo trasladados a Herrera de la Mancha. El asesinato del doctor Suar, el facultativo que prestaba sus servicios en la prisión de El Puerto, arrojaba serias dudas sobre su autoría. Sucedió el 15 de octubre. El cuerpo sin vida del médico fue descubierto a bordo de su propio automóvil y se llegó a especular con que fuese la organización terrorista ETA la autora del crimen. Aunque dicha banda no reivindicó el supuesto atentado, dicha hipótesis se sostenía ante las denuncias por negligencia planteadas por la familia de Juan Carlos Martínez, un etarra recién trasladado a dicha prisión. El recluso padecía hemiplejía, sus familiares aseguraban que no se le estaba tratando adecuadamente y la versión oficial del caso abundaba en el hecho de que se trataba de una simple parálisis que había de remitir espontáneamente. Claro que la ola de atentados no remitía en todo el país, por lo que el alarmismo estaba justificado. El día 21 de ese mismo mes, de la Plaza de San Juan de Dios en Cádiz partía una manifestación contra el terrorismo y por la paz, convocada por diversos partidos políticos y sindicatos. ETA, para contrarrestarla, asesinaba ese mismo día a un panadero en el País Vasco.
También había mucho de paranoia y psicosis, cuando pocos días más tarde era explosionado por artificieros un maletín que infundió sospechas en el Juzgado número 1 de los de la capital y que, simplemente, lo había dejado olvidado un abogado.
Un soldado es descubierto muerto ese año en el castillo de Santa Catalina, como consecuencia de un disparo de bala que le atravesó la cavidad bucal. El Gobierno Militar relacionó su muerte con fuertes problemas personales y familiares, que le hacían temer por su próxima licencia e incorporación a la vida civil. Algo raro pasaba en los cuarteles: en El Puerto fue detenido un soldado, que se dio a la fuga tras golpear a un centinela y huir con su fusil. Nunca se dieron a conocer los motivos de tan extraña actitud.
Cuando se cumplían diez años del sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre, alrededor de 400 manifestantes se concentraron en la Plaza Alta de Algeciras, mostrando su solidaridad con el pueblo chileno, al tiempo que el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario con tal motivo. A mediados de octubre, los tripulantes del buque chileno Gina que habían denunciado su precaria situación a bordo, temían ser abandonados en Cádiz por una naviera a la que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclamaba 65.000 dólares por salarios adeudados. Terminaron por encadernarse al barco, durante una dramática huelga de hambre a bordo. La inmigración clandestina hacia Europa empieza a organizarse a través de la provincia gaditana. En Algeciras, las fuerzas de orden procede a la detención de varios individuos que se dedicaban a traficar con obreros marroquíes, a quienes se cobraba 45.000 pesetas por introducirlos sin papeles en España. Por su parte, siete marineros ecuatorianos del buque griego Delta también se tiraron cinco meses en Cádiz sin percibir sus salarios: Tenemos miedo y queremos regresar a nuestro país, suplicaban.
Mientras Miguel Boyer y Carlos Solchaga se dejan caer inopinadamente por la Casa Convento de La Almoraima, Alfonso Guerra alquila un chalé en Conil para pasar el verano y simultanea sus vacaciones con escapadas a Tarifa y a los cursos de San Roque. Boyer volverá a la provincia antes de que finalice el año, para descansar inopinadamente en Doñana donde, según sus propias declaraciones, se aburre un poco.
Cádiz se pone verde. Conocer Cádiz ha sido toda una revelación, afirma, en cambio, Álvaro Mutis, el poeta y narrador colombiano, tatarasobrinonieto del célebre botánico gaditano, que visita la ciudad desde donde su familia partió hacia América en el siglo XVIII. Los ecologistas siguen mostrándose activos: en El Puerto, la asociación Guadalete recoge la basura de tres playas y la dejan a la puerta del Ayuntamiento. Poco después, varios activistas de dicha organización serán maltratados durante su arresto por la Unidad Ecológica y de Medio Ambiente de la Policía Municipal. Sucedió poco antes de que el grupo Araucaria organizara una marcha en bicicleta para reclamar que se permita su circulación por el puente Carranza. El PSOE llega a culpar al alcalde de Puerto Real de la contaminación de la playa del Río San Pedro y de la de Las Redes, que cierran al baño, mientras Capitanía de Marina insiste en la peligrosidad de otras, como las de Camposoto y Sancti-Petri. En la playa de Camposoto, de hecho, los ciudadanos derriban los carteles de prohibido el paso y los sustituyen por otros que niegan que aquello deba seguir siendo zona militar. El Ayuntamiento de Barbate, por su lado, pide compensaciones ese año por la instalación de un campo de tiro en la Sierra de Retín. Ecologistas y pacifistas terminarán simulando un ataque nuclear en el Palillero gaditano.
En Jerez, llueven las denuncias por el riego de cultivos con aguas fecales. Y, en Arcos, se crea ese año una coordinadora para la defensa del Guadalete, que pretende poner en marcha un plan de saneamiento para el río. La defensa de este cauce el Guarrete, según la nomenclatura popular se convertirá en una de las principales banderas conservacionistas que enarbolarán a partir de entonces desde la Asamblea por la Paz al Club Montañero de Jerez, pasando desde luego Asociación Ecologista Gaditana (Agaden), Colectivo EP, Araucaria y Pino Gordo, cuyos representantes acuden a esa primera cita. Para colmo, tras la primera riada del invierno, arreciarán las protestas de los vecinos por la construcción de una pequeña presa en ese mismo río.
Acerinox pretende ampliarse y Sevillana invierte finalmente 44.000 millones de pesetas en la construcción de una central térmica en Los Barrios y colaborará con el nuevo puerto de carbón de Gibraltar-Interca". Mil nuevos puestos de trabajo, sobre la mesa, no despejan las dudas ecologistas.
En el Campo de Gibraltar, se buscaba la instalación de un vertedero mancomunado que, en principio, iba a instalarse en San Roque, lo que motivó las protestas de buena parte de la población que, llamada a rebato por la oposición local, decidió marchar en masa hasta el colegio Gabriel Arenas, donde se celebraba un curso de verano. Alianza Popular protestó lo suyo cuando el presidente de la Diputación, Alfonso Perales, calificó a los manifestantes como fascistas reaccionarios, comparables a HB, por asaltar un centro docente donde se celebraba un ciclo cultural.
El movimiento ecologista gaditano en especial los grupos Araucaria y Anaga se alzó en contra de la posibilidad de que el nuevo cementerio de la capital se instalase en una isla artificial tras el dique de San Felipe, por lo que podía suponer como una agresión a la bahía, un peligro para su fauna y una nueva fuente de contaminación de sus aguas. Proponen instalar un nuevo camposanto en Puerto Real, cuya reserva de suelo se ve finalmente preterida a favor del proyecto de cementerio mancomunado en Chiclana.
Allá por el mes de octubre, el obispo de Jerez se despacha con una homilía que suena a ultramontana, por lo que el Ayuntamiento de Arcos planea una moción de censura en su contra, que terminará costando la dimisión del concejal José Antonio Roldán: Confunde lo material y lo espiritual, lo terrenal y lo celestial, afirma dicha propuesta, en la que se dice que la máxima autoridad eclesial de la diócesis había vertido conceptos en contra del modelo social aceptado por las urnas. El conflicto entre el Obispado y el Ayuntamiento llega a provocar, incluso, la ruptura de la tradición del voto a la Inmaculada.
Este último Ayuntamiento fue de los primeros del país en declarar a su término municipal como zona no nuclearizable, mediante un acuerdo que impugna el Gobierno Civil al entender que la viabilidad de dicho título no entra dentro de las competencias municipales. Igual ocurrió con un acuerdo en tal sentido adoptado por la Corporación jerezana.
¿A dónde vas Felipe?, era la oportuna pregunta que podía leerse en la portada del nuevo libro del periodista José Oneto, director de Cambio 16, quien presentó su libro en San Fernando, su ciudad natal: Los responsables de la política informativa del Gobierno no creen en el cambio, había denunciado Oneto, aquel verano, durante los cursos de San Roque. Como media España, Cádiz se llenaba de signos de interrogación: ¿Qué fue de tanto...?, era la interrogante capciosa que Alianza Popular dejaba caer en la portada de una publicación que se presentó en vísperas de Nochebuena y en la que se pretendía rendir balance del primer año de Gobierno socialista: El PSOE ha hecho cundir la desilusión, analizará José Ramón del Río, arrimando el ascua a su sardina.
1983 terminó con una tragedia colectiva, la de la discoteca Alcalá 20 de Madrid, donde fallan estrepitosamente las medidas de seguridad en un incendio que cuesta 78 vidas. En Algeciras, se multiplican las inspecciones de este tipo de locales, mientras que el Ayuntamiento de Jerez echa el cierre a diez de una sola tacada. Cádiz, aquel año, esperaba un maremoto que no llegó nunca. Pero empezó a creer que la historia le reservaba la crónica de un sueño anunciado, la de la libertad escrita sobre el aire, desde 1812 y conquistada, finalmente, en aquellos años intrépidos, complejos y díficles. El mejor de los tiempos. El peor de los tiempos. Para aquellos quienes lo vivimos, no cabe duda. |
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